Redes sociales: entre la mordaza y la libertad controlada

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Twitter, Facebook e Instagram le bloquearon sus cuentas a Donald Trump como consecuencia de sus mensajes incendiarios que condujeron a la toma del Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021.  Pero a pocas semanas de haber comprado Twitter, a finales de 2022, Elon Musk decidió devolverle al expresidente la posibilidad de usar su cuenta, tras lanzar una encuesta entre sus seguidores. «El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei». Explicó su medida como un primer paso para prohibir la censura en esa red social.

En esa visión empresarial, aparentemente a favor de la libertad de expresión, Twitter anunció este 17 de abril que etiquetará los mensajes que incluyan contenido de odio y limitará su difusión, en una estrategia que define como «filtrado de visibilidad». La misión, dice un comunicado de la empresa, «es promover y proteger la conversación pública. Creemos que los usuarios de Twitter tienen derecho a expresar sus opiniones e ideas sin temor a la censura. También creemos que es nuestra responsabilidad mantener a los usuarios de nuestra plataforma a salvo del contenido que viola nuestras reglas».  Es decir, Twitter está dispuesto a permitir que la gente publique lo que quiera, pero también a disminuir las posibilidades de que llegue a todos los usuarios.

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Este mensaje aparece dos meses después de que la Unesco hizo un llamado internacional a controlar los contenidos en redes sociales, porque estas son «caldo de cultivo para la desinformación, la incitación al odio y las teorías conspirativas», señaló en un comunicado de prensa. Según el documento, allí «se prioriza la participación del usuario a cualquier precio», lo cual hace que los algoritmos favorezcan los contenidos más controvertidos, sin importar que puedan «dañar el tejido de nuestras sociedades», sembrar la desconfianza, fomentar el extremismo y socavar derechos humanos fundamentales.

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En el escenario político, el control que propone la Unesco se vuelve complejo, porque algunas redes se han convertido en un espacio fundamental para el debate y cualquier intento de regulación podría implicar un atentado a la democracia misma. Veamos por qué.

El politólogo Santiago Rodríguez, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, piensa que algunas redes sociales participan fuertemente en el escenario político y ahora hay más participación en el debate que en el pasado. «Antes, el votante era prácticamente un sujeto pasivo que recibía información; ahora es partícipe de la misma y, algo muy importante en las redes sociales, es cocreador del contenido», dijo a CONNECTAS.

Los políticos comunican directamente sus ideas en estas plataformas. Ello presenta un aspecto positivo, porque el ciudadano puede sentirse cercano a estas figuras. Pero también tiene un lado negativo: existe mucha «incontinencia pulgar» y eso es el «terror para el equipo de comunicación», debido a que muchos políticos «agarran su teléfono y colocan lo que se les da la gana. Cualquier mensaje mal colocado en la audiencia puede echar a perder todo un trabajo de diseño comunicacional», asegura Rodríguez.

Twitter tiene un papel protagónico en este terreno. En su tesis doctoral defendida este año en la Universidad Andina Simón Bolívar, Gabriela Córdova señala que, desde sus orígenes, esta red se convirtió en una herramienta útil para el marketing político, como se vio en la campaña presidencial de Barak Obama, en 2008. Allí interactúan, principalmente, políticos, académicos, periodistas y gente con mayor formación intelectual. «En Twitter tenemos gente mayoritariamente politizada, mientras que en Facebook hay más gente despolitizada», subraya, por su parte, el consultor político uruguayo José Gutiérrez.

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Además, Twitter es la que ofrece mayor debate no sólo para temas políticos, «sino de las distintas discusiones, porque las demás son redes sociales lentas. Twitter es rápida y es una buena herramienta de respuesta de inmediatez, de confrontación. Eso para la política es muy útil», agrega el consultor y político argentino Daniel Ivoskus, cofundador de Mensaje 360, portal especializado en Comunicación Política en Iberoamérica.

Como explican Enrique-Javier Díez-Gutiérrez, de la Universidad de León, en España, y otros investigadores, esta es la red que más contribuye a la transmisión de ideas violentas. Ellos escriben, en un artículo académico, que Twitter «funciona a veces como cámara de eco, reforzando posiciones ideológicas de comunidades virtuales afines», con lo que es posible detectar «milicias digitales» o colectivos poderosos que permiten difundir mensajes de odio y señalar o perseguir a quienes cuestionen determinadas ideas.

Twitter también es la predilecta de muchos políticos en América Latina. Lo prueba el ranking 2022 de los diez líderes más influyentes en esta red realizado por Twiplomacy, un sitio británico dedicado al análisis e investigación de la diplomacia digital. La mitad de los mandatarios en ese listado son latinoamericanos: Gustavo Petro (en el cuarto lugar), Jair Bolsonaro (quinto), Nicolás Maduro (sexto), Nayib Bukele (noveno) y Gabriel Boric (décimo). Gracias a ellos, Latinoamérica «está bien representada», apunta la plataforma, que ubica en las primeras tres posiciones a Narendra Modi (India), Joe Biden (Estados Unidos) y Recep Tayyip Erdoğan (Turquía), en ese orden.

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Para Gutiérrez, «los políticos utilizan Twitter en la medida en que los periodistas utilizan Twitter». Sin embargo, en conversación con CONNECTAS reconoce que en América Latina la prensa y los políticos tienen una relación distinta a la de Europa o Estados Unidos. Aquí, «primero se genera la noticia a través de Twitter y después se dan conferencias de prensa». En cambio allá, primero se canaliza la información por medios tradicionales y luego el político «saca su opinión en Twitter o muchas veces ni siquiera tiene Twitter».

Algunos políticos han buscado la forma de desligarse de la red del pajarito y migrar a otras redes sociales, como TikTok o Instagram; para ello, hacen gracias con el fin de gustar a la audiencia. Así, por ejemplo, Pedro Pablo Duart, candidato a la alcaldía de Guayaquil, en Ecuador, imita en un video a Jean-Claude Van Damme con las piernas estiradas sobre dos vehículos. En México, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa han llegado a escenificar cuentos de hadas para ganar seguidores, mientras la gobernadora de la Ciudad de México –y fuerte aspirante a la presidencia– Claudia Sheinbaum se esfuerza por ser simpática. El objetivo de estos políticos es claro: llegar a votantes jóvenes.

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Con estos mensajes se corre el riesgo de perder de vista el verdadero debate, perdido bajo un exceso de trivialidad, en medio de un contenido más enfocado en el entretenimiento que en la comunicación de sus ideas políticas. Con ello, asimismo, incrementan las burlas y los mensajes de odio.

¿Es posible regular las redes sociales sin atentar contra la libre expresión, como pretende Elon Musk? La Unesco reconoce que hay países que están avanzando en este camino, pero su labor «ha sido descoordinada y fragmentada». En otros, más bien va «en desacuerdo con las normas internacionales sobre libertad de expresión».

En México, el laboratorio digital Tlatelolco Lab, de la UNAM, presentó a finales de marzo, un decálogo de derechos digitales que podría convertirse en una propuesta de ley para regular las redes sociales. En algunos de sus puntos trata el derecho a la libertad de expresión y a la réplica, el derecho a un entorno veraz y el combate a las fake news, así como el uso seguro de las plataformas digitales para la infancia.

Access Now, organización que defiende los derechos digitales, y R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, criticaron el decálogo. Señalaron que, de aprobarse la propuesta de ley, «se violarían principios fundamentales para un internet libre, tales como el de la no responsabilidad de intermediarios y el de la prohibición de la censura previa, ambos protegidos constitucional y convencionalmente».

Brasil también anunció medidas, sobre todo para evitar ataques en colegios. Detonó esta decisión el caso de un joven de 25 años que mató a varios niños de entre cinco y siete años en una escuela. Las medidas van, fundamentalmente, contra plataformas que difundan contenidos violentos o hagan apología de la violencia. Para quien incumpla se castigará con multas mayores a los dos millones de dólares.

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Hace poco una movilización ciudadana en Bolivia buscó impedir el proyecto de Ley 304, que pretendía sancionar el uso indebido de las redes «que atenten contra la integridad moral, psicológica, ofensas, difamaciones y calumnias que menoscaben la dignidad y honorabilidad de las personas naturales y jurídicas». Según citan varios medios, fue retirado «para evitar que los opositores usen el tema para desestabilizar al gobierno», dijo Juan José Huanca, diputado del partido Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), promotor del plan.

José Gutiérrez informa que existe otra propuesta de ley en Uruguay, sugerida por un exfiscal para quitarle el fuero a los legisladores y sancionarlos por presuntos delitos cometidos en redes sociales, como la difamación. Esto, sobre todo, porque «Twitter favoreció una polarización que ha crecido a niveles que no creíamos que iban a suceder». El politólogo cree que la propuesta podría funcionar, porque quien censuraría sería el poder legislativo, con base en normas jurídicas. No obstante, reconoce que la viabilidad de estas regulaciones va a depender del contexto de cada país.

Para Santiago Rodríguez, en sitios como Venezuela no es posible ningún tipo de legislación para regular las redes, porque no hay Estado de Derecho, no se respeta la Constitución o esta es «un traje a la medida del líder en turno». Esa regulación significaría darle más poder a quien tenga un comportamiento autoritario, «y lo puede utilizar para acallar a la oposición y para perpetuarse en el poder. Ese tipo de legislación debe funcionar donde hay institucionalidad, donde hay Estado de Derecho y, por supuesto, donde hay separación de poderes».

Ivoskus insiste en que hay «una confusión» cuando se habla de «regulación de las redes sociales», ya que no se debería intentar «regular contenidos». Lo que se tendría que hacer, desde su punto de vista, es obligar a los usuarios a «tener una identidad digital» o un documento oficial que los identifique, para evitar que las redes se llenen «de personas inexistentes y creadas solamente para facturar la red social o para destruir la imagen de otra persona». Con dicha identidad, asegura, «se achicaría muchísimo la incidencia de la desinformación y la viralización de contenidos falsos».

Hoy, el futuro de las redes sociales más poderosas como Twitter y Facebook no se ve claro. Insider Intelligence, asociación que agrupa las empresas de publicidad interactiva de los principales mercados del mundo, muestra en un análisis proyectivo que 2023 no es ni será un buen año para ambas plataformas en América Latina. Vaticina que experimentarán fuertes descensos en el crecimiento de usuarios, mientras que Instagram y TikTok serán las más beneficiadas por el «éxodo». Así, mientras TikTok crecerá un 11.8% e Instagram 3.2%, Facebook decrecerá 0.7% y Twitter 2.6%.

A pesar de estas cifras, los expertos coinciden en que es poco probable que estas plataformas desaparezcan en el futuro próximo. Incluso, en el caso de la red de Musk, ni siquiera existe alguna otra que pueda tener la misma relevancia para el debate público. Así, la pregunta que queda en el aire es quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato, o mejor dicho, a Twitter.

Por Carlos Gutiérrez, miembro de la mesa editorial de CONNECTAS

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