«Las licenciadas del caso achí», tres abogadas mayas contra el sistema | Plaza Pública

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Las abogadas Lucía Inés Xiloj, Virginia Haydeé Valey y Gloria Elvira Reyes discuten con la psicóloga del bufete jurídico popular Melissa Gonzalez antes del comienzo de la audiencia del 11 de enero. Simone Dalmasso

«Las licenciadas del caso achí», tres abogadas mayas contra el sistema

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«Las licenciadas del caso achí», tres abogadas mayas contra el sistema

Historia completa Temas clave
  • Tres abogadas indígenas representan a las mujeres maya achí que denunciaron la violencia sexual en el conflicto armado interno. 
  • Lucía Xiloj, maya quiché, Haydeé Valey y Gloria Reyes Xitumul, mayas achí, han tenido que romper estereotipos hasta para tener acceso rápido a las audiencias. 
  • En los tribunales, en donde a todas las personas con vestimenta formal les dicen «licenciado o licenciada», fue difícil que reconocieran a tres mujeres con indumentaria maya como abogadas. 
  • El caso surgió en 2011, cuando un grupo de mujeres narró las violaciones y otros vejámenes. «Pasaron sobre mí», repetían, porque en achí no existe la palabra violación. 
  • En 2019 la jueza Claudette Domínguez dejó libres a los acusados porque «no creyó en los testimonios» de las víctimas. 
  • Lograron cambiar de judicatura, llegaron a juicio y esperan sentencia el 24 de enero. 
  • Este es el segundo caso en donde se juzga específicamente la violencia sexual, y la responsabilidad de agentes estatales en los hechos.

 Las abogadas indígenas Lucía Xiloj, Haydeé Valey y Gloria Reyes Xitumul escriben un nuevo capítulo en la historia del país. Sobre las líneas de la discriminación, racismo y machismo, se convirtieron en protagonistas al representar a las mujeres achí que denunciaron violencia sexual durante el conflicto armado interno.

 Las abogadas indígenas Lucía Xiloj, Haydeé Valey y Gloria Reyes Xitumul escriben un nuevo capítulo en la historia del país. Sobre las líneas de la discriminación, racismo y machismo, se convirtieron en protagonistas al representar a las mujeres achí que denunciaron violencia sexual durante el conflicto armado interno.

En la intimidante y caótica Torre de Tribunales, tres mujeres con vestimentas mayas lograron romper un estereotipo. Se colocan juntas frente a las puertas del ascensor de la planta baja para esperar el traslado al nivel 15. Compiten un espacio entre empleados judiciales, acusados, custodios y otros abogados, y se han ganado el reconocimiento de que las llamen «las licenciadas del caso achí».

En otra realidad ese reconocimiento no habría que pelearlo, pero en el contexto de discriminación, racismo y machismo todavía es inusual ver a un grupo de abogadas indígenas a cargo de un proceso penal de alto impacto. Lucía Xiloj, Haydée Valey y Gloria Reyes Xitumul, son las responsables de abrir la mentalidad de quienes las ven pasar hasta ocupar sus lugares a un costado del tribunal y en la misma mesa que ocupa el personal fiscal.

Representan a las 36 mujeres maya achí que denunciaron violencia sexual durante el conflicto armado interno, y junto al personal de la Fiscalía de Derechos Humanos han presentado la acusación de cinco de ellas en contra de cinco expatrulleros de Autodefensa Civil (PAC). El caso se ha desarrollado en el Tribunal de Mayor Riesgo A.

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Esta transformación ha llevado tiempo y no ha sido fácil de sobrellevar. Lucía Xiloj, de 40 años, graduada de abogada en 2006, recuerda las veces en las que le restringieron el ingreso a esa torre, que concentra la mayoría de juzgados de la capital. En el lugar es común que llamen «licenciado o licenciada» a cualquiera con traje formal, pero ella cuenta que a los policías del Organismo Judicial les costó intuir que una mujer con indumentaria maya pudiera ser la abogada. Y mucho más cuando iba acompañada de personas no indígenas.

«Ahora que ya vamos las tres nos sentimos súper poderosas» dice Xiloj, en referencia al equipo que formó con las abogadas maya achí Haydeé Valey, de 39 años y Gloria Reyes Xitumul, de 42.

Las abogadas reconocen que en los detalles está la transformación de imaginarios sociales. Saben que genera asombro verlas sentadas en la misma mesa que los fiscales del Ministerio Público, presentando ante el Tribunal de Mayor Riesgo A acusación, argumentos, objeciones a las preguntas de los defensores y conclusiones bien estructuradas. Tomando un protagonismo que no buscaron, pero que ha resultado inevitable.

«Estoy consciente de que es novedoso (que estemos aquí) y que haya tanta atención en este caso. Esto no se dio en el juicio de Sepur Zarco (el primer juicio por violencia sexual durante el conflicto armado interno)», afirma Valey. En ese proceso la representación de las mujeres q’eqchi’ que denunciaron la violencia sexual en contra de un teniente y un comisionado militar, estuvo a cargo de mujeres no indígenas.

Valey y la abogada Reyes Xitumul son hablantes maya achí. Ese es su idioma materno. Valey nació en Rabinal y Reyes Xitumul en San Miguel Chicaj. Ambas  reconocen que su exposición mediática en los últimos días puede servir para que otras mujeres indígenas crean que es posible ocupar un asiento en un tribunal, no como víctimas, sino como mandatarias judiciales. Y que, además, hay espacio para las mujeres en el derecho penal, un espacio dominado por hombres.

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La educación lo transformó todo

Las abogadas Xiloj, Valey y Reyes Xitumul se sintieron atraídas por la justicia y la lucha por el respeto de los derechos humanos desde jóvenes.

Xiloj dejó su natal Chichicastenango, Quiché, cuando tenía 15 años para estudiar secretariado bilingüe en la capital.

Su papá y mamá sabían que fuera del municipio encontraría mejores oportunidades y la enviaron con el pedido de que buscara la forma de ayudar a otras personas a través de sus estudios.

Aunque las pruebas de ubicación le sugerían las ciencias exactas, se decantó por Derecho. «Yo veía a Rigoberta Menchú  como referente de trascendencia», cuenta, así que recién graduada de diversificado llamó a las oficinas de la Fundación Rigoberta Menchú y aplicó a un puesto de asistente.

Su trabajo en la organización avanzó hasta el punto de acompañar el proceso judicial por la quema de la embajada de España, ocurrido el 31 de enero de 1981, y que dejó entre los 37 muertos al padre de Menchú, Premio Nobel de la Paz, 1992.

Xiloj inició una nueva etapa profesional en 2011, al quedar a cargo de la oficina que abrió el Bufete Jurídico Popular de Rabinal en la capital de Guatemala.

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Valey creció en una familia monoparental. Su madre trabajó para atender y proveer a sus cuatro hijos, aunque les advirtió que solo podría costearles el diversificado.  Después de graduarse como maestra, su madre le recordó que no podía más y que le tocaría buscar trabajo y pagarse los estudios superiores. «Yo quería ir a la Usac (la estatal Universidad de San Carlos), pero no pude ir por la situación económica», relata.

Aunque no hay estadísticas accesibles del año en que ella cerró el diversificado, varios estudios documentan que hay una brecha educativa para la mujeres, lo cual se acrecienta en el nivel superior.

Quiso estudiar diseño gráfico, pero no la podía costear. Con esfuerzo logró inscribirse en la carrera de Trabajo Social que impartían en la Usac de Salamá, la cabecera departamental de Baja Verapaz. Viajaba cada semana desde Rabinal hasta ese otro municipio para forjarse en la profesión, pero «aunque era la mejor de la clase, no me gustó», confiesa.

En 2002 aplicó a las becas que ofrecía la Universidad Rafael Landívar (URL) para estudiantes mayas y ganó la oportunidad de estudiar Ciencias Jurídicas. Dejó Rabinal y se trasladó al campus central, en la capital del país.

«Era la única mujer indígena en la clase», recuerda. Además de su indumentaria, también se sentía diferente al sentarse junto a sus compañeros que venían de entornos privilegiados.

Se graduó en 2011 con el reconocimiento de excelencia académica y después de trabajar en el Programa Nacional de Resarcimiento coincidió con Lucía Xiloj en la Fundación Rigoberta Menchú. Después ingresó al Bufete Jurídico Popular de Rabinal, en donde ayudó a construir el caso de las mujeres achí.

Actualmente labora en la organización Impunity Watch, en donde hace investigación social. El histórico juicio de las mujeres achí es su primera experiencia como litigante.

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Gloria Reyes Xitumul se graduó de maestra en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, y se dedicó a trabajar en las escuelas de diferentes comunidades. Recién graduada fue asistente del abogado Sergio Beltetón en la Asociación de Justicia Maya, que emprendió los primeros juicios en Baja Verapaz en contra de comisionados militares.

«En aquellos años no se podía usar el tipo penal de delitos contra los deberes de la humanidad, porque el Código Penal vigente era el de 1999 y solo existía el de homicidio», rememora.

Reyes Xitumul asegura que su madre tuvo mucho que ver para encaminarla hacia la búsqueda de justicia y la lucha por los derechos humanos.

«Ella se involucró en los pedidos para retirar a las PAC», señala.

Baja Verapaz fue uno de los departamentos más afectados por las estrategias militares. Solo en Rabinal hay registradas ocho masacres de 1981 a 1982 en donde fueron desaparecidas y/o asesinadas casi 10,000 personas. Los hechos se atribuyen a comisionados militares, Ejército y Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Un grupo paramilitar al que se atribuyen actos violentos como la violencia sexual en contra de mujeres maya achí.

Aunque ser maestra o asesora educativa era una apuesta segura, porque estudió una licenciatura en Pedagogía, finalmente decidió cambiar de rumbo. Originalmente quería estudiar Derecho porque su mentor, el abogado Beltetón, la animó, pero no pudo porque la Usac no impartía esa carrera en Salamá, Baja Verapaz.

Con la certeza de que «uno debe hacer lo que le gusta hacer», se inscribió en la Universidad Mariano Gálvez. Era estudiante de Derecho cuando encontró la oportunidad de trabajar como promotora de educación en el Bufete Jurídico Popular de Rabinal.

Después de su graduación, en 2018, se convirtió en procuradora y en 2022 actuó como mandataria del Bufete en el juicio en contra de los cinco exPAC acusados de violaciones sexuales a mujeres maya achí.

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Armar un caso y llevarlo hasta un juicio

El caso de violencia sexual contra mujeres maya achí nació en 2011, cuando un grupo de mujeres acudió al Bufete Jurídico Popular de Rabinal para narrar lo que recordaban de la masacre de 1982 en la aldea Chichupac, Rabinal, Baja Verapaz.

«Las mujeres estaban presentando sus testimonios porque perdieron a sus papás o sus hermanos, y empezaron a contar lo que les había ocurrido de forma directa. El bufete se encontró con un problema para el que no estaban preparados», recuerda Valey.

La abogada dice que encontró datos de violencia sexual en los testimonios de 25 mujeres, pero ninguno de los relatos abundaba en lo sucedido porque «el objetivo no era documentar la violencia sexual, sino otros hechos».

Gloria Reyes Xitumul y Haydeé Valey trabajaron juntas para rearmar el expediente. Volvieron a citar a las mujeres achí y las entrevistaron para que dieran más detalles y ampliaran su declaración. Se les facilitó el trabajo porque hablan el mismo idioma, así que no fue difícil entender cuando las mujeres describieron los vejámenes a los que fueron sometidas.

Un detalle importante en esta investigación es que las mujeres no se ponían como protagonistas de la historia. Narraban los hechos «como un todo», cuenta Reyes Xitumul. De cómo se llevaron a sus esposos, padres, hermanos, hijos. De cómo las golpearon para interrogarlas, del robo de sus pertenencias, las agresiones físicas y el desplazamiento forzado.

En achí no hay un término para nombrar la violación sexual. En cambio, usan dos palabras que al traducirlas al castellano significan «pasó sobre mí».

No había necesidad de revictimizarlas para comprender. «Pasó sobre mí no significa que caminaron sobre ellas», dice Valey, y sumado a que narraron que les habían quitado su vestimenta, entre otros detalles, quedaba claro lo que habían padecido.

La abogada Reyes Xitumul recuerda cómo fue escuchar la narración de las mujeres. «Estaba embarazada de mi primer hijo en 2011 y solo escucharlas fue bien duro, el ambiente era muy fuerte», detalla.

Valey describe aquellas jornadas de testimonios como «escalofriantes». Aunque en su familia hay víctimas de la violencia, porque a dos de sus tíos los torturaron y asesinaron, y vio en primera fila cómo fue para una viuda quedarse sola con sus hijos, reconoce que la historia de las mujeres violadas la impactó a otro nivel.

«Hay momentos en los que uno es más consciente de lo que pasaron las mujeres, porque conocemos bien las historias y sabemos que eso fue bastante doloroso y trágico y que a pesar de eso siguieron adelante con sus vidas y sus familias.  Por eso el compromiso es mayor, especialmente al saberme una mujer privilegiada porque tuve acceso a estudios», refiere la abogada.

Valey y Reyes Xitumul tuvieron que documentarse y buscar contactos con otras mujeres que trabajaban casos relacionados a violencia sexual, porque no conocían antecedentes. A finales de 2011 y principios de 2012 presentaron las primeras denuncias.

Lucía Xiloj tomó el caso y lo condujo hasta presentarlo en 2018 ante el juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. La experiencia fue frustrante, dice, porque la jueza no creyó en los testimonios de las víctimas y dejó libres a los acusados.

«Había antecedentes de la juez en otros casos como Creompaz, que sigue estancado hasta la fecha. Teníamos información de que tenía un tipo de inclinación de proteger a militares y a cualquier persona acusada de estas graves violaciones a los derechos humanos», señala Xiloj.

La abogada cuenta que denunciaron a la jueza por su trato discriminatorio y actitud «hostil» ante las víctimas cuando presentaron las declaraciones en anticipo de prueba. Las denuncias que presentaron ante el Organismo Judicial y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos no prosperaron.

«Desde el primer momento hacía preguntas que no correspondían y en la toma de declaraciones no generaba un ambiente de confianza. Y con el tema de la barrera lingüística, al Organismo Judicial le falta mucho en la capacitación de intérpretes, en específico cuando se trata de violencia sexual», añade Xiloj.

El peor momento para la abogada fue cuando salió la resolución del 21 de junio de 2019, cuando la jueza dejó libres a algunos de los acusados.

«No se me olvida, porque yo no estuve en esa audiencia. Estaba saliendo del hospital porque acababa de tener a mi nena y escuchaba la resolución en línea y no lo podía creer. Ella cuestionó las declaraciones de las víctimas», detalla.

También recuerda que la jueza permitió que los abogados de la defensa dijeran cosas ofensivas, como que las mujeres buscaban un beneficio económico. En cambio llamó la atención de la mandataria del bufete cuando explicaba que ya había pasado bastante tiempo sin justicia y que había peligro de impunidad porque uno de los acusados había muerto por un problema de salud mientras estaba detenido.

Si a Xiloj la impactó, a las sobrevivientes mucho más. Encargaron un estudio a la investigadora Aura Cumes, que documentó el sentimiento de frustración de las víctimas porque no creyeron en su testimonio. El escenario se complicó para las denunciantes porque en la comunidad hubo burlas y señalamientos.

A esto se sumó el temor de que los casos quedaran varados porque desde el Congreso surgió la iniciativa de reformar la Ley de Reconciliación Nacional para poner punto final a cualquier proceso, e incluso liberar a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

El bufete, en representación de las mujeres achí, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que resolvió que no era viable ni constitucional declarar una amnistía.

Las abogadas cuentan que hubo que trabajar con apoyo  psicológico para levantar el ánimo de las mujeres. Ayudó haber ganado el amparo, porque les explicaron que ellas crearon un precedente para otros casos del  conflicto armado interno. Tras apelaciones a la resolución de la jueza Domínguez, el caso cambió de judicatura y llegó a la mesa del juez Miguel Ángel Gálvez, que envió a juicio a los cinco expatrulleros.

Las abogadas saben que están escribiendo otra página de la historia para hacer justicia a las atrocidades del pasado. Han invertido buena parte de su vida, sus horas de sueño y el tiempo en familia para atender a las sobrevivientes.

Xiloj tiene dos hijos, una de dos y otro de cuatro años que este año inicia clases. Está agobiada con los requerimientos escolares para su pequeño, y piensa en cómo podrá apartar el tiempo necesario para apoyarlo en el inicio de sus estudios.

Reyes Xitumul ha dejado a sus dos hijos a cargo de otra persona mientras ella atiende el juicio. Los pequeños no saben de qué trabaja su mamá. Les ha dicho que defiende a las personas, pero no quiere abundar en detalles para que vivan su niñez con tranquilidad.

Valey, que se ha llevado el trabajo a su casa, se ha encontrado con que su hija de siete años quiere saber qué es una violación sexual, porque la escuchó mientras practicaba sus argumentos finales.

Son madres y abogadas. O abogadas y madres. El orden no determina lo que son y lo que buscan ser. Después de la sentencia, esperan la audiencia de medidas de reparación digna, que determinará las obligaciones del Estado para las sobrevivientes y la comunidad dañada.

Al terminar esa etapa, Xiloj piensa en terminar las maestrías que tiene con pensum cerrado. Valey espera hacer una maestría cuando haya clases presenciales. Mientras tanto empieza a idear, junto a Xiloj, cómo crear una organización que litigue ante el sistema interamericano y proponga cambios en el sistema jurídico nacional en casos de violencia sexual.

Reyes Xitumul sueña con ser jueza y estudiar una maestría en derecho de familia. Cada una desde su espacio busca aportar a su país y a su comunidad. Transformar realidades, como lo han hecho hasta ahora.

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