Una corte para nuestro cuidado

La política, la democracia y su funcionamiento se reservan para quienes aprendieron el complejo idioma de abogadas y politólogos. En ese laberinto de palabras especializadas es fácil perder el interés por lo que sucede en la política diariamente. Y al no prestar atención se deja convenientemente a personajes oscuros maniobrar, hacia su propio destino, el barco en el que vamos como país.

Cualquier Estado tiene sentido si se vela por los acuerdos que se pactan, es decir, por los principios que rigen la comunidad y que deberían permitir una vida más armónica que caótica y violenta. Nadie puede dejar de hacerles caso a los acuerdos hechos. Hablar de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca es referirse al mecanismo que instituimos para cuidar los acuerdos colectivos y los principios democráticos que los orientan. Es, por lo tanto, voltear la mirada a las mujeres y a los hombres en quienes se deposita la confianza para esta tarea a la luz de la Constitución. Quienes ocupan las magistraturas son responsables de defender nuestros derechos y, al hacerlo, de proteger la vida colectiva.

En medio de la disputa por mantener el orden de impunidad e injusticia que se impone con pocas excepciones en el país, la Corte de Constitucionalidad necesita de personas que puedan estar a la altura de la situación. Se necesita de una Corte de Constitucionalidad integrada por valientes que no teman enfrentarse al poder. No se requieren cómplices, implicados o vendidos al mejor postor.

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Sin embargo, cuando se leen las noticias de los primeros avances en la designación de las magistraturas, pareciera que el camino se desvía hacia una corte que defienda la corrupción. El presidente Giammattei no da señales de querer sostener un proceso transparente y público. No podemos esperar de la Corte Suprema de Justicia un desempeño ético a partir de lo que hemos atestiguado en los últimos meses. La elección de Mynor Moto no genera expectativa en el colegio de abogados ni en el Congreso de la República. Y una esperaría que la Universidad de San Carlos pudiera escoger, entre los 19 expedientes presentados, las candidaturas más adecuadas para el cargo. Los nombres de Delia Dávila y de Gloria Porras como candidatas por la USAC o de Yassmin Barrios por la CSJ siguen manteniendo la esperanza de una Corte de Constitucionalidad que se deba al bienestar de una sociedad.

Esta esperanza se suma a los gestos de quienes se han parado junto a ese edificio de la 11 avenida y han levantado custodia, de esa ciudadanía que ha guardado vela por el país. Hay abogadas y abogados que se han atrevido a presentar planillas para los representantes de su gremio y profesionales que han puesto su nombre para respaldarlos. También hay personas que se han sumado desde sus propios espacios para convertir la elección de la Corte de Constitucionalidad en una del interés de una sociedad golpeada por las lógicas de una pequeña clase política y económica que sacan raja de todo un país. Mientras haya quienes buscan una corte que nos cuide, hay posibilidades de otro Estado, de otra vida en común y de otra realidad por construir.

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