La oficina del Procurador de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia creen que el momento para reformar el sistema de justicia de Guatemala, ha llegado, y que el mismo es impostergable. Con el apoyo del comisionado Iván Velásquez, y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), estas instituciones presentaron al Congreso de la República una iniciativa para reformar las leyes ordinarias y los artículos de la Constitución que consideran indispensables para modernizar los procesos de administración judicial. Aunque los representantes de esas instituciones tienen claro lo que se debe cambiar, buscan que antes de que los diputados las conozcan, discutan y aprueben, las modificaciones sean consensuadas por los diferentes sectores de la sociedad.
Las reformas constitucionales propuestas, incluyen cambios en la carrera judicial que tocaría a jueces y magistrados, modificaciones en la integración y postulación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el reconocimiento constitucional de la Policía Nacional Civil (PNC), y un nuevo mecanismo en la elección del Fiscal General del Ministerio Público (MP). También proponen reformar las leyes ordinarias del Sistema Penitenciario, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Ley Orgánica del MP para establecer la carrera fiscal, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y la del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
La propuesta fue presentada el martes 2 de febrero, en el marco de las discusiones por las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se debaten en el Parlamento. “Tenemos que aprovechar todo este entusiasmo legislativo para que podamos plantear estas propuestas de reforma, en medio de toda esta gran actividad que se está realizando y que se avizora en el futuro”, dijo el comisionado Velásquez, quien junto al procurador Jorge de León Duque, fueron los portavoces de la iniciativa.
De León (quién fuera diputado en la anterior legislatura por el partido Creo, y electo Procurador en ese mismo periodo), explicó que las primeras reuniones para discutir la propuesta, las sostuvieron con la fiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rafael Rojas, desde hace un mes. Velásquez destacó que la reforma del sector justicia debe darse “en un muy amplio diálogo nacional, que pretenda generar los más amplios consensos en torno a cuál es el sistema de justicia que Guatemala requiere para el fortalecimiento de todas las instituciones, para el fortalecimiento sustancial de un Estado de Derecho”. Esto, afirmó, para “garantizar la independencia judicial”.
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Para alcanzar esos consensos, las instancias judiciales pidieron al Congreso convocar a mesas de diálogo durante un plazo de cuatro meses.
La propuesta de reformas llega en un momento adverso para los políticos: un exbinomio presidencial procesado acusado de actos de corrupción, un Legislativo con 12 diputados electos que no pudieron tomar posesión por procesos de antejuicio abiertos, y persistentes rumores de nuevas investigaciones del MP contra otros congresistas, y un gobierno nuevo, débil y con poca capacidad de maniobra. Ahora la atención se concentra en regular el ámbito judicial, la cual, como apuntó Velásquez, es clave para garantizar la independencia en la administración de justicia y misma cohesión social del país.
Proceso frustrado y reiterado
Las modificaciones en leyes que regulen la administración de justicia y la integración de sus instancias, incluso en su ámbito constitucional, no son una discusión nueva. Uno de los últimos intentos fue en agosto de 2011 cuando se presentó una iniciativa de iguales intenciones elaborada con propuestas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar y Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asíes. Esta llegó a contar con un dictamen favorable por parte de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, el 31 de julio de 2012, pero fue opacada por otra propuesta presentada por el presidente, Otto Pérez Molina, entregada el 27 de agosto de 2012, que no encontró eco ni en Legislativo ni en la sociedad civil.
El año pasado fue impulsado otro intento de reforma a la carrera judicial, consensuado en mesas técnicas de trabajo acompañadas por CICIG y Oacnudh junto a representantes de la CSJ; pero el acuerdo se vio frustrado al oponerse los magistrados a la separación de las tareas administrativas de la magistratura. Por lo cual la CSJ envió su propia propuesta de reforma, con esta nueva propuesta la Corte regresaría a la discusión de reforma a su régimen interno con actores externos.
A diferencia de la propuesta del nuevo bloque Progresista, conformado por diputados electos por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y que buscaba impulsar cambios como la elección directa de los magistrados de la CSJ, Corte de Constitucionalidad, jefe del Ministerio Público y Gobernadores, aspectos contemplados por la iniciativa de 2012 de su presidenciable Manuel Baldizón, la iniciativa presentada por las instancias de justicia no requeriría una Asamblea Nacional Constituyente para su aprobación.
La vía elegida sería, según el procurador De León, una iniciativa de ley planteada por el Congreso de la República; esto requeriría la venia de al menos 10 diputados, tras lo cual debería ser aprobada por dos terceras partes de los diputados (105 votos) y luego ratificada por la ciudadanía mediante una consulta popular que sería organizada por el Tribunal Supremo Electoral.
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Los detalles de los artículos constitucionales y de las leyes ordinarias a modificar, aún no se han definido. Uno de los puntos que se podría incluir, según De León, sería el reconocimiento al pluralismo jurídico y a la existencia de la justicia de los pueblos indígenas. Aunque Escobar apunta que el artículo 66 de la Constitución ya recoge ese reconocimiento, (“el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social…)” en el artículo Protección a grupos étnicos, el comisionado Velásquez anota que la redefinición del mismo es necesario “porque todo esto es para un país incluyente”.
Según el vocero presidencial, Hans Heinz, el Ejecutivo desconocía que la propuesta fuera a ser presentada. “Acá no ha llegado ninguna propuesta de ley a este respecto. Si nos invitan (a las mesas técnicas) lo estaríamos considerando, la Secretaría General de la Presidencia debería considerar quién podría ser el representante”, indicó. Se consultó al teléfono del secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, pero este no atendió los llamados.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, durante la presentación de la iniciativa se comprometió a buscar los consensos entre las bancadas para sacar adelante las propuestas de reformas. La decisión queda sujeta, sin embargo, al compromiso de dos terceras partes del Congreso por impulsar reformas discutidas, sin éxito, por las dos pasadas legislaturas.
