La magistrada devota

Obtuvo 62 puntos, la tercera calificación más alta según la tabla de gradación de la Comisión de Postulación y la segunda más alta entre quienes lograron pasar a la fase final del proceso de elección y estar en la nómina de seis aspirantes de los que presidente Otto Pérez Molina escogerá al próximo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).

Su nombre no es el que más suena como favorita y pocos creen que Pérez Molina se decante por ella. Sin embargo, se muestra tranquila ante sus posibilidades de ocupar la jefatura del Ministerio Público y fundamenta en su fe esa tranquilidad. “Por principios y formación creo firmemente en la misericordia de Dios. Esa es mi mayor fortaleza y todo lo que se me otorga es porque él lo permite”.

Al igual que el resto de sus contendientes, se entrevistó con el mandatario el pasado 2 de mayo. El resultado, según explica, fue positivo. “Fue excelente. El presidente fue muy receptivo y muy profesional“. Al salir, intentó con un saludo evadir a los periodistas que la esperaban en el primer piso de la Casa Presidencial para conocer sus impresiones, pero los reclamos al unísono la hicieron detenerse para responder unas preguntas.

Su primera reacción fue de duda. Dio un paso hacia el pedestal que sostenía los micrófonos de los medios de comunicación, pero se detuvo a medio metro de ellos, con la esperanza de que no grabaran su voz en ese momento, con la actitud de alguien aún con poca costumbre de estar ante las cámaras. “Lo que pasa es que a mí nadie me viene a entrevistar”, señalaría unas horas más tarde en su despacho.

Ante las peticiones de lo reporteros debió finalmente pegarse al pedestal. Empezó a responder preguntas de forma paciente, sin prisas, con las manos juntas, una voz apacible y una ligera sonrisa en los labios. Ocasionalmente dirigía alguna frase de cortesía a quienes la cuestionaban, o alguna frase religiosa, pero con una soltura y precisión que hacían dudar que fuera la misma persona que, instantes atrás, había tratado de huir de los micrófonos.

La visión

María Consuelo Porras Argueta de Porres, nació en San Juan Comalapa, el municipio del Chimaltenango considerado como la cuna del arte “naif” de Guatemala, el 23 de agosto de 1953. Se graduó de Abogada y Notaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y obtuvo las maestrías de Derecho Penal y Gestión Jurisdiccional, en las universidades privadas San Pablo y Rural. También ha realizado estudios de doctorado en Derecho en la universidad Mariano Gálvez.

Entre 1996 y 2004 ocupó diversos cargos en el Ministerio Público. Empezó como agente fiscal y llegó a la jefatura de sección de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. En octubre de 2004 fue elegida magistrada de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Antigua. A partir de entonces inició carrera en el Organismo Judicial en el que lleva diez años.

Algunos de sus exsubordinados la recuerdan como alguien de mal genio, o al menos así era para quienes no lograban conseguir su simpatía. Recuerdan también, con gracia, que se organizaban meriendas entre los compañeros y periódicamente cada miembro debía llevar la comida y la de ella “siempre era la menos apetitosa”.

En caso de regresar al MP tiene ya algunos proyectos en mente. Al igual que la mayoría de sus competidores en el proceso, la magistrada tiene previsto cambiar el modelo de gestión para que evitar lo que califica como “la discordancia entre la labor de los investigadores y la de los litigantes”. En su planteamiento, los investigadores deben ser abogados con habilidades especiales que también deben ser los responsables de litigar los casos en los tribunales.

También planea abrir más fiscalías en el interior del país y crear una oficina de proyección a la sociedad que atienda directamente a todos los sectores para conocer sus necesidades. “De tener la suerte, la oportunidad y la bendición de nuestro Divino Creador, se va a formar esa unidad”, confía.

Considera que la figura del “testigo protegido” (colaborador eficaz) se ha convertido en una de las “pruebas reinas” dentro del MP, por lo que propone fortalecer la unidad responsable de estos, para darle la garantía de que luego de brindar su declaración no será asesinado al salir a la calle como ha ocurrido en decenas de casos anteriores.

Aunque es crítica de la gestión de Claudia Paz y Paz, aclara que no todo está mal en el MP. Ninguno de los logros alcanzados durante la administración de Paz y Paz, que concluirá en dos semanas, “se perderá”, asegura. En esa línea, su plan de trabajo incluye un período de evaluación para contar con el diagnóstico general de la institución.

“Al mes, si Dios me permite llegar, yo informaré cómo encontré la institución y sobre esa base me lanzaré sobre mi proyecto de reforma”, expone. Se enfocará, dice, en los resultados no las estadísticas “porque nos interesa hacerle el bien –y baja la voz hasta dejar solo un susurro– a Guatemala”.

El camino recorrido

Porras es una mujer de 60 años que no puede ocultar su orgullo cuando dice que dedicó los últimos 40 a su ejercicio profesional. Su esposo es Gilberto Porres, exsecretario general de la Procuraduría General de la Nación, y actual miembro del Consejo del Ministerio Público, se desempeñó en la misma unidad que Porras dirigió en el MP, y actualmente se encuentra en la de Delitos contra el Ambiente.

La carrera de Porras en el sector público empezó aún antes de convertirse en abogada. En 1973 trabajó como maestra para la Secretaría de Bienestar Social y, posteriormente, en el Ministerio de Educación. Aunque hace muchos años que dejó de ejercer esta profesión, su forma de expresarse conserva algunos de los modos y formas de los docentes cuando explican la lección a los alumnos, y no avanza con la conversación sin antes estar segura de que lo que ha expresado se comprendió correctamente.

Trabajó también en la cartera del Interior en donde fue jefa de personal del anexo de la Tipografía Nacional, jefa de la Sección de Recopilación de Leyes, y asesora jurídica.

En 2009 se presentó como candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso en el que obtuvo 71 puntos de calificación por parte de la Comisión de Postulación, pero no fue incluida en la nómina de los 26 aspirantes que fue enviada al Congreso para elegir a los 13 que integran el cuerpo colegiado de dirección del Poder Judicial. También se postuló como aspirante a magistrada de las Cortes de Apelaciones. En ese proceso sí contó suerte. Fue calificada con 58 puntos, y elegida como vocal II de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia.

Sus excompañeros de trabajo señalan que fue con la actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras Escobar, con quien empezó a cabildear para su elección en 2004, y alguno hasta rememora la imagen de la hoy aspirante a la jefatura del MP en el Congreso con varios currículos en mano para entregarlos a los diputados, señalamiento que ella niega enfáticamente y sostiene que ese año únicamente lo entregó a la postuladora en el Paraninfo Universitario, según el procedimiento legal.

Mientras que Porras Escobar, tras aclarar que no hay parentesco entre ellas, se limita  a decir que prefiere no pronunciarse sobre ninguno de los aspirantes a Fiscal General, debido a que conoce personalmente a los seis.

La docencia universitaria –otro elemento identificado como valioso en el proceso de selección de las postuladoras– también está en su currículo. “13 años de ejercer la docencia universitaria y, de verdad, todos los estudiantes… orgullosos de tener una profesora –nuevamente con un susurro– de esta calidad personal”.

La primera dificultad que encontró su candidatura a fiscal no viene del ejercicio público, sino del ámbito privado. La Convergencia por los Organizaciones de Derechos Humanos, integrada por 12 entidades sociales, presentó una “tacha” en contra de su postulación, en base a una resolución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de hace diez años. La magistrada es propietaria del colegio El Pilar, en Mixco. En 2004 el entonces PDH, Sergio Morales, resolvió que este colegio había violado el derecho a la educación de una estudiante del plantel. En la resolución se explica que, por motivos de seguridad, en 2003 el colegio y la madre de la alumna acordaron un sistema de educación a distancia en el que se le trasladarían las tareas de forma semanal. La alumna perdió el año y la oficina del PDH concluyó que el centro educativo estableció que la inscripción de la alumna para el ciclo 2004 debía ser bajo los mismos términos del año anterior, aun cuando las amenazas a la seguridad de la estudiante habían desaparecido. Morales también resolvió: “existen indicios racionales de responsabilidad de la directora del centro educativo, en referencia de, señora María Consuelo Porras Argueta”.

El cuestionamiento sobre esta “tacha” no la inmuta, mantiene su gesto de amabilidad y agradece la oportunidad de aclarar esta situación. Según explica, fue la madre de dos alumnos quien llegó a un convenio con la subdirectora del plantel debido a que uno de ellos se había involucrado con pandillas y le preocupaba su seguridad. En su explicación, la subdirectora le ofreció cambiar de jornada a la alumna para no poner en riesgo la vida de los demás estudiantes y esto provocó la denuncia de la madre.

Porras aclara también que hubo una equivocación de la persona. “Yo no aparezco en todo el expediente y al final en lugar de poner el nombre de la directora, que era mi hermana, pone el mío”, asegura.

Decisión salomónica

Entre quienes han manifestado objeción a que sea nombrada como Fiscal General se encuentra Leonel Dubón, director ejecutivo de Refugio de la Niñez, una organización enfocada a la protección de los derechos de los niños en Guatemala, que forma parte de la Convergencia por los Organizaciones de Derechos Humanos.

Dubón es el responsable de otra “tacha” contra Porras, a quien señala de no ser idónea para el cargo con base en resoluciones de la Sala de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia. Sus señalamientos se centran, por ejemplo, en haber aplicado de forma innecesaria una Ley diferente a la que establecen los procedimientos legales, el haber tomado decisiones que le corresponden exclusivamente al Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y haber admitido una maternidad sin pruebas.

Sin embargo, existe un caso al que Dubón le pone un especial énfasis. Se trata de una pareja de esposos que no podía tener hijos, por lo que convencieron a una mujer de que fuera la madre biológica y se embaraza del esposo para luego entregarle el hijo recién nacido, “una práctica totalmente ilegal”, aclara.

Posteriormente, el esposo se separa y convence a la madre biológica para que reclame al niño y ponga en evidencia el pacto convenido entre los tres participantes. El juzgado responsable determina que se violaron los derechos del niño y le otorga la custodia a los abuelos paternos.  

Cuando la decisión llega a la Sala de Apelaciones integrada entre otras personas por Porras, ésta decide que el niño debe pasar una semana en cada entorno familiar. “¿Qué desarrollo puede tener ese niño con una semana en cada hogar?”, cuestiona Dubón, quien añade que en este caso se tomaron decisiones que no corresponden a la legislación guatemalteca.

Porras explica que lo que se dejó fue un abrigo a la madre legal y al padre biológico “ellos a través de cualquier recurso podrían haberlo impugnado si no estuvieran de acuerdo”, sostiene. Además, asegura que se trata de un fallo legal e histórico, tomado de manera colegiada, en el que se evaluó no sólo la legislación guatemalteca sino convenios internacionales.

La ira del tribunal

Sin embargo, comentar las interioridades de este caso –a pesar de que se trata de información pública– le ha traído consecuencias inesperadas a Dubón.

En el marco del proceso de elección del próximo Fiscal General, el director de Refugio de la Niñez participó en una entrevista televisiva en Vea Canal, donde reiteró los fundamentos por los que no considera a María Consuelo Porras como una persona idónea. Al igual que en la tacha planteada ante la comisión postuladora, Dubón citó como ejemplos algunas de las resoluciones del tribunal.

Como resultado, el tribunal (con firmas de Porras como vocal II, el presidente, el vocal I y el secretario) emitió dos oficios. En uno de ellos se le fija un plazo de cinco días a Vea Canal para que proporcione el video con la entrevista de Dubón. “Dentro de dicha entrevista, claramente el licenciado Leonel Dubón hace énfasis en manifestar no estar de acuerdo e indicando que los miembros de esta Sala se han desviado en su actuar”, establece también el documento, por lo que los miembros de la Sala citan, entre otros, el artículo el 123 de la Ley del Organismo Judicial, en el que se expresa la posibilidad de un juez debe excusarse en caso de “enemistad grave”. Es decir, cuando se haya tratado de dañar su persona, su honor, sus bienes o a sus parientes.

“Yo a veces le digo a ella que debe tener una actitud de escuchar más a la gente”, expresa Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, sin embargo prefiere no comentar sobre su trabajo judicial sin tener las resoluciones a la mano.

El parecer de Dubón es menos conciliador, y asegura que si la Sala decide excusarse en los casos que se plantean, él puede elevar el litigio a instancias internacionales, pues toda la información que proporcionó a los medios de comunicación es pública y no amerita represalias de ese tipo.

Sea cual sea el resultado se aplicaría una de sus frases. “En todo proceso hay dos partes: una que quedará satisfecha y la otra que no”.

Pero ni este conflicto ni cualquier señalamiento que haya formulado la sociedad civil en su contra, impidió que la Comisión Postuladora la considerara una de las seis personas con posibilidades de sustituir a Claudia Paz y Paz. María Consuelo Porras está ya sólo a unas horas de saber si sigue en Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia o si debe mudar el altar de la virgen de Fátima que tiene en su oficina, al despacho principal del colosal edificio del barrio Gerona.