Guatemala tiene desafíos de desarrollo transversales y ha progresado lentamente respecto al resto de los países latinoamericanos después de su independencia. Entre estos desafíos, el fenómeno de las élites de corrupción es uno de los desafíos más fuertes. La élite de la corrupción está compuesta por los que ganan la mayoría de los contratos del Gobierno y son capaces de obtener préstamos de las instituciones financieras de propiedad estatal, solicitar con éxito las asignaciones gubernamentales de tierras públicas y presionar de manera más eficaz para obtener concesiones fiscales del Gobierno y conseguir cambios en las regulaciones de inversión, entre otros, tal como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demostró una vez más la semana pasada con la evidencia presentada por el caso Cooptación del Estado, que involucra a miembros del Partido Patriota.
La corrupción significa diferentes cosas para diferentes personas, dependiendo de la disciplina del individuo, así como de su cultura e inclinación política. La corrupción incluye prácticas en el ámbito público que dislocan o violan el ejercicio del poder para cumplir las responsabilidades gubernamentales de manera eficiente, efectiva, transparente y responsable. Estas prácticas, que se realizan bajo un régimen de búsqueda de rentas, son esquemas eficaces que suelen adoptar las direcciones predatorias de las élites para usar las instituciones públicas con el fin de generar ganancias privadas.
Ahora definamos las élites. Existen diferentes enfoques para identificarlas dentro de la sociedad. Estos incluyen a) el enfoque de estratificación, que se enfoca en una organización coherente y jerárquica de clases o estratos; b) el enfoque psicológico, que se centra en las características psicológicas de las élites, y c) el enfoque institucional, que divide el campo político en el que las élites operan en una serie de dominios, como las instituciones económicas, políticas y culturales. Aquí me alineo al punto de vista institucionalista, ya que este describe las élites como aquellas que ocupan posiciones de poder donde pueden influir en las cuestiones políticas.
Las élites son grupos de personas que ejercen autoridad, influencia y control de los recursos ante las organizaciones importantes de la sociedad. Son capaces de imponerle al conjunto social sus conceptos, su ideología y sus justificaciones para que los sistemas políticos y económicos dominantes se desarrollen a través de la estructuración del poder en relaciones duraderas de dominación. Ya que por lo general se unen en una pequeña unidad de dominación a través de la instrumentalización del poder, las élites toman todas las decisiones importantes sobre la entrega de bienes políticos. En virtud de sus posiciones privilegiadas, por lo tanto, las élites constituyen los pocos que autoritariamente asignan y determinan quién obtiene qué, cuándo y cómo.
¿Quiénes conforman entonces la élite de la corrupción? Dicha élite es la que usa posiciones privilegiadas para saquear los recursos destinados al bien común. Los beneficiarios de los recursos saqueados tienen intereses particulares y han concentrado su participación financiera en los resultados de las decisiones políticas. Institucionalmente, la corrupción de la élite ocurre cuando los resultados de la política no están dirigidos conscientemente a problemas políticos particulares, sino que los intereses particulares se convierten tácticamente en el centro de la formulación de políticas a través de medios que carecen de transparencia. Bajo este escenario, a las masas se las hace sufrir por decisiones que nunca habrían tomado si se les hubiera dado a elegir.
La captura del poder por parte de las élites es vista como un mecanismo para afianzar la corrupción de estas. La captura del poder por las élites describe una situación en la que los recursos transferidos para el beneficio de las masas son usurpados por unos pocos grupos, por lo general poderosos económica y políticamente, a expensas de los grupos menos influyentes. Las élites son, por lo tanto, buscadoras de rentas que usan sus poderes redistributivos para enriquecerse y enriquecer a ciertos grupos poderosos.
Finalmente, la pregunta del millón: ¿cómo acabar con estas élites?
La única forma de acabar con las élites que buscan rentas en el Gobierno es con una menor participación de este y con menos procedimientos burocráticos y reglamentarios en las actividades económicas. Ya que lo anterior no será tan fácil de hacer debido a la filosofía que domina nuestra sociedad, lo que nos toca ahora es 1) exigir la imposición de castigos severos a los buscadores de rentas de las élites de corrupción, 2) apoyar a la Cicig y al Ministerio Público, 3) incrementar la transparencia en las licitaciones y 4) eliminar las lagunas fiscales que permiten a las élites enriquecerse con proyectos del Gobierno. Sin duda es una tarea muy difícil.
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