Alejandro Giammattei después de sus cuatro campañas políticas llegó a presidencia, acto seguido, intentó ingresar a la República de Venezuela con su pasaporte italiano. Un grave error para la política exterior y una evidente falta de sentido común. Lo relevante aquí es que, como buen chapin con apellido extranjero, creyó que podía burlar a los agentes de migración venezolanos y a toda una nación presentando un documento europeo, lo que en su pequeño mundo de privilegios seguramente lo hacía intocable. Como no lo logró, en su berrinche, decidió romper lazos con ese país y cerrar su embajada. Porque, ¿quién se atreve a meterse con el criollo?
Luego, en julio del año 2020, Giammattei visitó San Juan Comalapa. Allí tuvo una reunión con las autoridades ancestrales quienes le cuestionaron la falta de insumos de salud, la burocracia a los programas de apoyo en plena crisis de la Covid-19, el aumento a los costos de vida y solicitaron apoyo para las comunidades indígenas, entre otras asuntos. Ahí, públicamente se hizo visible el déspota, el incuestionable presidente de la nación que, con un tono de superioridad, respondía que lo mencionado era una «sarta de inconsistencias». Además, en tono molesto, agregó que no era culpable del colapso de la salud. Vaya presidente que no quiere escuchar, mucho menos asumir las históricas consecuencias de una nación que se ha cimentado bajo la desigualdad, sobre todo, si las comunidades afectadas son indígenas. Nosotras, las personas de clase trabajadora, no podemos ni imaginarnos asumir un puesto de trabajo y no querer saber qué ha pasado y menos, negarnos a aprender de las decisiones que se han tomado antes. Pero, claro, el presidente nunca va aceptar que aquellos a quien él cree menos, lo cuestionen tan claramente que no tenga más respuesta que los gritos y el enojo. Pues, ¿quién se atreve a cuestionar al «patrón»?
También, hace unos días, el reconocido economista Enrique Maldonado publicaba en su perfil de twitter, el recuento de desalojos realizados por el gobierno de Giammattei. De abril de 2020 hasta mayo de 2022, a través de diversos medios, se contabilizaron a más de 560 familias que han sido desalojadas violentamente de sus viviendas, sus casas han sido incendiadas y, además, cuando han sido trabajadores del agro, no han obtenido sus correspondientes prestaciones laborales. ¿Qué tienen en común estos desalojos, además del uso de la fuerza y la violencia? Que absolutamente todas las personas afectadas son pobres e indígenas.
También el economista publicó junto al Instituto de investigación y proyección sobre dinámicas globales y territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landivar (URL), el informe «Entre sobrevivir y perderlo todo. Un aporte al conocimiento y al debate sobre la relación entre pandemia y el desplazamiento forzado interno» donde se hace evidente que el recrudecimiento de las condiciones laborales por reducciones y jornadas de trabajo y salarios, han sido las razones más fuertes para que las personas pobres se vean obligadas a migrar durante estos tiempos. Ese recrudecimiento tiene una relación directa con el mal manejo de la crisis pandémica y las decisiones tomadas por Alejandro Giammatei que solamente buscaban proteger a las élites económicas, sobretodo con la aprobación del acuerdo ministerial 140-2020 que permitió la suspensión de los contratos de trabajo en modalidad, forma y tiempo que cada situación individual o colectiva lo amerite, cuestión que no garantizaba en absoluto los derechos laborales de las personas trabajadoras. Es importante resaltar que, en plena pandemia, medidas como la anterior legitimaron permisos para que grupos empresariales asociados a cultivos de gran escala pudieran despojar a comunidades indígenas de las tierras que habitaban sin ordenes judiciales y obviamente negándoles sus derechos laborales. Nuevamente, quienes salieron perdiendo fueron personas ocupando puestos de trabajo, de por sí, en situación de vulnerabilidad y sobretodo en las áreas del agro y los servicios.
Asimismo, El País, a través de su proyecto Mining Secrets hizo pública la filtración de miles de documentos de la mina Fénix ubicada en El Estor, Izabal, propiedad de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group, en donde se expone cómo esta compañía continúa operando mediante la compra de voluntades en el gobierno actual y a través de la manipulación a diversos sectores organizados. Uno de esos documentos muestra que, a solicitud de la mina, Alejandro Giammattei decretó Estado de Sitio y militarizó la zona para que pudieran continuar explotando la tierra, esto a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) desde el año 2019 les obligaba a detener su trabajo mientras no hicieran consulta comunitaria. Videos fueron publicados sobre cómo la policía, enviada al Estor por las autoridades del gobierno, resguardaban los camiones que entraban y salían de la mina, mientras perseguían y criminalizaban a las y los defensores de la tierra y el territorio. Bajo la ocupación de esta transnacional también se han registrado asesinatos de pescadores que han protestado contra diversos ecocidios y contra la contaminación del lago de Izabal y sus comunidades. Todo esto, legitimado por el presidente del país, quien nuevamente muestra que la vida de los pescadores y sus familias tampoco le importan.
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Finalmente, las últimas declaraciones, expuestas por la Fundación Heritage, donde Alejandro Giammattei habla de expulsar a USAID de Guatemala nada tienen que ver con cualquier posicionamiento político que señale el vergonzoso papel histórico de Estados Unidos en los territorios latinoamericanos, pero sí tiene que ver con su clasismo y su racismo. El presidente menciona que tiene temor del «indigenismo» que, según él, busca derrocarlo y es financiado por la AID. Sus declaraciones son absurdas porque esas ideas juntas carecen de completo sentido. Sin embargo, que crea esto, evidenció que primero, Alejandro Giammatei es abanderado de la vieja escuela, pues recurre a discursos utilizados durante la guerra en Guatemala (los cuales promovieron el genocidio) a sabiendas de que esas narrativas aún causan escozor en las cabezas de aquellos que, a pesar del cambio de siglo, siguen ensimismados con la propaganda anti-comunista, y segundo, que no tiene ningún problema en hacer ver que su racismo atraviesa y moldea cualquier decisión política que tome. Y no porque no haya sido este el caso de todos los presidentes anteriores, sino porque hacerlo explícito solamente se suma a sus cualidades de dictador ignorante y marioneta de la oligarquía.
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