En principio debo reconocer y saludar el esfuerzo que se realiza, único en Centroamérica. Día a día me toca trabajar con cifras de la región, en las cuales lo que prima es la opacidad, el secretismo y la oposición a compartir información pública de oficio. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el presupuesto de funcionamiento de la Presidencia a nivel de renglón o de actividad es secreto de Estado. Las cifras oficiales de matriculación por escuela o por municipio también son secreto de Estado.
Sin embargo, un paso es llamar al diálogo y otro es que este esfuerzo nos lleve a un mejor nivel de desarrollo. Creo que, para que esta iniciativa pueda concretarse en resultados verificables, al menos debería mejorar en algunos aspectos.
Primero, debería realizarse en el interior del país con el apoyo de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, con traductores para que los funcionarios tomadores de decisiones puedan tomar nota de qué necesidades tienen los guatemaltecos más pobres en voz de ellos. ¿Por qué no hacerlo con organizaciones indígenas de Totonicapán, Quiché o Cobán?
Segundo, cuando se acuda a las discusiones sobre el presupuesto multianual, la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) ya debería haber otorgado los techos presupuestarios a cada institución para el próximo año. Si no, las peticiones de cada ministro terminan siendo cartas a Santa Claus. Me explico: esta semana el Ministerio de Educación solicitó 2 954 millones de quetzales más para 2018, pero la DTP tiene toda la potestad de asignar un techo presupuestario menor (por lo general). Entonces, ¿dónde está la planificación?
Tercero, estos ejercicios de planificación deberían abordar los temas álgidos y torales en cada cartera. Por ejemplo, el Ministerio de Educación no aborda el tema del pacto colectivo con su sindicato, que lleva dos años de no cumplirse, pese a que es una obligación tácita del Código de Trabajo. Resulta que cumplir esta obligación supone al menos 1 963 millones de quetzales. ¿Y el ministro pide 2 954? Repito: ¿dónde está la planificación?
Cuarto, siendo Guatemala un país sobrediagnosticado, del cual ya todos sabemos sus vergonzosas cifras de desnutrición, de mortalidad infantil, de deserción escolar, de migración de adolescentes no acompañados a Estados Unidos y de un enorme etcétera, ¿por qué la administración tributaria se embarca en garantizar un 1 % más de carga tributaria para el año 2022? A ese ritmo pasarían siglos antes de cerrar las enormes brechas para garantizar los derechos humanos mínimos a nuestros niños y adolescentes. Y es que, si bien se debe mejorar la calidad del gasto público y su transparencia, tampoco podemos dejar de hablar de que aún con esas mejoras es insuficiente.
¿Por qué la Secretaría General de Planificación y Programación, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas no hablan de encontrar espacios fiscales para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo redistribuir progresivamente el subsidio a la energía eléctrica, evaluar las exenciones fiscales a la maquila (¿qué beneficios le deja al país?), eliminar el privilegio a los desarrolladores inmobiliarios de facturar solo el 70 % de sus ventas o disminuir o eliminar las rigideces de ingreso, gasto o deuda que tiene el presupuesto nacional, entre otros?
Pero, claro, seguro dirán que no es su responsabilidad convocar a un diálogo sobre qué nación es la que queremos construir, cuánto cuesta y quién la pagará. Eso debería hacerlo una persona que, por lo regular, en las discusiones sobre el presupuesto se duerme, en otras llora o se desmaya o ahora anda de viaje por Ecuador, Estados Unidos y Francia.
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