Berta Cáceres era una mujer de especial valentía y principios. Encabezó la resistencia contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, que presuntamente se está construyendo sin el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas y que amenaza con interrumpir su forma de vida y su acceso al agua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas de protección en favor de la señora Cáceres, que trabajaba muy de cerca con mi oficina.
Menos de dos semanas más tarde, el pasado 15 de marzo, Nelson García, otro miembro de Copinh, fue asesinado a manos de hombres desconocidos después de un desalojo forzoso llevado a cabo por fuerzas de seguridad en la comunidad indígena lenca de Río Chiquito.
Los asesinatos de la señora Cáceres y del señor García son solo los más recientes en una serie de muertes violentas de defensoras y defensores de derechos humanos relacionados con conflictos de tierras y proyectos de desarrollo en Honduras.
Estos y otros asesinatos en Honduras han generado una condena global, y con razón. Sin duda alguna recae en el Gobierno la responsabilidad principal de investigar los hechos y de llevar a todos los autores de estos crímenes ante la justicia, al igual que de controlar los procesos de desarrollo que se llevan a cabo en el país.
Honduras es presumiblemente el país más peligroso para ser activista del medio ambiente. El Gobierno debe hacer todo lo posible por romper el círculo vicioso de violencia e impunidad.
Pero los financistas internacionales de proyectos de desarrollo también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos.
La represa de Agua Zarca es financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Holandés (FMO), por el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund) y por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.
FMO y Finnfund se han comprometido formalmente a respetar los derechos humanos en relación con los proyectos que financian. Ambas instituciones han condenado públicamente el asesinato de la señora Cáceres y han demandado una investigación a fondo. Ambas han ofrecido también información pública sobre su contribución y sus futuras acciones en relación con el proyecto. Y el 16 de marzo, a raíz de la información sobre el asesinato del señor García, FMO decidió suspender todas sus actividades en Honduras y está pendiente de realizar consultas con las comunidades aledañas a la represa de Agua Zarca y de llevar a cabo una investigación sobre todos los proyectos que apoya en el país.
Sin perjuicio de que las informaciones aportadas por FMO y Finnfund deban ser verificadas, su actuación representa lo mínimo que cabría esperarse de una institución financiera en una situación como esta. Me gustaría instar al BCIE y al resto de las entidades que apoyan el proyecto a que hagan lo mismo.
La producción de aceite de palma ha sido otra de las principales causas de conflicto social en Honduras.
El 23 de septiembre de 2012, Antonio Trejo, abogado del movimiento campesino que lucha en contra de la usurpación de tierras para plantaciones de palma africana, fue asesinado a tiros cuando salía de una iglesia en la que asistía a una boda.
Al igual que en el caso de la señora Cáceres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado al señor Trejo medidas de protección, sin ningún resultado.
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Tan solo durante el período 2012-2014 se reportaron 64 supuestos asesinatos de miembros del movimiento campesino y de defensores de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán. Tenían en común el haberse opuesto a las inversiones en el sector agroindustrial respaldadas por la Corporación Financiera Internacional, el Banco Alemán de Desarrollo y otros financistas.
Los mecanismos de derechos humanos de la ONU habían llamado la atención sobre el conflicto de tierras en el Bajo Aguán durante el período previo a la inversión realizada por estas instituciones. Algunos de estos han intentado tomar medidas correctivas con posterioridad, pero el remedio no sustituye la prevención.
Este tipo de problemas no son exclusivos de Honduras. El espacio de la sociedad civil se ve amenazado por todas partes. Se han reportado violaciones de los derechos humanos y de dejación de la diligencia debida en el marco de proyectos de inversión apoyados por bancos de desarrollo en países como Serbia, Paraguay, Uzbekistán, Etiopía, Kenia, Camboya, Laos y Panamá, por citar solo algunos ejemplos recientes.
¿Cómo podrían anticiparse y evitarse los riesgos para los derechos humanos?
El punto de partida debería ser un conjunto de políticas de salvaguardia ambiental y social que establezcan claras exigencias en relación con la diligencia debida que corresponde a las instituciones financieras. Estas políticas de salvaguardia deberían basarse en el compromiso explícito del prestamista de respetar las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, así como de poner en práctica todas las medidas que sean necesarias para evitar que los proyectos que financian puedan llevar a sus prestatarios a incumplir sus obligaciones internacionales de ámbito social, ambiental o de derechos humanos.
Si el compromiso de respetar los derechos humanos no es claro y explícito, y si no se establecen claramente cuáles son las consecuencias de este compromiso para las operaciones de estas instituciones, estas nunca podrán evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales adecuadamente. La calificación del riesgo del proyecto no será correcta, no se realizarán los análisis pertinentes, no se llevarán a cabo consultas con las personas indicadas y las medidas correctivas serán insuficientes o se pondrán en marcha demasiado tarde, hacia el final del ciclo del proyecto, cuando la influencia del prestamista ya es mínima.
En los últimos años, los principales bancos multilaterales de desarrollo han adoptado o puesto al día sus políticas de salvaguardia social y ambiental, y varias de estas políticas incluyen compromisos de respetar los derechos humanos. Ochenta y tres bancos de todo el mundo se han adherido a los Principios de Ecuador como medio para gestionar los riesgos sociales, principios que incluyen también un compromiso expreso con los derechos humanos.
No hay forma alguna de traer de vuelta a Berta Cáceres, a Nelson García, a Antonio Trejo o a los muchos otros que han muerto, y que siguen muriendo, en la defensa de los más débiles.
El Estado es el principal responsable por los derechos humanos y debe rendir cuentas. Pero los que financian proyectos de desarrollo deberán al menos demostrar que toman en serio los riesgos para los derechos humanos y que simplemente no son parte del problema.
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
17 de marzo de 2016
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