Este síndrome fue identificado por el Banco Mundial en su informe de 1999, que da cuenta de que el circuito corrupción-captura burocrática-privatizaciones, que van generalmente unidas, tiene actores dentro y fuera del aparato estatal.
Toda esta captura del Estado para fines privados es lo que ha hecho de la confrontación entre lo público y lo privado la principal contradicción entre la economía y la democracia en la actualidad.
Si ello fracasa, podemos volver a las reglas del juego anteriores al 2015, a una mayor tutela internacional de nuestro Estado o a un conjunto de acciones con la consigna de que todos los caminos conducen a la revolución, en tanto los actores caseros suelen ser débiles y dispersos.
Pero nuestro problema de fondo es el modelo de desarrollo y que los beneficios económicos no abarcan el conjunto de la sociedad.
Para lograr la prosperidad y el fortalecimiento institucional, los Estados modernos han financiado su cohesión interna (territorial-social) con al menos tres plataformas: 1) una política fiscal estable y una financiación estratégicas para el crecimiento económico, 2) una política de renta útil de bienes públicos para el desarrollo territorial y 3) una política de amplia solidaridad para los sistemas de previsión social y de desarrollo humano.
La cuestión aquí es el tipo de Estado que tenemos, uno donde el costo social de subsidiar a las élites es alto. Así lo indica el consenso académico, que en Guatemala se ha inclinado por que sus élites herederas, cuyo poder data de la Colonia, han contribuido a configurar una sociedad altamente estratificada y excluyente.
De ahí que nos preguntemos cómo salir bien librados de esta crisis, es decir, que su desembocadura no sea el remozamiento del statu quo, la inviabilidad de la cohesión social y la pérdida de peso de nuestro país en la región.
¿Por qué es importante la cohesión social? La teoría del Estado surgida del contractualismo, por allá por el siglo XVIII, cuestionó la teoría anterior de que el poder político se derivaba del uso de la fuerza de los poderosos, como Platón o Marx sostuvieron, y transitó hacia una hipótesis basada en la buena voluntad de las personas.
El contractualismo previó que el pacto social surgido de la sociedad natural (civil) tendría que contener dos grandes componentes: la coacción o el uso de la fuerza para imponer el derecho (proteger la propiedad privada) y la cohesión para reforzar la unidad y la identidad común.
Tal teleología para el Estado se vio frecuentemente amenazada por contradicciones internas y externas, por disputas territoriales, comerciales, sociales e ideológicas. La teoría de la lucha de clases y el anarquismo, entre otros, siguen cuestionando el modelo contractualista, pero también la revolución marginalista cambió el modelo en lo económico al hacer que los agentes económicos burgueses adquirieran conciencia de clase.
De ahí que con frecuencia se vea a las élites conservadoras enfatizando la parte coactiva del Estado, ya sea de manera positiva (cuando les conviene) o negativa (cuando les perjudica —injerencia en la economía—), o incluso rechazando de plano toda idea de pacto social.
Así, la cohesión social, la democratización de la economía y de la cosa pública, solo puede ser impulsada por sectores democráticos y subalternos de la estructura social (el contrato social no es horizontal) mediante una política de pactos institucionales que aseguren un modo de vida aceptable para las mayorías.
Pero el sector más transversal en una sociedad fragmentada como la nuestra son las clases medias. Y aunque estas apenas sobreviven pagando el costo de la masificación de los servicios públicos y resintiendo la renuncia del Estado de sus obligaciones sociales, siguen siendo un potencial transformador de la economía y de la política.
Las clases medias se sitúan preferentemente en las áreas urbanas, pero cayendo numéricamente y en calidad de vida, por lo que es necesario recoger sus demandas, implementar políticas dirigidas a recuperar un Estado no pasivo y rehabilitar políticas estratégicas en infraestructura y regionalización.
Ahora (y lo digo con precaución) el único proyecto de desarrollo para lograr tal recuperación de las clases medias es la política de reconversión estratégica de las ciudades intermedias de nuestro país, que son al menos nueve.
Esta política implica al conjunto del Estado, especialmente al Organismo Ejecutivo, pero también al Legislativo y a las municipalidades. Sin embargo, también necesita el apoyo de la sociedad civil, especialmente de las clases medias, cuya aparición en la historia guatemalteca, cuando fue masiva y con un proyecto, siempre resultó revolucionaria y democratizadora.
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