Sin atreverme a generalizar, creo que muchos guatemaltecos ya han identificado la corrupción como un problema de país. Ha sido noticia y hemos hablado de ella en la sobremesa. Hoy conocemos mucho más de la corrupción y de su dinámica como práctica política perversa. Tenemos evidencia e investigaciones en curso que nos lo demuestran, que nos nombran quiénes la han motivado, y sabemos quiénes la han permitido.
Es evidente cómo el presente poder ejecutivo no se aleja de la corrupción. Lejos están la esperanza que se demostró en las urnas a favor del actual presidente y la confianza en la veracidad de su intención de luchar día a día contra la corrupción. Obvio es también que en el Congreso de la República contamos con pocos aliados para darle a la lucha contra la corrupción un andamiaje legal. Al final, el pacto de corruptos se mantiene y, mientras el país está en crisis, la mayoría de los diputados intentan blindar sus intereses con reformas al Código Penal, o bien denunciar al presidente de una organización que trabaja por la transparencia y realiza —en todo su derecho ciudadano— la auditoría social que este país necesita para cambiar. Artimañas y más artimañas.
En el Organismo Judicial, por su lado, se mantiene la tensión por hacer frente a un poder que ha comprado a jueces y magistrados. El poder judicial es el que pareciera ser más distante del interés ciudadano, y de eso se aprovecha quien pretende que la política y la corrupción vayan de la mano para robustecer el interés personal de unos pocos. Es complejo, además, entender la dinámica judicial, el lenguaje del abogado y del juez. Eso aleja aún más de una sencilla comprensión lo que está en juego en los casos de corrupción que desde 2015 se han venido desarrollando en los tribunales.
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Pero, si limamos el lenguaje de abogado e intentamos decirlo de manera sencilla, lo que sucede es que, mientras haya jueces comprados y dispuestos a venderse, la corrupción se mantendrá y no habrá justicia posible que dé respuestas prontas al ciudadano, a la ciudadana y a la sociedad en general. Así pues, se utilizan mecanismos internos de desgaste, se intenta entorpecer todos los procesos y quitar a los jueces incómodos que han demostrado tener un sentido de justicia diferente. Ahora hay un interés desmedido por la supervisión en las salas de los jueces problemáticos. Se denuncia en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), deslegitimado totalmente, y se quiere investigar a algunos jueces con argumentos fraudulentos en el intento de arrancarle al derecho una razón creíble o no, pero defendible. Todo tiene una intención: negar la independencia de los jueces probos.
Este es precisamente el caso de la jueza Ericka Aifán. Ella conoce en su sala una gran cantidad de casos que la lucha contra la corrupción ha logrado avanzar. ¿Qué significa que la jueza Aifán deje de conocerlos? ¿Por qué el interés de plantear un antejuicio en su contra? ¿Por qué denunciarla en el CANG? Porque ha dado muestras de ser una jueza independiente, que se apega a la ley para determinar los siguientes pasos en los procesos de corrupción. Esa no es una tarea fácil en este país. Es ir contra el poder mismo que ha construido este Estado indiferente a las necesidades de una gran mayoría. Sin justicia no hay posibilidad de construcción de una realidad diferente.
La independencia judicial que la jueza Aifán reclama es mi derecho. Es mi derecho ciudadano reclamar justicia objetiva. Es mi derecho ciudadano querer que se respete la ley y que quien haya faltado a ella responda por sus actos. La independencia judicial no es asunto únicamente de jueces y de magistrados, sino también de nosotros, los que no entendemos los términos de abogados, pero creemos que este país necesita justicia real para construir un nuevo Estado. No están solos en esa demanda, jueces dignos.
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