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El ex presidente del CANG y magistrado postulado para la CC, Luís Fernando Ruiz Ramírez, capturado el viernes 26 de febrero, observa el tweet del rector de la USAC, Murphy Paiz, recién refugiado en un hospital privado para escaparse de la justicia

Elección de CC: FECI señala, una llamada de Biden y el oficialismo pierde piezas

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Elección de CC: FECI señala, una llamada de Biden y el oficialismo pierde piezas

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Plaza Pública presenta las claves para entender cómo la primera fase del caso Comisiones Paralelas 2020 repercute en la elección de magistrados de la CC: Amparos, posibles inconstitucionalidades y operadores políticos como Gálvez y Paiz anulados, cambian un escenario que hasta hace una semana era favorable para la alianza impulsada por el presidente Alejandro Giammttei. A esto se suma una llamada entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Alejandro Giammattei. Haber perdido piezas clave les recuerda la importancia de controlar las dos instituciones más importantes para la Justicia.

Redes-lateral

La elección de la próxima Corte de Constitucionalidad (CC) avanza con el impacto de los allanamientos en el hospital que Gustavo Alejos utilizó como oficina, y de una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Alejandro Giammattei. Este gesto fue acompañado de una serie de publicaciones en redes sociales de la Embajada de ese país en Guatemala sobre la atención que pone a la designación de los nuevos magistrados.

Hasta hace dos semana la alianza oficialista, dirigida por el presidente Alejandro Giammattei y respaldada por diputados de las bancadas UCN, Todos, Valor, Humanista, FCN, Unionista, Prosperidad Ciudadana, Viva, Creo, así como jueces y operadores políticos, daba casi por sentado que elegirían una CC favorable. Si no lograban los cinco puestos, confiaban en alcanzar la deseada mayoría cuatro a uno para garantizar sentencias favorables, o al menos tres a dos. Pero ahora con el caso «Comisiones paralelas 2020: Fase 1» (la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- anunció que ahondará más) el tablero está desacomodado.

Esto inició en febrero de 2020 cuando el Ministerio Público (MP) documentó cómo el empresario Alejos recibió en el hospital -donde supuestamente estaba internado por padecer problemas de salud- a varias personas vinculadas al proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones. Candidatos, jueces y diputados desfilaron frente a la cámara de seguridad que los registró y que ahora es parte del expediente que los acusa.

Todo apuntaba a que había un acuerdo para influir en las comisiones de postulación encargadas de crear el listado para elegir a los 13 magistrados de la CSJ y 270 para la Corte de Apelaciones (del cual eligen a 135 titulares y 90 suplentes), pero en ese momento la acusación estuvo centrada en evidenciar quiénes visitaron a Alejos.

Con la más reciente acusación, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, explicó cómo funcionó esa estructura. De 37 miembros de la Comisión Postuladora, controlaba 24, dejando un margen de dos para alcanzar los 26 mínimos para nominar a un candidato.

En los allanamientos encontraron un cuadro que resume cómo estaban distribuidos estos 24 votos. Según la FECI «Gálvez» se refiere al exrector de la Universidad San Carlos (Usac), Estuardo Gálvez, que controlaba cuatro votos. Cada uno se multiplica aproximadamente por diez candidatos. Así Gálvez tendría derecho a incluir 40 candidatos en la lista que llegaría al Congreso. «Murphy», identificado como el actual rector de la Usac, Murphy Paiz, con un voto, tendría derecho a nominar a 12, entre otros.

La FECI complementa este cuadro con otro listado incautado, en el que varios candidatos tenían al lado anotadas las iniciales de su padrino. Los respaldados por Gálvez estaban acompañados por una «g», por ejemplo. 

Según Sandoval, al contrastar con las votaciones comprobaron que quienes estaban en este listado tuvieron 88% de posibilidades más de ser electos, frente a quienes no estaban marcados con una de estas iniciales, independientemente de la calificación que les dio la postuladora. Las investigaciones también establecieron quevarios de los nominados tuvieron contacto con Alejos.

La Presidencia cedió, al menos en formas

Cuando lo cuestionaron sobre cómo elegirá al magistrado que le corresponde a la Presidencia, Giammattei se limitó a decir que cumplirá con los plazos constitucionales, es decir, antes del 13 de abril de este año. Luego se anunció que la elección se hará mañana, 10 de marzo, y que los ministros podrán presentar propuestas.

Giammattei sustentaba su posición cerrada en que, de entre los cinco órganos que nombran a un magistrado de la CC, este es el menos democrático. Aunque la Ley de Amparo dicta que debe tomar la decisión en Consejo de Ministros, estos solo refrendan su decisión. Dos semanas después, luego de que perdiera uno de los candidatos impulsados por el oficialismo, mostró una postura más flexible.

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Además de perder a Barrios como candidato en el CSU, el oficialismo también perdió operadores. Un informe de la Fundación Myrna Mack ubica como parte del «pacto oficialista» a varias personas como Dennis Billy Herrera Arita, señalado desde los allanamientos al hospital donde se hospedaba Alejos, o Jennifer Dell´Acqua, representante del Colegio de Abogados en la Comisión de Postulación y capturada la semana pasada. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó un amparo que la actual CC ya admitió. En él los diputados reclaman al Presidente por no hacer público el proceso de elección. 

Una petición similar hizo Alfonso Carrillo, el abogado que cobró más relevancia al interponer acciones en la CC que buscaban proteger a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). Por el momento la CC solicitó a la Presidencia elaborar un informe circunstanciado del proceso.

Desde inicios de este año, el vicepresidente Guillermo Castillo hizo público un mensaje en el que pedía a Giammattei que esta designación fuera abierta. Exfuncionarios, ciudadanos y distintas organizaciones hicieron la misma petición. Además, varios funcionarios de Estados Unidos y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestaron su interés en que la elección sea transparente. 

Estas peticiones parecían no haber tenido efecto hasta el 5 de marzo, cuando Giammattei anunció que mañana, 10 de marzo, se reunirá con sus ministros para que puedan proponer a candidatos a la CC. El anuncio lo publicó un día después de que el mandatario sostuviera una llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La CSJ: Los electores más cuestionados

La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) lleva en funciones más tiempo que cualquier otra. Aunque sus integrantes no pueden dejar el cargo hasta que el Congreso elija a sus sustitutos, la mayoría está bajo señalamientos por la forma en que resultaron electos y sus resoluciones polémicas.

Bajo incertidumbre legal, los magistrados votarán el próximo 10 de marzo para elegir a un magistrado titular y otro suplente para la CC. La CSJ tiene una lista de 16 candidatos que se reduce a 14 por la elección de Dina Ochoa por el Congreso y la renuncia de Mynor González Méndez.

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Aunque hay organizaciones que señalan la falta de idoneidad de algunos candidatos, aquí el problema es mayor porque los electores también son cuestionados. 

El 12 de febrero el diputado Orlando Blanco, de la UNE, presentó un amparo porque asegura que la CSJ no tiene la legitimidad para elegir. El argumento es que su periodo original es de cinco años  y venció en octubre de 2019.

Los magistrados de la CSJ no han dejado los puestos porque la elección de sus sustitutos se retrasó. Hubo problemas en la integración de las comisiones que postulan y el Consejo de la Carrera Judicial no tenía lista la evaluación de jueces y magistrados, indispensable para calificar a los aspirantes. Y cuando las postuladoras elaboraban las listas de candidatos para entregar al Congreso, la FECI expuso el caso Comisiones Paralelas 2020, en el que describió el amaño de la elección con la participación del empresario detenido por corrupción, Gustavo Alejos. 

A mediados de 2020, la CC ordenó un nuevo mecanismo para elegir, en el que, entre otras cosas, ordenaba que los diputados excluyan del listado de candidatos a los que se reunieron con Alejos. El Congreso desobedeció y con esto ha contribuido a que la actual CSJ haya extendido su periodo por casi año y medio. 

Varias organizaciones como el Movimiento Pro Justicia, la Alianza por las Reformas, la Fundación Myrna Mack y movimientos estudiantiles, entre ellos la Asociación de Estudiantes Universitarios de la estatal Universidad de San Carlos (Usac), señalaron que el  atraso tenía la finalidad de asegurar que la actual CSJ, en contubernio con el Congreso y el Ejecutivo, elijan a juristas que puedan responder a sus intereses.

En el Congreso hay una alianza de partidos en la que participa el oficialismo, que rechaza que la CC les indique cómo elegir magistrados de CSJ y Cortes de Apelaciones. La molestia surge porque le dan validez a la investigación de la FECI. 

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Luis Fernández Molina, quien fue magistrado de la CSJ hasta 2009 y suma cuatro décadas en la docencia, apunta a lo inédito del desempeño de la CC en los últimos años. «El papel que desempeñó esta Corte marcó una frontera entre los tres poderes del estado y el control constitucional. Nunca como ahora una CC había negado (rechazado) una orden del Presidente», dijo.

Y como consecuencias, señala el jurista, una persecución que era predecible cuando se han tocado las bases de una estructura corrupta y que era intocable.

«Los que ejercen el poder no quieren tener estorbo y esta Corte estorbó. Hay que entender esto de la CC y de la propia FECI. Fue algo sorprendente que hubiera persecución penal del MP cuando antes había campo abierto, y los delitos que se perseguían eran como asesinato, de robos, de contrabando. Los delitos del tipo político estaban al margen. Hay facturas pendientes y aquí es donde se quieren cobrar», afirmó Fernández Molina.

El caso Comisiones Paralelas 2020, que origina toda esta molestia, sigue en investigación y ya hay señales de que los magistrados de la CSJ podrían estar involucrados. En la conferencia del 26 de febrero, la FECI presentó la fotografía de un documento incautado a Gustavo Alejos. La fiscalía indica que este indicio revela cómo se distribuyeron las cuotas de elección entre algunos postuladores. A la par de las iniciales CSJ aparece «65 espacios». Sandoval, dijo que esto está bajo análisis. 

Así surgen dudas por la credibilidad e idoneidad de los actuales magistrados para elegir a dos integrantes de la  próxima CC. 

Ante el amparo de la UNE, Silvia Patricia Valdés, presidenta de la CSJ, presentó otra acción legal el 12 de febrero por «la amenaza inminente» de que se les impida cumplir con su mandato constitucional. Ambos están bajo análisis de la CC.

La actual CC analiza estos amparos. Adicional, la CSJ carga con el peso de haber sido electa por la negociación entre los desaparecidos partidos políticos Lider y PP. Dos agrupaciones que fueron canceladas por ilegalidades en el financiamiento electoral, y cuyos líderes están detenidos y enfrentan varias acusaciones por corrupción.  

Una purga obligada en el Colegio de Abogados

Con el 78% de abstencionismo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) eligió el viernes 5 de marzo a Nester Mauricio Vásquez Pimentel como magistrado titular de la CC, y a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como suplente. 

La elección, que inició el 26 de febrero cuando se realizó la primera vuelta, se realizó en medio de tensiones por las nuevas revelaciones en el caso Comisiones Paralelas 2020 que investiga la FECI. La fiscalía vinculó a dos de los participantes, uno de ellos fue Estuardo Gálvez, el exrector de la Usac. 

Gálvez, como se vio en el conteo de votos, era un perfil con fuerza para ganar la designación por el gremio de abogados. Quedó en segundo lugar con 1,925 votos y se aseguró la participación en la segunda ronda de votaciones. 

Líder en el ámbito estudiantil, fue electo decano de la Facultad de Derecho de la Usac y luego se convirtió en rector, un puesto que mantuvo dos períodos consecutivos por votación de estudiantes y profesionales. Intentó formar un partido político porque tenía ambiciones presidenciales y desde 2014 lidera la política gremial para tener representación en las comisiones de postulación de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones. 

Esa participación es la que lo tiene envuelto en un caso penal, pues la FECI indica que fue parte en una negociación para elegir a dedo a 40 de los 270 candidatos para la Corte de Apelaciones. En ese mismo caso también fue señalado el expresidente del Cang, Luis Fernando Ruiz, que quedó quinto en el cuadro de votaciones de esa primera vuelta, y fue detenido ese mismo día. 

Nunca antes ocurrió una elección del Cang fue impactada por una investigación penal. Ni hubo personajes en contienda con orden de detención. No obstante, el señalamiento no es nuevo. Desde febrero de 2020, cuando la FECI publicó el caso Comisiones Paralelas se conoció que Gálvez había visitado a Gustavo Alejos, el personaje central en este caso. 

La FECI presentó fotografías del exrector cuando llegó a visitar al reo, internado en un sanatorio en la zona 2 de la capital. Gálvez no podía negar los hechos y justificó en una entrevista de radio que había un vínculo de amistad. 

En la segunda vuelta, el abogado Francisco Rivas obtuvo 3,486 votos. Perdió porque Vásquez Pimentel le aventajó con 1,276 votos .

De manera muy similar a la fallida elección de Mynor Moto, quien no pudo asumir porque su proceso tuvo impugnaciones y la FECI giró una orden de captura en su contra, la elección del Cang no está resuelta. El Tribunal Electoral tiene tres días para recibir protestas. Por otro lado, Nester Mauricio Vásquez Pimentel forma parte de la CSJ que está bajo la lupa por su participación en la elección en la Corte de Apelaciones.

El Cang, a diferencia de otros electores de CC, no admite objeciones o tachas contra los candidatos antes de la elección. 

La polémica que desató el caso penal contra Gálvez dejó en aprietos al Tribunal Electoral del Cang. Los cinco integrantes de este Tribunal, que dirige las elecciones del colegio, discutían si debían suspender las elecciones, dejar por fuera a Gálvez o dejar inalterable la decisión de los pocos votantes y al dejarlo en la papeleta. 

La convocatoria a segunda vuelta estaba para el viernes 5 de marzo y fue hasta dos días antes que el Tribunal tomó una decisión. Gálvez les allanó el camino cuando presentó su renuncia. 

El Tribunal resolvió unánime correr los puestos e incluir en la contienda a quien había quedado en tercera lugar. El beneficiado fue Francisco Rivas, uno de los ministros de Gobernación durante la administración de Jimmy Morales. Renunció a su cargo cuando el Gobierno los ataques contra la Cicig.

El CSU: sin Murphy, la lealtad a Omar Barrios duró 12 rondas

38 de las 41 personas que conforman el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac votaron para reelegir a Gloria Porras como magistrada titular y a Rony López como suplente para la CC. 

Los dos miembros más poderosos de la mesa estuvieron ausentes: Murphy Paiz, Estuardo Gálvez, rector y ex rector, que junto con Juan Carlos Godínez, el otro voto ausente, se encuentran detenidos tras la acusación de la FECI de ser operadores en el caso Comisiones Paralelas 2020.

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El CSU está  integrado por 10 decanos, 10 representantes de catedráticos, 10 de estudiantes, además de 10 de colegios profesionales y el rector. Paiz y Gálvez ocupan dos de esos puestos, el de rector y el de representante de catedráticos de Derecho. Godinez es representante del Colegio de Abogados. 

Significaban 3 votos, pero su poder en la elección iba más allá, pues los rectores se ven inmiscuidos en la elección de casi todas las otras autoridades políticas, estudiantiles y administrativas de la universidad. Movilizan su influencia y recursos para asegurar apoyos y permitir la elección de sus favoritos.

Son estas lealtades las que estuvieron a prueba cuando eligieron a Porras y López, indicó Álvaro Montenegro de Alianza por Reformas. Cada uno controlaba alrededor de 10 votos, pero su ausencia fortaleció la autonomía de los electores.

Según Montenegro, la acción penal de la FECI complicó la elección de Omar Barrios, quien era el favorito de Murphy Paiz. Barrios es asesor de la Secretaría General de la Presidencia, fue abogado de Paiz en acusaciones penales presentadas por Cicig, y es parte de la estructura de poder de la facultad de derecho de la Usac. 

Barrios considera que debería «sentirse honrado» porque se afirmó que contaba con el apoyo de Giammattei y de Paiz, pero que eso no fue lo que evidenció los resultados del voto en el CSU. 

Barrios considera que fue votado porque reconocen su rol de catedrático y abogado independiente, pero también por la antipatía que generó la participación de Gloria Porras. «Esperaba 6 o 7 votos, no los 14 del principio», dijo. Cree que fue apoyado por «los votos más anti Porras». 

«Mi nombre representó la unión de ciertos electores ante ese sector ideológico que infectó una parte de mi universidad. Me imagino que, más que por sus fallos, que son malísimos, por el contexto le tienen un gran rechazo, a pesar de su experiencia», afirmó.

La derrota de Barrios no fue inmediata, pues compitió con Porras 12 rondas de votación. Como el sistema electoral de la Usac exige la mayoría absoluta de los presentes, se necesitaban 20 de 38 votos.

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En las primeras rondas Barrios sacó una ventaja de hasta 3 votos a Porras, pero conforme avanzaron al balotaje, sus apoyos fueron retirándose uno a uno y se impuso el liderazgo de la magistrada electa.

Esto mientras el presidente Giammattei anunciaba una conversación bilateral con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en la que hablaron sobre la “lucha contra la corrupción” y “las causas de la migración”, variables que el gobierno demócrata de Estados Unidos relaciona de forma causal - como lo explicamos en esta nota-. 

Al mismo tiempo, funcionarios del Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en el país expresaban en redes su expectativa sobre la elección de magistrados, que ven como  la oportunidad para “mantener la integridad de la institución y proteger el Estado de Derecho”. 

Después de 11 rondas, Porras logró la mayoría necesaria, cuando el representante de catedráticos de la Facultad de Agronomía, Pedro Peláez, cambió su preferencia inicial hacia Barrios y ajustó los 20 votos que definieron la elección. 

Para la decana de derecho, Astrid Lemus, la elección fue “muy intensa, con muchos intereses en juego” evidenciando muchas corrientes políticas o gremiales en cada uno de los votos. 

Lemus, quien votó a Porras de forma consistente durante la elección, identificó que las “corrientes de opinión” de los electores se fueron recomponiendo durante la votación. Esto porque porque se convencieron de Porras o por la “presión en redes” hacia ciertos candidatos. 

En tanto, Álvaro Montenegro considera que a Omar Barrios le trajo consecuencias haber sido cercano a Murphy y a Giammattei. Esto lo señalaron algunos electores al tomar la palabra. Montenegro cree que electores lejanos a Murphy terminaron por respaldar a Porras, mientras otros “se dieron cuenta que la opinión pública criticaba una victoria de Omar, y eso podría comprometer su credibilidad ante estudiantes y la población sancarlista”. Por ello cambiaron su voto. 

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Barrios dijo que fue preocupante la forma en que cambiaron los votos en el CSU. Considera que las amenazas, coacciones y difamación de la que fue objeto explica la merma del apoyo, además de «poderes externos de mucho peso». 

Agregó que le parece «preocupante, preocupante, preocupante» el resultado de la elección, porque se eligió a magistrados a personas ajenos a la Usac. «Les guste o no, la corriente de los constituyentes era corporativista, y se buscó en la Universidad y en el Cang un equilibrio a los poderes formales. Pero eso no se concretó porque no se eligió a un docente titular de la Usac, incumpliendo el artículo 152 de la Ley de Amparo», afirmó.

«Y no lo digo porque quedé en segundo lugar, sino porque soy catedrático de Derecho Constitucional. Fue totalmente antitécnico», agregó.

En cambio Lemus, decana de Derecho, se siente satisfecha con el resultado. Considera que Porras ha mostrado su independencia y rigor, recordando que a pesar de ser electa por el Congreso «privilegió su independencia de criterio». Además, valoró su experiencia en el órgano, que le permitirá agilizar su trabajo sin perder tiempo en el período de adaptación que implica llegar a la CC. 

El Congreso movió la primera pieza y no dio sorpresa

El pacto oficialista en el Congreso saltó a la piscina antes que los otros órganos y con 101 votos reeligió a Dina Ochoa como magistrada titular de la nueva CC. Ochoa fue electa en 2016 por Jimmy Morales y falló consistentemente a su favor.

La magistrada fue apoyada por las bancadas de la alianza oficialista: además de Vamos, FCN, UCN, Valor, Humanistas, Viva, PU, PC, Todos, Podemos, Bien, Creo y UNE.

Su acompañante, el diputado Luis Rosales, es igual de polémico. Miembro del partido de Zury Ríos, Valor, y abogado de su padre cuando fue juzgado por genocidio. Su largo historial político, que culminó con su elección al Congreso, es su principal carta y lastre, pues se cuestiona que siendo diputado y miembro de un partido político pueda ser independiente. A él en cambio lo votaron 86 diputados.

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Oswaldo Samayoa, abogado e investigador universitario señala que es incomprensible que un diputado pueda ejercer como magistrado de la CC. Indica que si bien el Artículo 169 de la Ley de Amparo establece que el puesto de magistrado suplente no es incompatible con el ejercicio profesional, otra cosa es ser diputado.

Este criterio lo refuerza con lo señalado en el Artículo 167 de la misma ley, donde se expresa que los magistrados deberán ejercer sus funciones independientes del órgano que lo eligió. «No debería tener ninguna relación con el Congreso, y previo a su nombramiento debería renunciar a su puesto y dedicarse a su ejercicio profesional», expresa.

Para Álvaro Montenegro, de Alianza por Reformas, que se elija a un diputado como magistrado es un pésimo precedente. «Se puede ver que hay una intención de utilizar la magistratura para beneficiar a Zury Ríos, que ha querido ser candidata presidencial y la CC se lo ha impedido. No sabemos si el diputado conocerá o se inhibirá en un caso que directamente le interesa» indica Montenegro. «Es nefasto que los partidos políticos se inmiscuyan directamente en la justicia» agrega.

Esta percepción la confirma la diputada Andrea Villagrán, de la bancada Bien. Ella considera que el candidato del presidente era el diputado Rosales, quien sería electo como titular para asegurar «un pacto de impunidad entre gobiernos y la inscripción de Zury Ríos, esperando que ella gane las siguientes elecciones».

Sin embargo, esto generó inconformidad entre los bloques del Congreso que tienen aspiraciones presidenciales, por lo que se decidió votar a Ochoa como titular. «Era una amenaza menor» dijo Villagrán.

La diputada Lucrecia de Palomo en cambio negó la posible parcialidad de Ochoa y Rosales. Indicó que su historial profesional fue la razón de ser electos. “Voté por su capacidad e idoneidad. Han actuado conforme a la ley cuando emitieron sentencias o defendieron a alguien. Por lo tanto no creo que haya un sesgo político en la elección” indicó a Plaza Pública. 

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En todo caso, tanto la diputada Villagrán como Karina Paz, de la UNE, lamentan que la Junta Directiva del Congreso no les diera oportunidad de filtrar a los candidatos y retirar perfiles como el de Rosales.

Por esta razón, la UNE planteó un amparo ante la CC a mitad de febrero, alegando que se designó a los magistrados por el Congreso sin una convocatoria expresa, como lo manda el Artículo 154 de la Ley de Amparo. Esto no les permitió calificar la idoneidad y honorabilidad de los candidatos, tal como lo establece la Constitución en los artículos 113, 207 y 270.

Paz dijo que no fueron los diputados quienes calificaron los expedientes sino la Dirección Legislativa del Congreso.«A nosotros el viernes nos enviaron un video y los perfiles de los candidatos. Nunca evaluamos, aunque la Corte de Constitucionalidad nos dijo que eso debíamos hacer y que había referentes como las comisiones multipartidarias hechas en 2016» afirmó. 

La UNE espera la respuesta del amparo, y si se resuelve a favor se caería la elección. «Lo que queremos es que sean transparentes y se respete la división de poderes, pues esta elección fue pactada con el ejecutivo», dijo Paz.

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