Nicaragua: La impunidad viaja en patrulla

En una pared del hogar de la familia Reyes Ramírez sobresale un collage con fotos de los hermanos José Efraín y Aura Marina, y su tía Katherine Anielka Ramírez Delgadillo. A los tres los asesinaron agentes antinarcóticos la noche del 11 de julio de 2015. La imagen es el recuerdo más visible en la sala-comedor de la vivienda. “Ella (Aura Marina) traía ese vestido, el día de su muerte”, recuerda Yelka Nohemi Ramírez, madre y hermana de los asesinados.

Yelka habla tranquilamente del collage: “Él (José Efraín) andaba así vestido cuando salió de caballero con la niña. Mi hermana se vestía siempre así”, dijo a esta investigación del especial #NicaraguaNoCalla. La imagen muestra al niño de saco y corbata; a la niña con un traje blanco; y a la tía con un vestido oscuro. El día de su asesinato José Efraín tenía 11 años; Aura Marina, 12; y Katherine, 22.

La madre cuenta detalles de la imagen, pero no quiere hablar de lo ocurrido la noche del asesinato. “Ya dije todo lo que podía decir”. Yelka tampoco quiere referirse a lo que ha pasado años después de la masacre con los oficiales que participaron en la matanza.

Según los registros públicos, fueron 14 oficiales. A nueve los acusaron y condenaron, ocho de ellos están activos, uno es civil, pese a que la sentencia estableció penas de cárcel que oscilaron entre dos y 11 años, dependiendo del nivel de responsabilidad, considerando que el que tuvo la mayor fue el jefe del operativo, el entonces capitán Zacarías Salgado, cuya condena debía finalizar en 2026.

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Sin embargo, el presidente Daniel Ortega lo condecoró y ascendió. No lo impidió el impasse legal del caso, pendiente a cinco años del crimen de que se resuelva en el Tribunal de Apelaciones, según el abogado de los familiares, Carlos Alemán. Ortega también promovió a otros ocho oficiales activos.

A Óscar José Vargas Rugama, teniente en 2015, lo nombraron el mismo día capitán. Su condena acaba este año. Junto con ellos ascendieron también Jairo Antonio Aguilar Hernández y Johny Henry Palacio Jiménez a capitán; Noel Antonio Altamirano a suboficial mayor; y Henry Cruz a inspector.

Según un acuerdo presidencial de 2018, fueron condecorados con la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, por sus “acciones heroicas a riesgo de sus vidas” y por la “protección de las personas, familias y comunidades”. 

El caso más destacable para los organismos de derechos humanos internacionales fue el del capitán Salgado, ascendido a comisionado en su calidad de segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (TAPIR), un grupo élite dentro de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, señalado de abusos contra los derechos humanos.

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Es decir, Salgado, un experto francotirador, fue ascendido dos rangos por encima del que tenía cuando ocurrió el crimen, lo que contrasta con la propia ley de 228 de la Policía, que establece una permanencia mínima de cinco años en el cargo cuando se trata de capitán y otros cinco en el grado siguiente —subcomisionado—, lo que significa que el jefe policial solo pudo ser ascendido al rango de comisionado hasta el año 2025.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Organización de Estados Americanos para investigar los abusos cometidos en 2018, interpretó el ascenso de Salgado como un mensaje de apoyo —aval político— a la actuación policial, lo que contrasta con que hasta ahora no se ha informado sobre “la existencia de investigaciones internas para esclarecer responsabilidades”.

“Con estos nuevos grados estamos adquiriendo nuevas responsabilidades con nuestra patria, nuestra revolución, con el pueblo”, declaró Salgado a periodistas de la Policía en una nota publicada en el sitio web de esa institución.

38 balazos

“Yo vengo de la iglesia con mi familia. Me hicieron una emboscada y me cargaron a balazos, los de los Dantos (unidad especial de la Policía). Lo que hago es huir, y me siguen cargando a balazos”, narró a los medios de comunicación, Milton Antonio Reyes, padre de las víctimas, con el rostro y su camiseta ensangrentada.

La familia Reyes Ramírez venía de un culto evangélico en el sector de Villa Libertad, y para acortar el camino hacia su vivienda, en el barrio Augusto César Sandino, Milton tomó un atajo por el sector de las Cuatro Esquinas. Ellos viajaban en un vehículo Toyota Corolla, color blanco.

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El camino, en ese entonces, era de tierra, estrecho y oscuro, lo que dificultó la visibilidad de los viajeros. Además de Milton y las tres víctimas mortales, en el carro venían Yelka Nohemi; Milton Ezequiel Reyes Ramírez; de cuatro años; Axel Antonio Reyes Ramírez, de 14 años; y Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de cinco años. Los dos últimos resultaron también heridos de bala.

Oficialmente se consideró la masacre un error. De acuerdo con el expediente judicial, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional recibió la información de que en el sector de las Cuatro Esquinas —las Jagüitas— pasaría “un importante cargamento de droga”. Los delincuentes usarían un vehículo liviano blanco, y una motocicleta como avanzada. Le asignaron el operativo a Salgado y su equipo.

De acuerdo a los documentos judiciales, el capitán Salgado “por imprudencia” no acató los protocolos policiales para el corte de caminos como la instalación de señales lumínicas para detener a los transeúntes como conos naranjas, bastones, chalecos o guantes fluorescentes, que permitan reconocer que se trata de policías. Sin embargo, todos los oficiales vestían “ropa oscura, cubiertos sus rostros con pasamontañas, y sin señal identificativa alguna”.

El expediente agrega que los agentes se colocaron a los lados del camino, en tres grupos, en un tramo de 800 metros. La familia llegó a eso de las ocho de la noche. “En una acción disfuncional, negligente y sin control de la situación”, Salgado saltó al camino, por delante del vehículo, y le hizo una señal de alto, describe el sumario.

“Los ocupantes del vehículo creen que se trata de un robo, continúan y aceleran su marcha. Los agentes creen que el capitán ha sido arrollado y reaccionan con disparos al vehículo”, reseña el documento. 38 balazos. El vehículo chocó con una camioneta.

“Estando aquí todos los antimotines y los policías, les pedía auxilio y ni uno me auxilió. Hasta la hora que ellos quisieron, (cuando) ya estaba sacando los cuerpos. Hasta el momento que ellos quisieron fue que se llevaron a las personas al hospital”, relató Milton a los medios de comunicación.

El caso llamó la atención en la opinión pública no solo por la violencia, sino porque los oficiales armados bloquearon a los vecinos que intentaban socorrer a las víctimas. 

La brutalidad contrasta con la posición pública de las máximas autoridades policiales que han vendido la seguridad en Nicaragua como un modelo en la región. Oficialmente, registraba ocho homicidios por cada 100 mil habitantes en aquel 2015.

La promesa de justicia

En la escena se presentó la entonces directora general de la Policía, Aminta Granera Sacasa. Con un chaleco antibalas, comentó: “Esto es una tragedia que ha afectado a una familia nicaragüense, y que ha afectado de la misma forma a la Policía. Yo estoy conmocionada”.

“Vengo personalmente para ver, y asegurarle al padre de estos niños, que los compañeros policías responsables hoy mismo estarán en prisión, sino es que ya lo están. Van a enfrentar un proceso judicial”, afirmó.

Siempre frente a las cámaras, Granera llamó al comisionado general Ramon Avellán y le ordenó que los oficiales fueran encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), localizadas en El Chipote, que funciona como el centro de las investigaciones judiciales.

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“El expediente va a ser pasado a la Fiscalía, así que Asuntos Internos (de la Policía) queda fuera. Esto es un asunto penal y van a someterse a juicio”, sentenció la directora.

Granera visitó a la familia en las afueras del hospital capitalino Manolo Morales de la capital. Allí estaban las víctimas. Siempre frente a las cámaras, abrazó y lloró con los parientes; prometió una vez sí y otra vez también que “habría justicia”. No ocurrió. Granera misma desapareció de las comparecencias públicas y en su lugar la sustituyó el consuegro de Ortega, nombrado posteriormente como director general, Francisco Díaz Madriz.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, destacó que la masacre le recordó “acciones” de la Guardia somocista, “cuando la famosa frase, o estrategia, de tierra arrasada, hay que dispararle a lo que se mueva como que estuviéramos en guerra. Esto chorrea sangre”, dijo entonces.

Agustín Jarquín Anaya, excontralor general de la República y exaliado del sandinismo, dijo que “el deterioro de la profesionalidad de la entidad policial es causa importante de la tragedia (…) Evidencia lo mal que estamos”.

Granera enfrentó las más duras críticas, incluso de excomandantes de la Policía como Javier López Lowery, cuestionó a los oficiales y enumeró a Confidencial los errores cometidos por los oficiales en el operativo.

“Falló la supervisión, falló el control, falla la formación incluso en las unidades, falla el ejercicio del mando. Si los jefes estuvieran más cercanos a los funcionarios de esa área, la sola presencia de los mandos hubiera sido capaz de impedir muchas malas conductas de parte de los subordinados. Habría que revisar la vida interna con el reglamento de deberes y derechos de la institución, las causas por lo que se están procesando a los policías, porque déjame decirte que hay cosas difíciles de poder erradicar y (hay que) hablarlo crudamente”, lamentó López Lowery, jefe nacional entre 1985 y 1992.

Juicio exprés

El 22 de julio de 2015, la fiscal auxiliar Steffanie Pérez Bojorge acusó a nueve de los 14 oficiales de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños. La causa fue radicada en el juzgado cuarto local penal de Managua, a cargo de la jueza Alia Dominga Ampié, vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Un día después se llevó a cabo la audiencia inicial. Los acusados admitieron los delitos y evitaron un juicio oral público.

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“Queremos pedirle perdón a la familia, a la sociedad nicaragüense. No queríamos que esto pasara. Fue un accidente. Soy responsable, admito los hechos”, asumió el capitán Salgado. Similares confesiones hicieron los demás.

Yelka, la madre de las víctimas, les replicó: “No pidan perdón porque ese perdón no me va a devolver a mis hijos ni a mi hermana”.

Carlos Alemán López, abogado de la familia, asegura que los oficiales admitieron los hechos para “evitar” que se profundizara en las investigaciones sobre lo que “andaban haciendo la noche del 11 de julio”.

“Sabían que, si se iban a juicio, se destaparían otros hechos”, apostilla el letrado.

Tras las confesiones, la Defensoría Pública —que defendió a los oficiales— solicitó a la jueza que no siguiera y valorara la admisión de hechos como un “acto a favor” de los acusados. La jueza Ampié accedió a la petición de la defensa y tomó como atenuante para imponer penas mínimas que los acusados no tenían antecedentes y la propia confesión del crimen.

“Esto no es justicia. Me siento decepcionada, van a arder en la olla más grande del infierno (…) Yo pido justicia. Desgraciados, no tienen perdón; aquí no hay justicia”, se lamentó Yelka al conocer la decisión.

Antes del desenlace del caso en los tribunales, la madre denunció a un oficial involucrado en el crimen, porque agredió el cadáver de su niño. “Yo les dije que me socorrieran, pero ellos no lo hicieron. Pasé media hora esperando que llegara alguien para poder ir al hospital. Cuando ya los monté, que íbamos en la patrulla, el hombre le pegó una patada a mi niño en la cabeza. Lo tiraron como perro. Le dije yo: ¡maldito, me lo mataste y todavía me lo vas a golpeando!”, dijo Yelka a Confidencial el 17 de julio de 2015.

La jueza leyó la sentencia el 30 de agosto de 2015, sin la presencia de los familiares de las víctimas. 

Para el abogado de la familia, la “sentencia fue irrisoria” y no estuvo “apegada a derecho”, porque la jueza estaba inhabilitada para conocer el caso, ya que le tocaba a un juzgado penal. Sin embargo, se obvió ese ordenamiento.

Otro elemento, según Alemán López, es que “la acusación de la Fiscalía no transmitía el sentir de las víctimas, ellos defendían abiertamente a los policías”, dijo, dado que uno de los cuestionamientos realizados en su momento es que la tipificación del delito debió corresponder a asesinato por la gravedad de los hechos y no a homicidio imprudente, lo que disminuyó la condena.

“Te sentís impotente. Una familia va ante el sistema judicial para le defiendan un derecho, pero mirás que todas las puertas las tenés cerradas”, añade.

Carrión explica que “una masacre jamás puede ser considerada una imprudencia desde el punto de vista penal. Tiraron a matar”.

El único policía de los condenados que dejó la institución, en circunstancias no esclarecidas, fue José Alejandro Fonseca Salmerón, primer vocal de la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada hasta 2020. Un equipo de CONNECTAS fue hasta las oficinas de este organismo. Permanece cerrado. Trabajadores del complejo proporcionaron un contacto con el presidente, Ardeshir Zack Asgar, quien no respondió a una solicitud de entrevista.

Según la sentencia, Fonseca Salmerón fue condenado a nueve años de cárcel, lo que quiere decir que estaría encarcelado hasta 2024.

No habrá batalla legal

Para el abogado Alemán López, los ascensos de Salgado y Vargas Rugama son “ilegales” porque el Tribunal de Apelaciones de Managua todavía no emite una resolución sobre el caso.

En el sistema legal nicaragüense, el juez es el que determina si el detenido guarda prisión preventiva mientras dilucida el caso en el proceso judicial, pero la medida inmediata es prisión preventiva al tratarse de asesinatos.

“Como todavía no hay una resolución de Apelaciones, ellos (Salgado y Vargas) están sujetos a lo que dice la sentencia de primera instancia, que los condenó a once y seis años de cárcel. Esa sentencia está en vigor”, explica Alemán.

CONNECTAS solicitó un comentario a la oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en Managua, pero no respondieron.

Pese al retraso en la resolución de Apelaciones, el abogado Alemán afirma que la familia Reyes Ramírez ha “decidido no seguir con el caso”. “Nos resignamos porque con este sistema que tenemos ahorita no vamos a recibir justicia”.

“No queremos que esto continúe a nivel nacional, ni internacional”, reitera.

Yelka Ramirez y Milton Reyes lamentan la falta de justicia, pero prefieren “vivir en tranquilidad”. “Nadie nos busca y nadie nos molesta porque no nos metemos con nadie. Dios es el que va hacer justicia; todo se lo dejamos en la mano de Dios”, dice la madre sobre un país en que la impunidad viaja en patrulla.

 

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