Hemos escuchado noticias aterradoras sobre olas de calor en Europa, incendios de grandes dimensiones en la Amazonia, Australia y Estados Unidos, temperaturas extremas en China e inundaciones en Brasil y actualmente en Pakistán. En este último país, un tercio de su territorio está bajo el agua, hay más de 1,200 personas muertas, cientos de desaparecidos y millones están afectados, pero esto también significa que las siembras se han perdido, que animales han muerto y que cualquier tipo de comercio está suspendido, entre otras consecuencias fatales.
Con el calentamiento global, olas migratorias se estarán generando, las personas más vulnerables tendrán que salir de sus lugares de origen y residencia en busca de una mejor vida o huirán para sobrevivir. Poco a poco, las condiciones climáticas empezarán a afectarnos más de cerca. No solo serán deslizamientos sobre la ya muy mala infraestructura guatemalteca, serán más Iotas y Etas, más sequías, menos trabajo y el aumento al costo de los alimentos incrementará las expulsiones humanas que ya son comunes en el país. Solamente aquellas personas con suficientes recursos podrán enfrentar los embates del cambio climático, sea porque ya viven en áreas con menor riesgo, porque tienen perfiles y documentos que les permiten migrar, porque tienen carreras profesionales donde pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, o bien, porque podrán adquirir tecnologías que, o les mantienen más frescos o mejor abrigados.
Es decir, en Guatemala serán muy pocas las personas que podrán pasarla relativamente bien en las próximas crisis. Aquí, la mala planificación de la ciudad capital y la ausencia de Estado en los departamentos dejarán ver más hundimientos, deslaves, accidentes y cada vez habrá más agujeros como el de Villa Nueva o Mixco, carreteras inservibles como el libramiento de Chimaltenango o la Interamericana, cabeceras departamentales completamente inundadas y poblados soterrados. Estamos completamente desprotegidos y no hay ningún intento por cambiar ese desastroso presente y futuro que se avecina.
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En medio de este contexto, en el Congreso de la República, a través de la diputada Shirley Rivera, y los diputados Aníbal Rojas, Julio Longo, Carlos López, Efraín Menéndez y Marvin Alvarado, están promoviendo la iniciativa de ley 6054 titulada «Ley que sitúa bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) las instituciones de competencia ambiental», esa iniciativa busca centralizar el trabajo de las instituciones como el Conap, Inab, Ocret, autoridades de las cuencas de Atitlán, Amatitlán, Izabal, Río Dulce y Petén Itzá, dentro del MARN. En la iniciativa se hace énfasis en la inversión y en la gobernanza que actualmente tienen, lo que se traduce como el pago de favores al agronegocio, empresas extractivas y acabar con cualquier tipo de organización comunitaria que proteja los bienes naturales comunes.
Los mismos diputados promueven la iniciativa de ley 6055, que propone la reforma al decreto 60-86 del Congreso de la República, ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, en donde citan que los trámites y procedimientos administrativos «se tornan en exceso dilatorias y un obstáculo para el desarrollo de nuevas actividades profesionales, comerciales, industriales o de índole cultural. Lo cual evidentemente contradice los principios de libertad de industria, comercio y trabajo, así como la realización del bien común y el desarrollo integral de la persona». Parece que esto último fuera un chiste, ¿dónde hay bien común con la mina? ¿Dónde hay bien común en las narcopistas en medio de la selva petenera? ¿Dónde hay bien común cuando se otorga la naturaleza a una empresa que la explota y se deshace de las comunidades que viven allí? ¿Dónde hay desarrollo integral de la persona que vive de la pesca y la siembra cuando las transnacionales son culpables de terribles ecocidios? La estupidez y avaricia de las y los parlamentarios pone en riesgo nuestras vidas, nuestra agua, nuestros bosques y nuestros ecosistemas, al anteponer, cual idiotas, el dinero sobre el bienestar.
Como he mencionado antes, tener congresistas que no hayan pasado por educación de calidad no es un problema, lo que es un problema es que, a pesar de rodearse de asesores y asesoras, que se supone cuentan con conocimiento idóneo, elijan flotar a la deriva de las aguas salvajes del capitalismo corporativo. Su obstinada determinación de obedecer a corruptos empresarios y sus jefes del ejecutivo los torna en ignorantes inescrupulosos que venden nuestro futuro, amenazando a las autoridades ancestrales que conocen cómo cuidar y proteger los bienes naturales comunes y desechando los cientos de estudios científicos que indican que esas iniciativas, como la 6054 y la 6055, no son para nada el camino hacia la dignidad y el buen vivir.
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