Las mujeres de Rabinal: un nuevo proceso judicial sobre los abusos sexuales durante la guerra

Lina* tenía 12 años cuando fue violada. Sucedió en su casa, en una aldea de Rabinal, Baja Verapaz, bajo la tenue luz de unos leños encendidos, frente a sus cuatro hermanitos. La descripción de ese evento es terrorífica: dos hombres con uniforme militar, armados y con el rostro pintado entraron a la casa. Le pusieron un pañuelo rojo en la boca, la obligaron a quitarse el corte y la tiraron al suelo. La insultaron, la golpearon y “la agarraron”. En el idioma achí, que se habla en Rabinal, no existe la palabra violación sexual. Los hombres la “agarraron” dos veces cada uno.

Todo ocurrió un miércoles de agosto de 1982, en Rabinal. Lina y sus hermanos, de 10, 7, 5 y 1 año, estaban solos porque esa misma noche un grupo de hombres armados se había llevado a sus padres. En medio de los gritos, la madre apenas alcanzó a pedirles a sus hijos que se cuidaran, porque no iban a regresar. Y nunca volvieron.

Los que sí regresaron esa misma noche, fueron los hombres armados. Dos de ellos entraron a la casa para llevarse al niño de 10 años. Cuando dijeron que iban a matarlo, Lina interrumpió para pedir que lo dejaran. La respuesta fue que si se “dejaba” (violar) no se llevarían a su hermano.

Con la luz del fuego de la cocina, porque las camas estaban en la misma habitación, el niño vio cuando estos hombres desudaron a su hermana, la tumbaron en el suelo y se subían sobre ella. “Si te duele, más querés”, recuerda que decían. Lina es una de las 35 mujeres que han denunciado la violencia sexual de la que fueron víctimas durante la guerra en Rabinal. Su caso se encuentra en tribunales a la espera de juicio.

El niño al que Lina salvó de la muerte tiene ahora 46 años. En junio de este año rindió declaración ante un auxiliar de la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, para describir lo que le sucedió a su hermana y acusar a como responsables a los hermanos Bernardo y Benbenuto Ruíz Aquino.

Los dos fueron Patrulleros de Autodefensa Civil, las fuerzas paramilitares del Ejército organizadas para colaborar con la destrucción de la guerrilla y sus colaboradores en los primeros años de la década de los 80. Los informes y estudios históricos de esta época indican que la integración a los patrullajes era obligatoria y forzada. Sin embargo, también hubo quienes se incorporaron con el deseo de tener poder sobre la población.

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El Ministerio Público y el Bufete Jurídico Popular de Rabinal, una organización no gubernamental que acompaña a las víctimas desde 2012, ha documentado 35 casos de violencia sexual en los que se señala como autores a expatrulleros, policías judiciales, comisionados militares y miembros del Ejército. Hay 10 testimonios que señalan a siete expatrulleros como los responsables de los abusos en Rabinal. Además de los hermanos Ruiz Aquino aparecen Juan Cecilio Guzmán Torres, Pedro Sánchez Cortez, Damian Cuxum Alvarado, Simeón Enrique Gómez y Felix Tum Ramírez. Todos han sido acusados como autores del delito contra los deberes de la humanidad, por la violación sexual de varias mujeres entre 1981 y 1985.

Voces que reclaman justicia

Rabinal está ubicado a 180 kilómetros de la capital. La violencia sexual que se ha denunciado ocurrió en un contexto de represión contra la población indígena en medio de la guerra contrainsurgente.

En Rabinal incursionó el Ejército Guerrillero de los Pobres. El área fue utilizada por la guerrilla como corredor estratégico, porque el municipio tiene la particularidad de tener dos vías de ingreso, una por la Carretera al Atlántico en la ruta hacia Cobán, Alta Verapaz, y otra por San Juan Sacatepéquez, un municipio de la región metropolitana. Fernando Suazo López de Gámiz explica estos detalles en el libro Rabinal: historia de un pueblo maya, desde el preclásico hasta la última guerra. El autor cita que algunos pobladores abastecían con alimentos y áreas de descanso a los guerrilleros. Por esa razón el Ejército acosaba día y noche a las familias, y ni siquiera les permitían tener encendido un candil por la noche, como lo relató una de las víctimas.

Victoria* ahora es abuela. Tiene 63 años y sus nietos juegan a su lado. Vive en un terreno escondido entre la milpa, en una pequeña casa con techo de lámina. Tiene una vaca, hace queso, y cuida a sus gallinas y chompipes. Nos ha recibido en su casa para contarnos, en voz baja, lo que vivió hace 36 años.

Su familia no sabe que es una de las mujeres que aceptó dar su testimonio al Bufete Jurídico Popular. Mucho menos sus vecinos, así que ella calla cada vez que aparece alguien. Combina el achí con el español cuando relata que su comunidad quedó bajo el yugo militar después del asesinato de un comisionado militar.

Llegaron los pelotones que saquearon y quemaron las casas. Buscaban a los colaboradores de la guerrilla, pero solo encontraban mujeres solas con sus hijos. Era 1981, recuerda Victoria.

Las mujeres se veían obligadas a huir y buscar posada en otras casas. Los militares las veían con desconfianza y pasaban a todas las viviendas para interrogarlas y vigilarlas. Ella tenía tres niños en aquel entonces, y el más pequeño era un recién nacido al que le velaba el sueño por las noches. A falta de electricidad, usaba un pequeño candil; un acto de rebeldía que la colocó en la mira del Ejército.

“¿En dónde está tu esposo? ¿Cuántos días sale a dormir con los guerrilleros?” le preguntaron una noche. Ella les respondió que el comisionado se lo había llevado para hacer el turno para patrullar. El Ejército tenía una lista con nombres de sospechosos, pero el esposo de Victoria no estaba ahí. No obstante, insistían en llamarlo guerrillero, como un insulto, asegura.

En mayo de 1982 fue violada. No sabe cuántos fueron, ni recuerda sus rostros. Era de noche, estaba oscuro, y quedó desmayada en el suelo de tierra de su casa. Su delito fue no tener información de la guerrilla. “Usted tiene que pagar por no decir del guerrillero” le dijeron, y me “agarraron” recuerda.

Tuvo sangrado, dolor de cintura y diarrea. Su suegra la atendió, porque para su suerte era comadrona. Después de esto tuvo que huir con sus hijos, pero nadie quería tenerlos. “Usted está sucia, está manchada, va a manchar nuestra comunidad”, le decían. Vivió como refugiada, porque a pesar de tener una casa, el miedo la obligó a huir.

A pocos metros de su casa, en otra vereda rodeada por la milpa y las matas de manía está Luciana. Tiene 54 años, es delgada, piel morena y muy sonriente. Se acaba de bañar, peina su delgada, larga y oscura cabellera.

Vive con su esposo, un hijo, su nuera y un bebé regordete. Ella, al igual que las demás víctimas, viven de lo que les da el campo. Caminan bajo el fuerte sol varios kilómetros para ir a vender sus productos. El fuego siempre humea en estas casas de adobe y lámina, porque las mujeres se ocupan de tortear en cada tiempo de comida.

Luciana canta con una voz aguda. Su melodía es pegajosa, la tararea tan bien que dan ganas de danzar. Extiende los brazos y luego los baja hasta tocarse los pies. Respira, canta y se da golpecitos en el pecho, el vientre y las piernas. Es la terapia que le han enseñado en el Bufete Jurídico Popular. Una terapia psicosocial que ha rendido efectos. Narra, en un fluido achí todo lo que recuerda. Su joven nuera, traduce.

“Llegaron los judiciales a las cinco de la mañana a buscar a mi papá. Lo buscaron debajo de la cama, pero no estaba. Mi mamá y yo estábamos temblando del miedo. Mi papá era carpintero”.  Las mujeres quisieron avisarle a su papá, pero el comisionado militar veló la casa por dos meses.

Luciana era soltera y tenía 18 años cuando esto sucedió. Recuerda bien que ya no había cómo hacer las tortillas, porque no podían trabajar en paz. En una ocasión un helicóptero pasó cerca del campo, muchos huyeron del susto y les dispararon. Ella se quedó quietecita. “Si me muero, que sea con mi azadón”, pensaba.

A ella, su madre y hermana, las violaron en lugares y fechas distintas. Estaban en la mira a causa de su padre, y ya que él no aparecía a ellas las hicieron pagar por su ausencia. Luciana ha podido contar eso que guardó como secreto durante tantos años, porque el Bufete le ha brindado terapia psicológica.

Ella llegó para hablar de la desaparición de su padre y el robo, la destrucción de su vivienda y el desarraigo que sufrió. Pero mientras más confianza tomaba, terminó por revelar ese capítulo de su vida que había mantenido oculto. En ese proceso de sanación se dio cuenta que había muchas mujeres que vivieron lo mismo que ella.

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Lucía Xiloj, joven abogada indígena del Bufete, que representa en el proceso judicial a todas las víctimas, recuerda que las declaraciones de estas mujeres aparecieron mientras documentaban el caso de genocidio achí. Ese proceso no se ha logrado concretar, por lo que decidieron agilizar la justicia para las mujeres que narraron la violencia sexual.

“Unas mujeres contaron que las violaron en el destacamento militar, otras reportaron que fue en el campo y otras en sus casas”, explica Xiloj. Los testimonios son impresionantes. Relatan un episodio violento y sangriento en la vida de las mujeres indígenas de Rabinal, similar al que se vivió en otros lugares, como el triángulo ixil o Chimaltenango durante las incursiones militares. En un contexto de persecución contrainsurgente, las mujeres fueron tomadas como botín de guerra.

Con la violación queda un sentimiento de culpa en las mujeres. “No es lo mismo como el marido”, “Lo que pasó no es mi decisión”, “Tenemos que aguantar”, hay muchas palabras que repiten las víctimas a manera de consuelo. Muchas de ellas quedaron embarazadas a causa de la violación. Esto le ocurrió a Jacinta.

Ella tiene 63 años y vive en el mismo sitio en donde ocurrió la violación. Era su terreno, así que cuando pudo regresó. En 1982 le quemaron la casa, le mataron al esposo y cuando la violaron, quedó embarazada.

Tenía cuatro niños cuando la “agarraron” los judiciales. Su hija creció pensando que su padre era el hombre que fue desaparecido por el Ejército. Cuando se dio cuenta que no llevaba el mismo apellido que sus hermanos, su madre tuvo que confesarle la verdad. Jacinta dice que su hija tomó la noticia con resignación. “Está bien mamá, qué vamos a hacer si esto te pasó”, le dijo.

Rodeada de animales de corral, con el sonido de los gallos y el cacareo de las gallinas, lleva una vida esforzada pero tranquila. Vende huevos, cultiva, lava ropa. Hace todo por sobrevivir, mientras sus hijos trabajan fuera de la comunidad. Está sola, pero vive relativamente en paz. Sobrevive con los dolores de piernas y de cabeza. Se le ve cansada, pero todavía hace el esfuerzo por salir a vender. Aunque esto implica pasar una cuesta intrincada para llegar o salir de su casa.

No sabe con exactitud qué clase de justicia le pueden dar. Tiene necesidad, como otras mujeres, de arreglar su casa y mejorar sus condiciones de vida y de salud. Pero ¿cómo se puede reparar todo el daño que vivió al ser violada? La obligaron a vivir en la miseria, a padecer hambre y escasez junto a sus hijos. A ellos no les pudo dar una vida fácil, porque también tuvieron que trabajar para sobrevivir. ¿Cómo se repara todo esto?

Felicia, otra víctima, asegura que ese dolor no se va. A veces se puede ocultar, pero cuando llegan los recuerdos vuelve a arder por dentro. Ella fue violada a los 13 años, la esclavizaron como empleada doméstica en el cuartel militar y luego en la casa de uno de los tenientes en la capital. Creció en Río Negro, la comunidad que fue masacrada y desplazada por el Ejército a causa de la construcción del embalse de Chixoy.

“Ahora estamos libres, pero tenemos enfermedades”, asegura. Según los reportes del Bufete Jurídico, una de las víctimas falleció durante una operación por un tumor cerebral, mientras que a otra se le practicó una histerectomía abdominal (extirpación de útero) y una sacrocolpopexia (por prolapso de órganos pélvicos).

Felicia tiene 52 años y lava y plancha ajeno para sobrevivir. Tiene una hija preadolescente que lleva una vida distinta a la suya a esa misma edad. La Felicia de 13 años perdió a su madre durante las incursiones militares en Río Negro. Fue violada múltiples veces en el destacamento militar y quedó separada de su familia por 10 años. La obligaron a la servidumbre, le quitaron su indumentaria indígena y la vistieron con ropa ladina. “Dios estuvo conmigo, fui a sufrir pero me ayudaron”, dice con serenidad.

En el destacamento la golpearon, la obligaban a cocinar y tortear. Había otras mujeres que sufrieron lo mismo, pero ella era una niña y “no conocía hombre” ni sabía “de eso”. La sexualidad no era un tema del que se hablara.

La esposa del teniente la “rescató” de los soldados pero la sometió a tratos inhumanos en su casa en la capital. Un cura la rescató de los golpes, el hambre y la violencia física y psicológica que sufría en esa vivienda. Después trabajó como empleada doméstica en otras casas y regresó a su comunidad 10 años después.

Este es el segundo caso de violencia sexual que se juzga en el país. El primero fue el de Sepur Zarco, en donde 11 mujeres denunciaron esclavitud sexual y doméstica. Los acusados, un coronel y un excomisionado militar, fueron condenados a 240 y 120 años de prisión por los delitos contra los deberes de la humanidad, la desaparición forzada de siete hombres y el asesinato de una mujer y sus dos hijos.

La fiscal Carmen Lucrecia Morales fue la encargada de conducir ese proceso, y ahora está a cargo del expediente de Rabinal. Según describe, hay similitudes en ambos casos. Mujeres, indígenas, pobres, que no participaban en actividades bélicas, pero que quedaron sometidas a los abusos a causa de que sus esposos habían desaparecido. La diferencia es que en Sepur Zarco los abusos fueron continuados, porque las mujeres eran obligadas a hacer turnos en el destacamento. Mientras que en Rabinal las mujeres achíes fueron detenidas y abusadas en diferentes áreas.

“En Rabinal era un peligro caminar, ir al mercado, a la iglesia. Abusaron de madres e hijas, muchas abortaron porque estaban embarazadas cuando las violaron y otras quedaron embarazadas”, cuenta la fiscal.

La historia de los perpetradores y de un Rabinal rebelde pero finalmente sometido

El ambiente que se vivía a inicios de los 80 en Rabinal era de tensión. La orden del gobierno de trasladar a varios pobladores para construir el embalse de Chixoy, la hidroeléctrica más importante del país, adicional al adoctrinamiento del Ejército Guerrillero de los Pobres avivaban las ansias de alzamiento.

El 13 de septiembre de 1981 decidieron atacar el destacamento militar (no se conoce el reporte de daños o víctimas); el Ejército reaccionó dos días después. Con el apoyo de judiciales y comisionados militares cercaron la plaza central durante los festejos de independencia, en un acto que terminó con más de 200 fallecidos de diferentes aldeas, según reportes históricos.

En la época de la conquista española, a Rabinal la tenían por “feroz, bárbara e imposible de domar” y la llamaban la “Tierra de Guerra”, cita en su tesis Liliana Ochaita. Fray Bartolomé de las Casas, el cura dominico y cronista, pidió al gobernador de la provincia que desistiera de las agresiones, con el ofrecimiento de conquistarlos a través del Evangelio.

La rebeldía que los indígenas de Rabinal mostraron durante el conflicto armado fue despedazada con violencia, armas, bombas, aviones, robos, matanzas, violaciones sexuales... Para vencerlos, el Ejército militarizó el área y usó a los mismos pobladores para ello.

Además de instaurar los patrullajes, cuando todavía no estaban oficializadas las patrullas de autodefensa civil, y de obligar el servicio militar, utilizaron a los hombres de Xococ, un poblado de Rabinal, para ejercer el control sobre toda la población.

Los de Xococ eran conocidos por su antecedente como “los elegidos de Ubico”, como cita en su tesis la antropóloga Glendy Mendoza Peña. Durante la gobierno de Jorge Ubico (1931-1944) los de Xococ fueron designados para vigilar las jornadas obligatorias para la construcción de la carretera de Rabinal a Salamá, la cabecera del departamento.

La antropóloga indica que los de Xococ más la minoría ladina de Rabinal terminaron por ejercer la dominación en el municipio. Al analizar las relaciones sociales en este poblado, a partir de los acontecimientos de 1980, Mendoza Peña concluye que la incursión del Ejército en la comunidad y la participación de sus integrantes en esa estructura, cambiaron la forma de pensar de la población.

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Formar parte del Ejército daba estatus social. Suazo López de Gámiz indica que esta separación dentro de un mismo poblado generó problema “intraétnico”.

Y, a nivel general, dice este último, aunque varios iban contra su voluntad, con el tiempo terminaron por aceptar el papel que les asignaron. “Entre la mayoría de hombres que participaron en las PAC y cometieron atropellos, también hubo algunos a los que sí les gustaba matar. Hubo quienes aprovecharon el río revuelto que el Ejército provocaba para calumniar, robar terrenos, vengarse, violar mujeres o eliminar a sus rivales sentimentales”.

Quienes se oponían eran vistos como guerrilleros y por esa razón hubo cientos de capturados, torturados y desaparecidos. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha reportado 421 restos encontrados en el área de Rabinal, en exhumaciones realizadas de 1993 a 2001. Muchas todavía no están identificadas.

En esos crímenes participaron tanto los judiciales, como los comisionados militares y los expatrulleros. El 10 de mayo de este año, en una incursión policial en las montañas del municipio, fueron capturados seis de los siete acusados. El último apareció después de que estos presentaron su primera declaración ante la jueza Claudette Domínguez, quien dirige el juzgado A de Mayor Riesgo.

El 3 de agosto se presentó la acusación y ahora se espera la audiencia en la que se conocerá si los envían a juicio.

La acusación

A Juan Cecilio Guzmán se le acusa de violar a una mujer en la aldea Xeabaj. En el texto de acusación del Ministerio Público se lee: “Usted se le abalanzó con fuerza y al tratar ella de defenderse, usted le dijo de manera ameazante: sos una mujer, tu culo es para los machos, sino te dejas voy a decirle al oficial, y sabes cuántos soldados y judiciales hay”, así fue como la violó. A Guzmán le antecede, según la fiscalía, un historial como expatrullero que acompañaba a los militares para señalar viviendas y personas que debían ser interrogadas y capturadas.

Pedro Sánchez, dice la acusación, fue uno de los violadores de otra mujer que permaneció en el destacamento militar por 25 días.  Ella fue detenida en la plaza central el 25 de septiembre de 1983.

Damian Cuxum está señalado de tres violaciones sexuales. A las tres mujeres las interrogó en sus viviendas sobre el paradero de sus esposos. A las tres las amenazó de muerte, según la denuncia, y las violó a pesar de que estaban embarazadas. Una de ellas tuvo una hemorragia después de ser abusada y abortó.

Simeón Enrique Gómez también está señalado en dos violaciones a mujeres de la comunidad Xococ. A una la abusó mientras lavaba ropa en el río y a otra cuando la llevaron al destacamento, según lo describe la acusación del Ministerio Público a la que se tuvo acceso. Una de ellas también sufrió un aborto.

Félix Tum, el último de los acusados también está acusado de violación, pero se desconocen los pormenores, porque sus audiencias se llevaron por separado debido a que fue el último en ser presentado ante la jueza Domínguez.

Víctor Hugo Alvarado Obregón, abogado de los hermanos Ruíz Aquino cuestiona las declaraciones de las denunciantes. En su análisis del caso, dice, ha determinado que hubo una serie de irregularidades. Una de ellas es que las declaraciones de las “supuestas víctimas” se tomaron en las instalaciones del Bufete Jurídico de Rabinal, y que fue ahí donde llegó el auxiliar fiscal. Para el abogado Obregón, el procedimiento que usaron permitió que “las declaraciones se tomaran como les conviene”.

Además señala que no hay exactitud en los testimonios, porque en las primeras declaraciones no citan a sus defendidos. El abogado indica que han debido hacer varias ampliaciones hasta que finalmente se menciona el nombre de los acusados.

En este caso, la jueza no aceptó que la Procuraduría General de la Nación aparezca como tercera civilmente demandada. Esto es un logro para la defensa, porque a su parecer hay intención de vincular al Estado para generar una indemnización. “Ellos lo que pretenden es resarcimiento”, dice.

Adicionalmente, se ha reportado la renuncia como querellantes de tres mujeres. Las mujeres dieron su testimonio pero luego fue imposible localizarlas, los fiscales les perdieron la pista. Por eso, aunque ya han declarado, sus testimonios en contra de los acusados no se podrán utilizar en un juicio.

El abogado espera que el juzgado acepte su petición para que le conceda medida sustitutiva a sus defendidos, que guardan prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala. La jueza aceptó privarlos de su libertad porque se argumentó que viven cerca de las denunciantes, pero para el abogado esto no es completamente cierto. “Hay 14 kilómetros de distancia entre don Félix Tum y la persona que lo acusa”. De todas formas, el abogado plantea el traslado de Tum a la capital, con tal de que reciba una medida sustitutiva.

Para lograrlo, los hijos de Tum también tendrán que apoyarlo, porque su salario no supera los 60 quetzales diarios por jornal en el campo. Son sus hijos quienes lo apoyan para que pueda tener un defensor privado.

Otros tres acusados (Guzmán Torres, Sánchez Cortez y Enriquez Gómez) son representados por la Defensa Pública Penal. La institución indicó que no podía dar detalles del proceso, por ser un ente gubernamental. Juan Cecilio Guzmán Torres, el mayor del grupo con 77 años, falleció el 24 de agosto a causa de “muerte natural”, según reporte del Hospital Roosevelt.

Llegó al centro hospitalario con un cuadro de insuficiencia respiratoria, aunque se conoce que también era diabético. La Defensa Pública no ha proporcionado detalles de los procedimientos legales que emprendió a favor de Guzmán Torres. No se sabe si solicitó una evaluación al Instituto Nacional de Ciencias Forenses o si solicitó  que le concedieran prisión domiciliar. Se solicitó un informe a Raúl Robles, director de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales de la institución, pero no la proporcionaron.

La fiscalía detalla que los actos por los que se acusa a estos hombres formaron parte de “las prácticas de detención ilegal, mantenimiento en cautiverio, ocultamiento de personas, interrogatorio mediante tortura, allanamientos ilegales y, en el caso de mujeres, que fueran sometidas a actos de violencia sexual por su condición de género, en lugares públicos, sus casas o instalaciones militares”. Prácticas que finalmente son denominadas como “terrorismo de Estado”. 

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Por ahora, quienes van a rendir cuentas son los seis expatrulleros detenidos. Contra ellos hay pruebas que certifican su participación en las Patrullas de Autodefensa Civil. La mayoría se registró voluntariamente ante la gobernación departamental para recibir el pago de servicios durante la guerra que impulsó el expresidente Alfonso Portillo y que se empezó a pagar durante el mandato de Óscar Berger.

También hay un reporte del Ministerio de la Defensa, que indica que Pedro Sánchez formó parte del Ejército. Al Ministerio Público le corresponde probar ahora si los testimonios de las víctimas son verídicos y si los responsables son los detenidos.

Los miembros del Ejército que participaron junto a ellos o que los alentaron no están identificados. La comandancia, los altos mandos, tampoco están vinculados en esta investigación. Quizá en el futuro. La fiscalía no lo descarta, pero ya es tarde. Varios de esos altos mandos han muerto y otros están enfermos.

Los hechos que se juzgan en este proceso ocurrieron durante la jefatura de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. Ambos fallecidos.

Masacres en Rabinal

Estas son algunas masacres que se atribuyen al Ejército, los judiciales, los PAC y comisionados militares en Rabinal y que fueron documentadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, la Fundación de Antropología Forense y otros registros históricos.