El sombrío panorama de Honduras

(Ésta es la segunda de dos entregas de este reportaje de Plaza Pública sobre Honduras)

POSTAL III: Muerte fácil, vida difícil en la costa Norte

Para el 13 de marzo, en esta ciudad de unos 430 mil habitantes, ya se reportaban 81 muertos por arma de fuego, sólo en 73 días de 2012. La cifra deja 19 muertos por cada 100 mil habitantes, pero la tendencia a departamental en la Atlántida es mayor; de hecho, La Ceiba casi sería un oasis: 147 mil muertos por cada 100 mil habitantes. Estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) indican que la tasa en toda Atlántida es el departamento más violento; le siguen Cortés, con 125; Colón, con 123; Copán, con 115; Yoro, con 97; Ocotepeque, con 96, y Francisco Morazán, con 89. Todas estas superan la tasa promedio nacional de 86. Y el promedio nacional hondureño supera por dos veces el promedio de Guatemala (38), casi cuatro veces el de América Latina (23) y diez veces el promedio mundial (8).

La Conadeh registra a ocho personas desaparecidas en Tela (Atlántida), donde también investiga la existencia de al menos dos cementerios clandestinos. Algunos fueron reportados desde 2009. “La policía dice que ya revisó la zona y no ha encontrado nada”, dice un oficial de la comisión, quien reporta denuncias de 21 desaparecidos en Atlántida desde 2010, sin sospechosos ni capturas en la mayoría de los casos. La comisión desconoce si los casos tienen relación con el narcotráfico.

Pero en la cabecera de Atlántida, las desapariciones y las muertes violentas no están entre sus peores males. “Este año un amigo mío fue a un congreso médico en La Ceiba, y se quedó en uno de los mejores hoteles de allá con su esposa”, recuerda T. “Antes de subir a su habitación, los empleados del hotel le dijeron que si bajaba al bar del hotel, debía hacerlo solo, estudiar sus alrededores, y si todo se veía normal, entonces podía ir por su esposa para bajar juntos”. El periodista dice que a su amigo le explicaron que en una ocasión anterior, otro huésped estaba en el bar con su esposa cuando tres sujetos entraron y se le acercaron para decirle, “nos vamos a llevar a tu esposa y te la traemos en tres días; puede ser por las buenas o las malas”, y se la llevaron. Las violaciones contra mujeres no ocupan un lugar prioritario en las cifras de violencia.

En el trayecto de siete horas del autobús entre Tegucigalpa y La Ceiba –ese autobús en el que revisan que los pasajeros no lleven pistolas y les toman una fotografía antes de dejarlos subir– nadie parece alarmado. Unos pasajeros observan una película en la televisión. Otros duermen, leen el periódico, o ven por la ventana; la mirada, perdida en el horizonte. Algunos autobuses se detienen en San Pedro Sula por unos minutos. Este tiene una ruta directa. Pasa por atrás de esta ciudad, sobre el río Humuya, y un puente Bailey que sustituye al puente todavía derrumbado en el terremoto de 2009 (por falta de fondos para repararlo). En el resto trayecto, la carretera de un carril para cada vía está intacta.

Son las siete de la noche, y la estación final del autobús está flanqueada por hoteles tan iluminados que parecen casinos, talleres, restaurantes, y un enjambre de taxis, motoristas, y el tráfico de viernes en la noche. La ciudad porteña vibra espléndida en la oscuridad cortada por luces neón. Otros sectores, de calles oscuras y desiertas, parecen otra ciudad por completo.

Joseph, uno de los taxistas que recoge clientes frente a la estación de autobuses, conduce ahora por una de esas calles. “Aquí quien no consume, ni compra o vende droga, no tiene problemas”, dice con aplomo. “Lo que hay es pelea de territorios [para la venta de droga]”. Informes de la Conadeh resaltan la lucha de territorios (por narcomenudeo), mayor impunidad, aumento del sicariato y desapariciones forzadas, y más muertes violentas en función de esto desde hace cinco años, en Atlántida. Algo nuevo es que ahora entre las víctimas se identifican gremios o grupos específicos: mujeres, abogados, periodistas.

El taxista conduce sobre una calle desolada, junto al estadio de fútbol. A unos pasos, hay una fachada de hotel con barrotes en las ventanas, rejas en las puertas y candados. Es la única blindada de esa forma en la cuadra. “A la gente de Ceiba no le gusta quedarse en ese hotel porque hay chinches en las camas”, ofrece el conductor Joseph, a modo de consejo gratuito. “Hay otros hoteles cerca de la playa que son mejores”. 

Al día siguiente, un administrador del hotel —hondureño y migrante retornado de EE.UU.— explica por qué los hondureños no se hospedan ahí: “sólo aceptamos huéspedes extranjeros”. Agrega que la mayoría hace escala en La Ceiba para tomar un barco hacia las Islas de la Bahía, Utila y Roatán. “La gente de aquí se mete con los clientes; se hacen pasar por otras personas”, explica. Eso le causaría problemas porque recibe visitas frecuentes de la policía, que revisa su libro de registro, para tomar nota de quiénes son sus huéspedes. “Los taxistas inventan lo de las chinches porque les dan comisión en los otros hoteles por llevarles clientes”.

El hotel es un hostal (algunas habitaciones sencillas; otras, colectivas con literas), ocupado esa noche por mochileros de Argentina, EE.UU., Francia, Australia y Guatemala. Pese al acceso al cable e internet, el aire acondicionado y la pulcritud, nada en el lugar dice “cinco estrellas”, especialmente no los gruesos barrotes sobre las ventanas y el zumo a desagüe que ocasionalmente flota a un costado del hotel, sobre la calle de tierra. Pero parece seguro. Otro administrador alza la ceja con incredulidad al escuchar el relato del secuestro rápido en un hotel de lujo, al otro lado de la ciudad. “Aquí no entra nadie que no sea administrador o huésped”, comenta. “No se meten a robar, pero en otros lugares [en esa calle] sí se han metido”. Explica que si no fuera por las rejas de metal, ya se habrían llevado la computadora de la recepción, las sillas, y todo lo que fuera desmontable y portátil.

Según el Instituto de Estadística de Honduras, La Ceiba figura entre los cuatro municipios con menores índices de pobreza en el país (junto a Roatán, en las Islas de la Bahía; Lima, Cortés, y Tegucigalpa, en Francisco Morazán). Una ironía. Aunque no mide la desigualdad.

En otras partes de la ciudad, la factura por los robos llega puntual. “En Ceiba hay mucha gente con plata, y si alguien se les mete a robar (a casas o comercios), aparece muerto”, explica el dependiente de un comercio cerca del estadio. “La gente no se deja”. Cuenta que él está ahí para ayudar cuidar los negocios de la familia; como comercios de ganado y palma africana. Hace visitas frecuentes desde EE.UU., donde vive desde que era un niño. Uno de cada cinco hondureños vive en el Norte y las remesas que envían representan el 23 por ciento del Producto Interno Bruto.

Ley de la jungla

Un dirigente sindical, aún zelayista, asegura que la justicia por propia mano en La Ceiba obedece a que muchos negocios son producto del narcotráfico. Sirven para lavar dinero. “Cuando no cae algo [un cargamento de droga], esto está desolado. ¡Pero cuando entra la mercancía, aquí andan de fiesta en todas partes!”, afirma. Un ex jefe policial de Tegucigalpa agrega que en La Ceiba hay mucha venta de vehículos donde las compras se hacen en efectivo, y que hay zonas enteras donde no funciona el cobro de impuesto de guerra, o la extorsión. Se presume que es porque muchos negocios están vinculados a peces mucho más gordos que los extorsionistas.

Pero no todos los involucrados en el narco tienen historias de éxito que contar. Un comerciante cuenta que tiene varios amigos lancheros detenidos en alta mar. “Ya ni los traen a Honduras, sino los llevan a una cárcel en Estados Unidos”, revela. “Unos están con [condenas de] 30 y hasta 50 años [de prisión]”.

En tierra firme también hay lugares donde la gente no puede defenderse. “En Bonito (una colonia en la zona pobre de La Ceiba), hay casas de donde expulsan a la gente”, admite un funcionario de la Conadeh, quien pide que se omita su nombre. Revela que los delincuentes extorsionan a los residentes, y si éstos no pueden pagar, huyen de su casa y pierden todo. Les roban los balcones, los cables de electricidad, lo que se pueda, y la gente acaba por irse. “En un caso, le pedí a la policía que me acompañara [a Bonito] para verificar la denuncia, y lo que me dijo el oficial fue, ‘yo ahí no me voy a meter; me arriesgo a que me maten a mí y a los agentes’”, relató el funcionario.

En el día, en la calle del estadio, los turistas salen a tomar un taxi, o caminan a la tienda más cercana a comprar una botella de agua, sin problemas. E., propietaria de un salón de belleza, razona que en ese sector no asaltan porque por ahí no se mueve gente con dinero. Por la noche, la calle del estadio queda desierta, ocasionalmente transitada por un taxi; el silencio de madrugada, a veces interrumpido por los gritos chillones de algunos borrachos: uno, acusando al otro de robarle; el otro, amenazándolo con llamar a la policía.

“En la noche, a esta hora [nueve en punto], no vas a ver a nadie caminando en la calle [en La Ceiba]”, previene el Dr. G. (En Honduras, casi nadie habla con periodistas si no es con condición de anonimato.) “Los únicos que van caminando andan drogados o están loquitos; todo el mundo anda en su carro o en taxi”. Este médico, como casi cualquier otro ceibeño, es capaz de relatar en espacio de minutos, media docena de historias que invitan a alejarse a toda velocidad de aquella ciudad costeña.

“Esto es una ruleta rusa”, dice. “A cualquier hora, en cualquier lugar, te puede tocar”. En La Ceiba, como en otras ciudades con altos índices de violencia, la percepción colectiva de inseguridad está apuntalada por la sensación —y, a veces, certeza— de que no se cuenta con las autoridades. Cada ciudadano vela por sí mismo, si puede. Incluso, de la misma policía.

En 2011, en uno de los centros comerciales más grandes de La Ceiba, mataron a un hombre justo en la entrada principal y a pleno día. La víctima resultó ser un policía de franco, que había viajado desde Olancho. Los testigos relataron que el atacante era un sujeto que saltó sobre el cerco que rodea el estacionamiento, le disparó al policía, y se alejó caminando.

Policía: Ni calidad ni cantidad

En La Ceiba, la relación policía-habitante es peor que en Atlántida en su conjunto. En esa ciudad, hay 2,500 habitantes por cada policían—que suman un centenar en total, sin con contar los turnos y grupos de trabajo. “Combinado con eso, está la parte de los recursos financieros, de comunicaciones, estadísticos, que nos permiten las (herramientas) para poder bajar los índices de criminalidad”, afirma Aguilera, el subjefe departamental.

En La Ceiba, el índice de impunidad alcanza cerca del 77 por ciento (sólo de los casos en los que se abrió investigación policiaca), según el delegado de la Conadeh en La Ceiba, Juan José Arita. La cifra se explica fácil. Para una población de 450 mil, sólo hay de 8 a 10 investigadores, miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). Entre todos manejan un promedio anual de 7 mil casos, una tarea ya difícil, sin considerar que sólo tienen dos vehículos, y uno de ellos está descompuesto. En ocasiones, reciben apoyo operativo de la Policía Preventiva.

En marzo pasado, a E., la dueña del salón, le robaron el celular. El aparato tenía GPS, y logró rastrearlo. Averiguó dónde estaba, pero cuando lo denunció a la policía, un oficial le preguntó, “¿Usted quiere vivir? ¿Tiene hijos? Mejor piense en ellos”. Otra vez que le robaron el carro, un policía le pedía US$100 por la gestión de averiguar el paradero. Ella prefirió no aceptar la oferta. Ya había perdido demasiado.

No hace mucho, unos tipos mataron a un guardia de seguridad y le robaron el arma para secuestrar a un médico. Se sabe que eran al menos cuatro, y que no eran de La Ceiba. El secuestrado advirtió que lo cambiaron al menos seis veces de carro, y lo retuvieron adentro de la ciudad. Pero lo que más le alarmó es que pasaron sin problemas por lo que parecía un puesto de control de la policía.

“El nos contó que lo llevaban vendado, en el asiento de atrás, cuando el carro se detuvo y escuchó cuando un policía le preguntaba a los secuestradores, ‘¡¿Y ese que llevan vendado ahí?!’, y que uno de los sujetos le gritó al policía que tomara US$300 dólares y los dejara pasar”, relató el Dr. G. Agregó que el secuestrado, incrédulo, escuchó luego cuando el policía le contestó, “¿Y yo qué voy a hacer con esos dólares? Va costar cambiarlos. Mejor deme lempiras”. La víctima relató que uno de los secuestradores le gritó al policía que si no agarraba los dólares, regresaban a matarlo. Luego, silencio. Aun con los ojos tapados, adivinaba que, callada la boca, el policía había tomado el dinero porque los tipos se habían calmado. Unos días después, lo soltaron cuando su familia pagó un rescate de 500 mil lempiras (unos Q217 mil).

Un oficial de la Conadeh explica que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) tiene debilidades técnicas, aunque parecen ir más allá de eso. Si el sospechoso detenido no confiesa, el caso está perdido porque no hay evidencia para probar su responsabilidad. “Entonces, los índices de impunidad son alarmantes”, afirma. Mientras tanto, el subcomisario Aguilera, dice que la Policía Preventiva alimenta a los investigadores con información cuando el caso lo amerita, pero coincide con la Conadeh. “Uno de los factores que ha elevado la comisión de hechos violentos es esa parte que no hay una investigación de los casos por falta de recursos y personal, y eso genera impunidad”, concluye el subjefe policial. “No hay capturas, no hay investigación; entonces, el delincuente sabe que va a ser difícil que lo atrapen”.

Los informes anuales de labores del MP indican que del total de denuncias (a nivel nacional) enviadas a la DNIC, sólo en el 19 por ciento se elabora un informe investigativo. Lo mismo sucede con las órdenes de captura, sólo el 21 por ciento es ejecutado. “La policía espera que les lleven la información, y no salen a investigar”, dice un oficial de la Conadeh. “Es negligencia”. Cuando hay rotación de personal, eso despierta esperanza de cambio, pero luego se vuelve a lo mismo. M., un comerciante, tiene conocidos a quien la policía extorsiona, y que reciben la instrucción necesaria cuando ocurren cambios de personal en la policía. “Reciben la llamada, sólo para que del otro lado de la línea les digan, ‘ya no le dé [el dinero] a mi coronel fulano, sino al mengano’”.

Compromisos involuntarios

El incremento de recursos para las investigaciones policiales, en el caso que los hubiera, no cambiaría una realidad: que el narco se ha metido en casi todos los recovecos de la sociedad. Con frecuencia, quienes prestan servicios acaban obligados a participar, aun si es pasivamente. Muchos clientes, quienes quizá no siempre estuvieron involucrados en narcotráfico, entablan conversación en la clínica, el salón de belleza, el taller. Y el comerciante, imposibilitado de huir, de taparse las orejas, de decirle al cliente que se calle, acaba cargando con secretos que nunca pidió escuchar. Son secretos que sabe que jamás podrá revelar a la policía, a menos que desee una muerte súbita.

“Me ha tocado atender a tipos heridos de bala, acompañados de otro armado que dice algo así como, ‘Lo atiende ya —refiriéndose al herido— o aquí nos quedamos todos’; entonces, se le atiende, para luego referirlo  a un hospital”, relata el Dr. G. El médico admite que procura aplacarle el ánimo al sujeto armado. Le asegura que están en confianza, que pueden tranquilizarse. “Tratamos de sacarlos rápido por los otros pacientes, pero se les atiende”, afirma. Sabe que eso no es opcional.

“Todo esto te cambia la vida”, reconoce M., el comerciante. “Todo se hace pensando en no ser muy obvio, en no llamar la atención. Por ejemplo, en mi negocio, preferí construir hacia el fondo del terreno (que no se ve desde afuera), que hacer un segundo piso. También quería que mi hijo se hiciera cargo del negocio, pero ya no puedo pedirle eso. Ahora, estamos viendo si aplica a alguna beca y lo podemos sacar del país, y estamos pensando en alquilar el local, para poder salir de La Ceiba en cualquier momento, si hay necesidad”. Una pareja amiga de M., a la que le secuestraron un hijo, y lo devolvieron después de pagar el rescate, inscribió al adolescente en un colegio costoso aunque con mayor seguridad, pero ahora la pareja trabaja hasta siete días a la semana para poder pagarlo.

“Una vez, uno de mis clientes me invitó a la piñata de su hijo, entonces fuimos con mi esposa, pero cuando llegamos, creo que nosotros éramos los únicos que no estábamos armados”, relata M. “Fue un asunto de todo el día; en la mañana tenían la piñata de niños, con dulces, y por la tarde, la de los adultos, que estaba llena de dólares y preservativos. Cuando al papá le tocó romper la piñata, le vaciaron un balde de agua encima y comenzó a gritar, ‘¡Hijos de puta! ¡Me van a mojar las pistolas!’ (una, se la sacó el lado derecho del pantalón, y otra, del izquierdo, seguidos de dos gruesos fajos de dólares). Nosotros nos queríamos ir, pero nos daba miedo. Otra vez, no queriendo ser obvios. Cuando al fin nos animamos, nos dimos cuenta que todo el perímetro de la propiedad estaba bajo protección de agentes uniformados de la policía”.

Durmiendo con el enemigo

La Conadeh ha registrado tres denuncias de un funcionario municipal de Jutiapa (en Atlántida), Carlos Aguilar, médico de profesión, quien ha padecido tres atentados. En las denuncias, el funcionario alega haber sostenido una lucha frontal contra el crimen de la ciudad. Algunos de sus ex colegas del gremio médico, en cambio, sostienen que logró catapultarse hacia la política porque reunió dinero dedicándose sólo a atender a narcotraficantes y a sus familias. Pero cuando quiso cambiar de clientela, a los narcos no les gustó, y trataron de matarlo.

La comisión reporta que Jutiapa (en Honduras) exitosamente logró fundar el Comité por Paz y Justicia, de naturaleza interinstitucional, que involucra a la comuna, las escuelas, Iglesia, y que instauró un toque de queda a las once de la noche, y al menos 100 cámaras de seguridad. Como resultado, la violencia se redujo. Mientras que en 2011 hubo un promedio de cuatro homicidios mensuales, entre enero y marzo de 2012, iba sólo uno. También se impuso una tasa de seguridad ciudadana, para financiar sistemas de seguridad.

En La Ceiba, Joseph (el taxista) dice que la gente está contenta con el nuevo alcalde, del Partido Nacional, Carlos Aguilar, después de 20 años con alcaldes del Partido Liberal; en Honduras, durante casi cien años, hubo sólo dos partidos importantes, el Liberal (conservador) y el Nacional (más conservador). Ha pavimentado más calles y construyó un malecón nuevo, con área de mesas y sillas para días de picnic. En cualquier fin de semana, el lugar frente a la playa está lleno. No cabe un alfiler, aunque no sea Semana Santa.

El Dr. G. dice que esas son medidas cosméticas, pero que a la gente le gusta —aunque el nuevo malecón está junto a una planta de tratamiento de aguas, que despide un vaho fétido. Cuenta el alcalde hasta se metió al mar a nadar, frente a la planta de tratamiento, para comprobar que las aguas no estaban contaminadas. El médico dice que ya es popular la broma que el alcalde resultó luego cubierto de ronchas. A unas dos cuadras de la planta está “El Hoyo”, el principal centro de distribución de droga en La Ceiba. Es una calle de tierra flanqueada por covachas. “Todo el mundo que entra ahí, ya se sabe que va a comprar droga”, dice el médico.

En el Hoyo es la venta de droga más conocida, pero también la ofrecen en algunas pulperías (pequeñas abarroterías). “Yo conozco a la dueña de una pulpería que vende droga”, relata M., el comerciante. “Su tía era su distribuidora, pero le cayó la policía y les soltó que le vendía [mercancía] a su sobrina. Ella me dijo que después que la policía llegó con ella, tuvo que pagarle L. 300 mil lempiras (unos Q130 mil) a cada policía, además L. 35 mil lempiras (unos Q15,170) por semana. Entonces yo le dije, ‘bueno, y ¿por qué no cierra la pulpería?’ Y me contesta, ‘¡Ay, es que viera que esto [la venta de droga] sí da!’ [aún con la extorsión de los policías]”. En muchas ventas de frutas, algunas a unas cuadras del estadio, también venden droga.

En la zona todavía circula la leyenda de Begué, cuyo nombre de pila era Donaldo Imgram James Cobarn. Era mejor conocido como el principal distribuidor de drogas en La Ceiba, hasta que un grupo rival le asestó 11 balazos el 28 de diciembre de 2009.

“Se supone que Begué estaba en la cárcel, pero todo el mundo lo veía en la calle”, dice M. “Mucha gente lo buscaba para ayuda, no sólo de dinero, sino por otros problemas. Él averiguaba información más rápido que la policía. Una vez que nos estaban extorsionando, él nos averiguó quién era, de dónde venía. Tan importante era que, después que lo mataron, [antes de un partido en enero de 2010] en el estadio guardaron un minuto de silencio en su memoria”. Una nota de El Faro, de agosto pasado, documenta que jugadores del Futbol Club Vida (de primera división) de La Ceiba, incluso entraban a la cárcel y jugaban torneos con los reos.

Ahora, frente a una de sus casas, una sencilla construcción de madera a unos pasos de El Hoyo, todavía ocupada por su gente, está amarrado a la chapa un perro Pitbull. El animal muestra las fauces, babea, y le ladra a los carros que se desplazan sobre la cuadra. Salvo por el perro, la banqueta frente a la casa está desierta.

“Órdenes de arriba”

Un ex jefe policial, de alta hasta el tercer año de gobierno de Zelaya, afirma que aumentó el narcotráfico durante esa administración de Zelaya. El ex policía lo sabe porque estuvo involucrado en investigaciones internas de la policía. Según él, un hermano del ahora ex presidente (presuntamente, Carlos Zelaya) le abrió el país a los narcotraficantes de todos los bandos, desde el Cartel de Sinaloa hasta los Zetas, aunque ninguna denuncia se presentó contra el hermano del ex mandatario en ningún organismo de justicia. Una investigación extra oficial, que no generó denuncias oficiales, da cuenta que el hermano del ex presidente cobraba comisiones de hasta L.5 millones de lempiras (unos Q2.1 millones) por facilitar la construcción de proyectos con fondos estatales en algunas municipalidades entre 2007 y 2008.

En marzo pasado, Carlos Zelaya fue acusado por el candidato a diputado por Cortés, Edgardo Castro, de mentir sobre las afiliaciones de candidatos de otros partidos y falsamente informar que se unieron al partido LIBRE de su hermano. En abril de 2010, un ex agente federal de EE.UU. dijo extraoficialmente que el derrocado presidente sí estaba involucrado en actividades de narcotráfico, pero tampoco existe una acusación formal contra él en una corte estadounidense.

Otra versión repetida con menos vehemencia, es que el debilitamiento del sistema político y judicial, así como de las fuerzas de seguridad y de investigación, generó condiciones de impunidad que facilitaron el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico. Los eventos de 2009 y 2010 no incrementaron por sí solos el trasiego, pero sí exacerbaron la tendencia. Es en esta etapa que es asesinado el zar antidrogas de Honduras, Julián Arístides González, un general retirado y encargado de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, el 8 de diciembre de 2009, en las afueras de Tegucigalpa. La policía relacionó la muerte con el trabajo de González, y descartó la crisis política como móvil. El informe del Wilson Center, que cita fuentes oficiales, da cuenta que el ataque fue ordenado por el Cartel de Sinaloa. De esa época, también data un plan para matar al ex Secretario del Interior, Óscar Álvarez, que se frustró.

La infiltración de altas autoridades en el crimen organizado es un secreto a voces. “No puedo dar nombres”, dice un activista de derechos humanos, en La Ceiba. “Pero la gente dice que desde diputados hasta alcaldes están involucrados, y eso se percibe por la inacción ante la violencia”. De hecho, son pocas las acciones concretas contra los funcionarios públicos cómplices de los criminales porque pocos se atreven a acusarlos y procesarlos.

Las denuncias de corrupción policial, por ejemplo, se manejan por vía telefónica, según el subcomisario Aguilera, quien admite que no hay una línea específica para denuncias. “Lo que hacemos es que algunos jefes damos nuestro número para que nos llamen y denuncien [que] ‘tal policía está actuando de tal manera’”, afirma. “Lógicamente partimos de un principio de inocencia y lo investigamos. No hay un programa de protección para testigos que denuncien corrupción policial dentro de la institución; algunos la denuncian públicamente”.

El subjefe policial dice que la ley orgánica de la policía contempla procedimientos disciplinarios. Si se trata de una falta, se aplica la parte administrativa. Si se cometió un delito, el policía debe responder por ello ante la fiscalía. “Se han dado casos de policías separados por conductas que no van de acuerdo a la ley”, afirma Aguilera. “Hay policías que no comparten eso y ellos mismos hacen la denuncia de manera anónima”. En otros casos, confían el caso a otras instancias afuera de la policía.

Según la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía, entre 2005 y 2010, se recibió un total de 1,743 denuncias contra policías. De ese total, 1,034 se originaron por abuso de autoridad; otras 488, por corrupción.

La Conadeh explica que en algunos de estos casos el “Auto Acordado”, que emitió la Corte de Suprema de Justicia en 1996, crea una clase privilegiada de las fuerzas de seguridad del Estado. “Lejos de proteger a los policías que cometen ilícitos con motivo de sus funciones, en muchas ocasiones los jueces lo aplican en forma discriminada, tomando en consideración sólo la profesión del imputado (policía, militar, juez, fiscal defensor), sin examinar las condiciones en que se produjeron los hechos punibles”, reza un informe de la comisión. El documento también resalta que es común la fuga de los centros policiales de los detenidos beneficiados con el Auto Acordado, lo cual fomenta la impunidad.

Un activista de derechos humanos dice que recibió la denuncia de un policía de La Ceiba, luego que este y otros agentes habían capturado a un grupo de hombres fuertemente armados. “El policía me dijo que recibieron una llamada, una orden desde Tegucigalpa, para soltar a los capturados; no les explicaron por qué”, revela el activista. “El policía me dijo que tenían que cumplir”.

Cuando entre narcos te veas

Mientras que Tegucigalpa y San Pedro Sula son un reto a la seguridad ciudadana por la actividad pandillera, la zona de la costa del Atlántico, y la frontera con Guatemala ofrecen un reto mayor: la infiltración del narcotráfico. ¿Es la segunda opción más complicada?

Según el subcomisario Aguilera, lo es. “El crimen organizado maneja muchas fuentes de financiamiento, de información, inclusive dentro de las instituciones del Estado”, señala titubeante. “A veces estamos preparando una operación y esta gente [los infiltrados] se da cuenta y, o deja de actuar, o pierde las evidencias, o se abstiene de hacer algún tipo de operación. Es difícil porque las instituciones son bastante permeables. Y por la cantidad de dinero que esta gente maneja, le es fácil hasta cierto punto comprar algún tipo de voluntad, de favor que les beneficie para que la justicia no la alcance”.

Un ex jefe policial, retirado en 2008, dice que antes la policía era “cómplice por omisión”, pero que tiene entre seis y ocho años de participar activamente en las redes criminales, “desde algunos jefes hasta oficiales de escalas menores”. La fuente vincula a los policías corruptos con el Cartel del Atlántico, operado por una organización conocida como “Los Cachiros”, que opera en la costa norte de Honduras (particularmente en Tocoa, Colón) y en su frontera occidental (colindante con Guatemala).

“Ellos, en dos períodos consecutivos han puesto a diputados y alcaldes, como en Copán”, revela el ex policía. También asegura que Los Cachiros tienen suficiente poder para catapultar a sus socios políticos hasta alcaldías claves y diputaciones. Durante el gobierno de Zelaya intentaron, sin éxito aún, llevar a uno de sus cómplices hasta el vice-ministerio de Seguridad. Sin embargo, el sujeto ahora ocupa una diputación. Esta es una versión que el informe del Wilson Center también revela, citando a policías y oficiales antinarcóticos.

Los Cachiros tienen al menos diez años de estar activos, y son socios del mexicano Cartel de Sinaloa (que también tiene gente en Tela, Atlántida). Una muestra de su alcance es que uno de sus negocios más pequeños para lavar dinero, como la crianza de tilapia, está valorado en unos US$50 millones (unos Q390 millones).

Reportes de prensa de 2005, que citan a la policía, indican que la banda estaba integrada por Javier Rivera, Isidro Rivera Maradiaga, Salvador Sorto y Arnulfo Vargas. Sin embargo, el informe del Wilson Center de 2011 indica que el grupo es liderado principalmente por Javier Rivera, y su hermano Néstor, y que sus actividades también se extienden hasta los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, al norte y sur de la frontera con Nicaragua, respectivamente. El informe señala que también tienen influencia en Cortés, Santa Bárbara y Copán (que comparten frontera con Guatemala), además de la costa del Atlántico.

El Dr. G. afirma que en Tocoa también hay narcos colombianos, cubanos y nicaragüenses. Agrega que cualquiera que trabaje en la zona lo sabe. “Vas ahí, y no lo puedes creer; algunos cargan los fusiles a plena vista como si nada”, dice con incredulidad. “Tocoa es la mitad del tamaño de La Ceiba, pero está más pavimentada e iluminada, y en la entrada se nota donde termina la carretera vieja que construyó el Estado (de un carril para cada vía), y dónde comienza la carretera de concreto de dos carriles para cada vía, bien iluminada, que ellos [los narcos] construyeron”.

En esta ciudad, las investigaciones criminales son casi inexistentes, con sólo tres investigadores de la Policía, que no tiene vehículo. De hecho, poco se sabe sobre el asesinato del periodista Nahúm Palacios el 14 de marzo de 2010, cuando varios sicarios lo acribillaron cerca de su residencia en Tocoa. La policía y el MP no han anunciado ningún avance en el caso.

Por aparte, la existencia de un solo agente policial por cada mil habitantes quizá explica por qué es legendaria la historia sobre el asalto a una agencia bancaria en Tocoa, a manos de un pelotón de 45 asaltantes y a plena luz del día. Los bandidos atracaron el banco, robaron las pertenencias de los clientes, y las pistolas y chalecos antibalas de los guardias de seguridad privada.

Información extraoficial da cuenta que Los Cachiros han recibido protección de fuerzas militares en Trujillo y la escasa policía de Tocoa. Los datos no confirmados por las autoridades indican que la fuerza policial supuestamente monta retenes en los alrededores de su hacienda cuando tienen de huésped al líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Paralelamente, las fuerzas militares y policiales, además de los narcotraficantes, son señalados por activistas de derechos humanos de hostigar y desalojar a obreros y campesinos del Bajo Aguán (en Colón), en el Oriente. En este lugar, desde hace al menos dos años, se libra un conflicto de tierras—presuntamente cotizadas por empresarios y narcotraficantes—que ha dejado a varios líderes campesinos muertos o desaparecidos.

Narcos no infalibles

La supuesta protección que Los Cachiros recibían no evitó que, en diciembre pasado, Rivera Maradiaga fuera capturado en Tocoa por posesión ilegal de varias armas de fuego y llevado a la Penitenciaría Nacional de Tegucigalpa. Un día después, la policía capturó a siete hombres en el Valle de Amarateca al sospechar que intentaban liberar a Rivera Maradiaga o al narcotraficante guatemalteco Mario Ponce (preso en la misma cárcel mientras esperaba su extradición a EE.UU.). Cuando fueron capturados, los siete sujetos viajaban en tres vehículos (uno de ellos blindado) y portaban varias armas, incluyendo fusiles AK-47, y siete chalecos antibalas (tres de ellos, de la policía). Otros sospechosos escaparon en cuatro vehículos más.

Danilo Orellana, jefe de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, dijo al diario El Heraldo que el supuesto rescate hubiera acabado en una matanza, porque el personal de seguridad del penal fue preparado en Nuevo México, EE.UU., y estaba equipado con fusiles nuevos.

El 11 de junio de 2011, el entonces ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Menocal, dijo que este país suministró información a las autoridades hondureñas para la captura de Ponce. Diez días después, Muñoz Licona, el entonces director de la Policía en Honduras, desmintió la versión de Menocal y se atribuyó a sí mismo el éxito. “Al capturar a Ponce y verificar que era guatemalteco, se consultó a Guatemala si tenía algún antecedente delictivo”, dijo el funcionario. La captura ocurrió porque el helicóptero en que viajaba tenía rastros de cocaína. Se desconoce cuándo EE.UU. pidió a Honduras que capturara a Ponce, y si lo solicitó en extradición sólo hasta después de su detención.

Ponce presuntamente tenía propiedades de ambos lados de la frontera Guatemala-Honduras y se sospecha que tenía negocios con Los Cachiros, porque operaban en las mismas zonas. Él es sólo uno de tres narcotraficantes guatemaltecos detenidos en Honduras y requeridos por la justicia estadounidense desde 2008. Antes que él, Jorge Mario Paredes Córdova fue detenido en mayo de ese año y enviado a Nueva York. En diciembre, después del presunto fallido rescate, Ponce fue enviado a Miami, y en marzo pasado fue detenido Juan José Véliz Pineda (socio de Ponce), quien fue enviado a Nueva York el mismo mes.

La extradición de Ponce demoró casi ocho meses, entre mayo y diciembre de 2011 (no es mucho, considerando que en Guatemala algunas llevan hasta año y medio sin concretarse). Sin embargo, una ley aprobada a principios de marzo en una sesión secreta del Congreso hondureño, para hacer la extradición más expedita (de hondureños o extranjeros), permitió que Véliz Pineda fuera enviado a EE.UU. exactamente diez días después de su captura. El guatemalteco fue extraditado un día antes de la visita del Subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para la lucha antinarcóticos, William Brownfield, a Honduras. En algunos sectores del gobierno se comenta que la ley fue aprobada por presión del gobierno estadounidense, que estaba bajo la impresión que la justicia hondureña no era lo suficientemente veloz.

Este 16 de abril pasado la justicia hondureña pidió la recaptura de cinco mexicanos y seis hondureños vinculados con el aterrizaje el 23 de julio de 2009 de una avioneta con bandera venezolana cargada con 717 kilos de cocaína, en el departamento de Gracias a Dios, zona de la Mosquitia y frontera con Nicaragua. Los 11 sujetos, que se dirigían a costas mexicanas, viajaban a bordo de un barco carguero frente a las costas de Belén (Brus Laguna) en posesión de la droga. Después de un mes de captura fueron liberados.

El informe del Wilson Center destaca que el Cartel de Sinaloa y los Zetas están activos en la costa del Atlántico.

El ex dirigente sindical zelayista dice que el número de narco vuelos aumentó después que Zelaya fue sacado del gobierno, en el golpe del 28 de junio de 2009, durante la gestión de facto de Micheletti y, luego, de Porfirio Lobo. De hecho, el ex director de la policía, Muñoz Licona, dado de baja en octubre pasado, dijo cuatro meses antes de su despido que aumentó el narcotráfico en época de Micheletti porque a la policía fue enviada a contener los desórdenes públicos, a raíz del conflicto político. Y descuidó, con o sin intención, el control de las zonas de operación del narcotráfico.

No obstante, la captura de los 10 policías y dos civiles ocurrió el 11 de julio de 2009, la investigación estableció que realizaron los operativos ilegales de confiscación entre el 2 y 10 de junio, tres semanas antes del golpe. Los hondureños y los mexicanos sí fueron capturados casi un mes después.

POSTAL IV: Olancho, tierra de nadie 

El Dr. G., que a sus casi 35 años nunca ha puesto pie en Olancho, sólo recuerda de este departamento la historia del policía de civil que un matón siguió hasta La Ceiba, para acabarlo frente al centro comercial. Con todo y los males de Atlántida, el Dr. G. no piensa en visitar Olancho, no sabe cómo llegar, ni le interesa averiguarlo. “Me da miedo ir allá”, admite.

Razones para temer Olancho (en el Oriente, considerada zona de vaqueros) quizá no faltan. Aunque registra la mitad de las muertes violentas de Atlántida, la Conadeh reporta que existe un 100 por ciento de impunidad en los casos denunciados a las autoridades. Además, sólo entre un 5 y 10 por ciento de los casos ingresan al sistema de justicia, y tienen probabilidades de llegar a juicio. Las entidades más violatorias de los derechos humanos son los centros penitenciarios, seguidos de la Policía Preventiva.

Juticalpa (a tres horas por tierra de la capital hondureña) cuenta con dos médicos forenses para realizar necropsias en Olancho, pero hace unos dos años, los casos se referían a Tegucigalpa, lo cual demoraba las investigaciones judiciales. En 2009, tres jueces (de siete asignados a ese departamento) salieron de Olancho por amenazas. Hace un año, más de 15 personas tuvieron que salir del país; eran familiares de personas que fueron asesinadas presuntamente por el narcotráfico. Mientras tanto, una familia de 16 miembros fue refugiada en otro departamento porque sus vidas corrían peligro por estar emparentados con alguien de alto perfil en el crimen organizado.

Un informe del Banco Mundial de 2011, da cuenta que Copán, Cortés (donde está San Pedro Sula) y Atlántida, tienen un índice de muertes violentas entre las 80 y 90 por cada 100 mil habitantes. Las autoridades lo atribuyen a que en la zona costera y fronteriza noroccidental, el narcotráfico confluye con otras actividades delictivas y criminales. En contraste, Olancho tiene un tercio de la tasa de muertes violentas que estos departamentos: entre 20 y 30 por cada 100 mil, aunque el informe del Wilson Center señala que la zona es la segunda favorita para el aterrizaje de narco avionetas y la instalación de laboratorios para elaborar droga sintética.

Olancho —de donde son hijos predilectos y oriundos Zelaya y Lobo— colinda con Nicaragua, y es el departamento más extenso de Honduras, ganadero y agrícola. Es más grande incluso que El Salvador, y esto también quiere decir que tiene escasa presencia de la fuerza policial y militar. Se cree que por esa razón proliferaron las pistas de aterrizaje clandestinas. Se tuvo noticias de las primeras entre 2006 (primer año de gobierno de Zelaya) y 2007.

En 2010, una pista fue destruida y 12 hondureños fueron capturados. Ese mismo año, varios pasajeros de un  microbús resultaron acribillados. Según la policía, el ataque era una venganza contra una vendedora que operaba fuera de su zona. En marzo pasado, el gobierno anunció la destrucción de diez pistas, aunque para los conocedores de la zona, ese número es risible. La medida (que incluye la destrucción de más pistas) forma parte de la Operación Relámpago (aérea y terrestre), que comenzó entre octubre y noviembre para reducir el narcotráfico en el sector.

“Desde esa fecha, no se ven hombres armados”, aseguró un activista de derechos humanos del Juticalpa, cabecera de Olancho. “Histórica y culturalmente, aquí los hombres llevan pistola como quien lleva celular. Pero desde hace seis u ocho años, ya se comienza a ver gente con fusiles de asalto (AK-47 y AR-15), y casos de narcotráfico, aunque desde diciembre es menos, por los operativos”. Esta tendencia sí se observa en la forma de muerte en los homicidios. La mayoría fallece por arma de fuego; ahora es particularmente por fusil de asalto. Las muertes violentas por arma blanca son pocas.

El calibre de las armas no es el único cambio. Hace una década, la mayoría de las muertes violentas se atribuía a los asaltos. Ahora, se sospecha del crimen organizado. Además, los casos incluyen grupos de cinco y hasta ocho muertos, y comienzan a aparecer mujeres y niños entre las víctimas, algo que no sucedía antes, además de periodistas (dos) y abogados (dos). “Un periodista que mataron trabajaba en radio y sólo leía las noticias que salían en el periódico y las comentaba”, dice. “Pero parece que a alguien no le gustó lo que dijo, y lo mató”.

La activista explicó que “también hay un sub-registro de casos porque, en muchas ocasiones, la familia se lleva al muerto [y el caso no se documenta]”.

Presencia militar, pocos resultados

Actualmente hay más presencia de militares en el centro de Juticalpa. Hay quienes observan hasta ocho a diez soldados caminando en el parque, aunque en una visita a mediados de marzo sólo se observa uno. La activista también revela que, después del operativo de 2011, los 292 policías asignados a Olancho fueron relevados, “pero aún así la población no tiene confianza”. Antes había gente en las calles hasta las nueve o diez de la noche. Desde hace tres años, hay un toque de queda autoimpuesto, aunque los asaltos han disminuido. Ese año, la Conadeh también recibió la denuncia de la desaparición de un hombre y una mujer (en casos separados), y de al menos cuatro secuestros.

La Operación Relámpago involucró al Comando de Operaciones Especiales Cobra (la misma de donde desaparecieron armas entre 2007 y 2011, que presuntamente llegaron a manos de los Zetas), la Policía Preventiva, y las fuerzas armadas.  Reportes de prensa indican que en diciembre, las autoridades capturaron a tres sujetos por posesión ilegal de armas de fuego y venta de drogas. Los tres fueron internados en la Penitenciaría Nacional, en Támara (al norte de Tegucigalpa), pero dos de ellos fueron hallados asesinados sólo unas horas en el “módulo de segregados” de la cárcel. Además de estas capturas, las autoridades decomisaron armas y vehículos blindados.

Un retén en las afueras de Juticalpa es, según el activista, el único lugar donde hay presencia militar después del operativo del año pasado. Por eso, aunque no le consta la existencia de narco laboratorios, tampoco le sorprendería. “Hay extensiones de tierra tan vastas, que cualquier cosa podría pasar ahí sin que nadie se diera cuenta”, dice. “En algunos sitios como Río Plata, San Francisco o La Unión, a veces hay sólo cuatro policías para hacer patrullaje a pie”.

Como en Atlántida, parte del problema es la falta de recursos. En la población de Campamento, por ejemplo, hay cuatro investigadores, pero no tienen vehículo, que no sólo les impide movilizarse sino les hace más vulnerables por el peligro de su trabajo. No obstante, el activista de derechos humanos afirma que si hay falta de recursos, hay más falta de voluntad.

“El Estado no asumió la situación con importancia”, asegura. “Ahora, de 10 a 15 años para acá, sólo toma acciones apaga fuegos”. Tal pareciera que la Operación Relámpago, de la que tanto presume el gobierno, es una de ellas. Muchos hondureños en Olancho no están dispuestos a esperar más. Sólo en lo que va de 2012, cerca del 7 mil hondureños fueron deportados desde Estados Unidos. La Conadeh registra que casi todos los deportados intentan volver a EE.UU. Los que salen de Olancho por primera vez, o luego de su deportación, se marchan por razones económicas o huyen de la violencia. De las familias desintegradas salen más emigrantes, queriendo seguir a sus padres o hermanos. Otros, caen en el crimen organizado, atraídos por el dinero fácil.

Perspectivas poco prometedoras

La continuación de las circunstancias actuales en Honduras podría establecer una tasa de crímenes violentos que aumenta a un ritmo del 3 al 5 por ciento anual. De manera que para el año 2030, habría entre 10 mil y 18 mil casos anuales, según un estudio publicado por la Asociación Libertad y Democracia (ALD), en 2011, y que distribuye la Conadeh. El documento propone que, si el Ejecutivo domina sobre los demás poderes, y la actual debilidad institucional prevalece (en función de criterios electorales, con la utilización de puestos claves para el pago de facturas políticas), la impunidad a nivel nacional podría alcanzar hasta un 97 por ciento.

Uno de los aciertos que destaca Custodio, jefe de la Conadeh, es que, desde los años 80 para la fecha, el poder judicial alcanzó cierta institucionalización. Cuando antes la Corte Suprema de Justicia se repartía entre los grandes partidos tradicionales de Honduras (siete magistrados de un partido y ocho del otro), ahora tiene una representación más balanceada del espectro político. “Ahora el poder judicial tiene bastante independencia, lo que causa resquemor en el presidente del Legislativo y de la República, en particular la independencia de la Sala de lo Constitucional, que es donde más le aprieta el zapato”, dice el comisionado. “Los hondureños debemos reforzar eso”. Obvia que la Corte en pleno avaló el Golpe de Estado de 2009 con  una supuesta carta de renuncia firmada por Zelaya, entregada por los militares.

Custodio, en particular, se opone a la propuesta de la Comisión de Seguimiento y Verificación, conformada a raíz del golpe de 2009 y dirigida por Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala. “¡Ya no estamos en tiempos de la Capitanía! Pero quieren venir a ordenarnos una Corte Constitucional en lugar de la Sala de lo Constitucional, y que se modifique el Concejo de la Judicatura, permitiendo que el Ejecutivo y el Legislativo metan mano en el sistema de justicia, en momentos cuando el presidente actual (Lobo) quiere que alguien juzgue a los magistrados”, explica el comisionado. Pero, ¿cuánto peso tiene la propuesta de Stein a nivel gobierno en Honduras? “Compare usted el plomo y el algodón”, dice Custodio. “Poco peso”.

Stein, quien durante una conversación informal dijo que Custodio había rechazado todas las propuestas de la comisión (sucesora de la Comisión de la Verdad, que también integró la rectora de la UNAH,  Castellanos). No se obtuvo sus respuestas a otras preguntas que se le enviaron por vía electrónica.

La ALD destaca que actualmente la inseguridad no sólo atenta contra los hondureños, sino también contra su sistema político, además de carcomer la percepción social de la democracia. “Las personas que perciben mayores niveles de inseguridad en su barrio son significativamente menos propensas a expresar su apoyo al sistema político, o [su] satisfacción con la democracia”, indica su informe. Hace tres años, por ejemplo, 5 de cada 10 hondureños creía que había corrupción en su país porque las leyes no se cumplían. Sólo dos de cada 10 lo atribuyeron a la pobreza. Ahora, casi 8 de cada 10 hondureños piensa que la lucha contra la corrupción se está perdiendo, según el CNA, en 2010.

Mientras tanto, el Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN), creado en 1998, aprobó siete puntos que la Conadeh propuso para formar comisiones de trabajo. Según Custodio, el objetivo es “comenzar a trabajar en cosas fundamentales como hacer un cambio en la política policial, y no sólo conocer más informes”. La Secretaría de Seguridad añadió un punto más y el CONASIN aprobó los ocho. Como prioridad figura la depuración policial, la revisión de la política educativa de los policías, ejercer mayores controles, formulación de un presupuesto adecuado, revisión de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y definir una política criminal del Estado.

Hasta ahora, los esfuerzos aparecen focalizados, sin una estrategia integral contra la violencia y sus causas. Por ejemplo, está el caso de Jutiapa (en Atlántida), o el de San Pedro Sula (en Francisco Morarán), cuyo alcalde Juan Carlos Zúñiga, lanzó un programa para alejar a la juventud en situación de riesgo de la criminalidad. Este programa, lanzado con el patrocinio de USAID en junio de 2010, incluye la apertura de bibliotecas, casas de la cultura, centros de apoyo espiritual y capacitación, clínicas de desintoxicación, y canchas deportivas.

La embajadora de EE.UU., para Honduras, Lisa Kubisky, dijo que desde 2010, la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés) ayuda a la región con US$360 millones para “interrumpir la circulación de delincuentes, apoyar la autonomía de los gobiernos locales, e impedir la entrada ilegal de drogas a la región”, entre otros objetivos. Su declaración ocurrió en marzo pasado, en el mismo evento, también auspiciado por el Banco Mundial, en el que el presidente Lobo dijo que la seguridad ciudadana no era tarea sólo de un gobierno, sino también de las comunidades (las familias, escuela, Iglesia). Algunos países del istmo se quejan de que la ayuda no es suficiente para toda la región, aunque EE.UU. responde que espera una “responsabilidad compartida” en el correcto uso de los fondos de ayuda extranjera. Los centroamericanos responden que el mayor responsable es EE.UU. porque es el país del que sus ciudadanos demandan drogas y que prohibe vendérselas.

Muchas comunidades como las de La Ceiba, Tocoa, varias zonas de Tegucigalpa y Olancho, se sienten atadas de manos. El vicepresidente estadounidense Joseph Biden llegó hasta Tegucigalpa para participar en una cumbre presidencial en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y discutir la seguridad en la región. Pero fue un evento que, para el jefe de la Conadeh, no dejó nada nuevo. “Dicho en un lenguaje indígena, fueron muchas las hojas, y poco el tamal”, comentó Custodio. El comisionado dijo que el esfuerzo de EE.UU. no es proporcional cuando se trata de controlar el consumo interno de droga en ese país.

En una perspectiva a corto plazo, pero no menos sombría, el subcomisario Aguilera no tiene buenos augurios para la situación de seguridad en Honduras para los próximos casi 20 meses que a Lobo le quedan en el poder. “Los augurios no son nada alentadores si no se toman decisiones políticas, más que operativas, en el sentido de darnos cuenta que la seguridad es una prioridad que el pueblo pide”, dijo el subcomisionado, “y que hay que apoyar a la policía con hechos y [no sólo] con palabras”. Los hondureños esperan, aparentemente, sentados en el filo de la navaja.