Narcotráfico y política: nuevas historias de un viejo affaire

En asunto de meses, al menos media docena de candidatos a alcaldías, diputaciones o la Presidencia, han sido vinculados al narcotráfico. Algunos, detenidos con fines de extradición, y uno, capturado en abril pasado en EE.UU. de donde volverá como un exconvicto: Mario Estrada Orellana, excandidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN).

No es que el narcotráfico y la política en Guatemala se relacionaran repentina y vertiginosamente. Siempre estuvieron cerca, pero ahora es más obvio. El incremento de casos obedece al debilitamiento del Estado, a nivel nacional y local, lo cual facilita su cooptación (más que a la captura) por parte de grupos criminales que buscan impunidad.

Carmen Aída Ibarra, activista del Movimiento Pro-Justicia, advierte que los narcotraficantes avanzan hacia una influencia mayor. «Ya tienen un amplio control del sistema de partidos políticos; ya tienen una alta penetración en distintos estamentos de la sociedad, probablemente no tienen el control de todo el aparato del Estado, pero van camino a eso», dice la activista.

Una vez que los intereses de estos grupos superan el ámbito económico, ocurre una cooptación del Estado, que sucede en distintos niveles de gobierno, según lo explican los académicos Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo-Albarán e Isaac de León-Beltrán, en el análisis Desde la captura del Estado hacia la reconfiguración de la cooptación del Estado, publicado con Fundación Método de Colombia, hace diez años.

Los autores proponían el concepto de la reconfiguración del Estado cooptado como «la acción de organizaciones legales e ilegales que, por medio de prácticas ilegales, buscan sistemáticamente modificar el régimen político desde adentro e influenciar la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego y las políticas públicas, para lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, y ganar legitimidad social a largo plazo». Destaca en este caso el denominado «Pacto de Corruptos» en el Legislativo en Guatemala, que desde 2015 intenta favorecer a funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción, procurándoles castigos poco severos o impunidad.

Garay, Salcedo y De León destacan que la cooptación lleva a los actores o grupos ilegales a buscar alinear sus intereses con aquellos del Estado, los económicos, judiciales y otros, «al manipular la formulación de leyes para ganar beneficios a largo plazo e influir en las estructuras regulatorias de los estados». Los autores explican que estos grupos pueden usar la coerción, y diferentes formas de infiltrar porciones del Estado para procurarse impunidad para sus actividades criminales, que van más allá de sobornos o manipulación del Legislativo, y pueden incluir violencia. Su influencia se concentra en el poder local (municipal, por ejemplo), por ser más débil o vulnerable. Basta observar los casos de alcaldes vinculados al narcotráfico, y más recientemente el caso de Estrada. 

«No se debe dudar que [Estrada] no es el primer caso, [aunque] hizo posible revelar públicamente la manera cómo se construye el entramado de la corrupción», señala David Martínez-Amador, académico sinaloense especializado en investigar y analizar el crimen organizado.

El académico está convencido de que las negociaciones que llevaron a Estrada a creer que recibiría 12 millones de dólares del Cartel de Sinaloa (por medio de miembros de las fuerzas de seguridad que fingían ser narcotraficantes), han ocurrido antes con otros candidatos presidenciales. «Esta dinámica ha estado enquistada siempre en el proceso de post-conflicto y construcción de la democracia», señala.

Corrupción, un facilitador de la cooptación

Martínez-Amador afirma que este tipo de acciones le pone precio a la campaña política y al país. Sin embargo, es un precio bajo en contraste con lo que se vende: el salvoconducto para el paso anual por Guatemala de al menos 1,400 toneladas de cocaína y otras drogas (un estimado de EE.UU.), e inmunidad para traficar con los respectivos efectos colaterales: violencia, corrupción, el estímulo del narcomenudeo y el incremento del consumo de drogas. Por eso, en 2014, durante una conferencia sobre lavado de dinero en Perú, un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas decía que el problema no es que los narcos compren a los políticos, sino que «los políticos se vendan tan barato».

Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Federal Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), sostiene que «el narcotráfico no existiría sin la corrupción». El concepto encaja con la imagen que el sociólogo y politólogo Héctor Rosada tiene del crimen organizado como un banco de tres patas: los capos o estructuras extranjeras; los capos locales y las autoridades corruptas (entrantes, salientes, y por ser electas). El banco no se sostiene sin una de las tres.

¿Qué le permite sostenerse y cómo se explica el incremento actual de casos de funcionarios y candidatos políticos ligados al narcotráfico?

Es porque ¿Hay más autoridades o candidatos corruptibles? ¿Hay más cocaína que traficar porque la producción de ésta en Sudamérica aumentó un 20 % de 2016 para 2017, según EE.UU., y por eso necesitan más protección para traficar más producto? o ¿Porque la Cicig investigaba el tema desde 2013 y la mayor disponibilidad de información permitió vincular a más funcionarios y candidatos?

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Las tres razones aplican, pero el incremento de casos obedece principalmente al debilitamiento institucional del Estado, según Eric Olson, director de la Plataforma América Central – D.C. en la Fundación Internacional Seattle, en EE.UU. Es el mismo debilitamiento del que hablan Garay, Salcedo y De León, que permite la infiltración y cooptación del Estado en varios niveles. «Cuando el narcotráfico puede infiltrar y capturar al Estado [hasta tocar a altos funcionarios], la democracia peligra más y a las instituciones les cuesta contrarrestar eso», dice Olson, quien también es consultor para el Programa Latinoamericano y el Instituto México del Woodrow Wilson Center en EE.UU. «El crimen organizado se fortalece cuando el Estado es débil, y esto ha pasado en los últimos años [en Guatemala]».

El narco se acerca a las autoridades todo el tiempo: antes, durante y después del período electoral. Invierte en varios partidos políticos, hasta que se perfile uno como ganador, o aborda a los funcionarios electos después, con invitaciones o amenazas. 

Sin embargo, la antesala de las elecciones ofrece una mayor oportunidad de infiltración por cuanto está en juego: los millones de dólares que ofrece el narcotráfico para financiar campañas, aunque los candidatos (sean funcionarios o no) están sujetos a un mayor escrutinio y por eso sus pecadillos están más susceptibles a ser descubiertos. Eso explica, en parte, casos como el del alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, Ottoniel Lima Recinos, a quien el Ministerio Público pidió en diciembre pasado que se le retire la inmunidad para investigarle por narcotráfico; o el del alcalde de Ayutla, San Marcos, Erick Salvador Súñiga Rodríguez, pedido en extradición por EE.UU., para que enfrente cargos por narcotráfico en una corte de Texas.

Los narcotraficantes ofrecen al candidato o funcionario más dinero del que han visto en su vida, para garantizar el libre tránsito de la droga y asumir el costo del riesgo que correrá cuando la cuerda se rompa en el extremo más débil: la pieza más expuesta al ojo público, el candidato político. Los candidatos o funcionarios se vuelven desechables. Si caen, el narco busca a otro en las principales rutas de trasiego. Eso explica por qué los casos detectados están en departamentos fronterizos con Honduras o México, o en la costa sur, con acceso al mar.

Son lugares donde el Estado es débil o está ausente, y que figuran en esas rutas claves para el narcotráfico: en Zacapa hay dos casos; en Escuintla, tres; uno, en Retalhuleu, y uno en San Marcos. Los casos más recientes de decomisos incluyen voluminosos cargamentos de cocaína incautados el pasado 18 de mayo en Retalhuleu y San Marcos.

Algunos antecedentes

Carmen Aida Ibarra afirma que el problema del narcotráfico en el país es grave desde hace 30 años, y se percibe con mayor agudeza en las últimas dos décadas. Sin embargo, algunas raíces son más antiguas aún.

En los años 70, cuando se comenzó a agudizar el conflicto armado, hubo un fuerte control militar sobre el territorio nacional. Entonces, la única forma de traficar en Guatemala era con complicidad militar cuando el narcotráfico en Colombia y México comenzó a operar con mayor presencia en Centroamérica, y a mover más cocaína que mariguana, entre finales de los años 80 y principios de los 90 (porque la vigilancia de EE.UU. obligó a mover parte de las rutas del mar Caribe y el Océano Atlántico hacia el istmo, por vía terrestre, y vía el Océano Pacífico).

En Guatemala, fue determinante la relación entre el poder político del gobierno central y el del oriente del país. La historiadora y socióloga Matilde González-Izás explica, en Territorio, actores armados y formación del Estado, que los caudillos de esa región fueron claves en movimientos políticos regionales y nacionales entre los años 60 y 80. «Tras cada guerra de secesión, golpes de Estado o cambio de gobierno, las instituciones estatales se reorganizaban para dar cabida a las demandas de la red de colaboradores del nuevo caudillo (financistas, finqueros, comerciantes, caciques) ….con sus propias milicias y gobiernos territoriales», escribe González-Izás.

«El reto del nuevo gobierno era asegurar la lealtad de los caciques de provincia y fuerzas militares, estatales y privadas a quienes debía su arribo al poder (…). De allí [también] la necesidad de negociar, cooptar, o sobornar a quien fuera capaz de mover la fuerza armada opositora», señala la historiadora. Además, los hombres leales a las fuerzas armadas fueron premiados con tierras, «o puestos en instituciones públicas, principalmente en su región de influencia». Personajes como Arnoldo Vargas Estrada y Waldemar Lorenzana Lima, caudillos del oriente, «solicitaron puestos en las aduanas de las fronteras con Honduras y El Salvador desde donde podían controlar el flujo de mercancías». Este tipo de infiltración ocurría mucho antes que Garay, Salcedo y De León propusieran el concepto de cooptación del Estado. 

Vargas, que fue comisionado militar, y otros sujetos que pertenecieron al Ejército, comenzaron a incursionar en política desde una postura privilegiada que el vínculo militar les ofrecía. En 1985, Vargas fue electo alcalde de Zacapa. «Vargas era un héroe para muchos oficiales militares asignados en Zacapa en esa época», dijo el coronel retirado Mario Mérida, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar, según una publicación del Woodrow Wilson Center de 2011. «Él llegaba al destacamento militar de Esquipulas (en Chiquimula), para invitar a los oficiales a almorzar». Usualmente botellas de güisqui acompañaban las comidas, y también les daba dinero para sus gastos. «Así es como compró a mucha gente», dijo Mérida.

Otro exfuncionario gubernamental, que pidió no ser citado, dijo que las tácticas de Vargas explicaban cómo se las arregló para lograr que aviones cargados de cocaína, que salían desde Sudamérica, aterrizaran en la Zona Militar de Zacapa. Los aterrizajes también ocurrían en pistas particulares que los narcos colombianos alquilaban a finqueros. 

En diciembre de 1990, Vargas había sido reelecto como alcalde, pero no había tomado posesión, cuando fue detenido porque EE.UU. lo pedía en extradición. El alcalde alegó que los cargos fueron infundados, pero fue extraditado en 1992. Volvió deportado en julio de 2017, después de 25 años en una cárcel estadounidense, y en 2019 se inscribió como candidato a alcalde por el comité cívico Al Rescate de Zacapa, pero su candidatura fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral.

Mérida decía que, en zonas remotas era fácil percibir cuando algunos oficiales estaban recibiendo dinero mal habido, dinero narco: se les veía aparecer en vehículos que no podrían haber comprado con el sueldo que recibían. En 1993, hasta «El Chapo» Guzmán dijo a las autoridades mexicanas que un teniente coronel guatemalteco (Carlos Humberto Rosales) le facilitó la entrada a Guatemala sólo para entregarlo a militares guatemaltecos, después de robarle 1.5 millones de dólares, según lo documenta la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco.

En 1992, otro teniente coronel, Carlos Ochoa Ruiz, traficaba cocaína que recibía de un piloto colombiano en una pista de aterrizaje en Retalhuleu, y tuvo tanto poder que evadió la cárcel después que incautaron 2.8 toneladas de cocaína en una de sus propiedades en 1992; también evitó la extradición a EE.UU. El asesinato del magistrado Epaminondas González Dubón se atribuye a una vendetta porque la Corte de Constitucionalidad aprobó la extradición, aunque luego del crimen revirtió la decisión. Era un ejemplo de la violencia empleada para garantizarse impunidad, —como lo explican Garay, Salcedo y De León—, aunque Ochoa volvió a ser detenido en 1997 con 30 kilos de cocaína, y lo condenaron a 14 años de cárcel en el país, cuando EE.UU. había desistido de extraditarle.

Lorenzana Lima no alcanzó la visibilidad que a Vargas le dio su vida política, pero estaba bajo el radar de la DEA desde 1996. Un testigo que declaró contra los Lorenzana dijo, en una corte de EE.UU., que en 1999 Lorenzana Lima había pagado 40 mil dólares a policías en Retalhuleu para que excarcelaran a sus dos hijos Eliú y Ovaldino Lorenzana Cordón, después que fueron capturados con varios fusiles de asalto. El testigo también dijo que Lorenzana Lima se jactaba de contar con protección policial y militar para sus cargamentos de cocaína. La DEA logró que una corte estadounidense pidiera su captura a Guatemala en 2009, y que las autoridades lo capturaran en 2011. Hasta entonces, Lorenzana había conseguido, a punta de sobornos a autoridades locales, protección para su familia y traficar con impunidad.

En 2014, Guatemala lo extraditó a EE.UU. y Lorenzana Lima se declaró culpable, pero la corte no le ha dictado sentencia debido a su estado de salud. Para entonces, era evidente que a Lorenzana la ausencia de vida política le permitió traficar otros 20 años más, mientras que la visibilidad de la vida política de Vargas torpedeo las actividades criminales que las autoridades le atribuyen.

Corrupción, el habilitador principal

El triángulo entre el crimen organizado, las drogas prohibidas y la corrupción de las autoridades tiene un precedente histórico de hace casi un siglo: la era de la prohibición, cuando en los Estados Unidos se prohibió la venta y el consumo de licor entre 1920 y 1933. El historiador estadounidense Michael Lerner explica que producir y traficar licor de contrabando era tan lucrativo, que el dinero que generaba era una gran «fuerza corruptora» contra las autoridades.

En EE.UU., el trasiego ilegal y la corrupción no acabaron cuando se levantó la prohibición. El escritor y periodista mexicano Ricardo Ravelo ha escrito (en sus libros del tema) que continuaron cuando el trasiego de drogas como la mariguana y la cocaína (desde los años 80) sustituyó al del licor. Por ejemplo, entre 2012 y 2013, cuando Hillary Clinton era Secretaria de Estado, denunció que se investigaba a dos mil agentes de varias agencias (asignados a la frontera sur estadounidense), por posibles vínculos con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico.

Para finales de los años 90, cuando las autoridades identificaban a Byron Alcides Berganza Espina como el principal narcotraficante del país, la DEA registraba en su expediente (en una corte de Nueva York) que era difícil capturarlo en Guatemala porque lo protegían oficiales militares, entre ellos, su cuñado. Un expolicía narra que en una ocasión lo capturaron por un cargo no relacionado con el narcotráfico y Berganza mansamente acudió al juzgado (con escoltas militares en vehículos coleros), donde el juez revocó la orden. Antes de marcharse, Berganza le entregó varios billetes de 100 quetzales a uno de los policías que lo llevaron al juzgado, para que fuera a comprar Pollo Campero para él y los demás policías.

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La DEA logró que la policía de El Salvador capturara a Berganza en 2003, y desde ese país lo llevó a EE.UU., donde fue condenado por narcotráfico a 22 años de cárcel. Salió libre en 2015, después de 12 años. Una corte dio su sentencia por cumplida sin divulgar el motivo.

La relación con algunos militares del Ejército de Guatemala le garantizó al narcotráfico desde los años 80 estar protegido por una histórica estructura de poder. También alcanzó importantes niveles de influencia entre autoridades civiles, como en las municipalidades y la Policía Nacional Civil, conforme el poder civil se independizó del control militar.

No obstante, en los gobiernos de Álvaro Arzú (1996-2000) y de Alfonso Portillo (2000-2004) había una carta blanca para que los militares retuvieran un papel en asuntos de seguridad interna, con los comandos Antisecuestros y Antinarcóticos de Arzú, formados por miembros del ya desaparecido Estado Mayor Presidencial, y cuando Portillo permitió que militares ocuparan algunos puestos en la policía. El Ejército retenía el control en parte del territorio, por lo que infiltrarlo era básico para cooptar los niveles más útiles del Estado para el narcotráfico.

En época de Arzú, había fuertes señalamientos de corrupción en el Ejército y la policía, que sólo aumentaron en los gobiernos siguientes —en parte— porque había más acceso a la información. Datos extraoficiales indican cómo los Lorenzana y Mendoza tenían arreglos con contactos en los gobiernos de Portillo y Óscar Berger (2004-2008), que no necesariamente implican a los mandatarios, pero sí a personajes con autoridad en sus administraciones. El expediente de los Lorenzana, en EE.UU., muestra que traficaron varias toneladas de cocaína durante esos gobiernos.    

Todo tiene un precio

En época de Álvaro Colom (2008-2012), se descubrió cómo algunos miembros del Ejército habían entrenado a fuerzas de seguridad en México, que luego desertaron y conformaron el primer grupo de los Zetas, el brazo armado del mexicano Cartel del Golfo, del cual se separaron en 2010. Así, el sendero para una infiltración estaba trazado. Otros exmilitares y expolicías figuraban entre detenidos o asesinados por casos de narcotráfico (dos guardaespaldas de Juan «Juancho» León, acribillados junto a él en marzo de 2008, eran expolicías de San Luis, Petén).

En diciembre de 2010, un grupo de Zetas tomaron tres estaciones de radio en Cobán, Alta Verapaz, mientras el departamento permanecía en Estado de Sitio (por violencia que generaba el narcotráfico). Luego, obligaron a los locutores a leer un comunicado en el cual le reclamaban al gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza por la presencia policial y militar, capturas y decomisos, a pesar de que le habían pagado 11 millones de dólares por protección.

Sólo ocho meses antes, un exagente federal de los EE.UU. había revelado que los Zetas le entregaron el dinero a un narcotraficante guatemalteco, que a su vez lo entregó a un funcionario del Ejecutivo, en los días cercanos a la toma de posesión de Colom en enero de 2008. Después de difundida la noticia, el mandatario negó que su gobierno haya recibido dinero del narcotráfico. El reclamo volvió a aparecer en diversas narco-mantas en el interior del país en los meses siguientes.

Durante el curso de la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza, un funcionario del Ejecutivo dijo que después que tomó posesión, encontró en su despacho una máquina para contar billetes. Se sorprendió porque su puesto no tenía relación con el manejo de dinero en efectivo. Se enteró después que lo visitaron dos agentes policiales, cada uno cargando una caja de cartón grande. Le dijeron que tenían instrucciones de dejar las cajas en su despacho. Se marcharon sin ofrecer más detalles.

Después que el funcionario decidió espiar el interior de una de las cajas y levantó un extremo de la tapa de cartón, divisó con claridad varios fajos de billetes. Minutos después, sonó su teléfono directo. Recién se colocó el auricular al oído, y dijo «Aló», escuchó una voz que le decía: «Que no se le alegre la vista, porque lo que le llevaron es mío». Reconoció la voz, colgó, y guardó las cajas en un mueble.

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Un hombre que aseguraba ser miembro de la seguridad de un narcotraficante en esa época dijo que su jefe le pidió a él y a otro guardaespaldas, llevar un millón de dólares en cajas de cartón a la sede central de la policía. Tenían instrucciones de entregarlas a un agente en particular, quien después se encargaría de llevarlas hasta la persona destinataria. Después, un guardaespaldas de esa persona telefoneó al hombre desde su celular, pero la voz interlocutora era de la persona destinataria. Llamaba para acusar recibo. Sólo entonces, los sujetos que llevaron las cajas le confirmaron a su jefe que el encargo había sido recibido. Aquel millón, decía, era parte de una colecta de 10 millones de dólares de varios narcotraficantes. 

En esos movimientos, los guardaespaldas facilitan la infiltración. Como el personal de seguridad tiene un alto nivel de rotación, y muchos se conocen entre sí porque trabajaron juntos protegiendo a un narco o a un político, los vínculos permanecen y se activan cuando un potencial narco financista quiere enviarle un mensaje a un candidato para ofrecerle dinero a cambio de inmunidad y protección para cargamentos de droga.

En la administración de la UNE, los nexos con el narcotráfico también aparecieron de otra forma más obvia. En marzo de 2011, cuando las autoridades capturaron a Juan Ortiz López, alias «Chamalé», en Quetzaltenango (porque EE.UU. lo pedía en extradición para enfrentar cargos de narcotráfico en una corte de Florida), no le quitaron su teléfono celular. Mientras estaba en custodia, Chamalé hizo dos llamadas: una al ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, y otra a Gloria Torres, hermana de la primera dama, Sandra Torres, según el entonces ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Valenzuela fue separado del cargo poco después. Gloria Torres quedó a salvo.

Años después, reportes de prensa divulgaron que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), recibieron dos millones de dólares para su campaña política en 2011 con el Partido Patriota, de manos de los narcotraficantes Marllory Chacón y su socio Hayron Borrayo Lasmibat; tanto Chacón como Baldetti negaron tener ese grado de relación.  Borrayo fue capturado en Francia en 2013 y extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos por narcotráfico, y Chacón se entregó en 2014 a las autoridades en EE.UU. para enfrentar cargos similares (ambos fueron excarcelados en febrero pasado).

El Departamento de Estado de los EE.UU. reveló que el Partido Patriota también tenía afiliaciones con los Zetas y que Baldetti usó sus influencias para protegerlos y facilitarles el trasiego de drogas vía Guatemala, a raíz de un acuerdo con ellos en 2011, cuando todavía era diputada. El acuerdo incluía que los Zetas la escoltaran durante la campaña política, y le pagaran 250 mil dólares (unos 1.8 millones de quetzales). Para 2013, un exoficial militar aseguraba que el Partido Patriota había protegido a todos los carteles (principalmente Sinaloa y Zetas) para recibir dinero de todos, siempre que redujeran la violencia y respetaran las rutas de trasiego de los demás. 

En 2012, un exfuncionario del Ejecutivo señaló, bajo la condición de anonimato, que un miembro de Los Huistas (socios del Cartel de Sinaloa en Huehuetenango) le había asegurado esto: «Ahora sí vamos a estar bien, no como con la UNE». Se refería a que recibirían protección del Partido Patriota. Sin embargo, nunca surgió evidencia que comprobara este extremo ni condujera a una acusación formal. En 2015, información extraoficial también vinculaba a diputados de ese partido con Los Huistas, pero nadie fue acusado ni detenido por estos motivos.

Baldetti, quien renunció a la vicepresidencia en 2015 y fue capturada para enfrentar diversos cargos por corrupción en Guatemala, aceptó ser extraditada para enfrentar cargos por narcotráfico en EE.UU., no obstante, la extradición no ocurrirá hasta que cumpla cualquier condena de cárcel dictada en Guatemala.

En 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reveló que las organizaciones criminales, en cuenta las del narcotráfico, proveían financiamiento electoral a los partidos políticos a nivel municipal, departamental y nacional, por medio de Redes Político-Económico Ilícitas (RPEI), redes que estaban en una transformación constante, lo cual dificultaba su identificación y rastreo para documentar los casos y judicializarlos. En ese mismo reporte, la Cicig y el comisionado Iván Velázquez aludían al caso de Esduin Javier Javier, electo en 2015 como alcalde de Ipala, Chiquimula, y a quien asociaban con el narcotráfico. Sin embargo, el Ministerio Público nunca lo acusó y ese mismo año Javier viajó a EE.UU. sin problemas. Ahora, Javier buscará su reelección. 

Alcances de las redes criminales

Los operadores de las RPEI utilizan el financiamiento político para garantizarse posiciones en el Estado, que les permitan cooptar al Estado: controlar o influir en la institucionalidad de la seguridad y la justicia para favorecer los objetivos del crimen organizado.

Una fuente extraoficial señala que los operadores de estos grupos prefieren entregar dinero en efectivo a los candidatos (o a los funcionarios) porque es menos rastreable que pagos en especie, aunque estos también se emplean eventualmente. En ocasiones, el financiamiento ilícito que llega hasta los candidatos es reportado como ingresos de las empresas de diversa naturaleza que poseen los candidatos. Entonces, las empresas de fachada, los partidos políticos, y las entidades del Estado (por medio de contratistas que son narcotraficantes, por ejemplo) acaban formando parte del entramado de las RPEI que facilita la canalización de dinero en efectivo de fuentes ilícitas hacia las campañas políticas (o a funcionarios públicos) para patrocinar objetivos comunes o afines.

«Tenemos un problema de cómo ciertos grupos de seguridad, expertos en armas y con capacidad de armarse, con capacidad económica y de incidencia política, empezaron a organizarse alrededor del Estado, e incursionaron en los negocios del Estado», afirma Carmen Aída Ibarra. «Una vez tienen poder económico, por derivación de actividades criminales, también quieren tener poder político. Antes se hablaba de contrabando, migración, como enclaves criminales; ahora es narcotráfico. Una vez logran conseguir dinero por vía de esas actividades criminales, generan poder económico y cierto poder político, y empiezan a incursionar en los partidos políticos; (luego) abarcan el poder local, o municipal, o consiguen llegar al Ejecutivo o al Congreso, donde pueden saltar a dictar hasta políticas públicas».

El narco infiltrado en la política, como financista o candidato, o hasta funcionario público, puede incidir en políticas públicas de seguridad, usando infraestructura del Estado, según David Martínez-Amador. «El Estado se pone, cual cliente, a su servicio», señala. «El narcotráfico es el motor de financiamiento para las redes político-económico ilegales porque es el nuevo socio capitalista que todos quieren tener» (incluyendo el Estado). Por ejemplo, el guatemalteco Otoniel Turcios Marroquín, capturado en Belice a pedido de EE.UU., y enviado a ese país para enfrentar cargos de narcotráfico en 2010, fue contratista del Estado en la administración de Colom. De hecho, la captura ocurrió en Belice porque la DEA nunca logró que la policía guatemalteca lo capturara, como en el caso de Berganza, que debió ser capturado en El Salvador.

Si en los años 80 el Estado usaba al crimen organizado para delinquir, y ganar dinero de fuentes ilícitas, ahora es al revés: el crimen organizado se sirve del Estado para avanzar sus objetivos. 

Actualmente la investigación de las RPEI en manos de la Cicig enfrenta desafíos fuertes como la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar con el mandato de la comisión, así como prohibir la entrada al país del comisionado Velázquez y otros once funcionarios. La decisión del gobernante beneficio a miembros del Congreso a quienes la Cicig y la Fiscalía habían acusado en casos de corrupción, y que se debilitaron con la disposición de Morales.

«Lamentablemente, el debilitamiento de la Cicig es un incentivo para el crimen organizado en el país», dice Eric Olson. «Guatemala había logrado dar pasos positivos: abrir casos, judicializarlos, llevar gente a la cárcel y condenarla, pero temo que el país retrocedió, en parte, porque [la atención de] EE.UU. está muy enfocada en la migración y dejó de lado la gobernabilidad democrática».

Olson considera que Estados Unidos tiene un enfoque individualista: quiere capturar a los Lorenzana (dos de ellos condenados a cadena perpetua en EE.UU.), a Overdick (libre después de siete años en una cárcel estadounidense), pero no invierte en el fortalecimiento del Estado (en Guatemala) y el problema es que continuamente está teniendo que encarcelar gente. El analista explica que la captura y condena del jefe de un cartel bastan para acabar con el narcotráfico —como ocurrió con «El Chapo» Guzmán, cuya captura y condena no evitan que México todavía se quede corto en cuanto a gobernabilidad.

El problema también se observa desde la perspectiva equivocada. Hasta hace unos años, se creía que los países centroamericanos eran atacados desde afuera, con los buenos adentro y los malos afuera, pero la verdad es que todos están mezclados y el ataque es interno y externo. Otra vez, el concepto de la infiltración del Estado en varios niveles. Olson lo compara al cáncer. «El cáncer está dentro de uno, y no se puede disimular que es un problema. Tampoco se puede uno practicar una auto-cirugía, y por eso apoyo la ayuda internacional—que no necesariamente debe venir de la ONU, (pero debe venir de algún lado)», afirma.

Mentes y corazones, y amenazas

Grupos grandes de narcotraficantes se ganan las «mentes y corazones» o lealtades en regiones donde hay ausencia del Estado, donde tienen el monopolio de la violencia y logran control por medio de la promesa de la violencia; están hasta arriba en la escala de poder.

En este contexto, algunos narcotraficantes no tradicionales han roto la regla de la no visibilidad en ese negocio: se lanzan a la política, aunque han violado la ley, y se colocan en una posición vulnerable porque serán motivo de escrutinio por ser candidatos. Se exponen y acaban comprobando que no puede hacer las dos cosas: ser políticos y narcos a la vez.

Lo sabe Súñiga, en Ayutla, San Marcos, que podría perder su inmunidad y enfrentar la extradición si pierde la batalla ante el Ministerio Público y la DEA. Mientras tanto, busca la reelección. También lo sabe Lima Recinos, en Nueva Concepción, Escuintla, grabado en audio mientras discutía operaciones de trasiego; así como el excandidato a diputado del partido Visión con Valores, por Retalhuleu, Julio Enrique Rosales Morales, detenido en abril pasado, quien aceptó la semana pasada ser extraditado a EE.UU. por narcotráfico. Y lo sabe Estrada, el expresidenciable capturado en abril en Miami, por conspirar para traficar cocaína hacia EE.UU.

Un cable diplomático fechado en 2007 y filtrado por Wikileaks, indicaba que el entonces embajador de los EE.UU. en Guatemala, James Derham, señaló que «dado que Guatemala está inundada de narco-dinero, es improbable que no se infiltre en las campañas», haciendo referencia a las de Pérez Molina y Colom. El objetivo de los narcos: asegurarse impunidad y protección para la droga. Otro cable de 2009, aludía en particular a la nueva UCN (antes Unión del Centro Nacional), que describía como «un pequeño partido (de cinco diputados) con bases en el este de Guatemala, y (…) vínculos con narcotraficantes». Mientras que describió que el Partido Patriota y la Unidad Nacional de la Esperanza eran de derecha y centro-izquierda, respectivamente, dijo que la UCN estaba en la categoría «narcos».

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Hay otros candidatos como el coronel Edgar Ernesto Muralles Solórzano, candidato a alcalde en La Gomera, Escuinltla, cuyo rostro y nombre es más recordado porque apareció como uno de los invitados filmados en el vídeo de una carrera de caballos que los Zetas organizaron en Alta Verapaz en 2010, y que Univisión transmitió en 2011, que por su campaña política. No obstante, nadie ha impugnado su candidatura, según el vocero del Tribunal Supremo Electoral, Luis Ramírez Pineda. Muralles, quien recibió sanciones disciplinarias del Ejército, no enfrentó problemas con la ley. Actualmente, una fuente del Ministerio Público señala que no se le puede perseguir penalmente por aparecer en el vídeo de los Zetas.

La candidatura de Arnoldo Vargas, en cambio, fue rechazada por el tribunal electoral el pasado 28 de mayo.

Eso le dejó abierto el camino a Karen Xiomara Ovalle Madrid, candidata a alcaldía de Zacapa por el comité cívico Por Amor a Zacapa, cuyo esposo, y exconcejal municipal, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, fue detenido en 2017 por un pedido de extradición de EE.UU. para que enfrente cargos por narcotráfico en una corte de California. Ovalle está inscrita como candidata, aunque, en teoría y por ley, el hecho de ser contratista de la comuna, debería impedirle participar.

Un residente de Zacapa reveló que durante uno de los actos de proselitismo de Ovalle, la candidata regaló camisetas con 200 quetzales envueltos en cada pieza de ropa, pero no hay evidencias de ello.

En 2016, un aspirante a candidato de alcalde en Zacapa para las actuales elecciones dijo que las estructuras de narcotráfico que entregaban fondos a diversos partidos estaban renuentes a volver a financiar campañas políticas, debido a las investigaciones del financiamiento electoral ilícito que la Cicig anunciaba desde 2013. No obstante, en ese y otros departamentos del oriente, diversas fuentes extraoficiales coinciden en que el apoyo continúa de forma más discreta, y a todo tipo de campaña (para candidatos a alcalde, diputado, o hasta presidente).

Se desconoce el impacto a largo plazo de los casos descubiertos hasta ahora de narco candidatos o financistas. Al menos la extradición de una veintena de personajes claves, desde Vargas en 1992, no redujo el trasiego. El Departamento de Estado de los EE.UU. estima que la cantidad de cocaína traficada anualmente por el país aumentó en al menos un 400 % desde 2009 a la fecha. «Por eso no se trata sólo de capturar al malo, sino de construir un Estado fuerte», dice Olson. «Si está infiltrado, comprado por narcos, seguirá igual. Mientras el Estado no se fortalezca, siempre habrá gente que pueda operar al margen de la ley».

Ibarra agrega que los operadores de ese tipo de fuerzas criminales quieren corrupción e impunidad, un caldo de cultivo para el narcotráfico y el crimen organizado en general. «Estamos a tiempo de tomar medidas en materia de justicia, seguridad y régimen electoral para evitar que esto ocurra», dice Ibarra. Sin embargo, Garay, Salcedo y De León destacan que se omiten las implicaciones morales y culturales de la captura y cooptación, llevando a la incapacidad para reconocer cómo los grupos ilegales legitiman sus acciones y propósitos e institucionalizan sus acciones. 

Así que mientras haya autoridades y candidatos políticos corruptibles, y redes criminales internacionales en contacto con grupos locales, el trípode del crimen organizado —según el concepto de Rosada— seguirá de pie y sin señales de tambalear.