Los abusos y las violaciones de derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México se han intensificado debido a la política de Trump de tolerancia cero, que llevó a miles de niños a ser separados de sus familias. Aunque Trump se vio obligado por el sistema judicial a poner fin a esta política en junio de 2018, las consecuencias continúan afectando a las familias y la práctica de detener niños se sigue llevando a cabo. A principios de este mes se informó que, entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018, oficiales de inmigración han detenido a aproximadamente 47,000 niños, cuya reunión con sus padres podría tardar hasta dos años. El Gobierno también admitió el año pasado que perdió el control y que no pudo localizar a 1,488 niños liberados de los centros de detención, algunos de los cuales terminaron en manos de traficantes de personas. En febrero de este año, el Gobierno federal dio a conocer que en los últimos cuatro años han recibido 4,556 quejas de abuso sexual y de acoso sexual contra menores en centros de detención. Hay informes de que los niños fueron drogados y colocados en hieleras, dentro de las cuales se los obligó a dormir en el piso, con mantas de aluminio, en una habitación abarrotada, sin alimentación ni atención médica adecuadas. Además, hay historias de niños que tienen que cambiar los pañales de bebés detenidos, ya que estos fueron desatendidos por los oficiales, que también han sido acusados de insultar a los menores y de burlarse de ellos. Se ha ordenado a niños detenidos de tan solo tres años de edad que se presenten en la corte de deportación solos, sin sus padres y muchas veces sin un abogado. En marzo, cientos de familias fueron internadas en un improvisado centro de detención debajo de un puente de El Paso, Texas, y se las obligó a dormir en la tierra, a la intemperie, aguantando el frío de la noche.
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Estas duras políticas y prácticas de inmigración han sido denunciadas como violaciones de derechos humanos por entidades internacionales y grupos de derechos civiles como las Naciones Unidas y la ACLU. Es alarmante el completo desprecio por la vida y el bienestar de los niños, que se hizo evidente con las noticias de que el Gobierno estadounidense consideró trasladar a los niños a Guantánamo, una base y prisión militar que ha sido escenario de torturas de acusados de terrorismo. Un video surgido esta semana en las redes sociales aumenta la preocupación por la violencia: el material muestra cómo un grupo de militantes derechistas secuestra a familias y a niños a punta de pistola y luego los entrega a la Patrulla Fronteriza en Nuevo México. Otros Gobiernos también son culpables de violencia contra los niños migrantes, lo cual se hizo evidente la semana pasada, cuando en México se llevó a cabo la redada más grande contra una caravana de migrantes y dicho país detuvo a 371 personas, incluidos niños. Sin embargo, el Gobierno de Guatemala se ha mantenido en silencio ante estas injusticias, lo cual no sorprende, ya que es cómplice en las violaciones de derechos humanos y no hace nada por cambiar las condiciones de vida en el país, que obligan a los niños a emigrar.
La separación y la detención de niños, así como la violencia contra estos, patrocinadas por Estados Unidos no son novedad. Desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el Gobierno de ese país secuestró y separó a miles de niños indígenas estadounidenses y los envió a internados en una estrategia de asimilación forzada con el propósito de destruir sus identidades, idiomas y culturas. Durante la Segunda Guerra Mundial, 120,000 japoneses estadounidenses, incluidos niños, la mayoría de los cuales eran ciudadanos, fueron encerrados en campos de concentración durante varios años. Los recientes abusos contra los derechos humanos que se cometen contra los niños migrantes forman parte de una tradición histórica de Estados Unidos y deben ser condenados.
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