Terrenos de lujo para pagar una deuda con IPM

Los veteranos del ejército buscan mejorar sus condiciones de jubilación y el actual presidente, Otto Pérez Molina, no ha puesto inconvenientes. El pasado 12 de julio, mediante tres acuerdos gubernamentales, fueron aprobadas las cesiones de tres propiedades del Ministerio de la Defensa al Instituto de Previsión Militar, cuyos trámites habían iniciado en 2011. 

El motivo de este traslado era saldar la deuda del Gobierno con el ente encargado de velar por las prestaciones sociales del ejército. Para calcularla, el IPM se basó en la deuda de Q107,634,991 reconocida por el Ministerio de Finanzas en 2002. A esta, le sumó las cantidades que el Estado no ha pagado desde ese año, por lo que en 2011 la cifra llegó a Q216,605,009 millones.

El gerente del IPM, el coronel Ricardo Barrios Ortega, explicó que el monto estipulado era más bien un “incumplimiento” o “adeudo” del Estado con el IPM, que en los últimos años no recibió el total del aporte patronal (Q65,000,000) y del aporte extraordinario (Q65,000,000 desde 2004 hasta 2017).

En la actualidad, el Gobierno debe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Q21,000 millones, según la cifra proporcionada en marzo de 2012 por el presidente del IGSS, Luis Alberto Reyes.

“Es cuestionable el argumento de la deuda, porque los bienes que el Estado trasladó en propiedad son inmuebles con una plusvalía altísima”, dijo Marvin Flores, de la ONG de transparencia Acción Ciudadana. “Lo ideal hubiera sido utilizar ese pasivo, no trasladar los bienes como tal, sino sacar utilidad a los bienes y saldar la deuda. En vez de traspaso se hubiera hecho un usufructo para conservar la propiedad”, afirmó Flores.

Los tres bienes cedidos son una finca rústica de 90 mil metros cuadrados ubicada en Jacarandas de Cayalá, zona 16, tasada en Q23,000,000; una desmembración de 210 mil metros cuadrados de la finca Santa Rosa, Escuintla, valorada en Q506,000,000 y el parqueo frente al Estadio del Ejército, de 12 mil metros cuadrados, cuyo precio fue establecido por la Dirección de Catastro y Avalúos del Ministerio de Finanzas en Q34,000,000. La suma alcanza los Q119,543,173.

Asegurando su jubilación

Los expedientes de traspaso de estos inmuebles (2012-18739, 2012-18740 y 2012-18741)  indican que fueron solicitados por primera vez en agosto de 2011, por el entonces gerente Adolfo de Jesús Puga Baldizón, junto a otras cinco propiedades del Ministerio de la Defensa. El coronel Puga, que se jubiló en marzo de 2012, solicitó nuevamente los terrenos a Pérez Molina en febrero, quien aprobó los traslados.

En ninguno de los expedientes figura ningún cálculo del Ministerio de Finanzas sobre la deuda. A este respecto, sólo aparece la misiva escrita por el gerente a Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, en la que indica sobre el monto de la misma (Q216,000,000).

Los acuerdos gubernativos que los hicieron oficiales se publicaron el 12 de julio de 2012. En ellos tampoco consta la deuda como el motivo de su traslado, ni los fines a los que irán destinados los terrenos. Plaza Pública solicitó una entrevista con el director de Bienes del Ministerio de Finanzas, Alfonso Godínez, y trató de hablar con el  ministro de Finanzas, Pavel Centeno, pero al cierre de este tema no había sido posible contactar con ellos.   

Barrios, el actual gerente del IPM, dijo que estos inmuebles servirán para desarrollar proyectos de denominado “beneficio social”: un Instituto tecnológico Adolfo V Hall en Cayalá, la ampliación del complejo recreativo Sol y Sombra, así como un parque industrial en el terreno de  Escuintla, y un parqueo público en el Campo de Marte, que esperan sirva como estacionamiento del Estadio del Ejército, también solicitado por el IPM a Defensa.

Paraíso en Cayalá

Transitar por los condominios de Ciudad Cayalá, en zona 16, pone en evidencia que Guatemala es el país más desigual de América Latina. Grandes vehículos circulan por las estrechas carreteras, que dirigen a residenciales de lujo ubicados entre terrenos verdes y tranquilos. Las diferentes propiedades de esta ciudad revaluada y comercializada por la familia Leal –una de las grandes familias terratenientes del país, propietaria entre otros, del ingenio Magdalena, en Escuintla–  han llegado a precios que oscilan de US$275 o a una cifra superior a los US$375 la vara cuadrada sin construcción, según los anuncios de las inmobiliarias en internet.

La finca cedida por Defensa al Instituto de Previsión Militar está localizada bajo el parque ecológico Cayalá. Al oeste limita con  las colonias Tecún Umán y Valles de Vista Hermosa –lo bordean los clubs americano, alemán, y el hospital El Pilar-, y al este  con Encinos de Cayalá, donde las casas, edificadas en terrenos de un aproximado de mil varas cuadradas, se venden actualmente a precios de US$850,000 a US$1,200,000, según ofertas de venta publicadas en internet. Incluso al otro lado, donde se ubica el hospital El Pilar, se venden terrenos sin construcción el borde de este barranco a un precio que ronda  los US$190 la vara. Los 90 mil metros cuadrados que según el Registro de la Propiedad tiene el terreno equivalen a 128 mil 835 varas cuadradas.

Diez millones más barata

La Dirección de Catastro y Avalúo del Ministerio de Finanzas tasó el inmueble de Cayalá en Q23,686,194, lo que equivaldría a un precio de US$23 la vara. Valuadores consultados por Plaza Pública dieron un precio de US$30 a $40 la vara, ya que a diferencia de muchos de los terrenos de los alrededores éste está catalogado como rústico. Aún así, si el precio fuera de US$30, la finca debería haber sido tasada en casi Q31 millones (o en Q41,227,200 si se toma como valor de referencia US$40 por vara cuadrada).

Al ser cuestionado por este último aspecto, el gerente de IPM respondió: “Ustedes no han visto el terreno. ¿Por qué  cree que lo dieron en donación? No iban a dar la mejor parte”. “Cuando hicieron esa donación escogieron una parte que obviamente tenía mayor dificultad para desarrollar el proyecto habitacional”. “Es un área donde un porcentaje es aprovechable para desarrollar un proyecto educativo, y otro porcentaje son áreas que no tienen aprovechamiento comercial, porque es demasiado quebrado. Es un barranco”, dijo.

Según el avalúo, “la topografía se presenta como una superficie mixta e inclinada en el centro de la totalidad del inmueble, asimismo, se determina que en dicho inmueble si se realizan los movimientos de tierra correspondientes sí podría ser apta para cualquier edificación que se proyecte”.

Aunque el administrador del Instituto califique esta finca como “el peor caballo”, lo cierto es que se encuentra en la mejor cuadra.

Como proyecto educativo

El terreno de Jacarandas de Cayalá fue donado al Ministerio de la Defensa en mayo de 1982 por Elvira Pivaral Padilla, viuda de Julio Héctor Leal Solórzano, según consta en el Registro de la Propiedad. Esa es la donación a la que se refiere Barrios. Y no fue un gesto de altruismo: Héctor Leal Valdez, nieto de Héctor Leal Solórzano y actual gerente de Grupo Cayalá, indicó que la cesión del terreno se realizó “cumpliendo con las leyes existentes en su momento para la autorización de la urbanización de lo que hoy conocemos como Ciudad Cayalá. Desde entonces ha sido propiedad gubernamental”.

Este traspaso de tierras se desarrolló obedeciendo lo estipulado en el Reglamento de Urbanizaciones y Fraccionamientos en el Municipio de 1960, según el cual cuando un inmueble es mayor a 10 mil metros cuadrados debe destinarse una parte al servicio público, como un hospital, un centro educativo o un balneario. Cuando se le donó al Ministerio de la Defensa la idea era construir un proyecto educativo, en este caso un Instituto Adolfo V.Hall, aunque nunca llegó a edificarse.

Con el actual traslado al Instituto de Previsión Militar se recupera el proyecto de edificar un Hall.

“Es de beneficio para la sociedad en general, porque es un proyecto educativo, y además le permite al Ministerio de Defensa desarrollar ciertas habilidades en los jóvenes, tener la posibilidad de hacer formación para captación de oficiales”, dijo  Barrios. Y agregó que, en todo caso, estos institutos no están destinados sólo para militares. “Es un centro donde vamos a rescatar los principios y valores de la formación militar y darle un enfoque tecnológico”, añadió.

Parte del corredor biológico o lotificar el inmueble

Gabriel Valle es el coordinador del Capítulo Metropolitano, de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), la asociación que gestiona el parque ecológico Cayalá, trasferido en 1985 a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) –también siguiendo el reglamento municipal de urbanizaciones que obliga a ceder cierta parte al deporte.  Valle aspira a que el terreno del IPM sea anexionado al Parque Ecológico Cayalá.  Eso lo convertiría, según Valle, en el parque más grande de Centro América.

De hecho, antes de la cesión al IPM, la organización ambientalista ya había sostenido conversaciones con el Ministerio de Defensa para incorporarlo al parque que gestiona, infructuosamente.

En los últimos tiempos, asegura Valle, ha habido varias visitas de personal del Hall Central al parque ecológico. En ellas, afirma, los militares hablaron de su intención de lotificar en el inmueble. No obstante, según el ambientalista, el terreno forma parte del cinturón ecológico municipal y, además, según el Plan de Ordenación Territorial aprobado en 2008 no estaría permitida la edificación, por incluir áreas con inclinaciones superiores a 40 grados.

“Nosotros vamos a pelear por el Estadio”

Otro de los terrenos cedidos es el actual parqueo de los oficiales del Ministerio de la Defensa, Guardia de Honor y Estado Mayor Presidencial, que hace esquina entre el Estadio del Ejército y los Campos de Marte. Este lugar, donde se instalaban los circos, mide 12 mil metros cuadrados y la Dirección de Avalúo del Minfin lo tasó en Q34 millones 235 mil 159.

El objetivo es sacar rendimiento a este espacio como un parqueo público y, más adelante, como estacionamiento del Estadio del Ejército. “El Estadio va a venir después,  ahí le doy el dato, nosotros vamos a pelear por el Estadio”, anuncia el gerente de IPM. “Lo que queremos es desarrollar ahí un proyecto del siglo XXII. Tenemos que promover una alianza con la iniciativa privada para crear un estadio que sea multifuncional y multidisciplinar, con su aparcamiento”, dijo.

Parque Industrial en Puerto Quetzal

El tercer inmueble es una fracción de 210,438 metros cuadrados de la finca Santa Rosa, ubicada en la carretera a Iztapa, a uno de los lados colinda con el Puerto Quetzal y a otro con el Club Aire, Mar y Tierra, propiedad del ejército. La idea de este terreno, valorado en Q58,621,820, es ampliar el Hotel Suites Mar y Sol, en actual usufructo del Instituto de Previsión Militar, que ofrece servicios a militares, pero también a personas que llegan a hacer trámites a Puerto Quetzal. Además, según indicó el gerente, están pensando en crear un parque industrial o un área de almacenamiento, debido a su proximidad con Puerto Quetzal.

El IPM solicitó otros cinco terrenos: una fracción del cantón “La Democracia”, antigua sede de Reservas Militares y una casa en el cantón San Sebastián, ambos en Quetzaltenango, el polígono El Zarco, a desmembrarse de la finca “Brillantes”, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, y una fracción de la finca “Río del Paso” en Flores, Petén.

Una vieja gloria

Un edificio blanco y manchado con  las letras IPM en forma de V de victoria resalta en una de las esquinas del Parque Central. El Instituto de Previsión Militar muestra en su estructura la reminiscencia  de su vieja gloria. Mientras en su creación, en 1966, al amparo del conflicto armado, el alto número de militares en activo y la escasez de jubilados (en 1995 había 11,354 militares en activo y 1,716 jubilados) permitía la holgura en el sistema de prestaciones, tras los acuerdos de Paz la proporción comenzó a invertirse.

Hoy, cuando las cantidades son casi equivalentes, ya hay más jubilados que militares en activo. Los primeros son 6,290 jubilados militares –unidos en 16 organizaciones de veteranos militares. Los segundos,  6,124 militares en activo. Para que el sistema de prestaciones funcionara de forma adecuada, debería haber siete militares en activo por cada jubilado, según indicó el gerente de IPM. Es decir, para sostener las prestaciones de los jubilados actuales, se necesitarían 44,030 militares.

Este sistema se financia mediante un aporte del 8 por ciento del salario de los militares en activo, un 25 por ciento de aporte patronal del Estado a través del Ministerio de Defensa  (Q65 millones anuales) y, desde 2004, con un aporte extraordinario de Q65 millones asignados hasta 2017, aprobado por el presidente Óscar Berger tras la disminución de los efectivos militares.

Además, el IPM cuenta con ingresos económicos de las acciones invertidas en ocho empresas: Aseguradora Guatemalteca S.A, Promotora de Clubs S.A., Inversiones para el Mañana S.A., Torre de Estacionamiento S.A., Hotel Suites Mar y Sol S.A., Almacenes y Servicios S.A., Inversiones y Servicios Comerciales S.A., Cristina S.A., Afianzadora Solidaria S.A., Maya Químicos S.A. y Almacenes y Servicios S.A.

A pesar de que, según el balance de gastos del Instituto, en 2011 los ingresos fueron de Q216 millones y los egresos de Q208 millones, los responsables a cargo reclaman que el Estado está en la obligación de devolverle el adeudo que, según la última estimación del Instituto, asciende a Q264 millones.

“Estas solicitudes nunca fueron consideradas como una prioridad”, indicó al respecto Carlos Barreda, viceministro de Finanzas Públicas durante el gobierno del Álvaro Colom y actual diputado de la Unión  Nacional de la Esperanza (UNE). “Quizá hubiera habido solicitudes a la Dirección de Bienes del Estado, pero solo se elevan al Presidente las solicitudes que van en línea con la política de Gobierno. Esto está hablando de las prioridades políticas. El IPM tuvo problemas financieros, incluso hubo un desfalco, y hay un interés de recapitalizarse y recomponer su situación, pero no puede ser a costa de los subsidios, ni de incrementar su patronal”, expuso Barreda.

El Instituto de Previsión Militar ha estado vinculado a lo largo de su historia a grandes pérdidas de dinero, producto de malas inversiones o hechos de corrupción. Entre estos destaca la pérdida US$36 millones invertidos en el Fondo de Pensiones de América a través de la subsidiaria Merryll Linch en 2001, bajo el gobierno de Alfonso Portillo. De este desfalco fueron responsabilizados varios miembros de la junta directiva, entre ellos Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, y el general Óscar Alfredo Cruz López, quien más tarde fue acusado de haber trasladado Q3 millones a su cuenta.

Mientras en el Congreso de la República tienen tres iniciativas en el tintero: aprobar un aporte extraordinario mediante un decreto legislativo (Iniciativa de Ley 3530, ya en tercera lectura); permitir a los jubilados militares el bono 14 (iniciativa 3980-2009) y modificar la Ley Constitutiva del Ejército y la Ley Orgánica del IPM para incrementar el tiempo de aportación de Oficiales en Activo hasta 35 años de servicio o 60 años de edad. La próxima gestión del Instituto de Previsión Militar es tramitar a su favor el Estadio del Ejército.

Con la cesión de estas tres fincas, el IPM ya incrementó sus posesiones. Si logra su próximo objetivo, el terreno del Campo de Marte servirá de parqueo a su “Estadio del Siglo XXII”.