Con voz suave, tranquila, la Fiscal General, Claudia Paz y Paz argumentó en la sala de vistas de la CC que era importante discutir sobre los periodos constitucionales, sobre la posibilidad de cercenar un periodo constitucional, también sobre el momento exacto en el que ella inició en el cargo de jefe de Ministerio Público. “Son asuntos que podrían afectar la independencia de las instituciones de justicia, el principio republicano de elección de poderes y de legalidad”, argumentó.
Fueron estos mismos plazos sobre los que Sagastume, minutos antes, intervino ante los magistrados. Hizo énfasis, sobre todo, en la manera en que los plazos de distintos cargos institucionales, creados a partir de las reformas constitucionales de 1994, como el del MP, empezaron a funcionar. “Los plazos de cada institución siempre han sido respetados”, señaló ante los magistrados.
El pasado 7 de febrero la CC decidió conceder un amparo provisional a favor de Sagastume. La queja de este abogado ante los magistrados era a causa de que el Congreso de la República, el pasado 17 de enero, había obviado convocar a la integración de la Comisión de Postulación que debe encargarse de seleccionar a seis candidatos para jefe del Ministerio Público este año. Con el amparo provisional concedido por la CC, el Congreso recibía la orden de activar el proceso de elección de nuevo Fiscal General, es decir, de acortar el plazo de la actual jefa del MP.
Paz y Paz expresó, en la concurrida sala de vistas, que el tiempo al frente de MP no podía ser acortado. Explicó que el proceso de elección por el cual fue en 2010 surgió de uno anulado previamente, cuando Conrado Reyes, señalado de tener vínculos con el narcotráfico, fue retirado del puesto. “No fui delegada al cargo para terminar el plazo de alguien más. Fue un proceso nuevo para cumplir un plazo de cuatro años”, indicó.
Durante la argumentación de Sagastume, no obstante, se habló de que el proceso de Conrado Reyes no fue anulado por completo, sino sólo unas partes de él. “La convocatoria que hizo el Congreso para conformar la comisión de postulación del MP el 17 de mayo de 2010 nunca fue anulada. Esa fecha es clave. El proceso empezó así. Luego se dieron los problemas, pero la convocatoria se marcó con esta fecha, con el inicio de un periodo constitucional”, dijo Sagastume luego de su intervención.
Claudia Paz y Paz fue nombrada en su cargo por el entonces presidente Álvaro Colom el 9 de diciembre de 2010. El plazo para cuatro años fue fijado en el acuerdo gubernativo 90-2010. En los argumentos presentados ante los magistrados de la CC, la Fiscal General indicó que la Constitución de la República, en sus artículos transitorios 24 y 25, que utilizó Sagastume para cuestionar el tiempo de su mandato al frente del MP, nunca se establece una fecha fija para el inicio de los plazos constitucionales de las distintas instituciones del Estado. “La Real Academia de la Lengua define lo transitorio como pasajero, temporal, caduco, perecedero, fugaz. No puede hacerse una mala interpretación”, increpó a los magistrados.
Para Sagastume, en cambio, el acuerdo gubernativo que reconoció como Fiscal General por cuatro años a Claudia Paz y Paz tiene vicios y constituyó, como dijo ante la CC, “un abuso y un exceso de parte del expresidente Álvaro Colom”. También explicó que los artículos transitorios establecieron un punto de arranque, una forma de orden constitucional para el país, algo que se debe respetar.
Entre acortar o alargar el plazo de la Fiscal General, los magistrados de la CC escucharon un último alegato de Claudia Paz Y Paz: “Lo que está en juego no es si yo sigo en el cargo por siete meses más; lo que está en juego es la vigencia de la Constitución, de la democracia, del Estado de Derecho, ya que cercenar periodos constitucionales lesiona el Estado de Derecho”.
Luego de escuchar estos argumentos, la CC tiene 10 días para pronunciarse y emitir una sentencia firme en torno al plazo del jefe del MP. Edgar Pérez, representante de la Convergencia por los Derechos Humanos como tercera parte interesada en este caso, durante su intervención ante los magistrados, solicitó que en esta sentencia, la CC tome en cuenta explicar a la población, de modo claro, los motivos que los lleven a decidir sobre reducir o extender el periodo de la Fiscal.
En tanto eso sucede, la Comisión de Postulación para el Ministerio Público, ya integrada, juramentada por el Congreso de la República, ha fijado el día 2 de mayo como la fecha límite para presentar al Presidente la nómina de seis candidatos a Fiscal General de Guatemala.
