La agente infiltrada en la Corte de Constitucionalidad tenía la misión de recopilar información

Ocurrió en apenas unos minutos. Ella misma se delató. El 16 de septiembre, una agente de la Policía Nacional Civil se infiltró en la conferencia de prensa de la Corte de Constitucionalidad en la que se daba vía libre para que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entrara al país. Era un momento clave de la grave crisis política que marca la agenda desde hace dos meses. La Corte podía enmendar al presidente Jimmy Morales, que había ordenado impedir el paso del comisionado y advertido de que no acataría “órdenes ilegales”.

Todo estaba en manos de los magistrados. La expectación mediática era absoluta. En el exterior de la Corte, una veintena de personas manifestaban en apoyo a Velásquez y a la Cicig.

Sin gafete, sin libreta y colocada al otro lado del cordón que separa a los magistrados de los medios de comunicación, la mujer se dedicó a fotografiar con su celular a periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Minutos antes, desapercibida, hacía lo mismo con los manifestantes que levantaban la voz en la plaza frente a la Corte.

Cuestionada por algunas reporteras, la mujer dijo primero, entre susurros, que trabajaba en un medio de comunicación. Al no poder mostrar ninguna identificación, corrigió su respuesta. Que era estudiante y estaba haciendo prácticas para la universidad. Tampoco pudo demostrarlo con algún carné o credencial.

Las preguntas de las periodistas no eran casuales ni buscaban ensañarse. En un país con la historia de Guatemala, en el que, además, en los últimos meses salieron a la luz —nadie sabe de dónde, pero circularon en redes sociales y mensajes de Whatsapp— listados de trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación que supuestamente están en la mira del Gobierno, la prevención es clave.

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Al no poder alargar más la mentira, la mujer decidió salir atropelladamente de la sala de vistas donde se había realizado la conferencia de prensa. Bajó las escaleras de dos en dos. Desorientada, dio un par de traspiés y dudó en la ruta. Cuando vio la puerta de salida, abierta para dejar pasar a algunos periodistas que se retiraban, aprovechó la oportunidad. Se coló entre las personas y alcanzó a gritar al miembro de la policía que custodiaba la entrada, que la dejara pasar, que era una agente.

El estrépito con el que se retiró y los gritos de algunos reporteros que la siguieron, alarmó a los activistas que se encontraban fuera de la Corte. Se inició una persecución que terminó a la altura del parque Colón, cuando la mujer subió a una motocicleta sin placas, dejando tirado un teléfono celular con el que se supone que minutos antes fotografiaba a los periodistas.

El celular quedó en poder de Aldo Iván Dávila Morales, activista de la organización Gente Positiva, que junto a un grupo de activistas lo entregó a la Fiscalía de Derechos Humanos el mismo domingo 16 de septiembre. Quienes lo trasladaron contaron con el acompañamiento de dos personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras dos de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Días después, la agente interpuso una denuncia por el robo de su celular en las oficinas del Ministerio Público del barrio de Gerona, en la zona 1, a pesar de que no hubo tal robo, sino que ella misma lo dejó caer mientras evadía a los reporteros.

La actuación de aquella agente genera grandes interrogantes: ¿Por qué no se identificó como autoridad? ¿Por qué salió corriendo de la sala de la Corte? ¿Qué es lo que estaba filmando? ¿Cuáles eran sus órdenes? ¿Tiene el ministerio de Gobernación algún plan para registrar a periodistas en el ejercicio de sus funciones o activistas que manifiestan?

De lo que se tiene certeza hasta el momento, según los documentos oficiales a los que Plaza Pública tuvo acceso, es que su misión en la Corte era “recopilar información para la prevención de hechos delictivos”. Algo que no encaja dentro del modus operandi de la división a la que pertenece.

Dudas en la misión de la agente

A los pocos días de la conferencia de prensa de la Corte de Constitucionalidad, Kamilo Rivera, el entonces viceministro de seguridad del ministerio de Gobernación, fue interceptado en el Congreso de la República, a la salida de una citación. En esa ocasión, Rivera confirmó que la mujer era agente de la Policía Nacional Civil, pero no precisó la unidad a la que pertenecía.

Lo que el exviceministro quiso ocultar es que la mujer forma parte de la División de Información Policial. Informes del Ministerio de Gobernación en poder de la Fiscalía, a los que tuvo acceso Plaza Pública, confirman que tanto la agente infiltrada como el que la recogió en una motocicleta sin placas son miembros de esa unidad, que tiene entre sus funciones recopilar, procesar y clasificar información criminal; detectar el surgimiento, desarrollo y modo de operar de organizaciones criminales; y monitorear las informaciones que puedan dar mala imagen a la gestión policial.

Tanto esta división como otras unidades de la policía tienen una última función, ambigua, que abre la puerta a interpretaciones: “otras que sean asignadas por el Director General” de la institución.

La unidad fue creada según Acuerdo Gubernativo 172-2014, de fecha de 3 de junio de 2014. Plaza Pública quiso conocer el número de agentes con los que cuenta esta división, pero el Ministerio de Gobernación se escudó en el artículo 10, numeral 4, de la Ley de Acceso a la Información Pública para no hacer pública su estructura.

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Este artículo dice que quedan exentos de tener que ofrecer sus datos, cargo, honorarios y demás información “cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado”. Según Gobernación, esa división no cuenta con un presupuesto específico asignado. Únicamente ofrece lo consignado para una de sus dependencias, el Centro de Recopilación, Análisis y Difusión de Información Policial. En 2017, esta rama tuvo unos fondos de Q14,921,980 y, un año después, estos descendieron hasta los Q9,683,784.

¿Cuál de estas funciones era la que estaba cumpliendo esta agente mientras fotografiaba a periodistas, magistrados y activistas?

Los archivos dan algunas luces de por qué fue enviada a la Corte de Constitucionalidad.

El subdirector general de operaciones elaboró hace unas semanas un documento sobre lo que sucedió el 16 de septiembre. Según el escrito, la Corte solicitó al Ministerio de Gobernación “medidas de seguridad preventivas y disuasivas”.

La subdirección general de operaciones designó entonces a un inspector y diez agentes, y la División de Información Policial a otros dos —la policía infiltrada en la sala de vistas, y el compañero que la esperaba en la motocicleta sin placas—. Plaza Pública ha preferido omitir los nombres de estos agentes hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones del caso.

El documento especifica que el personal tenía dos instrucciones: brindar seguridad perimetral y recopilar información con la finalidad de prevenir hechos delictivos. La segunda función correspondía a los agentes de la División de Información Policial.

Sin embargo, el exministro de Gobernación, Carlos Menocal (2010-2012), explica que el modus operandi de la División de Información Policial, la cual fue creada dos años después de que él dirigiera esa cartera, no tiene nada que ver con lo que se vio el 16 de septiembre en la Corte de Constitucionalidad. 

El proceso de trabajo usual es el siguiente.

La división recibe diariamente papeletas que las patrullas de la policía deben rellenar al finalizar cada misión. Las papeletas son documentos en los que se expone, de haberlas, las novedades que se presentaron durante la actividad policial.

Las comisarías las recopilan y las envían a varias unidades del Ministerio de Gobernación. Entre ellas, esa división.

Lo que hacen entonces los agentes asignados a esta es analizar la información para comenzar a perfilar posibles sospechosos de haber cometido hechos delictivos. Los datos se comparten después con otras divisiones más específicas, para que los investigadores cuenten con detalles que les sirvan para profundizar más en los hechos.

“La División de Información Policial recopila hechos sucedidos a partir de partes policiacos. No analiza ni prevé posibles hechos delictivos. Y no debe usarse, por supuesto, para hacer espionaje”, explica Menocal. Con esta actitud, agrega, “se rompe la fortaleza institucional y la lógica del agente. A esta agente la formaron para procesar información policial de hechos delictivos”.

Entonces, ¿por qué envió Gobernación a estos dos agentes? El exviceministro Kamilo Rivera aseguró a la salida de aquella citación en el Congreso, que la Corte de Constitucionalidad pidió este apoyo. Esto fue refutado en su momento por el vocero del tribunal constitucional, Santiago Palomo, y ahora se confirma que es mentira.

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El 16 de septiembre, el jefe de seguridad de la Corte de Constitucionalidad, Rafael Díaz Escamilla, solicitó apoyo a la Comisaría 11, a la que se suele abocar cuando la institución necesita ayuda policial. “Por medio de la presente, de la manera más atenta, le solicito apoyo de agentes policiales, debido a un evento que está por realizarse en la sede de la Corte de Constitucionalidad por medidas de seguridad”, señala Escamilla en la carta que envió al comisario Héctor García Alvarado, jefe de la Comisaría 11, a la que Plaza Pública tuvo acceso. 

Personal de la Corte consultado indicó que este es el procedimiento común cuando se espera que pueda generarse algún tipo de inestabilidad fuera de la institución. En este caso, como remarcó en su momento Santiago Palomo, se hizo una solicitud de apoyo en la seguridad perimetral, ya que se tenía la inquietud de que grupos a favor y en contra de la decisión de la magistratura se enfrentaran en algún momento.

Según los documentos, el jefe de seguridad nunca hizo ningún requerimiento a la División de Información Policial, a la que pertenece la agente infiltrada.

Se trató de concretar una entrevista con Kamilo Rivera mientras aún fungía como viceministro de Seguridad, pero no contestó las llamadas ni los mensajes que Plaza Pública realizó a lo largo de más de dos semanas. Fernando Lucero, vocero del Ministerio de Gobernación, indicó que trataría de apoyar en las gestiones, pero no se concretó ningún encuentro. Por consiguiente, no fue posible conocer el interés de las autoridades de Gobernación por recabar información de periodistas y activistas que acudieron esa noche a la Corte de Constitucionalidad, ni por qué se les fotografió.

También se consultó a la Fiscalía de Derechos Humanos, que actualmente lleva el caso, acerca de avances en las pesquisas, pero la fiscal a cargo prefirió no dar información, por encontrarse en fase de investigación.

Víctima de robo

La semana del 17 de septiembre, cuando Kamilo Rivera confirmó que la persona infiltrada era una agente de la Policía Nacional Civil, también dio un dato que desconcertó a los periodistas que escuchaban sus declaraciones. El Ministerio Público contaba con una denuncia de la mujer, en la que se presentaba como víctima.

En la Fiscalía existe una denuncia que la agente presentó el 18 de septiembre por la mañana. En su declaración dijo que su trabajo consiste en recolectar información “en el sentido de velar por el orden público, seguridad a los ciudadanos y de esta manera prevenir hechos delictivos o que atenten contra el orden público”. Después, continuó, la información es trasladada al jefe de la Oficina de la Recolección de Información. “Mi trabajo es de inteligencia”, dijo la agente. “Lo realizamos de particular”, matizó.

La mujer indicó que el 16 de septiembre recibió una orden verbal de un inspector de la policía para “cubrir la sala de conferencias en la Corte de Constitucionalidad”, una sala a la que únicamente se permite el ingreso de periodistas durante las conferencias de prensa. Esa noche, la del 16 de septiembre, solo había personal de medios de comunicación en el lugar.

“Con mi teléfono tomé varias fotografías y videos de forma general sobre la actividad que se estaba realizando”, continuó la declaración, en la que citó a varios medios presentes en la sala.

La agente expuso después lo que sucedió al finalizar la conferencia de prensa: las preguntas de las reporteras, su negativa a identificarse, y la retirada apresurada de la Corte.

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En el parque Colón, donde se encontró con su compañero, aseguró que una de las personas que la siguió tiró de su bolso, que se rompió, y dejó tiradas sus pertenencias. También aseguró que después de subirse a la motocicleta, al no poder sujetarse bien, se causó varias lesiones.

Sin embargo, en el mismo reporte que hicieron los agentes la noche del 16 de septiembre hay un dato que contrasta con esta última declaración. La División de Información Policial recibió la papeleta 47, cubierta por la agente infiltrada. En el documento se señala que los dos agentes trabajaron en un turno de cinco de la mañana a doce de la noche. Su función, dicen, la “recopilación de información sobre hurto a peatones y seguridad de la integridad física a integrantes de manifestaciones”.

En el último apartado, escrito a mano, se especifica que a las seis de la tarde se dio cobertura a la Corte de Constitucionalidad. La agente indica que “un grupo de medios de comunicación me abordaron y pidiéndome identificación queriendo registrar mi bolso, por lo que opté por salir del edificio para evitar ser retenida y velando por mi integridad física, ya que fui objeto de persecución, dejando mis documentos y teléfono celular tirados, sin otra novedad”.

Dos días después, el 20 de septiembre, la agente amplió su denuncia para identificar a Aldo Iván Dávila Morales, de la organización Gente Positiva, como la persona que “tiene en su poder” su teléfono celular. Aunque en efecto fue Dávila quien recogió el teléfono de la agente en el parque Colón, el activista ya lo había entregado el mismo 16 de septiembre a la Fiscalía de Derechos Humanos.

Fue Dávila quien, ese día, inmediatamente después de los hechos, planteó una primera denuncia, acompañado de Carmen Odilia Reina de Aragón, consultora del Colectivo Otra Guatemala Ya. “La preocupación que subyace —exponen en la declaración— es que las filmaciones y la transmisión de las imágenes puedan ser parte de algún tipo de acción de inteligencia ilegal que ponga en peligro la seguridad de la actividad de periodistas y de defensores y defensoras de Derechos Humanos”.

La denuncia también señala que, cuando se encontraban en el edificio del Ministerio Público, un hombre —al que no identifican— se dirigió al personal de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos para que se les entregara el teléfono. También, dicen, preguntó por los nombres de las personas que lideraban la manifestación. Sospechan que pudiese ser policía.

Dávila Morales asegura que, un día después de presentar la denuncia, desconocidos hostigaron la sede de Gente Positiva. Muestra un video en el que se ve cómo dos personas, a bordo de una moto, se detienen junto a la sede y lanzan varios cohetes. No han sido identificadas.

Los interrogantes, por ahora, siguen sin respuesta. El Ministerio Público continúa la investigación.