Los bloqueos de la corrupción

El 15 de agosto de 2023 se registró el hundimiento de Villa Nueva, que hizo colapsar la ruta al pacífico; luego vino el de la Calzada La Paz, que hizo colapsar el tráfico en las zonas 5, 16, 17 y 18 de la Ciudad Capital; y esta semana también se reportó un hundimiento en Taxisco, Santa Rosa, así como entre Siquinalá y Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla. Por si esto fuera poco, hasta el mes de abril de 2023, el libramiento de Chimaltenango sumaba 22 derrumbes desde su inauguración en el gobierno de Jimmy Morales. ¿Dónde están los millones aprobados para rehabilitación de la red vial?, ¿dónde está el trabajo de la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas de la Nación?

Y es que sobre estos bloqueos de la corrupción, el Cacif, la Cámara de Industria y la Cámara del Agro no ponen amparos a favor de la libertad de locomoción y el Procurador de Derechos Humanos no es más que un simple «observador de derechos humanos». ¡Hipócritas! Se sienten cómodos con la corrupción.

Ahhh... pero no vaya la ciudadanía a mostrar su inconformidad contra la dictadura de la corrupción porque entonces las manifestaciones expresadas en bloqueos de rutas sí limitan el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y la sacrosanta libertad de locomoción en el país. Estos movimientos ciudadanos en defensa de la democracia y en contra de la corrupción terminan siendo criminalizados por el desabastecimiento y encarecimiento del precio de algunos productos de la canasta básica, cuando la razón principal de estas consecuencias es mantener en el puesto a los funcionarios públicos más despreciables y corruptos del país: Consuelo Porras y Rafael Curruchiche.

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Para instrumentalizar esa criminalización de los movimientos ciudadanos, la alianza corrupta cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, entre ellos: Canal Antigua, que en su red social X indicaron que: «Existen complicaciones viales en Escuintla, derivado de un hundimiento», cuando lo correcto es decir: que por la corrupción la carretera se deterioró; o bien Prensa Libre, medio cuya portada del 17 de octubre tituló: «Pugnas por bloqueos provoca un muerto», cuando lo correcto era indicar que grupos armados afines al partido oficial asesinaron a un manifestante en Malacatán, San Marcos.

Nótese cómo la estrategia para consolidar el golpe de Estado por parte de los medios de comunicación es criminalizar a las y los manifestantes, por parte de las Cámaras Empresariales hacerse de la vista gorda con la corrupción y plantear acciones legales en contra de los movimientos ciudadanos, y por parte del Ministerio Público es mediante acciones legales, pedir y lograr que con uso de la fuerza de la Policía Nacional Civil y el Ejército se desalojen vías, hecho que al final no se consumó. ¿No es esto acaso una dictadura de la corrupción?