En el juzgado B de Mayor Riesgo de Guatemala, la historia del destacamento militar de Sepur Zarco, audiencia tras audiencia, se ha descafeinado para el público que asiste a la torre de tribunales. Un resumen con poca guía para seguir la trama que se ubicó entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. Sólo para los abogados, el juez, los acusados, la fiscalía y para las víctimas la historia del destacamento utilizado para la esclavitud sexual a principios de los años 80 por parte del Ejército de Guatemala tiene detalles claros, imborrables.
Todo el expediente, entre testimonios, hechos, nombres, violaciones sexuales —una tras otra—, asesinatos —uno tras otro—, torturas, ha sido dosificado a medida de que el juez Miguel Ángel Gálvez evaluaba, en tres audiencias, si las pruebas en contra del teniente Steelmer Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij eran suficientes para que pudieran enfrentar juicio. Al final, Gálvez ordenó la acusación realizada por Ministerio Público (MP) y también la de los abogados querellantes de este caso. Escuchó luego a la defensa y el juez tomó el expediente, ubicó delitos, descartó acusaciones, y dictaminó que un proceso en contra de los dos militares, en efecto, era posible. La violencia sexual cometida en los años 80 en contra de 15 mujeres q’eqchí podrá ser juzgada.
Para Gálvez, a causa de la esclavitud sexual en el interior del destacamento Sepur Zarco, los delitos contra deberes de la humanidad eran posibles de probar en contra de los dos acusados, e individualizó el delito de desaparición forzada en contra de Valdez Asij, así como asesinato en contra de Reyes Girón.
El consentimiento de los militares
Durante tres días de audiencia los dos acusados permanecieron inmóviles, callados, atentos. Sólo en breves instantes —cuando su nombre era pronunciado, cuando la acusación tomaba sentido— apenas una mirada furtiva, de desconcierto, y muchas veces de enfado era lanzada contra los fiscales, el juez, o los querellantes. El más cerril de los dos acusados era siempre el teniente Francisco Steelmer Reyes Girón.
—Bajo su mando, usted (Reyes Girón) consintió que los soldados abusaran sexualmente de las mujeres que eran obligadas a trabajar en el destacamento militar de Sepur Zarco —indicaba la fiscal Hilda Pineda.
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Reyes Girón, como señala la investigación del MP, llegó a Sepur Zarco en julio de 1982. Como subteniente de artillería, antes de esa fecha, se encargaba de calibrar los cañones antiaéreos de la Zona Militar Número Seis, Miguel García Granados, en Puerto Barrios, Izabal. Luego fue destacado, junto a 50 soldados, para dirigir el lugar que serviría como zona de descanso para más de diez destacamentos militares como Chaviland, San Lucas, Pueblo Viejo, Panzós, El Estor, Tinajas, Paraná Las Colinas y Pataxte; además de dos zonas militares: la número 21, Antonio José Irisarri; y la número 6. El lugar de descanso de esta área militar, a cargo de Reyes, era Sepur Zarco.
Para intentar refutar la investigación de la fiscalía, el abogado Alfredo Vásquez se sienta a la diestra de los dos acusados. Su defensa es para Reyes Girón. A su lado, y por su parte, Elvia Santizo es la abogada que defiende al otro de los acusados. Según Vásquez ubicar a su defendido al frente del destacamento militar de Sepur Zarco es algo imposible de probar. No hay documentos. No hay un solo papel que diga quiénes estuvieron ahí. Fue lo que dijo ante el juez Gálvez. Y en cierta medida el abogado defensor tiene razón. El Ministerio de la Defensa, como explicó en su momento a Plaza Pública el ex vocero del Ejército, Rony Urizar, no guarda registro alguno de los militares que dirigieron destacamentos durante los años 80. Pero a la fiscalía le ha bastado que las 15 mujeres q’eqchi’es abusadas sexualmente en Sepur Zarco a lo largo de seis años lo reconocieran 32 años más tarde, ante el juez, mediante una fotografía.
—El teniente Reyes me capturó. Era quien daba las órdenes. Era un hombre con cara de enojado —decía una de las mujeres q’eqchi’s en su testimonio de prueba anticipada.
El apoyo de los soldados
Cuando Reyes llegó a Sepur Zarco, el otro acusado por este caso, Heriberto Valdez Asij, ya era alguien famoso en la región. “El Canche” Asij había construido un nombre a causa de su apoyo incondicional al Ejército y sus medidas contrainsurgentes entre Izabal y Alta Verapaz. Era policía municipal de Panzós, en el municipio de Alta Verapaz. En abril de 1982 fue reclutado como comisionado militar.
Según la fiscalía, el 25 de agosto de 1982, durante la fiesta Patronal de Santa Rosa de Lima, Valdez Asij iba al frente de varias cuadrillas de soldados. Su función era ubicar a los campesinos q’eqchi’s que se habían atrevido a gestionar la propiedad de sus tierras ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y capturarlos. La mayoría de ellos eran esposos de las mujeres que serían abusadas sexualmente en el interior de Sepur Zarco.
Ese día, Asij, como dijo la fiscal Pineda, fue responsable de desaparecer a Antonio Suc Cac, Manuel Cac, Santiago Cac Ba, Pedro Cac Ba, Abelardo Pop, Heriberto Choc Tzi y Juan Choc. Además de otra decena de personas que nunca regresaron a sus comunidades. La mayoría, atados, golpeados, fueron llevados al destacamento Tinajas. La peregrinación de muchas mujeres en busca de sus esposos por varios destacamentos al final no tuvo resultados.
Valdez Asij, aún hoy, se niega a declarar sobre el paradero de las personas que fueron capturadas ese día, cuando guiaba a los soldados a lo largo de la región fronteriza que separa a Alta Verapaz de Izabal. La fiscalía le acusa también de haber violado a dos mujeres durante ese operativo que se realizó en las comunidades de San Miguelito, La Esperanza, Saquijá, Pencalá, Chenibal, en las fincas de Chaviland y Pataxté (de Juan Maegli), en San Miguel (de la familia Milla), en el caserío San Marcos y Pom Baac, también Semococh, antes de que fuera terminado Sepur Zarco. En total más de 20 personas desaparecidas.
—El Ejército hizo un listado con las mujeres que quedaron solas después del operativo del 25 de agosto de 1982. Fueron llamadas para cumplir su servicio militar y trabajar dentro del destacamento militar de Sepur Zarco —indicó la fiscal Pineda.
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Bajo el mando del teniente Reyes las 15 mujeres q’eqchi’s fueron obligadas a lavar y cocinar para los soldados. Un turno cada tres días, durante meses. Además se permitió el abuso sexual de los soldados que llegaban al destacamento militar a descansar. “Las violaciones sexuales eran realizadas por grupos de cinco, diez y hasta 15 soldados”, señaló Jennifer Bravo, abogada querellante y representante de la Fundación Mujeres Transformando el Mundo (MTM). El teniente Reyes estuvo ocho meses a cargo del destacamento de Sepur Zarco, no obstante, las mujeres sufrieron abusos constantes hasta 1988, cuando el destacamento finalmente fue desmantelado.
Los delitos de los acusados
Los testimonios incluidos en la acusación del MP también ubican el asesinato de Dominga Choc y sus dos pequeñas niñas, Anita y Herlinda. “En 2001, tres osamentas fueron encontradas en el río Rojquipur, a un costado del destacamento de Sepur Zarco”, indicó la fiscal Pineda. Dominga Choc junto a su familia fue capturada por el teniente Reyes y llevada a Sepur Zarco. Durante meses, según los testimonios, fue encerrada en un calabozo, violada por los soldados en múltiples ocasiones, muchas de ellas frente a sus dos hijas pequeñas. Fue asesinada el 24 de noviembre de 1982.
Vásquez, en defensa de Reyes Girón, explicó al juez Gálvez que existe un error en la fecha de fallecimiento de Dominga Choc. “Hay dos fechas de fallecimiento —indicó—, una en junio y otra en noviembre. No es posible determinar con exactitud el día de su fallecimiento”. Quizá fue el argumento más sólido de la defensa durante las últimas audiencias. Además de driblar otras acusaciones, sobre todo, porque éstas llegaban fuera de tiempo. Tal fue el caso de otros cinco asesinatos ocurridos en Sepur Zarco. Otros campesinos capturados. Los habían atrapado en la comunidad de Semococh, Alta Verapaz y los habían recluido en una zanja en el patio del destacamento. “El teniente Reyes los obligó a pelear”, decía uno de los testimonios. “Los picaba con un palo. Uno de los campesinos consiguió quitar el palo a los soldados y regresar el golpe. El teniente Reyes sangraba. Los soldados de Sepur Zarco, en consecuencia, lanzaron una granada en el interior de la zanja. Todos murieron por la explosión”. Para la fiscalía, y sobre todo para los querellantes, este delito debía ser incluido en contra de los acusados antes de que el juez decidiera dar apertura a debate en contra de los dos militares. El juez Gálvez, no obstante, explicó que nada de este hecho había sido considerado en la acusación. Tampoco otras torturas que había en el expediente. El MP olvidó presentar acusación formal a causa de estos hechos.
Tras dar lectura a la acusación, ordenarla, ubicar a las víctimas, explicar los delitos cometidos, argumentar sobre lo expuesto por cada una de las partes, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió que era posible llevar a juicio a los dos acusados. Para Reyes Girón, el juez indicó que habían pruebas suficientes para dar apertura a juicio a causa del delito de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica cometidos en contra de 11 mujeres q’eqchi’s, además de tratamiento inhumano por las pequeñas Anita y Hermelinda Choc Pop. El juez acusó a Reyes también por el asesinato de Dominga Choc. Para Valdez Asij, las pruebas evaluadas, como indicó el juez, lo llevan a juicio por el delito de desaparición forzada a causa de las capturas de siete campesinos q’eqchi’s el 25 de agosto de 1982. Además, Asij, enfrentará juicio por el delito de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual a causa de haber violado a dos mujeres durante los operativos militares en los que participó durante 1982 entre Izabal y Alta Verapaz.
