El tema no se ha estudiado a fondo (¡y cómo se podría si el reloj no da tregua y las circunstancias son complicadas!). Establecer políticas similares a las de países desarrollados se vislumbra cada vez más equivocado.
La primera razón que podría indicarnos que las medidas de distanciamiento son un desacierto es el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. No es lo mismo limitar la actividad económica y laboral en un país donde las personas tienen acceso a seguridad social eficiente que hacerlo en un país que no cuenta con un buen sistema de beneficios sociales para los trabajadores, por ejemplo.
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El panorama se complica mucho más cuando intentamos implementar dichas medidas en un sector que trabaja informalmente: los datos y las estadísticas en países subdesarrollados son escasos, desactualizados, incompletos y poco accesibles.
El distanciamiento en esta pandemia es vital para evitar contagios, para aplanar la curva. Eso está claro. Pero no se puede suspender toda actividad económica por días o semanas en una sociedad en la que la mayoría de las personas vive de lo que gana durante el día o la semana.
Las medidas de distanciamiento no pueden incluir la clausura total del sector económico. Cerrar la economía significa, para países como Guatemala, que el virus no sea la principal causa de muertes, sino el hambre, la desnutrición y las demás enfermedades comunes que el sistema de salud no pueda atender por su saturación.
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Hay que entender cuáles son los costos de limitar la actividad económica y laboral, ponderar si dichas medidas conducirán a una alta mortalidad y morbilidad por causas ajenas a lo que intentamos evitar. Las medidas únicamente contribuirían a perpetuar el círculo vicioso en que ya nos encontramos.
No es secreto que en los países en vías de desarrollo los sistemas de salud carecen de insumos, de medicamentos, de infraestructura; que cuentan con poco personal de salud, a menudo sobrecargado y mal pagado.
Para hacernos una idea de por qué la región puede convertirse en una tragedia con el coronavirus basta con ver el gasto per cápita que tienen algunos países de la región.
El número 1, Cuba, gasta unos 2,486 dólares estadounidenses per cápita en su sistema de salud en comparación con el número 20, el más bajo, Venezuela, que gasta $141 per cápita.
Guatemala, por ejemplo, se encuentra en el puesto número 16, con un gasto per cápita de $475, seguido por Bolivia y Honduras, de los más bajos de Latinoamérica.
Sin embargo, gastar en el sistema de salud no significa mejorar el acceso a ella: los gastos pueden ser ineficaces o no distribuirse equitativamente, o puede que el presupuesto nunca llegue a ejecutarse.
Una mirada más acertada o en perspectiva sería la de medir la equidad en el acceso a la salud pública. Cuba y Uruguay encabezan la lista con los mayores índices, 83 y 80, respectivamente. En los últimos dos puestos tenemos a Guatemala y a Haití con sus respectivos índices de 55 y 49.
Esta es la segunda razón por la cual dictar medidas de primer mundo en el cuasinframundo es querer pasar por alto décadas de atraso. Pedirle a la población que se aísle totalmente o tomar la deliberada decisión de cerrar el país en aras de evitar contagios para no saturar un sistema de salud precario es posiblemente un arma de doble filo, a diferencia de lo que se podría pensar. El posible encierro total de 2 a 3 días a la semana y el cierre/suspensión de labores de miles de negocios quizá evitarán cientos de contagios, pero ello no significa que el sistema de salud no colapsará. En los países ricos, la medida del distanciamiento sirve para no saturar el sistema de salud, que en los países subdesarrollados ya se encuentra de por sí colapsado. Y aunque se reduzcan significativamente los contagios, muchísimas personas no podrán trabajar. Y sin una ayuda significativa por parte del Gobierno se está frente a un aumento de la pobreza multidimensional.
El objetivo de la estrategia del confinamiento (la cual debe implementarse, pero analizando las circunstancias del país) es vencer una pandemia con un sistema de salud precario, que no tiene un alcance en varios puntos del país, ya que está demostrado que la inequidad no solo se debe al alto costo que significa acudir al sistema de salud, sino también a las barreras geográficas, dado que la gente no puede acceder a los hospitales y a los centros por la lejanía entre estos y sus comunidades. Asimismo, mucha de la información del sistema de salud está en español, con lo cual se viola el derecho al acceso a la información en el idioma materno, de modo que la población no tiene idea de lo que sucede.
Son muchas las falencias, y estas aumentan cuando existe una pandemia, ya que es un problema que deja desprotegida a la población en los otros ámbitos de la salud. Se focalizan los esfuerzos en contener el virus y no se toma en cuenta que hay otras (muchas) enfermedades infectocontagiosas y cardiovasculares en países tropicales y en vías de desarrollo como Guatemala.
Los problemas estructurales están, y armar un hospital improvisado, sin suficientes insumos, sin la infraestructura, sin proteger al personal médico y de enfermería, suena a tragedia anunciada. Pero es necesario conocer los números totales de camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes, ya que una mirada a la cantidad de doctores o de equipos a veces no es suficiente para hacernos de datos reales sobre el acceso efectivo al sistema de salud. En Cuba y Argentina se cuenta con más de 50 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes; en Haití y Honduras, con menos de 7, y en Guatemala, con menos de 6.
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Como pseudosolución al caótico sistema de salud, el Gobierno asignó más presupuesto al sector. En su mayoría no se ha ejecutado. Lo anterior deriva de una administración pública en la cual las unidades ejecutoras son ineficientes y todo el sistema de compras del Estado es burocrático y obsoleto.
Son falencias de hace décadas y en varios ámbitos, problemas que pasan por deficiencias en el marco legal regulatorio de la administración pública, las contrataciones estatales, los protocolos de emergencia y la capacidad para solicitar ayuda extranjera cuando se necesita (y para utilizarla de la mejor manera). Resulta una tarea titánica mitigar una emergencia como la del covid en un sistema de salud atrasado casi 50 años.
Ahora bien, existen otras medidas en el sector económico que crean pánico entre la población, ya que, al limitarse la producción, se encarecen los servicios y se producen despidos y suspensiones de contratos. Si no se aseguran los servicios básicos (energía eléctrica, agua, teléfono, extracción de basura…), las personas no harán caso a las medidas estipuladas por el Gobierno para contener la pandemia.
¿Cómo hacer caso? Sin trabajo no hay comida, y entonces se regresa al instinto más básico del ser humano: la supervivencia del más chispudo. En países subdesarrollados, esto es el día a día de casi toda la población.
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No hay noticia nueva en ello, pero hace unos días lo notamos cuando el Gobierno dispuso cerrar sin previo aviso el país un fin de semana, justo en día de pago, y llegamos al punto del colapso. Colapsó porque vivimos al día, porque la cadena de abastecimiento es frágil, porque nuestra supervivencia depende del próximo salario, porque no existe una buena seguridad social y porque la inscripción del programa gubernamental para mitigar la economía familiar se aprobó hace dos meses y los beneficios se dan hasta ahora, cuando más de la mitad de la población guatemalteca vive en pobreza y la cuarentena se impuso hace meses, dejando a una de las poblaciones más desiguales en América Latina sin transporte, sin acceso a un eficaz sistema de salud y al trabajo, sin Organismo Judicial y, sobre todo, sin certeza.
Las medidas de primer mundo pueden parecer las únicas factibles en respuesta al coronavirus. Sin embargo, las economías menos fuertes deberán buscar estrategias creativas y promover iniciativas congruentes con sus realidades, como instalar estaciones en las calles para lavarse las manos; informar a la población de manera clara, en sus idiomas maternos, y con datos reales; nunca limitar la libertad de expresión del personal de salud, que debe exigir lo necesario para realizar su labor, hacer cumplir los estándares internacionales para evitar más contagios y a la vez protegerse del virus; establecer medidas económicas que beneficien a las personas que viven al día y fijar precios máximos para defender al consumidor y al usuario, más aún si se limita la libertad de locomoción, asociación y trabajo durante tres días a la semana; realizar pruebas masivas a personas sintomáticas y asintomáticas; brindar abastecimiento de servicios básicos sin costo, y condonar moras e intereses en créditos ajustando el sistema bancario a la emergencia y a las circunstancias económicas del país, pero, más importante, favoreciendo a su gente.
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Las políticas que se implementen deben tomar en cuenta la situación socioeconómica de los países subdesarrollados, que con el paso de los días se agrava. Se puede combatir el virus, pero hay que actuar rápido, racionalmente y sin creer que alguien o algo más que nosotros mismos nos salvará. Algunas medidas tomadas hasta ahora parecen ser acertadas. Otras, no tanto.
Habrá que mejorar la visión/estrategia para afrontar y contener la pandemia no solo de covid, sino también de los otros problemas tercermundistas que nos hostigan desde hace ratos como fantasmas a plena luz del día.
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