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El jefe de la Fiscalia Especial Contra la Impunidad - FECI - en julio 2020

Hay 47 acusaciones contra Juan Francisco Sandoval. Esta es la lista de los que lo denuncian

Nils Leporowski, presidente de Cacif, aseguró que no han puesto ninguna denuncia penal o administrativa, pero agregó que evalúan «presentar acciones penales»
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Hay 47 acusaciones contra Juan Francisco Sandoval. Esta es la lista de los que lo denuncian

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Este listado muestra las 47 acusaciones penales y administrativas en contra del titular de la FECI, entre los denunciantes están la Fundación Contra el Terrorismo, Sandra Torres, y una queja de Cacif que la Fiscalía de Asuntos Internos convirtió en una denuncia administrativa, entre otros. El gobierno de los Estados Unidos defendió al fiscal Sandoval.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ha sido denunciado penal y administrativamente producto de las investigaciones en contra de funcionarios del gobierno y distintas figuras públicas. En total, el fiscal tiene 47 procesos abiertos en el Ministerio Público (MP), según un documento al que Plaza Pública tuvo acceso.

Los denunciantes son personas e instituciones vinculadas a la vida política o involucradas en casos de corrupción u otros delitos relacionados con estructuras criminales que se han beneficiado del Estado. Del total de procesos, 16 están en la Fiscalía de Asuntos Internos, la cual investiga el comportamiento del personal del MP y podría llevar a una sanción, suspensión o incluso presentar argumentos para su destitución.

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La semana pasada, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras, tramitó nueve procesos administrativos en contra de Sandoval y otros miembros de la FECI. Tres de estos fueron recomendados por los asesores de Porras Héctor Aníbal de León Velasco y César Isaac Payés Reyes. En un comunicado, el MP declaró que «las denuncias por fallos administrativas se reciben y son enviadas a la Supervisión General, no son iniciadas por la Fiscal General de manera arbitraria».

Una de las denuncias desde la oficina de Consuelo Porras fue planteada porque Sandoval pidió aprobación para trasladar un expediente de investigación hacia la FECI, por seguridad no es público el nombre del caso o involucrados en este proceso. La investigación estaba en otra fiscalía por ser una denuncia antigua. El procedimiento habitual en el MP estipula que la fiscalía que tiene el expediente más antiguo debe conocer el caso, sin embargo, la investigación de la FECI determina un delito mayor, y eso, según la misma norma, es superior a la regla de temporalidad.

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Otra acción que también salió del despacho superior del MP fue la vinculada con la solicitud de antejuicio contra Leyla Lemus, secretaria general de la Presidencia. En ese caso, Porras le impidió a Sandoval que solicitara retirarle la inmunidad a Lemus por supuestamente haber conspirado contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Además, Porras decidió que este caso se trasladara a la Fiscalía de Delitos Transnacionales.

La tercera denuncia promovida por los asesores de Porras es la que interpuso el magistrado de Apelación, Wilber Castellanos, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

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En el mismo comunicado, el MP informó que durante 2019 y 2020 se han presentado 66 denuncias en contra de funcionarios de la institución. En ese periodo, casi la mitad (30) son en contra del jefe de la FECI, según el documento al que tuvo acceso Plaza Pública. En 2019, fueron 8 y en 2020 otras 22. Tres fiscales más de la FECI acumulan nueve denuncias en estos dos años. En total, los integrantes de esta fiscalía son el objetivo de al menos 39 de esas 66 que indicó el MP. 

Los denunciantes

La lista de acusadores de Sandoval es amplia, pero es la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), presidida por Ricardo Méndez Ruiz, la que interpuso más denuncias. Esta organización presentó 18 acciones en contra del fiscal. La mayoría de ellas (12) son de este año. Una la registró el 10 de diciembre de 2018 junto con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y fue recibida por la Fiscalía de Asuntos Internos. Otras dos se encuentran en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, una presentada el 29 de junio pasado y lo acusan de homicidio por la muerte del abogado Jeanpierre Mota Ubico. La otra fue por la muerte del exministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, que se suicidó en medio de un operativo.

Al ser consultado por qué la Fundación Contra el Terrorismo presenta denuncias en las que no está involucrado como acusado o querellante, Ricardo Méndez-Ruiz indicó que es parte de los estatutos de la Fundación, los cuales dictan que su misión es velar por el debido proceso, «por que se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos». «Nosotros consideramos, estamos seguros, que Juan Francisco Sandoval ha violado sistemáticamente la ley», dijo Méndez-Ruiz.

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Una de las acusadas por la FECI en casos de corrupción, Sandra Torres, ex candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó dos denuncias en contra del Fiscal. Ambas a raíz del caso por financiamiento ilícito de la UNE. Una de ellas, acompañada de los diputados Estuardo Vargas, Karina Paz, Jairo Flores y Julio Ixcamey. Otra denuncia por el mismo caso la presentó la Secretaría General de ese partido el 5 de septiembre del 2019, cuando Torres ocupaba ese cargo.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras (Cacif) figura en el listado, aunque la suya no es una denuncia penal. Según informó la defensa de Sandoval, la patronal presentó una queja ante el MP a partir de la cual la Fiscalía de Asuntos Internos inició una denuncia administrativa.

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Los integrantes de Cacif se molestaron por un párrafo en el informe que el MP entregó al Congreso para exponer los señalamientos en contra de candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ese fragmento de texto es una cita de un análisis realizado por la Fundación Myrna Mack y vincula a la patronal con los grupos de operadores para colocar magistrados en las cortes del país.

Nils Leporowski, presidente de Cacif, aseguró que ellos no han puesto ninguna denuncia penal o administrativa, pero agregó que evalúan «presentar acciones penales en contra del fiscal Sandoval, porque incurrió en errores graves respecto a poner en un informe del Ministerio Público recortes mediáticos e información que no tiene sustento probatorio», agregó.

Entre otros denunciantes están Gustavo Alejos por los cinco casos en su contra, Julio Ligorría por el caso Construcción y Corrupción, Denis Herrera Arita por el caso Comisiones Paralelas 2020, Haroldo Mendoza Matta por el caso Cancerbero, Luis Fernando Valladares Guillén (Tigo) por el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, Felipe Alejos por el caso Traficantes de Influencias, Igor BItkov por el caso Migración, la Oficina Nacional contra la Tortura, Bárbara Hernández, entre otros.

La abogada Claudia González, defensora de Juan Francisco Sandoval, cuestiona la legitimidad de estas denuncias. Además, plantea que tantas acciones muestran una tendencia de acoso, hostigamiento e intimidación contra la labor del fiscal. «Están tratando de quebrar su espíritu para impedir que siga investigando», opinó la abogada.

En el caso de las denuncias de la Fundación contra el Terrorismo, González indicó que la organización no está vinculada con los procesos que denuncian, por lo que entiende las acciones como intento de obstaculizar la averiguación de la verdad.

Plaza Pública solicitó al MP su postura respecto a que la mayoría de denuncias presentadas contra fiscales estaban dirigidas a Sandoval o su equipo, la unidad de comunicación respondió con el texto del comunicado ya mencionado.

Respaldo de Estados Unidos a Sandoval

Al respecto, Michael G. Kozak, subsecretario interino del Departamento de Estado de los EE.UU. para los asuntos del Hemisferio Occidental emitió un tuit en el que enfatizó: «La Fiscal General tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción adondequiera que conduzcan. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción de la FECI». La embajada de EE.UU. en Guatemala replicó y tradujo el tuit del diplomático.

Porras respondió ese mensaje en un comunicado desde la cuenta oficial de Twitter del MP. La Fiscal General aseguró que todas las denuncias contra funcionarios de la entidad que dirige deben tramitarse sin sesgo político o mediático. También mencionó que, en una reunión sostenida con Kozak el 29 de septiembre pasado, el funcionario indicó: «No podemos ni vamos a influir de ninguna manera en las decisiones que ustedes puedan tomar, ese no es nuestro papel, sino es la decisión soberana del pueblo de Guatemala».

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En respaldo al Subsecretario Interino, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los EE.UU. Eliot Engel, subrayó desde la cuenta de esa sala de trabajo que «el Congreso de los EE.UU. apoya la persecución de los casos legítimos de corrupción en Guatemala y rechaza los intentos de perseguir a la FECI».

También en sus cuentas de Twitter, exembajadores de EE.UU. en Guatemala, secundan a Kozak. Stephen McFarland, resaltó que EE.UU. entiende que, si defenestran a la FECI, jueces o magistrados «el próximo paso sería acabar con la lucha contra el crimen organizado. Así pasó en Venezuela bajo Chávez». Todd Robinson expresó que «la lucha es contra la corrupción no en contra de los/las luchadores de la corrupción (sic)».

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) destacó que le preocupa la situación de riesgo que enfrentan los fiscales de la FECI, por lo que estipuló realizar una supervisión reforzada del cumplimiento de la obligación de investigar. Esta figura es un mecanismo que implica un seguimiento más cercano de las sentencias. En este caso, se trata de la sentencia del caso Ruiz Fuentes versus Guatemala, en el que están vinculados ex funcionarios de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación. 

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