El genocidio ixil será juzgado por tercera ocasión en Guatemala

Cuando se creía que el genocidio ixil era un tema agotado para la justicia guatemalteca ha sido juzgado dos veces y en la última ocasión un tribunal confirmó que sí hubo genocidio pero no declaró culpables, surge una nueva petición para enjuiciar a los responsables de masacres y graves violaciones a los derechos humanos en Nebaj, Cotzal y Chajul, Quiché, en la década de los ochenta. p>

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La investigación que preparó la fiscalía de Derechos Humanos junto a AJR, querellante en representación de las víctimas, pone el foco sobre los tres años y nueve meses que gobernó Fernando Romeo Lucas García, de julio de 1978 a marzo de 1982, cuando lo derrocó Efraín Ríos Montt. En ese periodo, aseguran los investigadores, se cometieron 31 masacres, hubo 1421 víctimas, 23 aldeas arrasadas, 97 muertes selectivas, 117 muertes por desplazamiento forzado, 26 casos de violencia sexual y 53 desapariciones forzadas.

Ante el fallecimiento de Lucas García en 2006, mientras residía en Venezuela, los únicos posibles responsables son tres militares que por aquellos años tuvieron un alto rango, hoy ancianos que oscilan entre 70 y 85 años: Manuel Benedicto Lucas, hermano del expresidente y quien fungió como jefe del Estado Mayor General del Ejército; Manuel Callejas y Callejas, exjefe de Inteligencia Militar; y César Octavio Noguera Argueta, exjefe de Operaciones de la institución armada. Los dos primeros ya se encontraban en prisión después de ser sentenciados por los vejámenes contra los hermanos Emma y Marco Antonio Molina Theissen, el tercero fue capturado el jueves 24 de octubre de 2019.

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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien tiene el control del expediente, tuvo que suspender la audiencia de primera declaración el lunes 28 de octubre porque Benedicto Lucas no tenía acceso a su abogado de confianza. El hijo del militar retirado, Jorge Lucas Cerna, ejercerá su defensa.

«El triángulo ixil para mí fue algo maravilloso»

Benedicto Lucas, condenado a 56 años de prisión por el caso Molina Theissen, con otro proceso abierto por el hallazgo de más de 500 osamentas en el centro militar de Cobán, Alta Verapaz (Creompaz) y que guarda prisión en el Centro Médico Militar, accedió a responder unas preguntas de Plaza Pública.

Ataviado con su singular saco de tela de corte (falda indígena) verapacense, insistió en su versión negacionista del genocidio ixil mientras le colocaban los grilletes.

¿Qué información tiene sobre el caso?

«No le puedo decir nada, porque no sé nada de lo que se me está acusando. Dicen genocidio, pero eso es general».

Corresponde al periodo de su hermano, cuando era presidente…

«Sí, justamente. Durante su mandato yo estuve siete meses en el Estado Mayor General del Ejército y el triángulo ixil para mí fue algo maravilloso, porque ahí sembramos las cooperativas y trabajamos con la gente de ahí, la verdadera gente de ahí, no la disfrazada acá». En ese momento dirige la mirada a los hombres y mujeres ixiles que asistieron como observadores a la audiencia, muchos de los cuales darán su testimonio si el caso llega a juicio.

Este es el segundo caso por genocidio. En el anterior, cuando fue juzgado Ríos Montt, un tribunal dijo que sí existió ese delito, que sí se cometió…

«No, no, nunca pudo haber habido genocidio cuando el 90 por ciento de la gente era campesina, siempre indígena y yo los destacamentos. Los integré con gente ixil y ellos estuvieron maravillosamente desempeñándose en sus comunidades».

Antonio Caba, representante legal de AJR tiene una contra respuesta a las palabras del acusado.

«Los militares obligaban a las personas (a unirse al Ejército) y el que no quería era muerto… Los esclavizan psicológicamente para que fuera parte de ellos, esa fue la estrategia que ellos utilizaron».

Antonio Caba es sobreviviente de una de las masacres durante el mandato de Ríos Montt. Asegura que fue testigo a los 11 años de la muerte de 95 personas de la aldea Ilom, en Chajul, Quiché, y del desplazamiento de su comunidad a una finca. A sus 48 años y después de 36 años de los acontecimientos, los recuerdos lo descomponen. Por un instante se le corta la voz.

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Cuando se le cuestiona porque su experiencia ocurrió en otro gobierno y no en la gestión de Lucas García, él corrige: «Ya estaba (dada) la orden». El genocidio, explica, no se construyó ni ejecutó solo durante el mandato de Ríos Montt.

Lucas García llegó a la presidencia en la misma época que del triunfo sandinista en Nicaragua, cuando el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) tenía fuertes lazos en la región ixil, y en tiempos en que el gobierno de Estados Unidos financiaba la lucha contrainsurgente en Centroamérica. En el segundo mes de su gobierno ocurrió la masacre en la plaza central de Panzós, Alta Verapaz, en donde militares abrieron fuego contra decenas de campesinos indígenas que exigían tierras en la alcaldía del lugar.

Un genocidio, en dos lapsos diferentes

La Unidad de Delitos del Conflicto Armado Interno (Ucai) del Ministerio Público, asegura que los elementos de prueba que presentarán en el caso contra los tres ancianos militares son distintos a los que presentaron contra Ríos Montt y Francisco Rodríguez Sánchez (absuelto en los dos juicios en 2013 y 2018).

En esos dos juicios los documentos militares que sirvieron para probar que hubo una instrucción de control de la población ixil fueron los planes Victoria 82, Firmeza 83 y el Plan Sofía. En la época de Lucas García lo que hubo fue «directivas y órdenes operacionales, que identificaban al sector ixil como una zona roja que debía ser controlada por la incursión de la insurgencia en el área. Así pasó de la identificación a la intervención (del Ejército)» asegura el jefe de la Ucai, Erick de León.

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El fiscal asegura que en este proceso han identificado una mayor cantidad de víctimas, y más testigos, en comparación con el caso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, que están dispuestos a dar su declaración.

«Hay muchos más medios de prueba, porque se cometieron más violaciones a los derechos humanos», dice de León, en referencia a las que sucedieron en los primeros meses de 1982. La audiencla continuará durante cinco días más, tiempo que el Tribunal estimó les tomará finalizar con la primera declaración.

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