Congreso da un paso atrás, pero no desiste de iniciativa que permite más represión en protestas

Los 48 Cantones tienen varias razones para manifestarse en contra de leyes como la de «Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad», por ejemplo, en 2012 durante el gobierno de Otto Pérez Molina fueron víctimas de la primera masacre del Ejército tras la firma de la Paz. El 4 de octubre de ese año la organización se manifestaba en el kilómetro 169 de la Ruta Interamericana, pero la protesta fue reprimida de manera violenta por una patrulla del Ejército, que provocó la muerte de seis manifestantes e hirió a otros 34, según reportes de prensa.  

Un coronel y ocho soldados fueron enviados a juicio, si esta iniciativa hubiera estado vigente en ese entonces, el escenario para los responsables hubiera sido otro.

La noche del 10 de agosto, la Junta Directiva de 48 Cantones  llegó al Legislativo para hacer una petición: Que los diputados se abstuvieran de seguir conociendo el proyecto de ley que abre la puerta a más represión durante las manifestaciones sociales. Rivera aceptó, pero no del todo. Se comprometió a no agendar personalmente la iniciativa en los próximos días, pero la envió a análisis jurídico. Es decir, aún no la descarta.

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El anuncio tuvo como marco la segunda jornada de protestas en una semana, con las que organizaciones sociales expresaron su descontento con el alto costo de la vida, la corrupción, la elección anómala del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), los ataques a la prensa, y las leyes que suponen una regresión en la democracia, como la 6076. 

La iniciativa consta de 14 artículos que, en resumen, permitiría a la Policía Nacional Civil (PNC), Ejército, agentes de Presidios y de la seguridad presidencial, utilizar sus armas de fuego con mayor discrecionalidad cuando consideren que exista peligro inminente de lesiones graves hacia personas o agentes de las instituciones mencionadas, y no únicamente cuando haya riesgo de muerte hacia terceras personas, o hacia agentes de seguridad, como actualmente está normado en los protocolos de seguridad.

También libra de responsabilidades penales a los agentes que, mientras usen sus armas en defensa propia o de terceros, incurran en posibles delitos. Además, incluye una «medida sustitutiva de oficio» al ordenar que a los agentes involucrados en la comisión de hechos ilícitos, según la ley, se les impondrá arresto domiciliario como medida de coerción.

En su comunicado, los 48 Cantones exigieron al Congreso dejar de conocer la iniciativa al considerar que esta es «únicamente un medio para reprimir y criminalizar al pueblo de Guatemala». Si la propuesta de ley llega a aprobarse, la organización indígena advirtió que tomará medidas de presión para manifestarse en contra.

Un juego a varios niveles: Una presidenta que firma como diputada

La respuesta del Congreso fue una carta de Shirley Rivera, dirigida al presidente de los 48 Cantones, Geovany Rosales, en la que indica:

«Con atento y cordial saludo me dirijo a usted, con objeto de dar respuesta a la petición realizada, para el efecto en calidad de diputada del Organismo Legislativo me comprometo a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de jefes de bloque y no agendar la iniciativa 6076, así mismo, en ese sentido ya se instruyó a  la Dirección de Asuntos Jurídicos, elaborar un análisis sobre las inconstitucionalidades que pudiera tener la misma, una vez recibido el análisis jurídico, procederé a comunicarme con su persona para discutir la misma», dice el documento publicado en las redes sociales del Legislativo.

La respuesta parece un retroceso, pero más bien es un juego a varios niveles. Primero, Rivera respondió en su calidad de diputada, no como presidenta del Congreso. Luego, no todo depende de la presidenta del Congreso, sino de la votación que se realice en la reunión de jefes de bloque la próxima semana. Pese a los cuestionamientos, las bancadas aliadas al oficialismo lograron esta semana conocer en primera lectura el proyecto de ley y, aunque la oposición logró suspender la segunda lectura, el oficialismo no deja de insistir en sus objetivos.

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«Hay que legislar por cosas que gustan, o que no gustan. Algunos legislan por cosas que dan votos, pero en este caso, estas y otras iniciativas en la Comisión de Gobernación son iniciativas bastante complejas que tienen sus aristas que no les gustan a unos, que luego la tildan de rojo o azul. Pero yo no estoy para que me gusten o no», aseguró el diputado Boris España, el 11 de agosto, en una transmisión por Facebook hecha por el Legislativo. España es uno de los aliados del mandatario Alejandro Giammattei y preside la Comisión de Gobernación, que el pasado 5 de agosto emitió dictamen favorable a la 6076. 

El congresista Samuel Pérez, del partido Semilla, indicó que una medida para descartar por completo la propuesta de ley es que  retorne a la Comisión de Gobernación y que esta emita un nuevo dictamen, pero este desfavorable.

Francisco Quezada, consultor legal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que la iniciativa busca «sobre legislar» algunos aspectos que ya están contemplados en protocolos de la PNC o el Ejército, como los niveles de uso de la fuerza que van desde la presencia de las fuerzas de seguridad en determinado lugar, como prevención, hasta el uso de armas letales.

Por ejemplo, los Protocolos de Actuación Policial para Garantizar el Derecho de Reunión y Manifestación Pública, aprobados en septiembre de 2020, establecen que, de ser necesario, en una protesta violenta utilizarán proporcionalmente medios para dispersar a los manifestantes. Además, contra quienes alteren el orden público, hayan disparado con arma de fuego o agredan a la autoridad policial, se ejecutarán órdenes de captura. 

Al tener conocimiento de una manifestación, el protocolo obliga a la PNC a convocar a delegados que colaboren en la resolución pacífica de la misma. Se tomarán en cuenta instituciones como la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

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Semana de protestas

La Asamblea Social y Popular de Guatemala (ASP) convocó esta semana a dos jornadas de protestas cuyos reclamos se concentraron en el descontento por el alto costo de la vida, la corrupción, así como la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Usac, en un proceso plagado de anomalías.

El primer día de manifestaciones ocurrió el  9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuando las organizaciones se manifestaron en los territorios del área rural del país. A las jornadas de protestas se unieron el Comité de Unidad Campesina (CUC), y los estudiantes de la Usac que suman más de 100 días en resistencia contra la elección de Mazariegos.

La segunda jornada ocurrió el 11 de agosto en la ciudad capital. El edificio del Congreso fue el punto que reunió a la mayor cantidad de manifestantes, quienes también señalaron que la iniciativa 6076 es «una ley antiprotestas».