Recientemente, el Consejo del Pueblo Maya (CPO) y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) hicieron un llamado a la unidad en la búsqueda de la construcción de un Estado plurinacional, una de las principales propuestas orientadas a transformar el Estado guatemalteco.
Al respecto, en distintos resultados de investigación y de análisis relacionados con el régimen político pueden identificarse algunos signos que informan del agotamiento del Estado guatemalteco, en especial para garantizar bienestar y derechos.
Uno de tales signos se relaciona con el hecho de que el Estado mantiene una política para la reproducción de un modelo económico que sigue garantizando condiciones de explotación, despojo, desigualdad y miseria, al mismo tiempo que el exponencial enriquecimiento en manos de capitales transnacionales y locales, líticos e ilícitos. Es un Estado inservible para garantizar derechos y la satisfacción de necesidades vitales, por lo menos para más del 70 % de la población guatemalteca, la cual subsiste con salarios de hambre, con una economía marginal precaria, y que se ve forzada a migrar y excluida de servicios y políticas públicas, como se evidencia en materia de salud y de educación.
Un segundo signo se relaciona con el carácter del sistema político e institucional que constituye y reproduce el Estado mismo. Como se ha venido reiterando, el Estado está capturado por grupos de poder económico y político que orientan las políticas fundamentales a garantizarse tal condición en todos los órdenes. En ese sentido, bajo el paraguas de una constitución política caduca en muchos sentidos han aprobado leyes y definido políticas que hacen de las instituciones públicas un conjunto de aparatos con los cuales se aseguran procesos electorales fraudulentos (lo cual se constata en campañas anticipadas, en financiamientos ilegítimos e ilegales, en el control de los órganos electorales y en la reproducción de prácticas y de relaciones clientelares y corruptas) y órganos de orden constitucional, de justicia y de seguridad que en esencia los mantienen en la impunidad y que al mismo tiempo son utilizados por estos para perseguir y reprimir la protesta social.
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Más allá de esta recuperación incompleta del conjunto de signos relacionados con el agotamiento de este Estado, es necesario señalar las históricas exclusiones en la gestación de la política y en la institucionalidad estatal, marco en el cual sobresale la marginación de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la clase trabajadora y de los campesinos, entre otros segmentos sociales que hoy se revindican como parte de la construcción histórica de una nueva sociedad y de un nuevo Estado. A esto habrá que sumar las crisis recurrentes producto de las contradicciones sociales y políticas irresueltas, durante las cuales se evidencia con mayor crudeza el límite del actual marco constitucional y los problemas históricos y estructurales irresueltos.
Todo esto y más justifican el planteamiento de transitar hacia un nuevo momento constituyente, en el cual están llamados a jugar un papel de primer orden un conjunto de pueblos, organizaciones y movimientos sociales representativos de los sujetos históricamente excluidos y que serían capaces de llevar a buen término un proceso de lucha por la transformación del país.
Aprovecho las últimas líneas de este artículo para agradecer a Plaza Pública y a su equipo el espacio para compartir desde hace varios años algunas de mis reflexiones sobre la realidad guatemalteca. Mi deseo es que este medio tenga larga vida, en especial por su carácter democrático y crítico. Agradezco también a los lectores que me honraron con su lectura y con quienes seguiré intercambiando desde otros medios.
Reconozco, asimismo, a la Universidad Rafael Landívar por haberme permitido aportar desde la investigación en dos institutos que marcaron mi desarrollo académico: el Instituto de Investigación y Gerencia Política (Ingep) y el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE). Hago especial mención de Fernando Valdez (recientemente fallecido) y de Byron Morales, quienes en su calidad de directores confiaron en mí para aportar por más de 16 años, así como de las y los colegas con quienes durante este período compartimos espacios y búsquedas para aportar académica y políticamente a la transformación de esta sociedad y de este Estado profundamente injustos.
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