Mi enfoque primario es de retrospectiva. Y mi tesis es que, en el tema del diseño electoral y de partidos políticos, en Guatemala hemos transitado por dos modelos operativos: 1) el de corte institucional, hecho para la transición de las dictaduras militares a una democracia electoral, y 2) el de fortalecimiento del árbitro electoral para contener los abusos del sistema mercantilizado o privatizado, en el que poco a poco fue cayendo el modelo vigente. En esa fase estamos.
Pero falta un tercer modelo, el que llamo de ciudadanización o de democratización del régimen electoral y de los partidos. Ese es el que está pendiente.
El primer modelo funcionó bien hasta 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Este insistía en la competencia electoral y en el régimen de partidos como mecanismos de participación del poder. Y, en esencia, de eso se trata la democracia electoral, con el añadido vernáculo de que se acabarían los fraudes y la persecución del pluralismo político (esto es, las diferencias ideológicas ya no serían ni delito ni condenas de muerte) por medio de una tribunal electoral independiente.
El modelo se vio reforzado o mejorado cuando entró en vigor el decreto 10-2004, un conjunto de parches de lo mismo que sin embargo lograba acercar la participación electoral ciudadana a las urnas y a los partidos, de modo que fuera masiva y con identidades fiables (se creó el Registro Nacional de las Personas —Renap— y se depuró el padrón, por ejemplo).
Pero no fue sino hasta después de las elecciones generales del 2011 cuando se confirmó el consenso de críticas: el problema central del régimen era su modelo mercantilista. Dados el esquema privado sobre el que caminan los partidos y el excesivo costo de las campañas y de las casillas electorales, así como de la tasa de retorno convertida en corrupción, se concluía que los partidos ya no eran expresión del pluralismo político, sino del negocio corrupto de lo público; que los candidatos ya no eran políticos, sino comerciantes de la política; que los partidos ya no eran entidades de derecho público, sino patrimonios familiares; etcétera.
Así pues, a pesar de que el decreto 26-2012 cambió el modelo operativo, no lo hace todavía de manera sustantiva. Sigue el vehículo sobre un camino de terracería. El ejemplo que uso es este: se le hizo overhaul al vehículo, pero este sigue siendo el mismo y, lo que es peor, camina sobre una terracería, y no sobre una autopista. Hace falta un modelo todoterreno en el cual los máximos beneficiarios sean la ciudadanía y la democracia misma, es decir, las instituciones electorales y el desarrollo humano por medio de políticas públicas y de economía sana.
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Para lograr lo anterior, el nuevo modelo electoral debería seguir los siguientes procesos: 1) financiamiento público de campañas y partidos, 2) democratización interna de los partidos, 3) ruptura con el monopolio de los partidos mediante las candidaturas y la apertura de listas o candidaturas ciudadanas libres y 4) proseguir con el refuerzo de la autoridad electoral.
En lo primero ya se avanzó algo, especialmente en materia de transparencia y equidad de acceso de los partidos a los medios de comunicación (artículo 51). En lo segundo se avanzó en el reconocimiento de las minorías en los comités ejecutivos (artículo 13) y en el destino específico de la deuda financiera electoral (artículo 21 bis, literales a, b, c y d). En lo tercero se avanzó, pero aún se discute que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea de verdad supremo y tenga más financiamiento. Se discute también que los magistrados suplentes participen en los plenos internos y que se elimine la comisión de postulación para su integración, entre otros temas.
Pero los puntos específicos deberían ser 1) prohibición del nepotismo para cargos partidarios o de elección popular, 2) financiamiento público completo o equilibrado, 3) apertura de listas electorales y candidaturas independientes, 3) voto secreto en todas las asambleas partidarias, 4) retención del libro de actas partidario por parte del TSE, de modo que lo que allí se haga constar no sea la versión de las autoridades partidarias, sino la del TSE, 5) requerimiento de los partidos de que cuenten con institutos de gobierno (formación, análisis y propuestas de políticas), 6) democratización de la integración de las juntas electorales y 7) integración proporcional de mujeres, jóvenes y pueblos mayas en las listas electorales.
Mientras tanto, como se notó en el informe de la Asíes, el mayor problema sigue siendo la privatización de las campañas, la cual se convierte en negocio. Una tabla comparativa con datos oficiales muestra que los votos efectivos más baratos en la anterior elección fueron los de Encuentro por Guatemala (EG), o bien los de FCN-Nación, con no más de Q1.00 en promedio. Mientras tanto, los partidos Líder y UNE habrían gastado Q12.00 en promedio, si bien el primero fue el único que sobrepasó el techo de gastos de campaña.
Las variables que inciden en la reducción de costos siempre van a ser la credibilidad de los candidatos y las ofertas electorales.
En cambio, el voto más caro fue el de Corazón Nueva Nación (CNN), con Q77.00 por voto efectivo, seguido por el del partido Convergencia, con Q20.80 por voto efectivo y que convierte a este partido en el que más gastó (casi 12 millones de quetzales). Eso significa que los tres diputados del bloque fueron, en la relación costo-beneficio, de los más caros (4 millones de quetzales cada uno). El problema es que lo que en realidad se aportó en unos 25 distritos electorales no supera los Q110 en cada uno (dando un gasto general de aproximadamente Q1 375.00 a nivel nacional), lo que nos deja unos 10.5 millones de quetzales de gasto, sin más explicación que los precios de mercado de los spots en canales de televisión abierta (infomerciales).
Tales situaciones no deberían pasar. El TSE debe promediar ahora los costos de spots tanto en televisión abierta como en cable, así como en papel y en radiofrecuencias. La transparencia también está en que se desagregue detalladamente cómo fue que se gastó cada centavo y que no quepa duda de los orígenes y destinos de ese dinero.
Por ahí debe caminar la siguiente reforma electoral. Y, pese a todo, la pregunta final sin responder es la siguiente: una vez realizado el censo de población y habitación, ¿se ajustará el número de diputados al Congreso de la República?
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