“Si trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han dicho que existen suficientes pruebas para un antejuicio, a nosotros, los políticos, no nos queda mucho por hacer”, con esta frase el diputado Salvador Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), asumió la presidencia de la Comisión Pesquisidora que tendrá bajo su responsabilidad la evaluación de evidencias –documentos, audios y expedientes– presentadas ante la CSJ para establecer si existe la posibilidad de que la vicepresidente Roxana Baldetti enfrente un juicio ordinario por los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento propio y obstrucción a la justicia.
“Esperamos entregar nuestro informe el lunes a más tardar”, agregó Baldizón. A su lado, el Congreso de la República, delegó la investigación –mediante sorteo– a los diputados de Lider Mario Yanes (Secretario) y Manuel Barquín (Vocal I); así como a Álvaro González Ricci (Vocal II) por Compromiso Renovación y Orden (CREO); y a Fidel Reyes Lee (Vocal III), por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). “Queremos dejar claro que la Comisión Pesquisidora no dictamina, únicamente recomienda. Será el pleno –luego del análisis de las pesquisas de la Comisión– el que decida quitar o no la inmunidad a la Vicepresidente”, precisó Baldizón.
[frasepzp1]
A partir de mañana, viernes, se consolidará la agenda, serán citadas cada una de las partes implicadas, desde el Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los secretarios generales de los partidos Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Movimiento Nueva República, como interponentes del antejuicio. También será escuchada Roxana Baldetti. “Cada citación será pública. Nuestra intención será la de ser transparentes. El lunes podríamos presentar resultados”, aseguró Baldizón.
Olor a sangre
La integración de esta Comisión Pesquisidora recayó en el Congreso un día después de que los trece magistrados de la CSJ, por unanimidad, dieran trámite a una solicitud de antejuicio en contra de Roxana Baldetti. Así lo ordena la ley y así lo asumieron los congresistas. Antes de empezar la sesión de este jueves 7, el futuro de Roxana Baldetti, o por lo menos una parte de este ante la justicia, había sido depositado en las manos de 158 congresistas. Quizá el primero en intuirlo fue el diputado Pablo Manuel Duarte, del partido Unionista, que durante la reunión de los jefes de bloque para establecer la agenda parlamentaria, indicó que los partidos políticos “oportunistas” querían aprovechar la coyuntura. “Han olido la sangre”, dijo. “Y hoy están todos, todos como no había podido ser desde principios de año”.
Y es que desde enero de 2015 se han realizado 26 intentos para reunir a los diputados de todas las agrupaciones políticas para llevar a cabo una sesión plenaria. Pero todas las convocatorias, por falta de quorum, han fracasado.
Sin embargo, este jueves, para integrar la Comisión Pesquisidora y evaluar el antejuicio en contra de la Vicepresidente, estaban todos. Cada partido, cada bancada, intentando que las cámaras de televisión, los micrófonos de las radios y demás medios de comunicación transmitieran que estaban, sino unidos al menos juntos en contra de la corrupción. En contra de la forma en que se había defraudado el fisco desde el sistema aduanero, a causa de una red criminal que era dirigida por el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia desde el pasado 16 de abril. En contra, también, de la manera en que Roxana Baldetti había encubierto todo.
Comunicados, conferencias breves, entrevistas. Cada partido y su propia agenda mediática.
El partido Lider fue el primero. Su jefe de bancada, Roberto Villate, explicaba: “La postura nuestra es que los diputados de Lider vamos a apoyar la Comisión Pesquisidora, y vamos a motivar a nuestros diputados que integren la Comisión, para que se declare con lugar la causal de antejuicio en contra de la vicepresidente Roxana Baldetti”.
Le siguieron las bancadas del Partido Republicano Institucional (PRI). La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Encuentro por Guatemala (EG). Compromiso Renovación y Orden (CREO). Pocos recordaron que la alianza entre los partidos Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), era la responsable de presentar la solicitud de antejuicio ante la CSJ. Y pocos, incluso dentro del partido oficial, se atrevieron a defender a la Vicepresidente.
“Que la integración de esta Comisión Pesquisidora no se convierta en una Comisión Inquisidora”, reclamaba Gudy Rivera, jefe de bancada del Partido Patriota, ante la inminente agenda parlamentaria que incluiría conocer el antejuicio de la Vicepresidente e integrar una comisión de cinco diputados para recopilar información al respecto.
[frasepzp2]
El debate dentro del parlamento, entonces, ya no fue sobre si investigar o no a la Vicepresidenta. Eso quedaba claro. “Todos quieren sangre”, como había dicho Duarte. Orlando Blanco, diputado de la UNE, argumentaba que ahora el problema era el tiempo. El próximo 15 de mayo, aun si los diputados no han podido llevar a cabo una sola reunión plenaria, el Congreso de la República se declarará en receso. “Eso pone un límite de tiempo a las investigaciones”, reclamaba Blanco. “Lo más prudente sería establecer el 14 de mayo próximo para concluir el trabajo de los pesquisidores. Dar únicamente cinco días de investigación”, agregaba.
La Ley de Amparos y Antejuicios establece hasta 60 días de plazo para investigaciones de este tipo. Gudy Rivera defendía que el Congreso no puede atentar contra el debido proceso. “El plazo debe ser fijado por la propia Comisión, y debe ser respetado. Si hay que conocer la recomendación hasta el 12 de agosto, cuando regresemos de receso, que así sea”, indicaba.
Roberto Alejos, de la bancada Todos, por su parte, exigía que el tiempo de investigación fuera reducido a 24 horas solamente. Su solicitud, no obstante, fue rechazada por todas las otras bancadas. “La solicitud original, la moción privilegiada presentada por la Junta Directiva del Congreso, incluso establece fecha y hora. Jueves 14 de mayo, a las 10 horas, para que la Comisión Pesquisidora presente su informe”, reclamaba el diputado Carlos Mejía de URNG.
Por primera vez desde que fue electo Presidente del Congreso, Luis Rabbé, recién adherido a la bancada de Lider, logró presidir una sesión plenaria. En esta, los diputados también integraron por sorteo otras tres Comisiones Pesquisidoras para dictaminar respecto a las solicitudes de antejuicio promovidas por diferentes causas en contra de otros tres altos funcionarios del Gobierno: Luis Enrique Monterroso, Ministro de Salud y Asistencia Social; Erick Archila, Ministro de Energía y Minas; y Leonel Rodríguez, Ministro de Desarrollo Social.
“Es la primera vez, en toda le época democrática de Guatemala, que el Congreso integra una Comisión Pesquisidora para recomendar un antejuicio para un alto funcionario. En este caso la vicemandataria Roxana Baldetti”, resaltaba Luis Fernando Pérez, jefe de la bancada del PRI.
Casi al mismo tiempo de que en el Congreso se integraba la Comisión Pesquisidora, Baldetti reapareció ante las cámaras. No lo hizo de voluntad propia, sino más bien obligada por la presencia de la jueza de Paz, Ingrid Fuentes, quien acudió a Casa Presidencial, a cumplir con un recurso de exhibición personal solicitado a favor de la Vicepresidenta por los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La oficina de prensa de la Vicepresidenta divulgó fotografías de Baldetti con la jueza, quien al finalizar la diligencia se limitó a decir que “está en perfecto estado de salud”.
Luego de ello, la Corte de Constitucionalidad (CC), daba trámite a un recurso de amparo interpuesto por los abogados de Baldetti en contra de los magistrados de la CSJ, para dejar sin efecto el proceso de antejuicio iniciado en su contra, el cual calificaron de “espurio” y con “tintes políticos”. Antes de decidir si otorgan o no el amparo de forma provisional, los magistrados de la CC deberán conocer los argumentos de las partes involucradas.
Por lo pronto, si la CC no falla antes de esa fecha, el próximo lunes 11 de mayo, “a más tardar”, como afirman los pesquisidores, la Comisión Pesquisidora habrá de entregar el dictamen de su investigación y deliberaciones. Y al siguiente día, el pleno del Congreso de la República decidir en una votación en la que deben estar en sintonía como mínimo las dos terceras partes de los 158 diputados, si se revoca o no la inmunidad a Roxana Baldetti. El expediente, entonces, sería devuelto a los magistrados de la CSJ para que se confirme o no el antejuicio, y en caso se desfavorable para Baldetti, ser sometida a un proceso judicial ordinario sin ningún tipo de prerrogativas.
