La historia de Marbella —que figura en un informe reciente de Amnistía Internacional— puede parecer un caso aislado para quien no conoce la situación de violencia, estigmatización y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en Guatemala. Pero es un fenómeno cada vez más fuerte y que, sumado a la espiral de violencia en la que vivimos en la región, está llevando a muchos conciudadanos a huir del país en busca de protección. Huyen para salvar la vida.
Crímenes por prejuicio
Si bien no se cuenta con cifras oficiales precisas sobre ataques a personas LGBT en países del Triángulo Norte, diversas organizaciones han documentado el efecto de la violencia motivada por la orientación sexual o la identidad de género.
Esta violencia encuentra sus raíces en un ambiente de discriminación y estigmatización que ve en la persona LGBT un alejamiento de las normas sociales y de los roles de género tradicionalmente establecidos. La violencia debe entenderse en este contexto como un mecanismo de control y corrección por transgredir esas normas. Y son los hombres gays y las mujeres trans —los grupos más visibles e identificables de la comunidad LGBT— los que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad ante las distintas formas de intimidación, las amenazas, las agresiones físicas, la violencia sexual e incluso el asesinato.
En Guatemala, por ejemplo, se reportaron 40 asesinatos de personas trans en 2016, mientras que Honduras registró 86 entre 2009 y 2016. En El Salvador ocurrieron 28 ataques graves —incluyendo asesinatos— entre enero y septiembre de 2017.
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En nuestro país, las protecciones contra la discriminación no incluyen la orientación sexual o la identidad de género como circunstancias agravantes. Y la propuesta de la diputada Sandra Morán para enmendar esto naufragó en un Congreso insensible y en un clima político hostil.
Violencia en origen, tránsito y retorno
Acudir en busca de asilo y refugio no es una opción en la mayoría de los casos: es la única alternativa para la supervivencia y la protección de la integridad personal.
Pero, en la búsqueda de protección en México o Estados Unidos, el camino está plagado de nuevas formas de violencia y discriminación. Dos tercios de los refugiados LGBT procedentes de Centroamérica sufrieron violencia sexual y de género a su paso por México, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Además, mientras permanecen bajo detención migratoria, muchas veces se les niega su acceso efectivo a su derecho de solicitar asilo o son víctimas de violencia de otras personas detenidas o de guardias de seguridad.
En nuestro mundo actual, al migrante se le sigue estigmatizando por su condición de destierro. Y no se cuenta con mecanismos para garantizar sus derechos en origen, tránsito, destino y retorno. Pero, en un contexto en el que las políticas migratorias están endureciéndose aún más, es importante prestar atención a quiénes son víctimas de un doble estigma.
Y en el caso de los migrantes LGBT, el sufrimiento es desmesurado. El Washington Post incluso acusa a la administración Trump de enviar a migrantes LGBT de vuelta al infierno. Pero el problema es más de fondo e implica que los Estados deben garantizar los derechos de las personas LGBT y de los migrantes plenamente. Esto pasa por empezar a entender la profundidad del problema.
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