Las y los diputados proponen aprobar reformas al artículo 173 y 174 del Código Procesal Penal, sobre violación y agravación de pena, solicitando que se aplique el procedimiento de orquiectomía a violadores, y que, además, se administren medicamentos que inhiban la producción de testosterona por seis meses antes de que recuperen su libertad. Piden que sea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) quien se encargue además de brindar tratamiento antidepresivo y psicológico para coadyuvar al mejor desarrollo y aceptación de los condenados por violación a los tratamientos aplicados.
En esta iniciativa hay tanta ironía que me ha sido difícil saber por dónde empezar, así que lo haré por lo evidente. La reforma propuesta es completamente inútil. Solo representa una carga de trabajo ridícula al Inacif y al presupuesto de salud, que valga mencionar, lo han ido reduciendo cada vez más, hace pocas semanas le quitaron más de Q600 millones. Ni voy a mencionar lo que significa para nuestros impuestos también que diputados tan ignorantes llenen el Congreso con iniciativas absurdas, solamente para engrosar sus CVs y, según ellos, hacernos creer que están trabajando por los derechos humanos de las personas que han sufrido abusos sexuales.
El procedimiento que estos diputados proponen sirve para tratar el cáncer, ya que consiste en una cirugía que extrae los testículos, los tumores y el cordón espermático[1]. No hay ninguna propuesta de ley, por ejemplo, que enfoque sus esfuerzos específicamente en quien verdaderamente la necesita, los pacientes con cáncer de testículos[2]. Además, propone un tratamiento hormonal para disminuir los niveles de testosterona durante seis meses previo a su libertad, cuestión que se ha comprobado no es decisiva para que un violador deje de violar.
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La incomprensión de la violencia sexual en esta iniciativa de ley salta a la vista. La violencia sexual no se limita a los genitales. Para considerar un abuso sexual como tal, no es necesaria la penetración y si esta ocurre, algunas veces es con objetos. Hay casos terribles de violencia sexual en donde se han destruido los genitales de la víctima por penetración con botellas, palos, etc., es decir, la violación sexual no ocurre únicamente con los genitales. Muchos estudios han comprobado que el interés mayor de un violador es el poder que ejerce sobre la victima. El poder de someter a otra persona, y esto nada tiene que ver con las hormonas de la testosterona o con los testículos, es una cuestión social y psicológica que no cambia con cirugías o tratamientos hormonales de seis meses.
La iniciativa también solicita el tratamiento anti-depresivo y psicológico de los violadores que recibirían la sanción. Esta es una burla para la población que mes a mes debe garantizarse sus antidepresivos con valores exorbitantes en las farmacias del país y aquellos que necesitan de atención psicológica y no la pueden obtener. Pero esto no es todo, desde el año 2016 el Ministerio de Gobernación ha reducido el presupuesto de los centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia (CAIMUS)[3], que brindan este tipo de atención a las sobrevivientes de violencia y sus hijos, y también en algunos casos, brindan refugio y asesoría legal. Es decir, no les importan las personas que sufren violencia sexual, les importa presumir y alardear que están «haciendo algo». Pero eso sí, ni pensar en la educación integral en sexualidad, ni el derecho al aborto, ni en las fallas judiciales que dejan en libertad a violentadores, ni mucho menos en la utilización inescrupulosa (sobre todo, de funcionarias públicas) de la ley contra el feminicidio, que únicamente tergiversa su objetivo y reduce la atención a quien verdaderamente la necesita.
La fundamentación de esta iniciativa carece de seriedad y sensibilidad. En ella no solo argumentan que las sobrevivientes de violencia sexual tienen mayores probabilidades de prostituirse después de sufrir el abuso, sino también que la convención contra la tortura y otros tratos crueles únicamente defiende los derechos de los abusadores sexuales. La ironía surge ante la tremenda ignorancia de servidores públicos que no se preocupan por atender ni entender la raíz de problemas graves que ponen en riesgo en su mayoría a mujeres y niñas, y que no tienen ni la capacidad intelectual para buscar informarse y formarse sobre los temas que están legislando. No tengo ningún problema con los diputados que no pasaron por la escuela, ni con aquellos que recibieron una educación mediocre, tengo problemas con las y los diputados que a sabiendas de que cuentan con asesores (que se pagan también con nuestros impuestos) y con recursos para aprender sobre las problemáticas sociales, no lo hagan.
[1] La cirugía puede extraer uno o dos testículos y ocurre únicamente en los casos en que ésta es estrictamente necesaria. Una persona especialista podrá ampliar mejor la información, por lo que me remito a describirla a grandes rasgos.
[2] La diputada por el partido Semilla, Lucrecia Hernández Mack, actualmente está promoviendo la construcción de una iniciativa de ley para la atención integral del cáncer.
[3] Es el Congreso de la República quien se encarga de la aprobación del presupuesto.
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