Exenciones fiscales: un disparo en el pie

Es por eso una aberración que en este contexto se esté discutiendo en el Congreso una iniciativa de ley para exonerar de impuestos al sector ganadero, que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca amplió para eximir también otros productos como café, cardamomo, azúcar, cereales, papas, hortalizas, legumbres, frutas, nueces, ornamentales, lácteos, mariscos y miel. Virtualmente, toda la producción agrícola y ganadera, para estar claros.

El sector agropecuario (a través de sus operadores en el Congreso) quiere blindarse de los procesos de fiscalización de la SAT y reducir al máximo su contribución al fisco: se eliminan virtualmente todos los impuestos y derechos arancelarios al sector, que se sustituyen por un impuesto único del 1 % del valor de ventas.

Crear este régimen de impuestos especial y eliminar las obligaciones de facturar reduciría los ingresos del Estado en 1 156 millones de quetzales anualmente. Estos ingresos serían mejor aprovechados en estrategias para mejorar la productividad y la competitividad del sector agrícola, pero pocos confiamos en que esa sea la verdadera intención. Tampoco una propuesta similar de Álvaro Arzú Escobar, que quiere eximir de impuestos (IVA e ISR) a emprendedores nuevos, lograría sus supuestos motivos. Facilitar que más empresarios se integren a la economía requiere simplificar procesos, usar procesos de gobierno en línea y reducir trabas para que más gente pueda formalizarse y ahorrar costos de operación.

Más a fondo, crear regímenes distintos para cada sector nos colocaría ante la ley a actores económicos en planos de franca inequidad. Blindar a grandes sectores de la fiscalización y de la rendición de cuentas es un intento desesperado por evitar los controles, necesarios y bienvenidos, que la SAT está implementando para reducir la evasión. Con otras propuestas similares de eximir impuestos a sectores particulares, virtualmente estamos echando el Estado a hombros de la población asalariada formal, pequeña y débil como es.

El problema es que el país debe elevar la inversión para cumplir con los propósitos (declarados) de elevar la productividad y la competitividad de sus principales sectores y de fomentar la actividad empresarial. Pero esto importa poco al titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez, y al presidente Jimmy Morales, quien, más allá de proponer una mesa de diálogo para calmar las diferencias entre sus ministros, debió proteger los avances de su equipo: el énfasis en fiscalización y facilitación del comercio de la SAT y el esfuerzo de Finanzas por hacer la gestión presupuestaria transparente y eficiente van por buen camino. Si el presidente no los defiende, se arriesga a que colapse uno de sus pocos logros en recuperar las instituciones. Sería un disparo en el pie.