Leonel es un señor de 38 años de edad, con estudios universitarios terminados, guatemalteco, de clase media, trabajador y con deseos de superarse. Como muchas otras personas, se compró su carro por pagos. Prefiere cargar en la guantera del carro una fotocopia de la tarjeta de circulación. Claro, una copia autenticada por notario. El día 9 de agosto del presente año, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detiene en el Periférico. Rutina. Cuando el policía le solicita los documentos del vehículo, Leonel los extrae de la funda plástica dentro de la guantera. Un pequeño pedazo de papel se queda pegado y por tanto se rompe la fotocopia. Empieza la novela:
—Estos documentos están alterados. No se lee bien el número de placa —le dice el policía nacional civil.
—¿Cómo? Pero si un notario los autenticó, lo que significa que en el momento de la fotocopia todo estaba bien. Es que nunca los había sacado y el calor los debe de haber pegado. Pero, igual, el carro está a mi nombre, tiene pagado el impuesto, no hay reporte de robo y, si verifica, los números de chasis y de motor coinciden.
—No, joven. Vamos a tener que consignar el vehículo. Si quiere, llame a su abogado y consulte. Ya va a ver que tenemos razón.
Leonel llama a dos abogados. Ambos le dicen que por eso no deben consignarle el vehículo, lo que provoca que él se ponga a la defensiva. Toma una foto de la patrulla y despierta con ello la arbitrariedad policial.
—Mire. Dicen mis abogados que no tienen por qué consignarme el vehículo. Por favor, póngame una multa y así me puedo ir.
—Jefe, ¿por qué nos tomó una foto? Si esto se puede solucionar de otras formas. Ustedes no entienden que uno hace su trabajo y ya. Encontrémosle una buena solución a esto.
—Pues póngame la multa y listo.
Los dos agentes de la PNC trasladan el vehículo a la Comisaría 14, sobre el Anillo Periférico y la zona 7. Allí, ya presente el abogado de Leonel, este les indica que en un momento llevarán la tarjeta de circulación original para despejar cualquier duda. Pero lo que sucede es que notifican la consignación del vehículo, y no hay oficial superior de los agentes o de la comisaría ni poder alguno que, ya teniendo los documentos originales, les haga entender que no procede la consignación. Es hasta en el Departamento de Tránsito de la PNC donde inmediatamente dicen que eso no es correcto e inician el trámite de devolución, pero dejan a Leonel ocho días sin carro, a la intemperie y en absoluto abandono.
La ética social de las personas le dice a Leonel: «Les hubieras dado mordida. Tan menso que fuiste». Pero Leonel hizo lo correcto. Es un ciudadano que se opuso a una mordida y a un acto ilegal por parte de las autoridades.
Al hablar con los agentes policiales para pedirles que el carro fuera ubicado en un lugar seguro, las repuestas son: «Lo pudimos haber arreglado de otra forma hace rato, cuando lo detuvimos. Si se hubiera dejado aconsejar por nosotros, esto no habría pasado. No debió tomarnos fotos ni hacer llamadas. Con usted no se puede hablar».
Lo contradictorio: la Policía, que debe resolver conflictos, los crea. Y con estos crea también una serie de gastos administrativos dentro de la institución policial que los pagamos todos con nuestros impuestos.
Lo arbitrario: una sanción policial por no darles mordida.
Lo perverso: que la sociedad aconseje a Leonel que era mejor dar mordida y lo culpe por lo que le pasó.
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