Es un lugar regularmente olvidado y bastante desconocido. ¿Dónde quedan Jocoló, la comunidad La Esperanza, Santa Elena? ¿Cómo llego a la aldea Sumach, a Saquipec, a Costa Cocales? ¿Por dónde me dirijo para conocer Punta Caimanes? Todas estas son comunidades q’eqchi’ que quedan cerca de la orilla del río Dulce, cuando este comienza su rumbo hacia el mar.
Semanas después de las medidas anunciadas por el Gobierno central, comunitarios de esos siete lugares se encontraron —cuando todavía e...
Es un lugar regularmente olvidado y bastante desconocido. ¿Dónde quedan Jocoló, la comunidad La Esperanza, Santa Elena? ¿Cómo llego a la aldea Sumach, a Saquipec, a Costa Cocales? ¿Por dónde me dirijo para conocer Punta Caimanes? Todas estas son comunidades q’eqchi’ que quedan cerca de la orilla del río Dulce, cuando este comienza su rumbo hacia el mar.
Semanas después de las medidas anunciadas por el Gobierno central, comunitarios de esos siete lugares se encontraron —cuando todavía era posible— para alertar a las autoridades de la situación que estaban viviendo. Era abril y ya la realidad era más dramática para poblaciones que desde siempre han sufrido la indiferencia y ausencia casi total del Estado ante su condición de pobreza y falta de servicios básicos, cuando no la violencia de sus políticas y de los intereses de empresas nacionales y transnacionales que se han instalado en sus tierras. Para ese momento, la ayuda que había prometido el presidente Giammattei era urgente.
Escribieron una carta, un borrador a mano, dirigido a la Presidencia del Ejecutivo y al ministro de Desarrollo Social. Esa carta viajó a la cabecera municipal, a Livingston, seguramente en lancha por unas buenas horas, para poder ser digitalizada. La carta debió hacer el recorrido de regreso para ser firmada por los líderes y las lideresas, de modo que ellos dieran fe de lo que en ella se decía. Reconocían el trabajo del Gobierno y el esfuerzo que implicaba en ese momento llegar hasta ahí. Sin embargo, las condiciones de pobreza sumadas a las medidas del Gobierno dejaban pocas opciones de trabajo para quienes se dedicaban a la agricultura, el turismo, la construcción y la pesca.
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Solicitaban la presencia de un funcionario para poder expresar sus necesidades: «Por lo que queremos ser escuchados y ser tomados en cuenta en sus programas sociales, estos dos meses han sido cruciales para nuestras familias, esperando que no queden en palabras sus promesas y que no pasen dos meses más, y así como nosotros hay más departamentos afectados que estamos exigiendo lo prometido con la esperanza de que no quede en el olvido lo que usted ha dicho». La carta regresó a Livingston, otra vez por lancha, para ser convertida en un archivo digital que se pudiera compartir en redes sociales.
Han pasado dos meses y he intentado buscar en diferentes páginas oficiales si la ayuda ha llegado a estas comunidades. Lo que he encontrado son algunos indicios que me hacen ser optimista y pensar que se ha logrado entregar a las familias una pequeña caja que a estas alturas ya será insuficiente. Pero puede más la sensación de un silencio preocupante que nace de la poca información que tenemos.
La impotencia de estos días no se refiere a la falta de plata o de comida que el Gobierno ha logrado encauzar. La impotencia nace de estar frente a un Estado raquítico por ineficiente e incapaz de ser ágil en la entrega de ayuda. La responsabilidad es de quien ha negado —por robo, interés o ideología— la posibilidad de tener un Estado para la seguridad de todos y todas. Y vaya si no es necesario un Estado fuerte y moderno cuando enfrentamos una crisis como la de hoy, que no permite polarizar, sino solo recoger los pedazos del Estado oligárquico que somos.
En el fondo de mi corazón espero que Jocoló, La Esperanza, Sumach, Saquipec, Costa Cocales, Punta Caimanes y Santa Elena hayan logrado recibir la ayuda que les corresponde. No podemos olvidarlos ni a ustedes ni a tantas otras comunidades que viven el resultado de una historia de injusticia.
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