El día en que quienes aprobaron liberar a un elenco de criminales tildaron de terroristas a los que protestaron

“No todos los que están dentro son ratas. Muchos de ellos lo son, pero no todos”. Un joven fornido, armado con un tambor, se dirige hacia los manifestantes en una de las puertas de acceso al Congreso. Son las dos de la tarde, los diputados debaten dentro derogar de manera poco ortodoxa unas graves reformas penales que ellos mismos aprobaron apenas 48 horas antes, mientras una multitud toma los alrededores de la asamblea, concentrándose en los accesos al parlamento.

“Somos manifestantes pacíficos y apartidistas”, prosigue el joven, al que se le quiebra la voz. “Nada nos perjudicaría más que se provoque algún hecho violento o nos califiquen como agresivos o acarreados”, sentencia. Aplausos. Consignas. Y el ritmo de la Batucada del Pueblo, que forma parte del paisaje de las protestas como en 2015.

Si la víspera los participantes en la protesta se hicieron con la plaza y celebraron su propia izada de bandera alternativa a los fastos oficiales, la protesta del Día de la Independencia se caracterizó por que los ciudadanos acudieron al Congreso a señalar a quienes consideran responsables de esta crisis. “No queremos disculpas, queremos que renuncien” es una de las frases que más se escuchan.

La jornada fue de las que quedan registradas en la memoria y en los libros. No hay antecedentes en la historia reciente de Guatemala de una protesta que obligue a los diputados a permanecer encerrados en el Congreso durante casi medio día mientras miles de protestantes exigen sus renuncias. Y, por extensión, la del presidente, Jimmy Morales.

Nueve horas después de comenzar la protesta, los diputados salieron. Agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) irrumpieron en la novena avenida y expulsaron a los manifestantes empleando gas pimienta. Habrá que ver cómo afectará la actuación policial en un calendario de movilizaciones que se extenderá, al menos, hasta el miércoles 20 de septiembre. La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad San Carlos ha llamado a un paro nacional para ese día en el que también Codeca prevé movilizarse.

El tipo de la batucada, uno de los colectivos más activos en las protestas, tenía claro que los diputados iban a representar la movilización como una especie de horda salvaje que todo lo arrasa. Por eso, cada poco tiempo, se hacía énfasis en el carácter “pacífico” de la concentración. Cierto es que algunos parlamentarios fueron zarandeados cuando accedían a la asamblea, o se les mojó con bebida, pero lejos de ser una pandilla de “terroristas” como la que describió el diputado Estuardo Galdámez o una “turba violenta” como la que describía el congresista Fernando Linares Beltrarena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), que en las últimas de la noche diría:

“Estamos secuestrados por una turba violenta. No nos dejan salir y el rescate que nos exigen es renunciar a nuestros puestos en el Congreso. Eso quiere decir que piden rescate y lo tipifica como secuestro. Estas personas violentas que están afuera no dejaron entrar a una juez de paz para hacer una exhibición personal, el ministro de Ingobernación no le ordena a la Policía que los quite, hay total ingobernabilidad y sabemos por qué: porque el ministro de Gobernación no fue nombrado por Jimmy Morales. Venía con la venia del casi exembajador Todd Robinson en Guatemala. Y es parte de la trinca que ha venido gobernando entre bambalinas en Guatemala. La trinca es Todd Robinson, que ya se va, Iván Velásquez, que se tendrá que ir, y Thelma Aldana, que quedará debilitada”.

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Este mensaje sintetiza lo que piensan diputados afines al presidente, Jimmy Morales. Culpar al ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas Lara, de lo que pueda sucederles, y demonizar a los manifestantes de forma caricaturesca (hasta “drogados” les han llamado) ha sido la salida de un Congreso que, probablemente, no midió bien sus fuerzas ni calibró las consecuencias de lo que aprobó el miércoles.

El relato de las “hordas” versus “políticos secuestrados” con la complicidad del ministerio de Gobernación se vino abajo en el momento en el que los antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) disolvieron la protesta lanzando gas pimienta para permitir que los diputados fuesen evacuados en cinco autobuses de la fuerza pública. La salida de los congresistas, tapándose el rostro para no respirar el gas lacrimógeno, es una de las imágenes de la jornada. Ponía fin a una movilización de nueve horas que reflejó dos mundos paralelos, unos asambleístas que recuperaron la altivez casi instantes después de pedir perdón por sus decisiones y unos ciudadanos a los que se les ha agotado la paciencia.

“El pueblo uniformado también está explotado”

La intervención policial se dio a pesar de que, durante toda la jornada, una de las preocupaciones de los manifestantes fue confraternizar con las fuerzas públicas y los mismos agentes habían evitado toda muestra de represión. En el cordón que impedía el acceso al parqueo del Congreso, el rostro de circunstancias de los uniformados se encontraba con llamamientos a solidarizarse con las protestas. En repetidas ocasiones se coreó “El pueblo uniformado también está explotado”, y algunos ciudadanos llevaban agua o comida a los agentes.

Si bien la jornada se cerró con una intervención policial, gente gaseada y un incremento de la tensión, la mayor parte del día se desarrolló de forma pacífica. Bueno, todo lo pacífico que es que cientos de manifestantes bloqueen los accesos al Congreso para exigir la marcha de los diputados. Los asistentes a la protesta eran de tipología diversa. Desde jóvenes universitarios hasta personas mayores, pasando por familias enteras, con niños dormidos en brazos de sus padres incluidos. (Bendita infancia la que te permite caer en brazos de Morfeo incluso con las vuvuzelas atronando a tu alrededor.) El común denominador: el enfado, el hastío, el hartazgo que se desencadenó después de que los diputados votasen el miércoles un paquete de medidas que exculpaba a los acusados de financiamiento ilegal y permite que aquellos que sean condenados a penas de menos de diez años la sustituyan por multas.

El lema central era claro: no marcharse hasta que los diputados renunciaran. Pero hay quien se pone metas más limitadas. “Al menos, deben marcharse los cuatro diputados que promovieron las leyes sobre la corrupción”, dice Eduardo Ordoñez, uno de los manifestantes.

Otros lemas fueron evolucionando: como señala Juan Pensamiento en un relato publicado en Plaza Pública, en algunos momentos se escucharon consignas machistas (“hijos de puta”) y homófobas (“huecos”). Al final, estos eslóganes fueron sustituidos por “hijos de Jimmy” y “corruptos”.

La puerta del parqueo del Congreso es el muro que divide los dos mundos que transcurren uno de espaldas al otro. Desde el interior de la asamblea llegan imágenes como la de un diputado, riendo a mandíbula batiente mientras un limpiabotas le limpia las botas. Es significativo. Especialmente, cuando cientos de personas se concentran en el exterior intentando derrocarte. Este tipo de gestos enfadan, y mucho, a los ciudadanos.

La división entre élites y ciudadanos es marca de la casa. Recordemos que la protesta coincidía con el 196º aniversario de la declaración de independencia. Recordemos, también, el primer punto de aquella declaración: “Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el congreso que debe formarse, el Sr. Jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.

El avance de las horas no hizo que los ánimos decayesen en la calle. De hecho, daba la sensación de que a medida que oscurecía, la gente estaba más motivada. Por la tarde, Alejandro Pineda, integrante de la batucada del pueblo, se dirigía a los manifestantes megáfono en mano para insistir en el carácter pacífico de la protesta y animar a mantener la cadena humana alrededor de la asamblea. Más adelante, dos espontáneos se encaramarían a uno de los árboles ubicados junto a la fachada y enardecerían los ánimos, clamando por la renuncia los diputados.

Al otro lado del muro, en el Congreso, el ambiente era más tenso. Había una disputa incluso entre los propios diputados. Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, increpaba a Sandra Morán, de Convergencia. “A ver, si se siente tan segura por qué no sale a la puerta”, le dijo. Sandra Morán y dos colegas publicaron una foto en la que se mostraban sonrientes y decían que se quedarían en el recinto hasta que la gente decidiera dejarles salir.

Lo que dio de sí la sesión del supuesto arrepentimiento

Aunque el foco principal estuvo en el exterior del Congreso, no se puede olvidar que se celebraba una sesión en la que los asambleístas iban a enmendarse a sí mismos.

Contrario a la maratónica y silenciosa aprobación de las reformas al Código Penal del miércoles, ayer 130 diputados dieron marcha atrás a las reformas en una sesión cargada de lamentos, disculpas y acusaciones. Los legisladores sentaron un precedente legal al frenar los cambios a la reforma del Código Penal que favorecía a la impunidad y protegía a los secretarios generales, incluyendo al presidente Jimmy Morales.

Los únicos dos puntos en la agenda fueron aprobados por unanimidad para que los decretos no fueran enviados al Ejecutivo, archivarlos y evitar que cobren vida.

“El pueblo es Dios y nosotros estamos acá para servirles. Cometimos un error y hay que aceptarlo con todo lo que esto implica”, dijo el diputado Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el primero en tomar la palabra en el Hemiciclo.

La marcha atrás de los legisladores ocurrió después que la CC suspendiera las reformas provisionalmente por atentar contra el sistema de justicia.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, reconoció que ampliar la conmuta de las penas fue una atrocidad. “Ojalá que desde hoy, si es que nos dejan terminar el período, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora tiene la población contra nosotros”.

Algunos de los diputados que promovieron los cambios al Código Penal, como Orlando Blanco, de la UNE, Javier Hernández, de FCN-Nación y Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, entre otros, participaron en la reunión pero no se pronunciaron en el pleno.

Otros como Estuado Galdámez, de FCN-Nación, aprovecharon para hablar sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), aplaudirle por haber metido presos a empresarios de la construcción y pedirle a las autoridades que capturen a los ex funcionarios que se dieron a la fuga como internacionalmente se hizo con Bin Laden.

Amilcar Pop, de Winaq, criticó a los empresarios que están detrás de los partidos políticos y defendió haber votado a favor de los cambios al Código Penal en relación a los financistas de los partidos políticos. “Aquí tenemos diputados de la cerveza, el pollo y la harina, que se sienten muy incómodos con estos temas. Pero esto hay que decirlo, los que dan los fondos jamás son señalados porque siempre tienen quién los defienda”.

Después tomó la palabra el diputado Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien aprovechó para criticar a la comunidad internacional y asegurar que “han sufrido presiones del cuerpo diplomático, que se viene a sentar al Palco”, en referencia a la Cicig, que carece de estatus de misión diplomática.

Al finalizar la sesión se conoció que Eduardo Cruz, diputado distrital de Quiché y sustituto del diputado prófugo Carlos López, renunció ayer a la bancada de la UNE al no compartir intereses políticos. “Voté y después me desmarqué por seguir la postura del partido”, reconoció, pero para ser consecuente con el pueblo que lo eligió se declaró independiente.

Esa, la de las renuncias no a las curules sino a las bancadas, puede ser la vía que exploren otros diputados, especialmente de los departamentales, para expiar sus culpas.

Una eterna "cuestión de minutos"

A pesar de que la sesión solo duró una hora y media, más de 80 diputados, trabajadores del Congreso y periodistas se quedaron encerrados porque los manifestantes bloquearon las salidas del Poder Legislativo.

Al principio creyeron que iba a ser cuestión de minutos, que iban hacer un par de llamadas a Francisco Rivas, ministro de Gobernación; Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, y eso bastaría. Algunos de ellos hasta bromeó al mencionar a Thelma Aldana, fiscal general.

Mitad broma, mitad en serio, algunos diputados afirmaron que la interpelación al titular de Gobernación podría ser la razón principal del por qué las autoridades no ayudaban a sacarlos del Congreso. En otros ámbitos había un temor siamés: que un hecho de violencia motivara una tosca intervención de la policía que le diera al Congreso y al Gobierno los argumentos que buscan desde hace semanas para destituir al ministro de Gobernación y sustituirlo con un perfil más militar y represivo.

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El temor de que la salida de los legisladores terminara en un derrame de sangre o en la muerte de algún manifestante hizo que los legisladores se tranquilizaran y se fueran a su curul a esperar una solución pacífica. “Tenemos miedo de que alguien se pueda infiltrar y aproveche el desorden para disparar y crear más caos”, dijo un diputado.

El miedo no era infundado: Nery Ramos, el propio director de la PNC dijo que habían capturado a dos de ellos, “más que criminales”, según reportó Emisoras Unidas.

Javier Hernández, jefe del bloque de FCN-Nación, explicó que las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) trataron de mandar antimotines pero que no podían exponer a los menores que estaban en la protesta y rechazó que las autoridades de Gobernación estuvieran haciendo esto como “una revancha política”.

Manuel Conde, del PAN, y Patricia Sandoval, de FCN-Nación, acusaron a los manifestantes de ser “borrachos y drogadictos” y lamentaron que las autoridades no colaboraran con los legisladores para ayudarlos a salir.

Los legisladores de las bancadas minoritarias, de la oficial FCN-Nación, Movimiento Reformador, Todos, entre otras, carecen de oficinas en el Congreso; las suyas están a unas cuadras de distancia, por lo que, después de cuatro horas de estar en el parqueo o en un salón que le prestaron a la UNE, regresaron al Pleno y ocuparon sus curules.

Varios diputados de bancadas FCN-Nación, MR y UCN, optaron por cambiar su atuendo para pasar desapercibidos. Otros intentaron salir por terrazas, sin lograrlo.

Antes de la llegada de la PNC, los diputados llegaron a estar dispuestos a montar en sus carros y abandonar el congreso. Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, que votó en contra de las reformas impugnadas, salió a la ventana de la puerta del estacionamiento y pidió a los manifestantes que dejaran salir a los trabajadores del Legislativo, pero no tuvo éxito. Quienes bloqueaban la puerta aseguraban que solo se marcharían si los diputados renunciaban.

Se tranquilizaron un poco cuando ya en la noche el director de la PNC, Nery Ramos, les explicó que serían evacuados en autobuses. En ningún momento mencionó que harían uso de gases lacrimógenos.

La intervención policial provocó diversos heridos. Algunos presentaban golpes y otras molestias como irritación debido al gas pimienta. Entre los afectados se encontraba un joven llamado Iván Alexis Rojas, que más tarde se interpondría entre los antimotines y otros manifestantes que trataban de encararlos, y evitaría el choque.

¿Ahora, qué?

A las nueve de la noche, los miembros de la batucada del pueblo anunciaron que se marcharían. Sin embargo, muchos de los participantes en la protesta rechazaron abandonarla. Consumado el desalojo, una pregunta que flotaba: ¿Y mañana qué? La gran incógnita está en saber si se mantendrá la tensión tras dos jornadas muy cargadas. ¿Se incrementarán las protestas o nos encontramos ante una llamarada de tusa?

“Si algo no tienen los diputados es vergüenza, así que van a tratar de enquistarse”, afirma Nora, una mujer de mediana edad que se manifiesta acompañada de una amiga. En su opinión, es imprescindible seguir protestando. Pero no tiene claro si habrá la suficiente fuerza como para provocar que los asambleístas renuncien.

“Hay que seguir manifestándose y organizarse políticamente”, considera Sofía Marroquín, al tiempo que reconoce temer una reacción violenta por parte del Gobierno de Jimmy Morales.

En la calle, todos los manifestantes aseguran estar convencidos de que una protesta sostenida en el tiempo podrá acabar con la presidencia de Jimmy Morales y obligar a los diputados a renunciar. No parece que esta sea la intención de los congresistas. Aunque también es verdad que el miércoles parecían muy convencidos de fortificar unas reformas que luego solo tardarían 48 horas en revocar.

Al final de la jornada, los manifestantes hablan del 20 de septiembre como próxima gran cita. Las avenidas los esperan.