El gran plan de Consuelo Porras es caro y debilitó fiscalías
El gran plan de Consuelo Porras es caro y debilitó fiscalías
La Fiscal General Consuelo Porras celebra que llevó el Ministerio Público al 100% del territorio nacional. Detrás del hito, no hay evidencia que justifique la creación de estas agencias fiscales, aumentaron desproporcionadamente los casos desestimados, funcionan con poco personal, y otras quedaron debilitadas. Además, rentan casas que no ocupan completamente y no todas tienen recursos mínimos. La instrucción superior les ordena que tomen denuncias y cierren los casos en un mes.
En abril la fiscal general, Consuelo Porras, presentó el final de su gran plan: Inauguró 68 agencias fiscales y con eso celebró que en su gestión el Ministerio Público (MP) pasó de tener presencia en 36% del territorio nacional a tener cobertura en los 340 municipios. Ahora hay al menos una delegación en cada municipio y, en teoría, la población guatemalteca tendrá mejor acceso a la justicia.
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El proyecto ha costado 716 millones de quetzales desde 2018, y nació con un problema que es el primero de varios: no hay estudios que justifiquen la creación de las nuevas sedes del MP. Es decir, no hay un análisis de los fenómenos criminales en cada municipio que respalden el hecho de que cada uno deba tener su propia agencia fiscal.
Plaza Pública solicitó una copia de los estudios o análisis criminológicos que respalden cuándo, dónde y por qué era necesario crear esas agencias fiscales, pero el MP no los entregó. En cambio, envió una copia de los acuerdos de creación, que definen el trabajo que realizará cada una.
Antes de ahondar en los problemas del plan de Porras, es importante entender algo. En la estructura del MP hay fiscalías regionales, distritales, municipales y agencias fiscales. La jerarquía está en ese orden y a menor grado abarcan un territorio o delitos más específicos. La política de la actual Fiscal General impulsó crear agencias fiscales, la unidad más pequeña.
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Los acuerdos establecen claramente las misiones de estas agencias, que son bastante limitadas: Conocerán solo casos por delitos menos graves -los que contemplan penas de cárcel menores a los cinco años-, los fiscales tienen un mes para cerrar los expedientes y el objetivo principal es darles salidas alternas. Es decir, la principal meta es resolver a través de conciliar o desestimar.
Para lograrlo las sedes funcionan con personal mínimo, con uno o dos investigadores criminalísticos, la mayoría no tiene vehículo y su horario de atención al público es más corto que el de un banco, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. En asuetos y feriados atenderán de 8:00 a 12:00 horas.
Este enfoque, aunque muy puntual, no necesariamente es el más efectivo. «Es importante tomar en cuenta cuáles son los delitos más denunciados en cada municipio porque en algunos lugares no se trata solo de delincuencia común, sino de delincuencia organizada por narcotráfico, trata de personas o tráfico de armas», señala Marco Antonio Canteo, abogado consultor en procesos de reforma judicial y de seguridad.
Pero la estrategia de Porras fue más general: llegar a todo el país con pequeños centros de denuncia donde, para resolver los casos, los fiscales, el tiempo y los recursos son escasos, y donde la mayoría de denuncias termina desestimada o archivada, según lo demuestran estadísticas del propio MP.
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Coperacha para comprar papel
San Andrés Iztapa es un pequeño municipio de Chimaltenango, a 55 kilómetros de la ciudad de Guatemala. La agencia fiscal de la localidad fue inaugurada el 13 de diciembre de 2019 y llegar a ella toma tiempo porque no tiene una dirección exacta. El pueblo no tiene nomenclaturas.
Un año y cinco meses después de su inauguración sigue operando con dificultades. Ese es uno de los grandes problemas del gran plan de Porras: Las agencias fiscales no tienen recursos.
Uno de los auxiliares fiscales dijo a Plaza Pública que hasta hace seis meses los trabajadores tenían que juntar dinero para comprar papel bond. Además, dependen de la fiscalía de Chimaltenango que les presta el carro solo los miércoles para que puedan hacer diligencias.
Ese es uno de los días más importantes para la agencia porque sin vehículo no pueden realizar citaciones ni entregar notificaciones. También es el único día que el encargado de investigaciones criminalísticas puede salir a investigar.
Desde diciembre de 2019 la agencia ha recibido 466 denuncias, de los cuales 221 (el 47%), terminaron en desestimación y 23 (el 4%) en criterio de oportunidad.
El personal para investigar los casos es mínimo: un agente fiscal, dos auxiliares fiscales, un técnico en investigaciones criminalísticas y un oficial. Todos trabajan en un edificio de dos niveles con un alquiler de 8 mil quetzales mensuales.
El caso de San Andrés Iztapa también ejemplifica otro punto en contra del plan: Crearon las nuevas agencias fiscales sin personal y para llenarlas trasladaron agentes de otras fiscalías. Es decir, debilitaron sedes para cubrir otras.
Uno de los dos auxiliares fiscales fue trasladado desde la fiscalía de San José Escuintla. En otros casos son las fiscalías de la Mujer las que han visto debilitado su equipo por traslados a las nuevas agencias. Esto ocurrió en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapán, Zacapa y Sacatepéquez.
De acuerdo con estadísticas de Recursos Humanos del MP, 164 trabajadores han sido trasladados desde otras fiscalías a las nuevas sedes.
No obstante, los traslados no aseguran que las nuevas agencias tengan el personal completo. Varias funcionan con menos equipo porque todavía no han sido contratadas todas las personas necesarias. Según datos de Recursos Humanos del MP, hay 648 plazas vacantes para auxiliares fiscales, 377 para técnicos en investigaciones criminalísticas y 59 para intérpretes, entre otros puestos.
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Rentas elevadas y vacías
A 20 minutos de San Andrés Iztapa queda la agencia de El Tejar, Chimaltenango, inaugurada el 4 de diciembre de 2020. Aquí trabaja menos personal. Hay una agente fiscal, Magda Barillas de León, dos auxiliares, una mujer encargada de seguridad y un hombre que realiza servicios de limpieza. Para resolver los casos son solo tres personas.
La agencia fiscal funciona en una casa amplia de dos niveles con un costo de alquiler de 5,500 quetzales mensuales. El lugar es tan grande que cada trabajador tiene su propia habitación y todavía sobran espacios vacíos. El cuarto problema está relacionado con los gastos: Las agencias fiscales rentan casas con espacios no utilizados.
«Se mira vacío pero no nos falta nada. Con la pandemia nos queda bien tener espacios separados», justifica la fiscal Barillas.
En los cinco meses que la agencia ha estado abierta recibió denuncias por amenazas, estafas y hechos de tránsito. En total son 98 casos, en promedio cuatro a la semana. Según estadísticas del MP, la agencia ha desestimado 55, es decir, el 56% de los casos fue cerrado sin que llegara a un juzgado.
«Nosotros conocemos los delitos menores, que son los que a veces congestionan las fiscalías de distrito y las fiscalías municipales. Vemos casos donde es necesario llevar juntas conciliatorias», explica la fiscal Barillas.
¿Qué pasa si a la agencia llega una mujer víctima de violencia sexual, tienen la capacidad de atenderla?, se le pregunta.
«En el área de Chimaltenango contamos con la Fiscalía de la Mujer y coordinamos con ellos porque esos casos necesitan un tratamiento especial», responde Barillas. En esos casos, las nuevas agencias cumplen la función de poner en contacto a la víctima con las unidades del MP especializadas, pero no investigan. En 2020 el delito más denunciado en todo el país fue violencia contra la mujer con 57,292 casos.
El mismo acuerdo de creación de las agencias fiscales establece que pueden recibir denuncias por cualquier tipo de delito y realizar las diligencias urgentes que el caso amerite. Además, reciben denuncias por desapariciones de mujeres, niños, niñas y adolescentes y solicitan la activación de alertas Alba Keneth e Isabel-Claudina.
«No es suficiente que se instalen fiscalías en el interior de la república, sino es fundamental que el trabajo y la atención que se brinde sea de calidad», resalta el analista en temas de justicia, Marco Antonio Canteo.
En la Ciudad de Guatemala la historia es similar.
«Esta es una de las agencias más bonitas», dijo el agente fiscal de la sede de Fraijanes, quien pidió no ser identificado por seguridad. A diferencia del resto, esta cuenta con un jardín delantero y trasero, y al igual que las demás, entre oficina y oficina hay grandes espacios vacíos.
Esta agencia es de las primeras que fueron inauguradas y tiene un costo de alquiler de 3,500 quetzales mensuales. Allí trabajan el agente fiscal, dos auxiliares, un oficial, dos técnicos en investigaciones criminalísticas y un mensajero.
Desde que fue inaugurada ha recibido 1,433 denuncias, de las cuales 72% fueron desestimadas y 8% archivadas. La mayoría de casos que reciben son amenazas y estafas, dice el agente fiscal.
El alto porcentaje de las desestimaciones es otra de las preocupaciones alrededor de la gestión de Porras y del proyecto de las 340 agencias fiscales.
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Desestimaciones desproporcionadas
Desde el inicio de su gestión, la Fiscal General insistió en que la mora judicial es demasiado alta. Su plan obedece a esto, reducirla.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), lanzó el Monitor Judicial, un sitio con estadísticas de varias instituciones de justicia. Elvyn Díaz, a cargo del proyecto, explica que analizaron la forma en la que el MP está resolviendo los casos y que solo «9 de cada 100 fueron resueltos de manera favorable a la víctima».
«Hay un incremento desbordado de las desestimaciones y no hay información que explique cuál es la política que el MP está aplicando para darle esta salida a los casos», señaló.
El investigador Canteo tiene una visión similar: «La desestimación es una decisión que se toma para no investigar el caso porque se considera que no hay delito, no hay suficientes elementos, que no hay testigos, que las víctimas no colaboraron, pero ahí no hay una solución efectiva».
La exfiscal general, Claudia Paz y Paz fue la primera que vio en las desestimaciones una manera de descongestionar el MP. En su memoria de labores de 2013 se resaltó que estas medidas permitieron depurar los casos desde el inicio del proceso y permitió a los fiscales concentrar sus esfuerzos en casos con mayor viabilidad de solución.
En la gestión de Consuelo Porras, la cantidad de casos desestimados va en aumento desde 2018. Para ejecutar este plan el MP ha pagado 61.4 millones de quetzales en alquileres para las nuevas mini fiscalías.
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El efecto de las mini fiscalías
Aunque la Fiscal General incluso recibió premios de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) por alcanzar una cobertura total en el país, todavía hay personas que llevan días, meses y años esperando una respuesta del sistema de justicia.
«Es increíble la inefectividad del Ministerio Público. Puse una denuncia por estafa y llevo casi un año esperando una respuesta para la conciliación», escribió Rodolfo Rivera en la página de Facebook del MP.
Rivera relató a Plaza Pública que en junio de 2019 presentó una denuncia por estafa alrededor de un vehículo y que hasta la fecha no ha recibido ni una llamada, correo o notifiicación del MP.
«Voy a dejar la denuncia puesta para que quede constancia por si utilizan ese carro para cometer un delito, pero estoy aceptando que me robaron el vehículo y que el Ministerio Público no hizo nada para defenderme de un acto injusto», dijo.
Con un alto porcentaje de desestimaciones, casos sin resolver y sin información pública de cuál fue la política criminal para la apertura de las sedes en los 340 municipios, el MP no da respuestas a las víctimas.
Los resultados del proyecto de Consuelo Porras serán visibles al menos en seis meses. A partir de ese período de tiempo la Secretaría de Política Criminal del MP evaluará el trabajo de las sedes. Si el plan sigue como lo fijaron ahora, el parámetro es que no acumulen mora, por lo que la presión de resolver los casos en un mes es grande para los fiscales y auxiliares. De no cumplir con sus metas, se quejan fiscales consultados, pueden ser sujetos a un proceso disciplinario.
«La instrucción es que hay que darle al usuario una respuesta en 30 días, pero no da tiempo, no nos damos a basto y en la medida de nuestras posibilidades salimos a veces a buscar a la gente. No contamos con recursos, no hay vehículo. Eso es lo que nos detiene muchas veces, nos atrasa», relata un auxiliar fiscal a Plaza Pública.
El artículo 310 del Código Procesal Penal explica que la desestimación es un proceso que puede solicitar el MP cuando el hecho «no es punible o cuando no se pueda proceder». A consideración de Elvyn Díaz, analista del ICCPG, la segunda opción hace que la naturaleza de esa medida sea muy discrecional.
Esta situación incluso ha sido advertida por Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien denunció la falta de intérpretes, recursos, vehículos y equipo para los fiscales.
«Hay que esperar seis meses para evaluar si están cumpliendo con los objetivos de resolver los casos. Hasta el momento el nivel de impunidad se mantiene alto y el nivel de efectividad no necesariamente es alentador», cierra Canteo.
En la conferencia de prensa realizada después de la presentación de su tercer informe anual, Consuelo Porras respondió a Plaza Pública por qué el proyecto se enfocó en crear agencias fiscales en lugar de fortalecer las fiscalías departamentales.
«Si solo se hubiera fortalecido las fiscalías distritales estaríamos pensando en la institución, más no en el usuario. Al abrir las agencias municipales lo estamos privilegiando porque le estamos trasladando la justicia y la probabilidad de investigación y los hechos cometidos en sus municipios, a sus municipios», respondió.
También dijo que su metodología de trabajo se enfoca en descongestionar los casos en mora en el MP, y que el límite de 30 días que tienen los fiscales para resolver un caso por un delito menor es para que las personas obtengan justicia rápido.
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«No que los casos lleven años de años en las fiscalías sino que rápidamente la población conozca una solución a su denuncia presentada», enfatizó Porras.
Mientras tanto, el Mirador Judicial del ICCPG estima que el nivel actual de impunidad en Guatemala está en 90%. El promedio entre 2008 y 2018 fue de 94.32%
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