El 19 de marzo de 2013, durante el inicio del juicio por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, los abogados defensores del expresidente de facto Efraín Ríos Montt llegaron con una estrategia pactada con antelación. El abogado penalista, Francisco García Gudiel, sustituiría a todos los defensores —más de seis abogados contratados para las fases previas al debate— ante el Tribunal A de Mayor Riesgo.
Entre las primeras acciones de García Gudiel como defensor, estuvo el pedir tiempo. “Cinco días para revisar el expediente”, solicitó. Los jueces Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, denegaron su petición. García Gudiel, entonces, esperó a la lectura de la acusación del Ministerio Público contra los generales en retiro Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez , y luego de ésta indicó que, entre el tribunal y él, había una enemistad previa, irreconciliable. “Este tribunal —dijo García Gudiel— debe abstenerse de conocer el caso”, antes de plantear una recusación en contra de los jueces.
“En efecto —respondió la jueza Barrios— este tribunal ha tenido anteriormente un problema con usted, abogado; pero este tribunal también ha aceptado sus disculpas. No somos un tribunal rencoroso, básicamente, nuestra tarea ha sido la de contribuir a la transparencia y objetividad de la justicia, pero en este caso el abogado defensor ha creado una situación con ánimo de impedir el desarrollo del debate, como una estrategia dilatoria, en la cual el abogado García Gudiel ya conocía de antemano el nombre de los jueces que integraban este tribunal y, por lo tanto, no es posible aceptar la recusación planteada”.
Acto seguido, Barrios ordenó a García Gudiel salir de la sala de la sala de audiencias, y para garantizar el derecho de defensa del acusado (Ríos Montt), el tribunal designó a los abogados César Calderón y Moisés Galindo, con base a su conocimiento del caso, “que sean ellos quienes lo representen temporalmente, hasta que el procesado contrate a un abogado de su entera confianza”.
La intervención de Francisco García Gudiel por unas cuantas horas durante el inicio del debate, no obstante, fue el prefacio para que luego se anulara la sentencia en contra de los generales en retiro dos meses más tarde por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).
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Ahora, dos años después, con la denuncia del abogado Ramón Cadena de la Comisión de Juristas Internacionales, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (THCANG) evaluó la estrategia de la defensa, y lo ha suspendido por un año de su ejercicio como abogado, y le ha aplicado una multa de Q5.040. Además de la de la estrategia dilatoria, el THCANG evaluó los “insultos, actitudes despectivas e incitación al odio en contra del Tribunal”, que García Gudiel desplegó ante los medios y en la misma sala de audiencias. “Me da náusea, la odio, me cae mal, no la soporto”, fueron algunas de las frases que García Gudiel utilizó para referirse a la jueza Barrios. “Esos dos son unos tontitos que ni hablan”, fue otra de las frases dirigidas a los jueces Bustamante y Xitumul, también parte del Tribunal A de Mayor Riesgo.
Un fallo dos años después
“Son una falta grave”, explica el Tribunal de Honor del CANG en su sentencia. Y agrega que “con los medios de prueba valorados en el presente proceso se acredita, sin temor a dudas, que el abogado denunciado, con su actitud asumida ante las cámaras de los medios de difusión social, violentó la Ley del Organismo Judicial”.
Y especialmente, con la actitud de García Gudiel ante el Tribunal, durante el proceso, fue violentado el artículo 201. El fallo del THCANG lo indica así: “Actuar en los Juicios en que el Juez tuviere que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional. En el presente caso, violentó este precepto en virtud de que antes de aceptar la defensa técnica de su patrocinado, ya tenía conocimiento de su enemistad con la presidenta del Tribunal de Sentencia Penal de mérito, Iris Yassmín Barrios Aguilar, y la amistad íntima con el vocal, Pablo Xitumul de Paz; por dichas razones, lo conveniente y ético es rehusar la defensa técnica para evitar la causal de excusa o recusación de los integrantes del Tribunal de Sentencia en mención; no obstante, admitió la defensa y la ejercitó”.
Ante los magistrados de la CC, hace dos años, se plantearon los mismos argumentos de parte de la fiscalía y los querellantes adhesivos. Que García Gudiel había llegado con una estrategia. Que quería recusar a los jueces. Que tenía una enemistad previa… Sin embargo, en aquel momento Ríos Montt, mediante un ocurso en queja, reclamó que durante el primer día de debate, el Tribunal se había extralimitado al dejarlo indefenso, sin abogado. La Sala Tercera de Apelaciones, presidida por el juez Carlos Contreras, evaluó los alegatos del exdictador, y ordenó que Francisco García Gudiel debía ser reincorporado a la defensa. El 19 de abril, con el proceso en marcha, tras un mes de que se escuchara a casi 100 testigos y peritos, de que se revisaran decenas de documentos, el abogado regresó para representar al exdictador. El Tribunal, no obstante, no le permitió presentar, de nuevo, una recusación.
El 20 de mayo de 2013, los magistrados de la CC, con dos votos en contra y tres a favor, resolvieron en definitiva, que se había violentado el derecho de Francisco García Gudiel para ejercer la defensa. Resolvieron así, el presidente Héctor Pérez Aguilera, nombrado por el Colegio de Abogados, y dos jueces muy cercanos al sector privado, Alejandro Maldonado Aguirre, exmilitante del desaparecido partido de extrema derecha Movimiento de Liberación Nacional, y Roberto Molina Barreto.
El magistrado Mauro Chacón, nombrado por la estatal Universidad de San Carlos; y la magistrada Gloria Porras, quien subdirigió la Fiscalía General junto a Amílcar Velásquez Zárate; razonaron en contra de ese fallo, argumentando que, en efecto, como el THCANG resuelve ahora, la actitud de García Gudiel había sido improcedente.
No obstante, la sentencia de 80 años de prisión en contra de Ríos Montt, y la absolución para Rodríguez Sánchez, dictada el 10 de mayo de 2013 por el Tribunal A de Mayor Riesgo, fue anulada por la CC al “restituir sus derechos” como abogado defensor a Francisco García Gudiel.
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En 2015 el juicio por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad (en el territorio ixil, donde se señala a los acusados de la muerte de 1771 indígenas), intentó reactivarse con otro Tribunal. Desde el primer día de debate, el pasado 5 de enero, la juez Jeannette Valdés, fue recusada por la defensa del general Ríos Montt. La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, presidida por Anabella Cardona, aún no decide cómo integrar un nuevo tribunal para este proceso.
“En el presente caso”, señala el THCANG en su fallo contra el abogado defensor, “la conducta del abogado Francisco García Gudiel se califica como falta gravísima ya que la misma no sólo atenta contra las normas de la ética profesional, sino que también afecta la credibilidad del sistema de justicia, observándose una actitud de litigar maliciosa”.
