A pesar de la reducción de la mortalidad materna en los últimos años, la salud materna sigue siendo un problema de graves consecuencias. Según el panorama epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la razón de muerte materna ha pasado de 219 muertes por cada 100,000 nacidos vivos (1989) a 100 muertes por cada 100,000 nacidos vivos (2022), es decir, en 33 años se ha reducido por más de la mitad dicha proporción, pero esta reducción ha sido lenta e insuficiente. Según datos preliminares, a julio de 2023 se habían registrado 183 casos de muertes maternas.
El riesgo de muerte es mayor según el territorio, la condición de pobreza o pertenencia étnica de la mujer. El alto número de muertes en algunas regiones refleja también las desigualdades en el acceso a los servicios de salud. De las 183 muertes maternas registradas a julio 2023, el 56.0 % se han concentraron en cinco departamentos: Alta Verapaz, con 30 casos (16.4 %); Huehuetenango, con 26 casos (14.2 %); Guatemala, con 19 casos (10.4 %); Quiché, con 17 casos (9.3 %); y, Santa Rosa, con 11 casos (6.3 %). Tres de estos cinco departamentos se encuentran entre los que sufren mayor pobreza y pobreza extrema. Además, en estos departamentos se registra el mayor número de nacimientos, pues, según las Estadísticas Vitales (INE, 2021), a nivel nacional el número de hijos por cada mujer en edad fértil era de 2.3 hijos o hijas, mientras que en Quiché es de 3.2, Huehuetenango 2.9 y Alta Verapaz 2.7.
Según cifras del XII Censo de población y VII de Vivienda 2018, el número promedio de hijos o hijas que una mujer tiene a lo largo de su vida era de 3.8, siendo mayor o menor según algunas características. En mujeres de áreas rurales y mujeres mayas, se incrementa a 4.5 hijos e hijas, siendo también el segmento poblacional de mujeres que tiene su primer embarazo a una edad más temprana.
La mortalidad materna sigue siendo una parte de la agenda nacional que se encuentra inconclusa, y uno de los desafíos más importantes dado el contexto nacional. El 53.9 % de las mujeres se encuentra en edades entre 15 y 49 años, que se reconoce como la etapa reproductiva de una mujer, unas 4.8 millones de mujeres que representan el 27.4 % del total de la población de Guatemala a 2023. Un segmento de la población importante, atravesando una etapa clave que puede definir no sólo la salud y bienestar de una mujer, sino la de su familia y de la sociedad, que de su salud y bienestar derivarán consecuencias positivas o negativas para la salud de las futuras generaciones.
Como signatario de la Agenda 2030 sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente bajo el ODS 3, el Estado de Guatemala se comprometió a que para 2030 habrá disminuido la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. Para esto, y aunque falten algunos años para que se presenten resultados de cumplimiento, aún queda una brecha significativa que cerrar.
[frasepzp1]
El Gobierno central, principalmente a través del Programa 15, Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal, a cargo del MSPAS, destina recursos financieros para la atención en parto institucional bajo personal calificado, atención al recién nacido, entrega de micronutrientes para las mujeres, controles pre y posnatales, entrega de métodos de planificación familiar y brinda otros servicios que permiten la atención temprana del cáncer de cérvix. La asignación presupuestaria asignada al inicio de 2023 para este programa es 558.5 millones de quetzales, pero se ha caracterizado por ejecuciones muy bajas, así como reducciones. Al cierre de agosto de 2023, ha sufrido recortes presupuestarios por 32.7 millones de quetzales, dejando un monto vigente actual de 525.8 millones de quetzales, de los cuales se han ejecutado únicamente el 52.6 %, una cantidad muy baja al octavo mes del año.
Para 2024, el Ejecutivo recomendó en el proyecto de presupuesto una asignación para este programa de 630.6 millones de quetzales, 19.9 % más que la asignación vigente a agosto de 2023. Sin embargo, aunque el Congreso de la República aprobase este aumento, no garantiza suficiencia y eficiencia, pues este monto puede reducirse o no ser ejecutado, dadas las deficiencias que evidencian las unidades involucradas.
Es urgente lograr que en Guatemala la maternidad no sea relacionada con riesgo o muerte, y para ello, que la asignación de recursos financieros sea suficiente para una atención en salud materna y salud reproductiva de acceso universal. Son necesarios recursos para garantizar la atención profesional, la infraestructura, el equipo de salud, y las redes de centros de atención locales. Es indispensable superar las dificultades para la ejecución del presupuesto asignado, que por años ha enfrentado el Programa 15, Prevención de la mortalidad materna y neonatal. Pero también es necesaria la inversión en infraestructura vial, transporte público, electricidad, agua potable, conglomerado de servicios que facilitarían el acceso, la movilidad y el monitoreo continuo.
Más de este autor