¿Incrementar impuestos o cobrar bien los que ya se tienen?, por Enrique Montano
¿Incrementar impuestos o cobrar bien los que ya se tienen?, por Enrique Montano
Enrique Montano, diputado del partido Unionista y presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, expone algunos cálculos e ideas por los que cree que mejorar los ingresos del Estado no pasa por subir impuestos sino por combatir el comercio ilegal, y propone revisar la legislación sobre defraudación y contrabando.
Diversos sectores discuten si en Guatemala la carga tributaria es lo suficientemente alta. Esta discusión es irrelevante mientras no recaudemos de forma efectiva los impuestos que ya existen. Este problema de fondo es complejo y difícil de tratar desde todo punto de vista. Sin embargo, es necesario para atacarlo de raíz. Es posible mejorar la recaudación, fortalecer las capacidades del Estado, aumentar la inversión extranjera y lograr una mayor generación de empleo, siempre y cuando se cuente con un marco legal adecuado, moderno y actualizado. Con eso, no me parece necesario crear nuevos impuestos.
Uno de los problemas principales es el comercio ilícito de mercancías, y el país debe tratarlo de forma urgente, profunda e integral.
El contrabando y la defraudación aduanera tienen su origen en la época colonial, pero siguen siendo un gran problema para las personas, el erario público y el sector empresarial. Sus implicaciones económicas, sociales, institucionales y políticas afectan no solo al aparato público, sino a toda la sociedad: vulneran la seguridad nacional, debilitan al Estado, fomentan la competencia desleal, aumentan la corrupción y la impunidad y atentan contra la salud y el bienestar de los guatemaltecos. Combatirlo excede ya la capacidad del Estado.
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La Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros define contrabando como «la introducción o extracción clandestina al y del país de mercancías de cualquier clase, origen y procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, aquello que no cause perjuicio fiscal. También constituye contrabando la introducción o extracción del territorio aduanero nacional, de mercancías cuya importación o exportación está legalmente prohibida o limitada.»
Según la ley, la defraudación “es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero. También constituye defraudación la violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo esa legislación.”
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El contrabando y la defraudación aduanera son flagelos que reducen en enorme medida la recaudación tributaria en Guatemala, a partir de la cual se debería financiar el gasto público que requiere el Gobierno para atender sus obligaciones fundamentales.
Según la Asociación de Investigación y Estudios Económicos y Sociales (Asies), en 2015 el valor de los bienes defraudados en aduanas o contrabandeados ascendió a 17,276 millones de quetzales, equivalente a 3.5 % del PIB. «Debido a que se trata de una estimación realizada a partir de las cifras de consumo privado de las cuentas nacionales, no es posible distinguir entre lo que corresponde a contrabando y lo relativo a defraudación aduanera. Debido a que se trata de actos ilícitos con características sustancialmente diferentes, las estimaciones de cada uno deben hacerse por separado, con métodos y técnicas distintas.»
Para el año 2019 se estimó que el ingreso de mercadería por contrabando fue entre 28,000 y 32,000 millones de quetzales, según Central American Business Intelligence (CABI), lo que representa una brecha de impuestos no recaudados de 1,200 millones. Paulo de León, de CABI, calcula que el valor de la mercadería contrabandeada representa el 3.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale a una pérdida de crecimiento económico entre el 0.7% y 0.9%, que repercute en el empleo, la inversión y la recaudación.
«Utilizando una metodología de cálculo tendencial y de correlaciones con la economía, CABI ha encontrado que la brecha de impuestos no recaudados producto del contrabando se siente a un ritmo de mil millones al año. Es decir, si se mantiene la actual tendencia, habrá costado al Gobierno esa cantidad de impuestos que no entran a la recaudación del Gobierno. Esto es congruente con las estimaciones de la misma SAT, que ha alertado varias veces que tiene una brecha o agujero de ingresos cercano a los dos mil millones», según la Estimación del Contrabando para el año 2019 para la Cámara de Industria de Guatemala.
Otras aproximaciones estiman que para 2019 todo el comercio ilícito (contrabando, defraudación, drogas, falsificación de marcas, etc.) podría representar una brecha tributaria de alrededor de los 35,000 millones de quetzales. Esto representa más del 50 % de la recaudación de impuestos de 2019.
En el estudio citado, Asies recomienda «una renovación completa de la legislación específica contra la defraudación y contrabando aduaneros, así como armonizar otra legislación atinente, que le permita al Estado contar con un marco legal moderno para ser más efectivo.»
Si bien el marco legal actual que regula el contrabando y la defraudación aduanera es extenso y variado, es una realidad que ha quedado obsoleto y su aplicación es deficiente y problemática.
Tomando todo esto en cuenta, veo urgente una nueva normativa que contenga, como mínimo, una mejor definición de los delitos de contrabando (que incluya aspectos sanitarios) y de defraudación aduanera, el fortalecimiento de la acción del Estado contra los contrabandistas y defraudadores aduaneros, el aumento de penas por dichos delitos, una mejor coordinación de los entes del Estado encargados, más claras definiciones de la responsabilidad de los entes del Estado y que dichos flagelos se definan como un asunto de seguridad nacional. La inversión en tecnología también es un componente esencial que permitirá a las autoridades combatir dichos flagelos.
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Una regulación sobre la materia que se adapte a la realidad actual del país, moderna, clara y eficiente, permitirá incrementar la recaudación de forma significativa. El Estado podrá destinar dichos recursos a atender los graves problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca y que son obligaciones fundamentales del Estado de Guatemala y que deben ser atendidos urgentemente: ampliar los servicios de salud preventiva y primaria, disminuir la desnutrición crónica, mejorar los básicos, enriquecer los programas de educación, invertir en seguridad y justicia y mantener (y expandir) la red vial del país, entre otros.
Convencido de lo anterior, estoy también consciente de que es un tema álgido y difícil para cualquier legislador o servidor público. El solo hecho de mencionar que se impulsará un proyecto de ley sobre el contrabando y la defraudación aduanera es delicado, implica un riesgo alto, incluso para la propia vida, por las implicaciones que conllevaría para el contrabandista y el evasor.
Por otro lado, la propuesta de «subir los impuestos» es sencilla: cualquier legislador propone una iniciativa de ley al respecto, se le da trámite a lo interno del Congreso y es probable que se logre su aprobación. Atacar el verdadero problema desde la raíz es lo difícil, lo que requiere agallas y un verdadero compromiso del servidor público, de la sociedad guatemalteca y de los líderes políticos.
Finalmente, y en base a todo lo expuesto, reitero mi compromiso de impulsar en el Congreso de la República de Guatemala una discusión formal y seria sobre el tema, que logre el marco legal que tanto se necesita para combatir exitosamente el contrabando y la defraudación aduanera. Hago un llamado a los sectores interesados, a las autoridades y a quien desee sumarse a este proyecto, para que nos unamos y generemos un verdadero cambio.
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