Pagar una prueba privada, la opción más eficiente durante la pandemia

En Guatemala, 111 laboratorios privados, 22 del Seguro Social y 17 de la red nacional procesan las pruebas para confirmar si una persona tiene COVID19. Pero el tiempo que tarda el sistema público en dar una respuesta ha llevado a los capitalinos a acudir a la primera opción.

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Un informe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID19 (Coprecovid) del pasado 1 de septiembre, confirmó que la mayoría de los exámenes se realizan en el departamento de Guatemala, es decir, en la ciudad y áreas vecinas. Y estas son procesadas por laboratorios privados.

El 59% de las 229, 067 pruebas realizadas en el país entre el 19 de febrero al 25 de agosto fueron en la capital y 12 de los municipios vecinos, según datos proporcionados por el Sistema Gerencial de Salud (SIGSA) a través de una solicitud de información pública.

De acuerdo con la Coprecovid, Guatemala con 16.3 millones de habitantes, dato del censo 2018, debería realizar una tasa de 0.4 pruebas que equivalen a 6,785 pruebas diarias por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el Ministerio de Salud se ha mantenido entre el 0.1 y 0.2, en su pico más alto, alrededor de 2,000 a 3,000 por día y concentradas en la metrópoli. El dato en las áreas rurales es de 0.1 de pruebas diarias que equivale a 1,685.

«La mayoría de pruebas en el departamento de Guatemala son realizadas por el sistema privado, seguidas por el Ministerio de Salud, tercero por el Seguro Social. Eso es diferente a lo que vemos en los otros departamentos, la mayoría de ellos están por debajo de la tasa», dijo Edwin Asturias, director de Coprecovid, en una conferencia de prensa.

El Ministerio de Salud registra 109 centros autorizados para realizar pruebas en 19 de los 22 departamentos del país. El Progreso, Santa Rosa y Baja Verapaz están fuera. El 49% de estos laboratorios privados se concentra en ocho municipios metropolitanos, incluida la ciudad de Guatemala, de 340.

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En el sector público la situación es distinta. Existen 151 centros de salud, distribuidos en los 22 departamentos, para realizar los test de antígeno, pero la cobertura no llega a todas las comunidades. Por ejemplo, en Huehuetenango cinco clínicas están en la cabecera departamental y uno en Chiantla que dista siete kilómetros. Los habitantes de los 30 municipios restantes deben viajar al casco urbano para saber si tienen COVID19.

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Pruebas gratis que salen caras

Seis integrantes de la familia Barrientos, que viven en la zona central de la ciudad de Guatemala, se hicieron la prueba para detectar al nuevo coronavirus. Cinco de ellos salieron positivos y uno murió. Los primeros en enfermarse fueron los padres, Luis y Marisol, de 64 y 63 años, respectivamente.

El viernes 7 de agosto, poco después de celebrar su cumpleaños, Marisol comenzó con fiebre, diarrea y tos. El sábado, su esposo presentaba los mismos síntomas, pero ninguno puso atención. El martes 11, Evelyn, una de sus hijas y enfermera de profesión, pasó toda la noche con fiebre y decidió el miércoles ir al Parque de la Industria para que la examinaran. Se trata del primer hospital temporal habilitado por el gobierno para atender a los pacientes con COVID19, con una capacidad de 319 camas. Le practicaron una prueba de antígeno y tres horas más tarde le dieron el resultado: positivo.

El jueves 13, Diego Lorenza, paramédico y esposo de Evelyn, llevó a sus suegros y a otros dos miembros de la familia que compartían la misma vivienda a este centro para que les hicieran la prueba. Aunque comenzaba su primer día de cuarentena por prevención, decidió hacerlo.

«En el Parque de la Industria se quedaron solo las mujeres, mi suegra y su nuera. Yo llevé a los dos hombres (padre e hijo mayor) al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde quedaron internados hasta que les hicieran las pruebas. Los cuatro salieron positivos», contó Lorenzana.

Sin embargo, solo los padres quedaron hospitalizados en centros distintos, ambos con oxígeno. Los acompañantes de ambos, pese a ser positivos, fueron enviados a sus casas para cumplir la cuarentena.

El IGSS atiende a los pacientes cuando tienen síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dificultad de respirar, pérdida de olfato o pérdida del gusto y en algunos casos diarrea. En el caso de los asintomáticos, estos deben primero pasar una cuarentena voluntaria por 15 días e interrumpir el aislamiento si hay signos de la enfermedad para ser atendidos.

El Seguro Social utiliza tres tipos de pruebas: dos son de biología molecular (PCR). Una se lleva a cabo por medio del protocolo Charité y dura aproximadamente cuatro horas. La otra es la GeneXpert que se procesa en 45 minutos. La tercera opción, practicada a los Barrientos, es de detección de antígeno donde los resultados se entregan en 15 minutos. Los tres exámenes son realizados por hisopados ya sea nasofaríngeo u orofaríngeo.

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La lentitud del sistema público

Del 16 de abril al 12 de agosto, el ministerio de Salud y el IGSS compraron 88,519 pruebas moleculares. De estas, 26,546 son de la marca Genexpert-CEPHEID y fueron importadas de Estados Unidos por Labymed S.A. Esta misma compañía suministró otras 1,729 unidades de PCR  (con el método charité) de Biofire (Estados Unidos).

El resto se compró a Productos Roche (Suiza); ATP Diagnóstica, Abbot (Abott) y Seegen (Corea); Diagnostica Kapris, Qiagen (España); Kron Científica, Atila (Estados Unidos).

Sin embargo, a mediados de junio varios trabajadores del Laboratorio Nacional de Salud dieron positivo al nuevo coronavirus, por lo que todo el personal fue enviado a cuarentena para evitar la propagación del virus, esto retrasó aún más la entrega de resultados para los pacientes que acudieron al sistema de salud público. Algunas personas recibieron su diagnóstico mes y medio después y otras, nunca se enteraron sí estuvieron contagiadas.

Uno de esos casos ocurrió el 8 de junio, cuando un equipo del Centro de Salud de Amatitlán llegó a una embotelladora del lugar para testear a varios empleados, alertados por otros compañeros que salieron positivos días antes. El esposo de Julia de Nolasco fue uno de los examinados ese día quien obtuvo su resultado, positivo.

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Después del hisopado lo enviaron a su casa por 15 días. «Le dijeron a mi esposo que lo llamarían para darle el resultado, pero se lo entregaron hasta el 27 de julio (49 nueve días después). Era positivo y ya se había curado. Tampoco le dieron un comprobante», comentó. Ella supone que también se contagió porque tuvo los mismos síntomas y guardó cama, pero nunca quiso acudir al médico.

«La presa de pruebas llegó hasta 8 mil, pero ya no existen pruebas pendientes de ser procesadas», dijo Edwin Asturias, director de Coprecovid, mientras mostraba a principios de este mes la gráfica que demuestra el avance en la entrega de resultados.

Otro caso, que ejemplifica los retrasos es el de Sucely Zelada, secretaria en un juzgado de Quetzaltenango, quien se hizo la prueba el 21 de junio en el centro de salud porque tuvo contacto con un compañero de trabajo que dio positivo, pero el resultado nunca llegó. «Llamé y llamé para que me dieran el resultado, no fue así. Aún espero la respuesta», dijo.

Quetzaltenango dispone de un servicio de salud público en cada uno de los 24 municipios y seis lugares más para quien pueda pagar el examen, cuatro de ellos localizados en la cabecera departamental. Este territorio superó el 4 de septiembre los 4 mil 783 casos, el segundo más afectado por la pandemia después de Guatemala con 42 mil 927 contagios.

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El Ministerio de Salud publica en su portal solo los casos confirmados. Si una persona se hace la prueba y muere, su caso será registrado hasta conocer los resultados del test. Esto puede demorar entre dos días hasta dos semanas, según registros de la cartera.

Pagar la opción más eficiente durante la pandemia

Según los datos de la Coprecovid, las pruebas procesadas por los laboratorios privados superan la tasa mínima de 0.4, pues han realizado hasta 0.6 que equivale a 10,155 test diarios. Sucely Zelada no pudo pagar los 1,000 quetzales (131.58 dólares) que costaba. «Verifiqué cuánto cobraban y uno vive al día con su presupuesto», contó.

Los laboratorios y hospitales privados, al igual que el sistema de salud público y el Seguro Social, también ofrecen pruebas moleculares o PCR y de antígeno. Estas últimas permiten un resultado más rápido y aunque están aprobadas por el ministerio no tienen el 100 por ciento de confiabilidad. En ocasiones es necesario tomar otra muestra para asegurar el diagnóstico. Ambas se realizan por medio de hisopado.

Mientras que las moleculares requieren de un análisis en un laboratorio que puede tomar como mínimo 24 horas, según la capacidad del servicio. Los precios oscilan entre 400 a 3,200 quetzales (entre 52.63 y 421.05 dólares). Todo depende del tiempo de entrega del resultado y del proveedor del servicio.

En las clínicas de CIAM –un servicio que presta el banco GyT Continental, el tercero más importante del país–, ofrecen las pruebas de antígeno por 400 o 950 quetzales (52.63 y 118.75 dólares) dependiendo de la urgencia, si la desea en un par de horas o puede esperar al día siguiente. Las de PCR están en 950 y 3,000 quetzales (125 y 394.73 dólares), la diferencia es porque la segunda incluye un panel respiratorio, una prueba que permite analizar hasta 17 virus más y que tienen 99% de confiabilidad. Aquí los pacientes no necesitan presentar síntomas para acudir a la clínica, como sucede en los hospitales públicos y en el Seguro Social.

El servicio Blue Medical ofrece pruebas de antígeno a 395 quetzales (51.97 dólares), la molecular PCR a 795 quetzales (104.60 dólares) y la PCR más panel respiratorio a 3,200 quetzales (410.05 dólares). La primera con el 84% de confiabilidad y las siguientes con el 100%.

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Julio Prado, un abogado que labora en la ciudad, fue a este laboratorio en donde se hizo la prueba de PCR de 795 dólares (104.60 dólares) y salió positivo. «Tuve diferentes síntomas que confundí con alergias. Por fortuna cuento con los recursos económicos para pagarla». Después del diagnóstico consultó con tres médicos que le recomendaron reposo en su residencia.

La salubrista y diputada del partido de oposición Semilla, Lucrecia Hernández, informó que el 48% de pruebas registradas del 20 de julio al 2 de agosto fueron analizadas en laboratorios privados y criticó que el 71 por ciento de estas eran de antígeno.

«Salud hace más PCR. El IGSS y los centros privados hacen más pruebas de antígeno. Según lineamientos del ministerio, las pruebas de antígeno negativas deberían confirmarse con PCR, pero no creemos que se haga así», cuestionó.

Coprecovid anunció este mes el uso de pruebas serológicas que miden anticuerpos, estas no detecta si existe la infección, pero indican si existió con anterioridad.

Al 9 de septiembre Guatemala registraba 78,721 casos confirmados de COVID19, 2,890 fallecidos y 263,085 casos tamizados, incluyendo pruebas de Salud Pública, Seguro Social y privados, con una proporción de 30.3% de casos positivos.

En Argentina y Uruguay se pueden realizar pruebas gratuitas en el sistema privado. En el primero, el gobierno emitió un decreto para asegurar la gratuidad en las pruebas en hospitales privados, pero no en laboratorios privados. Mientras que en Uruguay existe un sistema público-privado que garantiza las pruebas PCR gratuitas. Si los pacientes quieran hacerse una prueba por fuera del sistema, deben pagar 128 dólares en promedio por un estudio a domicilio.

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Sin acceso a las pruebas pagadas

La familia Barrientos cotizó pruebas para Luis y Marisol a 400 quetzales (52.63 dólares), pero de acuerdo con Diego Lorenzana, yerno de ambos, los hijos prefirieron guardar el dinero en caso de necesitarlo para medicamentos por si sus padres salían positivos y debían pasar la cuarentena en la casa.

«La primera opción era un laboratorio privado, pero nadie se animó y dejaron pasar los días». No hubo aislamiento ni distancia social por falta de espacio. Siete personas compartían la habitación de doce metros cuadrados. La empresa donde trabaja Diego pagó una prueba de antígeno, el jueves 13 fue a Blue Medical, y salió negativo.

El sábado 22, Marisol regresó a su casa recuperada. La familia esperaba que Luis fuera dado de alta el domingo, pero murió de un paro cardiorespiratorio. Lo enterraron en ese lapso de seis horas que ordena el ministerio de Salud, ninguno de sus familiares pudo siquiera identificar su cadáver.

*Nota de redacción: El tipo de cambio promedio utilizado en esta nota es de Q7.6 de las compras y consultas realizadas a Guatecompras entre mayo y agosto.

 Este reportaje, elaborado por Ojo con mi pisto, forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran Datasketch de Colombia, El Faro de El Salvador, La Diaria de Uruguay, La Nación de Argentina, Ojoconmipisto de Guatemala, OjoPúblico de Perú y PODER de México, y apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta. Con el apoyo de Hivos y Open Contracting.