Dulce, Nanci, María y Virginia

Dulce Archila

Escribo esta columna horas antes de la audiencia de etapa intermedia de Dulce Archila. De momento, aún no se conocen los resultados de la misma. Veo algunas de las fotos de Dulce y no dejo de observar lo joven que es, la dignidad de su rostro y la valentía de su frente en alto. A Dulce, el Estado de Guatemala la acusa de «depredación de bienes culturales» durante su participación en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020. Para el Estado, manifestarse en contra de la corrupción es un delito. Junto a ella, Nanci Sinto y Juan Monroy también estaban en la orden de aprehensión que se hizo pública a través de redes sociales. Manifestar la inconformidad que el Estado produce por su negación es un derecho y Dulce lo ejerció con valentía. Esa denuncia que el Estado de Guatemala es espuria y lleva un claro mensaje: «conmigo o contra mí».  Al Estado no le preocupó la destrucción del teatro nacional cuando la municipalidad autorizó una actividad de enduro, no le preocupó cuando los centros comerciales destruyeron los montículos de Kaminaljuyú y tampoco le preocupa la posible destrucción del patrimonio que es el archivo histórico de la policía nacional. Cientos de ejemplos se pueden nombrar, lo evidente aquí es que el gobierno, en su mediocridad, prefiere perseguir a una joven estudiante, trabajadora y activista antes que trabajar. Los berrinches del presidente de la nación salen caros, horas de trabajo de los fiscales y tribunales desperdiciados en criminalizar inocentes, mientras los homicidios y feminicidios aumentan. Defender la vida digna en este país sale caro, moral y económicamente. Dulce, que la justicia te acompañe.

Nanci Sinto

A Nanci le sucedió lo mismo. Ella fue agredida durante la manifestación de noviembre de 2020, mientras intentaba repartir agua a otros manifestantes que estaban siendo heridos por el uso indebido de la fuerza policial. A Nanci la golpearon y, además, la acusaron de «depredación de bienes culturales», lo que, supuestamente, dañaba la identidad nacional. Para esto último, la doctora Aura Cumes respondió magistralmente, «tanto el concepto de identidad nacional y de patrimonio cultural son elementos elaborados por determinadas élites que pretenden imponerse sobre la mayoría de habitantes de este país, principalmente de los pueblos indígenas. El congreso de la república no forma parte de la identidad nacional (…) es un lugar donde se ha tramado la dominación sobre los pueblos indígenas, donde se ha negado la autoría política de los pueblos indígenas. No podemos reivindicar el congreso como parte de la identidad de los pueblos indígenas, y si somos la mitad de esta población no podemos estar fuera de lo que se nombre como identidad nacional. Por lo tanto, ese concepto no existe (…) no lo hemos construido. A Nanci no se le puede acusar de dañar la identidad nacional porque tal cosa no existe». Durante la audiencia de Nanci, que se llevó a cabo el 10 de junio, la jueza determinó que no existe fundamento serio para que el delito fuese llevado a debate y la dejó en libertad. Se comprobó el exceso de fuerza policial utilizada en su contra y se ordenó investigar esas agresiones. La persecución de Nanci también busca amedrentar a todas aquellas personas que estamos inconformes con un gobierno tirano que no permite nuestra existencia en libertad y dignidad. Celebramos la justicia para Nanci.

Maria Cuc Choc

María es una mujer q’eqchi’ a quien el Estado de Guatemala está criminalizando, su delito: traducir e interpretar. María es defensora de la tierra y el territorio, es una lideresa que ha permitido que las voces de sus coterráneos puedan ser escuchadas y comprendidas, pues pocos son los servidores públicos bilingües. Esas traducciones manifiestan la inconformidad y denuncian las arbitrariedades cometidas por diversas empresas extractivas y sus megaproyectos.  Ella ha sufrido de criminalización y persecución de la empresa Lisbal S.A., y está siendo acusada, desde hace cuatro años, de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal. María, una mujer valiente, ha declarado varias veces que la persecución que sufre no solamente implica el constante ajetreo burocrático, el temor al proceso, sino también tiene un efecto en su salud. Ella no puede salir de Izabal porque tiene arresto domiciliario, mientras tanto, ella, el equipo que le acompaña, y la comunidad entera, continúan buscando transparencia y justica. Alzar la voz contra quienes amenazan la vida trae consigo una serie de cargas morales, físicas y económicas. María no solo lucha contra un Estado que prefiere proteger empresas que destruyen los ecosistemas mientras contribuye al desprestigio de quienes están dispuestas a denunciar los abusos cometidos contra la tierra y sus territorios. También lucha contra los dolores físicos que ningún Estado podrá reparar, esos procesos injustos también socaban la calidad de vida de quien defiende derechos, su familia y su comunidad. La valentía en Guatemala se paga caro, y el Estado, junto a corporaciones transnacionales, parece que está dispuesto a cansar a todas y todos los valientes. Sin embargo, María no está sola y tal y como ella lo ha señalado, los defensores, hombres y mujeres, seguirán trabajando en los cuatro puntos cardinales.

Virginia Laparra

La fiscal Virginia Laparra tiene más de 100 días en la cárcel, todo esto, porque tuvo el valor de denunciar a un juez que filtró información sobre un caso de corrupción que estaba bajo reserva. La acusación contra Virginia es por haber hecho esa denuncia, lo cual, dentro de su función como fiscal, no solo es su derecho sino también su obligación. Ella, hasta el momento, ha sido la única detenida de varios servidores públicos que salieron al exilio y han denunciado persecución por parte del Estado de Guatemala, específicamente de la Fiscal General Consuelo Porras. A Virginia la trasladaron hace unos días a Matamoros, una cárcel donde se encuentran recluidas personas que ella misma investigó, la trasladaron a pesar de que Virginia hizo público que ha recibido amenazas desde allí. Virginia es acusada de delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.  Tal y como María Cuc Choc lo ha manifestado, el informe psicológico de Virginia enfatiza que su encierro raya en la tortura. Virginia no tuvo miedo y denunció al juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información a otro abogado que presta servicios a una institución a cargo de Alejandro Giammattei.  Lesther Castellanos Rodas, acompañado por la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, ha presentado denuncias contra fiscales y jueces que coincidentemente trabajaron contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Virginia está soportando, con su cuerpo y su mente, la ira de un grupo de cobardes que se sintieron amenazados y acorralados por la verdad y la justicia. Ahora, ellos, sintiéndose llenos de poder, buscan amedrentar a quienes lideraron la lucha por construir un mejor país.

A Dulce, a Nanci, a María y a Virginia, les decimos que no están solas, y que su valentía y su fortaleza abanderan los sueños de construir un territorio más vivible para quienes lo ocupamos.