Esta iniciativa es parte del movimiento impune que los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei se encargaron de volver a asentar en beneficio de quienes se creen los dueños de este país. Ese movimiento impune y descarado está prontísimo para dejar en libertad a Otto Pérez Molina, a su hijo Otto Pérez Leal y a su nuera Stella Alonzo, así como ya lo ha hecho con Murphy Paiz, Estuardo Gálvez, Blanca Stalling y Gustavo Alejos, entre otros. Es una iniciativa que busca hacer «borrón y cuenta nueva» para un grupo de criminales cobardes que no son capaces de asumir lo que la evidencia ha demostrado: que ellos son genocidas.
La iniciativa es un intento por borrar la historia, porque los años sigan avanzando y cada vez sean menos personas las que sepan sobre las atrocidades cometidas por el ejército y sobre los beneficios obtenidos con la guerra, pues muchas familias guatemaltecas que ahora son millonarias obtuvieron la mayoría de las tierras que explotan de miles de familias indígenas y campesinas a quienes se las despojaron con harta saña y el objetivo de eliminarlas. Esa iniciativa de ley es otra de las materializaciones del racismo, de las políticas de blanqueamiento que permean en este gobierno, porque matar de hambre, expulsar a personas a migrar, reducir constantemente los presupuestos de salud pública, negar educación, perseguir defensoras y defensores y desalojar comunidades no son casualidades, son políticas construidas para acabar con la vida de quienes para ellos no valen nada. En su gran mayoría personas indígenas, campesinas y pobres. Ese movimiento impune es solo un brazo de la necro –y narco– política que atinge a Guatemala.
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Hay un claro interés porque nadie sepa qué pasó. Así, por ejemplo, los descendientes de las familias que se beneficiaron de la guerra, aquellos con grandes apellidos, pueden continuar haciendo y deshaciendo, torciendo el brazo de cualquier político y aspirante a whitemalan y ocupar posiciones claves que nadie sabrá quiénes son y para qué llegaron ahí. Como la lamentable y penosa lambisconería de una corporación financiera del país al otorgar un reconocimiento al militar retirado Horacio Soto, acusado por testigos y organizaciones de sociedad civil de crímenes de guerra durante el conflicto armado interno, concretamente la tortura de civiles. Una de las primeras personas en celebrar esa mención fue la diputada Lucrecia de Palomo, viuda de Francisco Palomo, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad y abogado defensor de Efraín Ríos Montt. La diputada Lucrecia Marroquín fue electa por el partido Valor, de quien su presidenciable es Zury Ríos. Ellos, ahora, están listos para aliarse con el partido Unionista, de Álvaro Arzú y su familia, quienes, según el periodismo de investigación, también han tenido vínculos con militares como Byron Lima, condenado por el asesinato de Gerardi. Y así, tantas historias atadas al ejército, que lo menos que les deben es por lo menos intentar limpiar la sangre que llevan en sus manos.
En Guatemala, sí hubo genocidio. La evidencia histórica lo ha demostrado, y hombres y mujeres incansables por buscar justicia, que como las abuelas de Sepur Zarco y las Mujeres Achí, han dejado constancia que por más que intenten hacernos perder la memoria, seguirán y seguiremos siendo semillas para que no se olvide, para que se recuerde y para que se sepa que el ejército de Guatemala es uno de los peores grupos criminales que lacera al país.
En Guatemala sí hubo genocidio. Que no haya paz ni libertad para ellos.
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