Shirley la diputada, Rivera la constructora
Shirley la diputada, Rivera la constructora
La legisladora juega dos roles mutuamente excluyentes legalmente. Está vinculada a la constructora Iterra S.A., la cual recibió desembolsos por más de 4.6 millones de quetzales entre 2020 y 2023 por construir viviendas para los beneficiarios del Fondo Para la Vivienda (FOPAVI). Simultáneamente ejerció el cargo de diputada durante el gobierno de Vamos, por prohibición constitucional no puede tener contratos con el Estado.
Antes de ser diputada, Shirley Joanna Rivera Zaldaña, fue por muchos años una conocida constructora de vivienda social para los beneficiarios del Fondo para la Vivienda (Fopavi).
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Entre 2012 y 2020 sus empresas Grupo Dicon, S. A. y Promomaya, S. A., construyeron más de 2,000 viviendas para los beneficiarios de los subsidios otorgados por esta institución. Durante ese periodo recibieron desembolsos por 58 millones 797 mil 206.80 y 4 millones 094 mil quetzales respectivamente, según la información proporcionada por la Unidad de Acceso a la Información Pública de dicha entidad.
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Sus años más exitosos fueron 2013, 2014, 2016 y 2017 cuando recibieron desembolsos por más de 11 millones de quetzales anuales. En esa época Grupo Dicon fue de los mayores desarrolladores del Fopavi.
Pero su actividad decayó en 2019 cuando Shirley Rivera se dedicó a hacer campaña proselitista y resultó electa diputada al Congreso por el departamento de Guatemala para el periodo 2020-2024. Después de que asumiera su curul, el 14 de enero de 2020, Grupo Dicon y Promomaya dejaron de trabajar con el Fopavi, aunque todavía cobraron unos últimos pagos pendientes por 143,500 y 108,500 quetzales respectivamente.
Eso no implicó que la diputada dejara de estar vinculada al negocio inmobiliario.
Diputada y constructora
El Fopavi se encarga de ayudar a las familias en condición de pobreza y extrema pobreza, busca que tengan acceso a una solución habitacional digna mediante subsidios para comprar un lote o una vivienda pequeña, construir en lote propio o ampliar una vivienda.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) era un secreto a voces entre los trabajadores y funcionarios del Fopavi que quien tenía el control político de dicha institución era el diputado Allan Rodríguez de Vamos, uno de los congresistas más cercanos a la diputada Shirley Rivera. Una investigación de Plaza Pública reveló que Rodríguez operaba una red de empresas en esta institución.
Allan Rodríguez y Shirley Rivera son amigos muy cercanos desde hace muchos años. En 2015 ambos fueron candidatos a diputados por Sololá postulados por la alianza Creo-Unionista, pero no fueron electos. Continuaron en política y en el 2017 se trasladaron al partido Vamos con el que fueron electos; Rodríguez por Sololá y Rivera por Guatemala para el período 2020-2024. En junio de 2023 ambos fueron reelectos con la misma agrupación.
Rodríguez fue presidente del Congreso de 2020 a 2022, periodo durante el cual Rivera fue su mano derecha, luego Rivera lo sucedió como presidenta del Legislativo de 2022 a 2024.
Durante su gestión, Rivera ha sido una de las principales operadoras de Giammattei en el Legislativo. Se presenta como defensora de la fe, la familia tradicional diseñada por Dios y de las iglesias neopentecostales promoviendo iniciativas como la Ley para la protección y resguardo de la libertad de religión, la ley que declara el 9 de marzo de cada año como «Día por la vida y la familia»; También promovió la Ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte; la Ley de libertad de religión y creencia de culto y de conciencia; y la Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género, entre otras iniciativas.
Empresas vinculadas a la diputada compran inmuebles
Grupo Dicon y Promomaya ya eran muy conocidas por su vinculación con la diputada Rivera. Con el nuevo cargo de Rivera dejaron de trabajar con el Fopavi, pero nació una nueva constructora aunque no pudieron ocultar los vínculos con la legisladora.
Iterra, S. A. fue constituida el 6 de febrero de 2018. Su primera sede reportada fue en zona 14, específicamente en la 4ª calle 22-50, pero luego cambió su domicilio a Ciudad San Cristóbal, Mixco, en la 3ª calle 8-32 Zona 8 en el local 2 del Centro Comercial Paseo Mixco. Esta es la misma dirección registrada por el Grupo Dicon, S. A..
El primer representante legal de Iterra fue Maycor Noé Chile Bacajol, quien meses después fue sustituido por Eddison David Iquique Mejía. Esta última persona tiene dos vinculaciones relevantes.
La primera está registrada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde se muestra que su cuota patronal fue pagada por Grupo Dicon durante dos meses —junio y julio— de 2018. Por otro lado, también es representante legal de Grupo Emprecon, S. A., una inmobiliaria con la cual la diputada adquirió una vivienda en el Residencial Las Cumbres, Santa Catarina Pinula. Según datos del Registro de la Propiedad el 13 de agosto de 2019 pagó por el inmueble 2 millones 950 mil quetzales más IVA.
Hubo otro cambio.
A Iquique lo sustituyó Víctor Manuel Raxon Asbal, quien es representante legal de Innogua, S.A., inmobiliaria de la cual Shirley Rivera fue Gerente General y Representante Legal entre 2017 y 2019. Raxon Asbal también trabajó para Grupo Dicon y Promomaya entre marzo de 2017 y julio de 2019, según los registros de cuotas patronales del IGSS.
Innogua, S. A. es una empresa que ha sido utilizada por Shirley Rivera para adquirir varios inmuebles. El 9 de febrero de 2018 fue representada por la misma Rivera, compró una oficina, dos parqueos y una terraza en el Edificio Piale, 16 calle 6-17 Zona 10, por los que pagó 1 millón 130 mil 615.30 de quetzales.
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Para el 21 de julio de 2023, Innogua tenía un nuevo representante, Geovany Asbal Raxón. Ese día adquirió la bodega número 19 del «Complejo Industrial y Comercial Zona de Negocios San Nicolás», ubicada en la 11 calle 6-21 J Interior Zona 4 de Mixco, colonia El Naranjo. Recibió los respectivos derechos de copropiedad y 229 acciones de la empresa administradora del complejo industrial, por las cuales canceló un total de 3 millones 112 mil 564 quetzales.
El actual representante legal de Iterra es Ronald Steve Interiano Ochoa, cuyo hermano Marvin Alberto Interiano Ochoa quien trabajó para el Congreso de la República entre 2022 y 2023 como asistente de la diputada Rivera.
Otro vínculo entre Iterra y Rivera es su contador.
Iterra registra en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como su contador a Cristian Alex Sente Chojoj, quien también es el contador registrado de Osman Alexander López Rivera, hijo de la diputada Rivera y actual representante legal de Grupo Emprecon.
Habilitada para proveer al Estado
Lograr la inscripción de una empresa para que sea proveedora del Estado no es una tarea fácil, no es imposible, pero tampoco sencilla. Pocos sortean los tiempos burocráticos.
El 24 de octubre de 2019 Iterra, S. A. solicitó al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) su inscripción como proveedor de obras del Estado y, apenas cuatro días después, fue inscrito con la especialidad «4101 Construcción de edificios».
Esta constancia del RGAE la habilita para proveer «obras a entidades del Estado, en la modalidad de compra directa», indica la constancia emitida por dicha entidad.
A pesar de que tener ese registro en el RGAE es un requisito para trabajar con el Fopavi, Iterra, S. A. había sido inscrita desde hacía más de un año antes, concretamente el 11 de mayo de 2018.
Desde entonces Iterra fue contratada por los beneficiarios de los subsidios otorgados por el Fopavi para construir viviendas en Santiago Sacatepéquez y los municipios de San Raymundo, San Pedro Ayampuc, San Juan Sacatepéquez, Villa Canales y Fraijanes, Guatemala. Estos también son los territorios donde la diputada tiene su base de votantes.
Los contratos continúan
La constructora de Rivera tiene otros cuatro proyectos de vivienda contratados con grupos de beneficiarios en Fraijanes, San Raymundo y dos en Villa Canales, que le podrían representar desembolsos por 6 millones 440 mil de quetzales. Sin embargo, al cierre de esta nota los proyectos no han iniciado debido a que Iterra no ha recibido los anticipos.
Las nuevas autoridades del Fopavi paralizaron los desembolsos para auditar los proyectos debido a los múltiples casos de estafas a beneficiarios, proyectos abandonados o con muchas irregularidades heredados por la anterior administración.
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Sin respuestas
Plaza Pública intentó en varias oportunidades contactar a la diputada Shirley Rivera para entrevistarle sobre sus vínculos con la constructora Iterra, S. A. pero no fue posible.
El día 12 de septiembre se le llamó a su teléfono móvil y luego de que el periodista se identificó como reportero de Plaza Pública y explicara el motivo de la consulta, la diputada Rivera respondió que no escuchaba nada, que estaba en la reunión solemne del Congreso —por los 203 años de Independencia de Guatemala— y que le llamaran más tarde. Se le llamó más tarde y días después y la diputada ya no respondió a las llamadas y mensajes, tampoco respondió a un mensaje de Whatsapp ni a un correo enviado a su cuenta institucional del Congreso.
Este reportaje será actualizado si la diputada responde a la entrevista solicitada.
Ignora si las empresas están vinculadas a diputados
Se consultó a Erika Maldonado, directora ejecutiva de dicha institución entre 2020 y 2023, sobre la razón de haber realizado desembolsos a empresas vinculadas a diputados tanto a Allan Rodríguez como a Shirley Rivera, pero respondió que ella solo podía explicar técnicamente cómo se dan los procesos dentro del Fondo, y que son las mismas comunidades beneficiarias de los subsidios las que eligen a la empresa que les va a construir sus viviendas.
«Si usted me dice que esas empresas están vinculadas con políticos (alcaldes y/o diputados), eso yo lo ignoro, no le sabría decir, pero si usted revisa el expediente de Fopavi hay un acta donde las comunidades manifiestan que es su deseo que esa empresa les trabaje», aseguró Maldonado.
Si bien el Fopavi no publica los contratos suscritos entre los beneficiarios de sus subsidios y las constructoras contratadas para construir sus viviendas al considerar que son contratos entre privados a pesar de ser financiados con fondos estatales, el artículo 164 inciso b) y e) de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que no pueden ser diputados los contratistas de obras que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o empresas, tengan pendiente reclamaciones de interés propio; y quienes representen intereses de compañías o personas individuales que exploten servicios públicos. Dicho artículo agrega que si al tiempo de su elección o posteriormente, el diputado electo resultare incluido en cualquiera de las prohibiciones contenidas en ese artículo, se declarará vacante su puesto.
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