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Pedrina López de Paz llora al salir del aula del Juzgado de Mayor Riesgo A, recién emitida la sentencia que reconoció culpables a sus agresores por delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual. Simone Dalmasso

Una sentencia para todas las mujeres achí

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Una sentencia para todas las mujeres achí

Historia completa Temas clave
  • El Tribunal de Mayor Riesgo A creyó en los testimonios de las mujeres achí y sentenció a cinco exPAC.
  • La justicia llega después de 40 años. Los hechos ocurrieron de 1981 a 1985. Hace una década se presentaron las denuncias de las mujeres achí.
  • El tribunal insistió varias veces en que les creía a las mujeres, y señaló que la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra del Estado contra la población civil.
  • Un día antes hubo actos mayas para pedir por una sentencia condenatoria. También manifestaron los familiares de los acusados. Uno de ellos reportó que le dio un derrame.
  • A cuatro de los acusados les impusieron 30 años de condena, como autores materiales de la violencia sexual. A uno le dieron 40 años por haber alterado su nombre a través de documentos falsificados.

Cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (exPAC) fueron condenados a 30 años de prisión inconmutables. El Tribunal que los juzgó, dijo que creía en los testimonios de las mujeres achí que denunciaron violencia sexual durante el conflicto armado interno y reconoció que fueron usadas como instrumento de guerra.

Cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (exPAC) fueron condenados a 30 años de prisión inconmutables. El Tribunal que los juzgó, dijo que creía en los testimonios de las mujeres achí que denunciaron violencia sexual durante el conflicto armado interno y reconoció que fueron usadas como instrumento de guerra.

«Estoy contenta porque ganó la gente. Ellos hicieron matazones. Se llevaron a mi esposo, mi hermano también murió. La vida de ellos (su familia) no tiene precio, no es como un pollo que tiene precio. ¿Y yo? Violada. ¿Y esa gente? Decían que no tienen delito, pero es mentira. (Los acusados) pasaron a mi aldea, eran de Xococ y tenían un pañuelo como este (rojo) en la cara, así como nosotros tenemos ahora (con la mascarilla)», relató Estefana Tecú luego de escuchar la sentencia condenatoria contra los cinco exPatrulleros de Autodefensa Civil (PAC).

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«Esta sentencia es para todas las mujeres achí», dijo el juez Gervi Sical Guerra en las conclusiones de una sentencia histórica que juzga la violencia sexual a la que fueron sometidas varias mujeres achí orignarias de Rabinal, Baja Verapaz, durante el conflicto armado interno.

La sentencia remarca que las violaciones sexuales fueron un arma de guerra y que «fue posible por el respaldo del Estado». Fue, también, «un acto deliberado», que incluyó un «adoctrinamiento e involucramiento de los hombres de la comunidad en los actos crueles e inhumanos», señaló Sical Guerra, al dar lectura a lo resuelto por el Tribunal.

Tanto las sobrevivientes como los acusados son personas de la tercera edad. Algunos de ellos han fallecido a la espera de justicia. En este proceso fueron condenados los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruíz Aquino; Gabriel, Francisco y Damián Cuxum Alvarado, cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil que recibieron una pena de 30 años de cárcel inconmutables. Las víctimas directas son: Pedrina López de Paz, Margarita, Inocenta y Marcela Alvarado Enríquez y Estefana Alvarado Sic.

A Gabriel Cuxum Alvarado le sumaron 10 años por haber alterado documentos legales para adquirir un nuevo nombre. Desde 1998 se hizo llamar Manuel Gumercindo Ramírez Paz y tramitó con esos datos un Documento Personal de Identificación y licencia de conducir.

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Las pruebas contra los acusados

«Con la prueba aportada establecemos que los acusados… encuadra su conducta en los delitos contra los deberes de la humanidad», dijo Sical Guerra, al leer la sentencia firmada por él y las juezas Yassmin Barrios y Patricia Bustamante.

El Tribunal de Mayor Riesgo A incluyó en su exposición extractos de los peritajes presentados por Clever Alberto Pino, Irma Alicia Velásquez Nimatuj, Aura Cumes, Ana Carolina Escobar, y, entre otros, el de Mónica Monzón y José Ángel Zapeta.

Estos aportaron al entendimiento del andamiaje militar de la época, la cadena de mando del Ejército sobre las PAC, el perjuicio social y comunitario de vivir bajo un estado de terror, la destrucción social por la desaparición y asesinato de los hombres de varias comunidades, así como los traumas psicológicos de las sobrevivientes luego de tantos años en silencio obligado. Con un luto que no han podido cerrar.

«Violaron a las mujeres», leyó Sical mientras las mujeres achí que lograron un cupo en la sala de audiencias observaban impávidas, mientras los periodistas que cubrían la sentencia las fotografiaban y les tomaban videos.

Después de escuchar los testimonios de las víctimas, el Tribunal señaló a los cinco condenados como responsables de la violencia sexual y la desaparición forzada de padres, madres, hermanos, esposos. «Los juzgadores creemos firmemente en los testimonios de las mujeres que fueron violadas en Xococ», seguía el juez.

Xococ fue la aldea del terror, el lugar en donde el Ejército organizó y entregó fusiles M1 a las PAC. El testimonio del investigador Marc Drouin demostró con informes hemerográficos el momento en que los campesinos recibían el armamento de guerra con el que hostigaron e intimidaron a sus vecinos, según los testimonios expuestos en el juicio.

Las 36 mujeres achí que iniciaron el proceso judicial, hace 10 años, denunciaron los vejámenes que padecieron de 1981 a 1985. Cinco de ellas hicieron referencia a eventos que sucedieron en 1981 y 1982. En 2018 se organizaron los operativos para hacer siete capturas, en 2019 casi se cierra el caso y en 2020 ocurre el cambio de juzgado que resolvió enjuiciar a cinco hombres.

A ellos se les responsabilizó de los actos crueles e inhumanos, en calidad de autores materiales. Aunque el Tribunal ratificó la subordinación de las PAC al Ejército, ni el Ministerio Público ni el Bufete Jurídico Popular de Rabinal, que representa a las mujeres achí, han presentado acusación formal en contra de algún mando militar. De acuerdo con los peritajes, las instrucciones y el control de los PAC de Xococ y otras comunidades, corría por cuenta de los jefes de las zonas militares de Cobán, Alta Verapaz, y Salamá, Baja Verapaz.

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Creer en el testimonio de las sobrevivientes

«Las violaciones sexuales representan ignominia contra las mujeres. Las autoridades, en lugar de protegerlas, las convirtieron en objetivo de guerra», señalaron los jueces en la sentencia.

Sical Guerra dijo que los jueces estaban impresionados porque en sus relatos, las mujeres dijeron que fueron sometidas a esclavitud doméstica. «Las obligaron a hacer tortillas para los soldados», indicaron.

Aunque la defensa de los acusados insistía en que los relatos no eran coherentes, que habían cambiado de versión con el paso de los años, hasta afinar un señalamiento directo contra los detenidos, los jueces usaron varias afirmaciones para remarcar que los testimonios les parecían verídicos.

«A los juzgadores nos resulta denigrante lo que vivieron las víctimas, personas indefensas que no pudieron poner resistencia y que han esperado tantos años para demandar».

Las mujeres achí que iniciaron este caso son casi todas analfabetas, pero han tenido el valor de mantenerse firmes en la denuncia a pesar de los tropiezos judiciales y la lentitud de los procesos. Los jueces también resaltaron la tenacidad de esperar 40 años para lograr justicia.

El perito José Ángel Zapeta dijo que otro efecto que tuvieron estas acciones fue la pérdida de la espiritualidad de las comunidades, porque ni siquiera pudieron cumplir con los funerales de los fallecidos. Los testimonios de las mujeres indican que siguen sin saber dónde están los restos de sus seres queridos.

El tribunal también señaló que las mujeres sufrieron la pérdida de sus posesiones. «Habiendo quedado demostrado en el presente juicio que las victimas fueron objeto de esclavitud sexual, servidumbre violenta, tratos degradantes e incluso la quema de sus viviendas. Se demuestra que se violó el convenio de Ginebra al cometer actos inhumanos contra la población civil».

Afuera del tribunal, frente a la Corte Suprema de Justicia, los colectivos sociales que acompañaron a las mujeres achí hicieron algunas pintas en el suelo. Los mensajes eran recordatorios de sus vidas.

«Mi hijo de tres meses de embarazo murió porque me golpearon en el vientre», «vendí mis cosas, mi piedra de moler, para darles de comer a mis hijos», se podía leer en el pavimento seco.

«Hoy, con esta sentencia dejamos constancia del valor y los derechos de las mujeres achí, que han hecho públicas las violaciones de las que fueron objeto», señala una de las conclusiones de la sentencia.

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No estaban solas

La sala de audiencias en donde se leyó la sentencia era pequeña y solo unas pocas mujeres achí pudieron ingresar. Entre ellas estaban las cinco que señalaron directamente a los expatrulleros que fueron condenados. Iban vestidas con su indumentaria maya: corte, güipil, cinta con dos borlas colocadas en la cabeza, un tapado o capa blanca y el tradicional collar rojo. Con ese vestuario, afirmaron varias de ellas, quisieron demostrar respeto a los jueces, y remarcar la importancia que tenía para ellas esta resolución.

Las demás mujeres achí que llegaron para presenciar la sentencia tuvieron que quedarse afuera de los tribunales porque no había espacio en la sala ni disponibilidad de usar otra con mayor capacidad. Varias salieron a las 2:00 de la mañana de Rabinal y tuvieron que apostarse frente a la Corte Suprema de Justicia, en la Plaza de los Derechos Humanos. Ahí fueron acompañadas por diversas organizaciones, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios.

La mañana inició con una ceremonia hecha con velas, flores y oraciones en idiomas mayas. El tribunal había convocado a la audiencia a las 8:30 horas, pero durante la mañana solo dio la palabra a Pedrina López de Paz y Margarita Alvarado Enríquez para que hicieran un último pedido al Tribunal. También hubo tiempo para atender la petición de atención médica de Bernardo Ruíz Aquino, quien reportó que le había dado un derrame. El Tribunal aplazó de nuevo para convocar a la lectura de la sentencia a las 15:00 horas.

Cuando el juez Gervi Sical leía los argumentos del Tribunal para condenar a los acusados, desde afuera las sobrevivientes y sus acompañantes se sentaron en pequeños grupos para seguir la audiencia desde su celular.

Aunque en la Ciudad de Guatemala estaban acuerpadas, al regresar a sus comunidades la situación será diferente. Una de las sobrevivientes que madrugó para viajar desde Rabinal, Baja Verapaz, contó que en sus pueblos son más reservadas porque hay vecinos que no simpatizan con su lucha y las señalan tener intereses económicos.

Allí, frente a uno de los edificios que representa la más alta autoridad del sistema de justicia en Guatemala, Paulina Ixpatá tomó el micrófono para decir que no recorrieron este camino por dinero, sino «porque no tuvieron compasión con nosotras», al referirse a lo que sufrieron en manos de los ex Patrulleros de Autodefensa Civil.

Por otro lado, durante la mañana un grupo de simpatizantes y familiares de los exPAC se presentó a Tribunales a exigir que fueran liberados. Con carteles se manifestaron en contra del juicio y cuestionaron los relatos de las mujeres.

«Tuvieron 40 años para armar un caso y según entendemos piden un resarcimiento. Nosotros consideramos una injusticia. Mi papá no es un violador, si así fuera ninguno de nosotros sería cristiano», dijo Santos Paulino Cuxum, hijo de Gabriel Cuxum Alvarado, uno de los sindicados.

Al regresar a Rabinal, las sobrevivientes y las organizaciones que las acompañan conmemorarán el cierre de esta etapa con otra ceremonia maya. Pero no será el final. Ixpatá enfatizó que todavía piensan en poner ante la ley a los autores intelectuales de estos crímenes. A los militares que dieron las órdenes o permitieron que estos actos ocurrieran.

Lo más próximo será la audiencia de medidas de reparación digna, pactada para el jueves 27 de enero. Ese día se conocerán las disposiciones del Tribunal para el Estado, que tendrá que cumplir con una lista de acciones para reparar el daño comunitario que causó su permisividad.

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