La Sala de lo Constitucional (el equivalente a nuestra Corte de Constitucionalidad) declaró ilegal la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debían ocupar sus cargos el primer día de este mes, porque, según el dictamen de la sala “una misma legislatura no está habilitada para elegir en más de una ocasión a magistrados de la CSJ”. Resulta que la legislatura 2009-2012, que finalizó su período en abril de este año, ya había escogido a cinco magistrados de la CSJ en 2009.
Tecnicismos alegan los diputados oficialistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) quienes con el apoyo de los partidos Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Concertación Nacional (CN) han creado una aplanadora legislativa que le ha dado una zancadilla a la independencia de poderes en aquel país y que puede sentar las bases para la creación de una maquinaria político electoral capaz de permitir la entronización del partido que sepa aceitar dicha maquinaria. De esta manera, se ha desatado una crisis institucional que muestra dos Cortes Supremas y una polarización política que no sólo afecta la estabilidad de aquel país si no de la región también.
Es frustrante ver como la politiquería triunfa por encima de los intereses nacionales y de las instituciones que deben garantizar los mismos. Reinan los intereses partiditas y dentro de estos los intereses particulares. Ese “hoy por tí, mañana por mí” es la esencia pura de la corrupción y del intercambio de favores que perpetúan la fragilidad y resquebrajamiento institucional de nuestros países. Así negocio el cambio de poder Cerezo con Elías en Guatemala, Alemán con Ortega en Nicaragua y así lo hizo Saca con Funes en El Salvador. Los presidentes aseguran su impunidad o su cuota de poder (salvo que abusen descaradamente de las mismas como Elías y Alemán) mientras que las bases partidarias se reparten el erario nacional como si fuese piñata.
Pero bueno, qué más queda, al fin y al cabo así funciona la democracia en nuestros países. Una visión romántica de la misma que la ve como un fin y no como un medio, no sólo para elegir a nuestros servidores públicos (y hay que resaltar que son servidores) sino que también para vigilar sus acciones y no permitir que abusen de las mismas. De eso se trata la ciudadanía, de poder hacerse oír, de criticar, de ser contestatario ante las decisiones que la clase política pretende imponernos so pretexto de desarrollo, justicia, progreso maquillados con los ya trillados discursos de izquierdas y derechas que sólo esconden agendas que buscan defender intereses específicos.
Menos mal hay voces en el hermano país, particularmente de jóvenes, que no se dejan engañar por los discursos politiqueros, por los tecnicismos legales, por las diatribas partidistas y por las flamantes soluciones que en el legislativo proponen para solucionar la crisis institucional: ¡Reforma Constitucional! Vaya coincidencias.
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