Guatemala entre la contención y la transformación anticorrupción

  A partir de 2024, con el gobierno de Bernardo Arévalo, esta tendencia negativa se detuvo. Guatemala mejoró dos puntos en su nota, pasó de su mínimo histórico de 23 puntos en el IPC 2023 a 25 en el primer año (2024)^[2]. En el segundo, se registró un nuevo aumento, Guatemala obtuvo 26 puntos en el IPC 2025^[3]. Sin embargo, este cambio es políticamente relevante, pero, estructuralmente frágil: refleja una contención del deterioro más que una transformación profunda del sistema que alimenta la corrupción.

Descripción metodológica del IPC

Dado que los actos de corrupción por definición buscan permanecer ocultos, no es posible medir toda la existente. Por ello, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) constituye un proxy para cuantificar la corrupción en el sector público y es el instrumento de este tipo mejor validado internacionalmente. Se basa en una escala de 0 a 100, en donde 0 es extremadamente corrupto y 100 es un país sin corrupción. Aunque no existen casos en ambos extremos de las notas posibles, la nación con mejor calificación en 2025 fue Dinamarca con 88 puntos. La peor calificación la obtuvo Sudan del Sur con nueve puntos^[4].

Este índice es un compuesto de indicadores provenientes de diversas fuentes de datos, estas son recalibradas para poder hacer el cálculo por país. Los datos utilizados provienen de informes de instituciones como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial^[5], entre otros. Es importante dejar claro que no representa las opiniones de Transparencia Internacional, ni de sus capítulos nacionales (Acción Ciudadana para Guatemala)^[6].

Desde 2012 se utiliza la misma metodología para calcular el índice, basada en tres fuentes de datos provenientes de 13 estudios especializados que evalúan las percepciones sobre la corrupción en el sector público. Este enfoque metodológico permite comparar la puntuación de cada país de un año a otro, lo que convierte al IPC en un instrumento útil para evaluar el desempeño de los gobiernos en el combate a la corrupción a lo largo de su período, así como para contrastarlo con el de administraciones anteriores.

¿Qué significa la mejora de Guatemala en el IPC durante los dos primeros años del gobierno de Bernardo Arévalo?

Como ya se ha mencionado, entre 2024 y 2025, Guatemala recuperó tres puntos en el IPC. Este cambio marca un quiebre en la tendencia de deterioro sostenido que el país experimentó durante la década pasada. En los años anteriores Guatemala se había ubicado entre los países con peores resultados de la región, estaba en niveles comparables a dictaduras como Venezuela y Nicaragua. Detener esta caída y revertirla parcialmente es una señal de mejora relevante.

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No obstante, la metodología del IPC obliga a hacer una lectura cautelosa de esta mejora^[7]. Las variaciones menores a tres puntos de un año a otro indican que no existe un consenso pleno entre las fuentes consultadas —que en el caso de Guatemala son las mismas desde 2012— sobre avances estructurales en el combate a la corrupción. Más bien, estas variaciones reflejan cambios parciales en la evaluación que realizan las fuentes que componen el índice. En el caso de Guatemala, el aumento de tres puntos en dos años sugiere que aún no se ha consolidado evidencia suficiente entre las fuentes sobre una transformación del sistema institucional y político que habilita la corrupción.

Entonces, una forma de interpretar esta mejora en la calificación obtenida por el gobierno de Arévalo es que, para las fuentes consultadas, a diferencia de las tres administraciones anteriores, el actual no es percibido como un actor que promueva activamente la corrupción. Es decir, según este análisis, la presidencia no es desde donde se organiza el saqueo y la impunidad. Esto explica la reversión de la tendencia a perder puntos cada año, pero también marca su límite: la mejora no está respaldada por reformas institucionales, políticas o legislativas capaces de garantizar su sostenibilidad frente al cambio de gobierno.

Contención sin reforma: límites de la mejora

La mejora limitada de tres puntos en dos años evidencia la ausencia de cambios institucionales sustantivos en el Ejecutivo, así como la falta de una estrategia eficiente para la promoción de reformas legales que permitan identificar, limitar y prevenir estructuras de corrupción.

Iniciativas que han presentado hasta enero de 2026^[8] como la Ley de Beneficiario Final, la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, la Ley de Protección de Denunciantes, la Ley de Integridad Pública, las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y a la Ley Orgánica del Ministerio Público muestran la claridad del gobierno sobre la necesidad de reformas profundas e incorporan estándares internacionales comprobados en materia de integridad pública.

A pesar de ello, estas iniciativas no han sido incluidas en las negociaciones con el Congreso, las cuales han sido objeto de críticas por su vinculación con acuerdos alrededor del Presupuesto General.

Esto ha generado preocupaciones porque los proyectos de Presupuesto General presentados por el Ministerio de Finanzas Públicas^[9] repiten patrones transaccionales con actores políticos señalados de actos de corrupción, incremento anual del presupuesto sin reingeniería institucional que mejore la calidad del gasto público, y debilidad en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas^[10], entre otros.

Asimismo, persisten preocupaciones sobre ampliaciones presupuestarias presentadas por el Ejecutivo^[11], las cuales han sido fuertemente cuestionadas por los riesgos de corrupción que presentan, como clientelismo, uso discrecional y captura política por clanes locales.

Por otro lado, el gobierno no tomó decisiones claves para reformar la contratación de obra pública a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que sigue contratando a empresas con señalamientos de corrupción y vínculos políticos^[12].

La administración desaprovechó la oportunidad política y social con la que asumió para impulsar una reforma que permitiera resolver la situación de las obras paralizadas, defectuosas o incompletas, ampliar la competencia en las licitaciones y, sobre todo, fortalecer las capacidades del gobierno en construcción y supervisión de obra pública.

Como resultado se continuó utilizando el sistema de contratación existente y la administración actual decidió asumir el desgaste político que ello conlleva.

Por último, aún sigue pendiente una reforma profunda del servicio civil que permita depurar las estructuras que facilitan y operan procesos de corrupción desde las instituciones.

Sin embargo, en esta área, los esfuerzos de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) en materia de integridad pública —como impulsar el funcionamiento de Oficinas de Probidad^[13] en los Ministerios y Secretarías— se perfilan como una estrategia eficiente para identificar redes, mecanismos y actores de corrupción.

Aun así, sus resultados todavía no son sensibles y, por lo tanto, no influyen en el resultado del IPC 2025.

Estos elementos indican que la mejora registrada en el IPC es consecuencia de un esfuerzo político por contener la corrupción, más que de una transformación institucional profunda en materia anticorrupción. Las acciones implementadas durante estos dos años de gobierno, reflejadas en los resultados del IPC, muestran que es posible limitar la corrupción. Sin embargo, al carecer de anclajes sólidos en los presupuestos, la inversión pública y el servicio civil, estas mejoras siguen siendo vulnerables frente a cambios en el liderazgo político.

Comparación regional: escenarios posibles

El IPC no debe leerse como un ranking en sentido estricto. Su valor está en la posibilidad de comparar a cada país frente a su nota histórica y poder entender avances y retrocesos en contextos nacionales. No obstante, hacer análisis comparativo regional permite identificar tendencias y dibujar escenarios posibles.

En ese sentido, el ejercicio de comparación con dos países arroja resultados interesantes sobre las tendencias y los posibles desenlaces para Guatemala. Por un lado, Honduras que, en el mismo periodo de tiempo utilizado en este ensayo para analizar el caso de Guatemala, se ha caracterizado por un declive constante en su calificación en el IPC con eventuales mejoras coyunturales. Y, por otro, está República Dominicana donde el presidente Luis Abinader implementó una serie de reformas exitosas para el combate a la corrupción.

Honduras: declive constante y mejoras coyunturales

Honduras perdió seis puntos entre 2012 y 2025, una caída similar, aunque menos abrupta que la de Guatemala, pasó de 28 puntos en el IPC 2012 a, 22 puntos en 2025^[14]. A lo largo de ese periodo, el país registró episodios de recuperación parcial en el IPC, por ejemplo, en 2014 Honduras subió de 26 puntos a 29 y, en 2015 a 31, esta mejora se debió a que en ese año el gobierno firmó un acuerdo de colaboración con Transparencia Internacional Gy^[15]; sin embargo, para el final de esa gestión había descendido nuevamente a 29 puntos. En términos generales, el resultado hondureño ha sido un prolongado estancamiento entre los países peor calificados de la región y el mundo, pese a la alternancia de gobierno.

República Dominicana: alineación institucional y decisión política

República Dominicana perdió cuatro puntos entre 2012 y 2020. Sin embargo, desde 2021 hasta 2025, el país ha ganado siete puntos, con un resultado de 37 puntos en el IPC 2025^[16], su máxima nota desde 2012. Esto refleja una mejora considerable en un corto periodo.

Esta situación está asociada a la implementación de políticas públicas anticorrupción por parte de la administración de Luis Abinader, así como un proceso de reingeniería institucional y fortalecimiento de controles. En 2020 creó El Gabinete de Transparencia, Prevención y Control de Gastó Público como un mecanismo interinstitucional para la prevención de la corrupción, capaz de investigar y sancionar^[17]. Para 2021 se adoptó una política de Estado para identificar, incautar y recuperar bienes obtenidos ilícitamente a través de actos de corrupción^[18]. También reformó el sistema de contrataciones públicas, mejorando la planificación, competencia y controles^[19].

Sin embargo, un elemento importante para el caso de República Dominicana es que, sumado al liderazgo político clave del presidente Abinader, se cuenta con una Procuraduría de la República (Fiscalía) que también tiene por objetivo combatir la corrupción. No existe relación de subordinación entre ambos organismos, sino colaboración funcional en materia anticorrupción.

Guatemala en 2026: punto de inflexión

Guatemala se encuentra entre ambos escenarios (RD y HN). Si bien ha logrado detener y revertir parcialmente la tendencia negativa en el IPC, los resultados evidencian la falta de un proceso de transformación profunda. Las elecciones de segundo grado de 2026, que comienzan con la renovación del Tribunal Supremo Electoral y continúan con el nombramiento de una nueva Corte de Constitucionalidad, así como la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, del Contralor General de Cuentas y de otros órganos de control, serán determinantes. De su resultado el país podría tener escenarios similares al de alguno de los países analizados.

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Por un lado, en un escenario de mejora (RD), el presidente Arévalo tendría la oportunidad de impulsar las reformas profundas que hasta ahora le han faltado, con la confianza de que los órganos de control contarían con mayor capacidad para sancionar a los actores de la corrupción. Por otro lado, el escenario de estancamiento (HN) implicaría mantener la contención pasiva de la corrupción actual, pero que, eventualmente, con una administración nueva, podría dar lugar a otro ciclo de corrupción de gran magnitud.

Así, el resultado de estas elecciones no solo tiene relación con el funcionamiento republicano del Estado, sino que define el futuro de la lucha contra la corrupción en el país.

El futuro de la lucha contra la corrupción

Un efecto poco advertido de la actual coyuntura es el desplazamiento del tema anticorrupción de la agenda pública. Aunque fue central en las elecciones de 2023, debido a los retos que la gestión del presidente Arévalo está enfrentando en materia de seguridad, la preocupación ciudadana se está desplazando hacia la violencia homicida, la extorsión, las pandillas y el crimen organizado.

Este cambio plantea un riesgo democrático relevante respecto al resurgimiento de narrativas que presentan la necesidad de actuar rápido contra el fenómeno de la inseguridad y que, por lo tanto, la rendición de cuentas, la transparencia y los controles institucionales se constituyen como obstáculos o elemento dilatorios para tal respuesta. Sin reformas profundas, la lucha contra la corrupción corre el riesgo de quedar subordinada a otros temas y ser atendida de forma coyuntural o, simplemente, como narrativa de popularidad.

Elementos para avanzar

Existen elementos que no estuvieron presentes en la última década y que sugieren que todavía es posible crear los anclajes necesarios para fortalecer la lucha contra la corrupción, tanto en el presente como de cara al futuro. Un presidente como Bernardo Arévalo, con un compromiso explícito con la transformación de la cultura política y la integridad pública; una Comisión Nacional contra la Corrupción que ha comenzado a sentar las bases para una cultura de prevención y el fortalecimiento de los controles internos; y una sociedad civil que, pese a las difíciles condiciones de la última década, sigue dispuesta a acompañar y defender los avances anticorrupción.

Además, existen aliados internacionales que continúan apoyando un Estado democrático y sin corrupción en Guatemala, así como pueblos originarios que han dado ejemplo de compromiso democrático y anticorrupción.

Estos ingredientes permiten que la ventana de oportunidad que ha representado el gobierno del presidente Arévalo impulse con decisión transformac iones que arrojen resultados que permitan instituciones fuertes, una democracia sólida y mayores oportunidades de desarrollo para todas y todos los guatemaltecos. 

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[1] Corruption Perception Index 2024: Global Score, Transparency International (2025). Ver en: https://images.transparencycdn.org/images/CPI2024-Results-and-trends.xlsx

[2] Índice de percepción de la corrupción: un papel devastador en la crisis climática, Transparency International (2025). Ver en:  https://www.transparency.org/es/press/2024-corruption-perceptions-index-corruption-playing-devastating-role-climate-crisis 

[3] Al momento de publicar este ensayo los resultados del IPC aún no han sido publicados por Transparencia Internacional. Las referencias al IPC 2025 se basa en información facilitada bajo embargo por Transparencia Internacional.

[4] Ibid.

[5] El ABC del CPI: Cómo se calcula el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Transparency International (2025). Ver en: https://www.transparency.org/es/news/how-cpi-scores-are-calculated 

[6] Our Work In Guatemala – Acción Ciudadana. Transparency International. Ver en: https://www.transparency.org/en/countries/guatemala 

[7] El ABC del CPI: Cómo se calcula el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Transparency International (2025). Ver en: https://www.transparency.org/es/news/how-cpi-scores-are-calculated

[8] Paquete de propuestas normativas fortalecerán al Organismo Ejecutivo para prevenir de la corrupción, Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) - Gobierno de Guatemala (2025). Ver en: https://cnc.gob.gt/wp-content/uploads/2024/12/CNC-Comunicado-de-prensa-Paquete-de-propuestas-normativas-fortalecera%CC%81n-al-Organismo-Ejecutivo-para-prevenir-de-la-corrupcio%CC%81n.pdf

[9] Análisis del Presupuesto 2025, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI- (2025). Ver en: https://icefi.org/comunicados/el-icefi-presento-su-analisis-profundidad-del-presupuesto-aprobado-para-2025-y-formulo

[10] Icefi identifica alteraciones cuantiosas y fiscalmente dañinas en dictamen y presupuesto aprobado para 2026, Instituto Centroam

[11] El «reajuste» de Finanzas para bolsones cuestionados y pago de deuda, Plaza Pública (2024). Ver en: https://www.plazapublica.com.gt/economia-capturada/articulo/el-reajuste-de-finanzas-para-bolsones-cuestionados-y-pago-de-deuda

[12] El manejo de la obra pública, una promesa pendiente del gobierno de Arévalo, eP Investiga (2026). Ver en: https://epinvestiga.com/investigacion/el-manejo-de-la-obra-publica-una-promesa-pendiente-del-gobierno-de-arevalo/ 

[13] Informe Anual 2025, Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) - Gobierno de Guatemala (2025). Ver en:  https://cnc.gob.gt/informes-gestion-anuales-trimestrales-cnc/

[14] Al momento de publicar este ensayo los resultados del IPC aún no han sido publicados por Transparencia Internacional. Las referencias al IPC 2025 se basa en información facilitada bajo embargo por Transparencia Internacional.

[15] Acuerdo entre Honduras y Transparencia Internacional, Nodal (2014). Ver en: https://www.nodal.am/2014/10/gobierno-de-honduras-firma-acuerdo-con-transparencia-internacional-para-combatir-la-corrupcion/ 

[16] Ibid.

[17] Creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, Gobierno de Republica Dominicana (2020). Ver en: https://url-shortener.me/A59D 

[18] Decreto 22-21 – recuperación del patrimonio público, Gobierno de Republica Dominicana (2021). Ver en:  https://presidencia.gob.do/decretos/22-21?utm 

[19] Presidente Abinader aprueba reglamento de aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, Gobierno de Republica Dominicana (2026). Ver en:  https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-aprueba-reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-47-25-de-contrataciones