Ellos tienen un Gobierno estudiantil y un Congreso estudiantil que redacta las leyes y los reglamentos del colegio. Tienen un procurador de los derechos humanos, que es el garante de los derechos de los estudiantes. Tienen jueces y abogados en cada aula, una Corte Suprema Estudiantil. Y, por supuesto, también tienen una Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La SAT estudiantil estableció un impuesto mensual de Q1.00 por alumno. Cada grado tiene un representante de la SAT que se encarga de recolectar los impuestos de sus compañeros de clase y trasladarlos a un fondo central. Como no son muchos estudiantes, tampoco es gran cosa lo que recogen, pero lo importante es que se genera una responsabilidad tributaria en los chicos. El año pasado, la administración tributaria estudiantil logró recolectar el 100 % de los impuestos. Es decir, el total de los estudiantes (desde maternal hasta bachillerato) pagaron sus impuestos puntualmente durante los diez meses del curso lectivo. Todo un logro.
La directora del colegio, Rita Cabarrús, como señal de motivación y reconocimiento del trabajo de los chicos, decidió llevar a los representantes de la SAT estudiantil de visita con el superintendente Juan Francisco Solórzano. Los muchachos, muy orgullosos, le contaron a Solórzano su logro en el cobro de impuestos, y este, muy intrigado, les preguntó cuál era el secreto. La superintendente de los estudiantes le contó que lo más difícil fue cobrarle a su propia madre, quien además es docente del colegio. La mamá tenía que proveerle a su hija el quetzal mensual y por alguna razón no se lo había dado. Así pues, la joven homóloga de Solórzano Foppa tuvo que ponerse dura con su propia madre. He allí el secreto: los impuestos no se le perdonan ni a la mamá.
En el Congreso de la República se encuentra la iniciativa de ley de fomento y desarrollo de la ganadería bovina, ovina, caprina y porcina de la república, la cual ya tiene el comentario desfavorable de la SAT. La iniciativa propone exonerar del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (ISR) durante 10 años a todos aquellos que realicen actividad pecuaria. Según cálculos de la SAT, esta exoneración representa anualmente un sacrificio fiscal equivalente al 2.2 % de la recaudación total.
Aparte de la ganadería, ya se adicionaron diez actividades agrícolas, entre ellas el café, el cardamomo y la caña de azúcar. Todas pretenden un beneficio fiscal más benévolo que el de un pequeño contribuyente.
En enero, el presidente de la república autorizó exonerar de multas y recargos por adeudos tributarios a 216 personas jurídicas o físicas. Aún hoy, a pesar de la insistencia de la prensa, no sabemos quiénes fueron los beneficiarios ni de cuánto fue el favor presidencial.
Este país no se puede dar el lujo de exonerar tributos. Cada centavo es imprescindible en este país donde los niños mueren de hambre, donde las mujeres fallecen en el parto, donde se mata a cualquiera por no pagar una extorsión, donde faltan escuelas por doquier, donde hay hogares sin agua potable o electricidad, donde no se apoya al migrante que salva la economía con sus remesas, y la lista sigue eterna.
Los impuestos no se le perdonan ni a la madre. Esa fue la lección de la jovencita del colegio Naleb’.
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