El último crimen de la subestación 73-15

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«A don Milton lo golpean por ser gay y a mi hermano Eldin lo matan por ser el único testigo». Henry Choc no titubea en decirlo. Es más, así resume lo que sucedió la noche del 18 de abril de 2024. 

Está sentado en un banco de plástico, cabizbajo y con la voz serena. Al lado de él, cuatro fotografías de los hombres fallecidos cuelgan de un muro de madera y de tablarroca. Los rostros están acompañados de imágenes de Jesucristo y de la Virgen de Guadalupe, además de una mesa con flores, libros religiosos y vasos con agua bendita.

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La primera vez que Eldin Choc y Milton Santamaría llegaron juntos a la casa de Henry fue en enero de 2024, tres meses antes de morir. Ese día, Eldin tocó la puerta con un poco de reserva, como si no fuera la residencia de su hermano.

«Al inicio, solo me dijo que Milton era un conocido», cuenta Mercedes, la esposa de Henry, acomodada sobre otro taburete en la sala. Fue ella quien armó el altar católico para honrar la memoria de la pareja que apenas iniciaba su historia en Guatemala.

La familia Choc suma 10 meses con la sensación de vacío. En el inmueble donde viven, erigido sobre un piso de tierra y en la cima de una colina, ya no se escucha la marimba que Eldin solía reproducir cuando los visitaba. Ahora solo resuena el sonido del viento que choca contra el techo de lámina. Ni una sola nota musical.

La hipótesis de un crimen de odio es una de las que el Ministerio Público (MP) utiliza para investigar la muerte de Eldin y Milton. El primero tenía 28 años y era oriundo de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. El segundo, de 45 años, era ciudadano canadiense con origen salvadoreño. 

La Fiscalía de Derechos Humanos señala a siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de ser los responsables del asesinato de los dos hombres, luego de haberlos capturado de manera «ilegal» y de haberlos golpeado horas antes en la subestación de San Andrés Itzapa, un municipio maya kaqchikel en Chimaltenango. 

A seis les imputa el delito de ejecución extrajudicial, que ocurre cuando funcionarios se valen de sus cargos y del poder estatal para matar. A otro le recrimina no haber hecho nada para evitar los decesos.

Sobre Henry no cae ninguna gota de duda. Sostiene que, en lugar de protegerlo, los policías asesinaron a su hermano: «Él era el que cuidaba de nosotros y siempre preguntaba cómo estábamos. Cargamos una gran herida desde que se fue».

Ya casi transcurre un año de aquel fatídico jueves. Los fiscales están alineados con Henry y, ante los jueces, han defendido su versión sobre cómo fallecieron Milton y Eldin. Todo comenzó a eso de las 18:00 horas en una abarrotería ubicada frente a una de las entradas a la comunidad, que queda a unas dos horas en automóvil de la ciudad de Guatemala.

Según el MP, los novios llegaron a la tienda para comprar bebidas. Las abrieron allí mismo y las empezaron a consumir antes del anochecer. Nada inusual. Sin embargo, tuvieron una discusión que provocó que dos policías recibieran una supuesta denuncia anónima de escándalo en la vía pública.

Los agentes que primero acudieron a la escena se llaman Fredy Velásquez y Yuliza Ayala. Arribaron en una moto, se estacionaron en la acera y se acercaron al negocio, rodeado de refrigeradoras de bebidas y estanterías de comestibles. Allí ocurrió la primera captura.

La razón no está clara. En septiembre de 2024, en una audiencia en el Juzgado de Chimaltenango, la fiscal Iris Vela aseguró que el comportamiento de Milton y Eldin en el local «no ameritaba» la intervención de los policías. Reiteró que «estaban tranquilos», pero que aun así fueron detenidos. Los agentes arguyen lo contrario: que los sujetos estaban ebrios y actuaban de forma agresiva.

Ante el juez, Vela hizo un recuento de los hechos que sucedieron en la abarrotería. Relató que Velásquez se sintió atacado cuando Eldin le pidió a Milton que «no fuera necio» y que entregara el documento de identificación que exigían los policías. Velásquez habría interpretado que el comentario estaba dirigido hacia él.

Este aparente malentendido habría disparado la tensión entre la pareja y los uniformados. En un abrir y cerrar de ojos, la tienda casi se convirtió en un cuadrilátero. De acuerdo con la Fiscalía, molesto por la discusión, Velásquez forcejeó con Milton y, cuando el ciudadano canadiense «no se dejó», Ayala lo golpeó con el casco de su traje oficial. Eldin habría roto la blusa de la agente, según su versión.

En medio de las agresiones, la uniformada llamó a una patrulla para pedir «refuerzos». Bastaron unos minutos para que en el lugar apareciera otra unidad, de la cual descendió un policía que aprehendió a Milton. Mientras eso ocurría, decenas de motociclistas y tuctuqueros circulaban por la calle. Nadie hizo nada. Nadie imaginó lo que estaba por venir.

La Fiscalía apunta que, al ver cómo esposaban a su pareja, Eldin huyó hacia una aldea, pero la PNC lo capturó en menos de una hora. Así como a Milton, lo condujeron a la subestación policial, edificada a escasos metros del negocio, contigua a un arco de concreto que da la bienvenida al municipio. El recinto tiene el código 73-15, que identifica la comisaría y la subestación en la nomenclatura oficial.

A criterio de la fiscal Vela, las capturas de los novios fueron «ilegales» y los policías «se pusieron de acuerdo» para ejecutarlas con «claro abuso de autoridad». Jamás encontró una causa justa en el cuadrilátero. En la audiencia judicial de septiembre, presentó tres argumentos para fundamentar esta tesis:

• Milton y Eldin no cometieron delitos ni faltas, y tampoco tenían órdenes de detención.
• Los agentes no reportaron las aprehensiones en un chat de WhatsApp en el que registraban sus acciones.
• Los uniformados no verificaron con los altos mandos de la PNC si los sujetos tenían otras solicitudes de captura (algo que sí dicta el protocolo).

De los 23 elementos que en abril laboraban en la sede policial de San Andrés Itzapa, el 30% están implicados en el caso penal por las aparentes ejecuciones extrajudiciales de Eldin y Milton. Aparte, un bombero fue ligado al proceso.

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Un hallazgo macabro

Cuando Henry y Eldin eran pequeños, pasaban las tardes en la parroquia de San Pedro Carchá, una localidad maya q'eqchi' al norte de San Andrés Itzapa. Allí disfrutaron su niñez junto con sus dos hermanos. Eran cuatro en total. A menudo, acompañaban a su abuela al templo, donde ella se ocupaba mientras ellos dormían bajo las bancas.

Esas memorias fueron las que motivaron a Henry a liderar el equipo de vecinos que durante casi una semana buscó a Eldin alrededor de Chimaltenango, tras haber desaparecido el 18 de abril. 

«Eso de salir, estar entre las montañas y las aldeas y no tener una respuesta al final del día es muy duro», expresa.

Sus esfuerzos terminaron el 24 del mismo mes, cuando una alerta en las redes sociales le permitió encontrar el cadáver de Eldin en un barranco cerca de una carretera en Sacatepéquez. El Hospital Nacional de Chimaltenango reportó el deceso de Milton seis días antes, la misma fecha de las aprehensiones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el joven altaverapacense fue estrangulado y falleció por asfixia. Su cuerpo mostró señales de tortura: su mano derecha fue amputada y perdió dedos de la izquierda. Tenía el pantalón y la ropa interior abajo cuando los rescatistas lo hallaron. El hombre canadiense, según el reporte público, murió por una ruptura de la aorta abdominal, luego de derramar alrededor del 66% de su sangre.

Ninguno nació en San Andrés Itzapa, pero la comunidad se vistió de negro para darles el último adiós. A Milton lo despidieron en mayo, pues la familia tuvo que completar los trámites para trasladar el cuerpo a El Salvador. Eldin recibió un funeral digno de una figura pública en el pueblo el mismo abril.

La desbordante ceremonia comenzó al mediodía y duró unas cinco horas. Una caravana de cientos de vecinos acompañó el féretro del muchacho al cementerio local, donde varios asistentes tomaron la palabra para extender condolencias. Casi ningún itzapeco conocía al joven y a su pareja un mes antes, pero ese día eran el foco de atención. 

En medio de las enormes columnas humanas, un grupo de mujeres y niñas se atrevió a plasmar en carteles lo que hasta entonces solo se mencionaba en conversaciones. «Policías corruptos», «No más abuso de autoridad» y «Este es el trabajo del [sub]inspector», decían las pancartas que levantaron para demandar justicia. Ellas ya estaban convencidas de lo que pasó el 18 de abril.

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La primera hipótesis: un crimen homófobo

Desde el patio de la residencia de los Choc se puede apreciar una obra de arte. A lo lejos, detrás de la vivienda, se encuentran colinas verdes pobladas por casas, animales de granja descansando en el pasto y niños ruidosos jugando futbol. El aire que se respira es puro, como si esta esquina de San Andrés Itzapa fuera inmune al humo y al polvo.

Esa era una de las razones que Milton tenía para visitar la casa de su concuñada. «Le gustaba porque aquí se respira buen aire y es sencilla, de tierrita. Él era una persona confiable, no orgullosa», relata Mercedes.

De la familia Choc, ella es de las pocas personas que supo de la relación romántica entre Eldin y Milton antes de que murieran. Su cuñado le confió que tenían planes de alquilar una vivienda en la localidad y comprar un terreno para sembrar y exportar productos agrícolas a El Salvador. Era su proyecto de vida.

«Solo lo teníamos entre nosotros dos. Nuestro cariño era de hermanos. [...] Él en su momento iba a platicar esto con la familia, pero ya no se le dio», comenta la joven mientras mira una fotografía de Eldin que todavía dice «Desaparecido».

El día de las detenciones irregulares, el supuesto desmán policial habría escalado en la subestación. Si la abarrotería fue un cuadrilátero, este recinto se transformó en un centro de tortura. La Fiscalía asegura que Milton y Eldin estaban engrillados con las manos hacia atrás cuando tres agentes los golpearon con puños y patadas en las cabezas, en los pechos y en otras partes del cuerpo. 

Sentados en el piso por momentos, pidieron auxilio en más de una ocasión. Los investigadores tienen al menos cuatro audios que lo constatan. En uno de ellos, se escucha a Eldin gritar entre lágrimas: «¡Ayuda, ayuda por favor! ¡Milton! ¡Milton!». 

De acuerdo con la agente Ayala (la que habría golpeado a Milton con un casco en la tienda), el dirigente de los ataques fue el encargado de la subestación, Edy Vásquez Rabanales. En su primera audiencia en abril de 2024, la policía describió la actitud del cabecilla durante la presunta tortura: «El señor [canadiense] ya estaba queriendo convulsionar. Le dije al jefe que coordinara a los bomberos, pero me contestó: “Espérese. Ese hijo de puta que se ahogue con su vómito”».

Con su novio al lado, Eldin intentó frenar la aparente violencia en el inmueble que, en teoría, estaba destinado a combatir la criminalidad. Pero su estrategia no fue devolver los golpes ni los insultos. En cambio, escogió revelar a los policías lo que solo había confesado a personas cercanas como Mercedes.

 «Mire, poli, la mera verdad es que él [Milton] es mi pareja. Déjenlo libre», le dijo a Vásquez Rabanales entre sollozos, de acuerdo con el relato de los fiscales. La situación lo forzó a exponer esa parte de su vida.

Esta declaración, íntima para el joven, habría recrudecido la tortura. Los uniformados, sostiene el MP, se mofaron de la orientación sexual de los dos hombres durante el maltrato. «¡Aprendé a ser hombre!», «¡Hueco!» y «¿Quién es la perra?» son algunas de las frases que presuntamente les profirieron mientras los golpeaban.

Para Cristosal, una oenegé que se querelló en el caso penal (una figura legal para cooperar con la Fiscalía), los insultos evidencian odio hacia la población LGBTIQ+.

«Hubo un sufrimiento innecesario debido a su orientación sexual. Si los querían matar, pudieron haber elegido una forma menos cruel, pero no lo hicieron», explica Rafael Cruz, abogado de la organización especializada en derechos humanos.

El supuesto martirio de Milton y Eldin en la oficina gubernamental duró menos de 60 minutos. Aproximadamente a las 19:30 horas, dos bomberos municipales departamentales acudieron al edificio para trasladar el cuerpo del ciudadano canadiense al Hospital Nacional de Chimaltenango. Llegaron por una llamada de los mismos agentes.

Según el MP, los policías quisieron simular que Milton había sufrido un accidente de tránsito. La intención era fingir que no había ocurrido ninguna ejecución extrajudicial en Itzapa. Era un teatro, arguyen los fiscales, para ocultar que el hombre había muerto dentro de la subestación a causa de las heridas.

En la primera etapa del proceso penal, la Fiscalía de Derechos Humanos señaló a los socorristas José Francisco Buch y Jorge Alexander Callejas de ser cómplices de la PNC. Buch, quien actuó como paramédico, guarda arresto domiciliario, pero el Juzgado de Chimaltenango libró de los cargos a Callejas, quien conducía la ambulancia. 

El mismo día que ambos rescatistas fueron capturados, en septiembre de 2024, un representante de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd) manifestó que sufrieron una «injusticia» porque habrían encontrado a Milton «con signos vitales» en la sede policial.

Según la versión de la agente Ayala, cuando los dos socorristas se preparaban para trasladar al ciudadano canadiense al centro hospitalario, el propio Vásquez Rabanales decidió acompañarlos en la ambulancia. No hay una respuesta certera de para qué. La uniformada narra que, cuando volvió a la subestación, el subinspector amenazó al resto de sus colegas y exclamó: «¡Prefiero mancharme las manos de sangre antes que irme preso y, si ustedes hablan, les daré un tiro en la cabeza!».

Eldin habría pasado casi cuatro horas retenido en la instalación policial de Itzapa. Aún es incierto en qué momento falleció. Según el MP, a las 21:55 horas, un vehículo particular rojo, propiedad de Vásquez Rabanales, salió del edificio. La investigadora Vela afirmó en una audiencia que en ese carro viajaban el subinspector, Velásquez y Eldin. 

Lo que pasó después está grabado en la memoria del agente Velásquez. De acuerdo con su relato, tuvo que abordar el transporte porque el subinspector lo amenazó y le hizo ver que, si no lo acompañaba, les «iba a dar de baja» a sus familiares.

Velásquez asegura que su jefe condujo hacia una aldea cerca del camposanto itzapeco y allí le pidió descender del vehículo y aguardar. En el carro también iba una maleta.  «Cerca de la medianoche, yo estaba esperando, pensando en mi familia, en que no les pasara nada», recordó el policía en un juzgado. 

En los primeros minutos del viernes 19 de abril, el subinspector lo recogió en el mismo sitio. Eldin ya no abordaba el transporte. Velásquez afirma que, cuando lo vio, Vásquez Rabanales le dijo: «Mano, súbase. Gracias a Dios ya está el trabajo». 

Henry halló el cadáver de su hermano en el barranco seis días después.

La otra hipótesis: un crimen motivado por la codicia

Cristosal encuentra dificultades para puntualizar si hay otros motivos por los cuales los policías habrían torturado y ultimado a los dos hombres. Sheila Arana, abogada de la oenegé, menciona otra hipótesis: los agentes pudieron haber querido robar una valija con dinero que la pareja llevaba en la abarrotería.

La litigante explica que, el día de las detenciones «ilegales», Milton cargaba consigo una maleta con alrededor de 30,000 a 40,000 dólares para comprar el terreno que soñaba cultivar con Eldin. Conseguir esa parcela era parte del plan que Mercedes ya conocía. El dinero, según indicios preliminares, provenía de los ahorros que Santamaría acumuló en Canadá. 

Esta tesis no ha sido comprobada por la Fiscalía, que aún investiga dónde está el equipaje. Lo que sí sabe es que, en la subestación, una uniformada vio una valija blanca con rodos al lado de Milton, mientras él agonizaba sentado sobre una silla de plástico. «Estaba llorando y diciendo que le habían robado su dinero», detalló Vela en otra audiencia judicial.

De cualquier forma, el asesinato de la pareja en Itzapa revive el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales en Guatemala. Solo en este siglo han ocurrido otros casos de alto impacto que salpican a la PNC, como la Operación Pavo Real, que involucró al expresidente Alejandro Giammattei cuando fue director del Sistema Penitenciario.

De 2019 a 2024, el MP registró 54 denuncias por ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. Chimaltenango es el departamento que concentra más casos. El 55% de las víctimas son hombres y, en el 26%, no se logró determinar el sexo.

Cruz, de Cristosal, subraya: «Si bien es cierto que ya firmamos los Acuerdos de Paz, esto muestra que no está en la agenda del Estado cambiar las fuerzas de seguridad. No se trata solamente de graduar policías cuando las personas encargadas de la seguridad son las mismas que vulneran los derechos humanos».

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Muertes que pudieron evitarse

El territorio de San Andrés Itzapa parece el tablero de un juego de mesa donde apenas caben las piezas. Las rutas son estrechas y no hay direcciones oficiales: las personas se guían por las ubicaciones de los negocios y las instituciones. Es común que dos vehículos bloqueen las vías por intentar viajar en sentidos contrarios.

Estas calles no son particularmente violentas, de acuerdo con datos de la PNC analizados por la asociación Diálogos. En diciembre de 2024, el pueblo registró una tasa de 5.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. El municipio con la cifra más alta fue Tiquisate, en Escuintla, con una de 61.7.

Según una veintena de líderes comunitarios y vecinos entrevistados para este reportaje, el subinspector Edy Vásquez Rabanales causaba una parte de la violencia en la comunidad desde que empezó a trabajar allí en febrero de 2023. 

Su gestión rebasó los límites de algunos pobladores, quienes, dos meses antes del asesinato de Milton y Eldin, alertaron de supuestos maltratos policiales generalizados en la localidad. Para ellos, el crimen «homofóbico» pudo evitarse y es la punta del iceberg de un presunto régimen opresivo que instauró Vásquez Rabanales.

El 12 de febrero de 2024, unos 100 itzapecos firmaron una carta en la que pidieron al alcalde Denis Azurdia actuar para remover de la subestación al subinspector y a otro agente llamado Byron Ramos. El documento, impreso a computadora y respaldado con nombres escritos a mano y huellas dactilares, denuncia que ambos elementos solían cometer «abuso de autoridad» y agredir físicamente «a todos los ciudadanos». 

Quien coordinó el envío de la queja fue Marielos Salazar, propietaria de una cantina en el área. La vecina manifiesta que presenció varias tropelías por parte de Vásquez Rabanales y otros agentes.

Uno de los atropellos que más le indigna le sucedió al cajero de su establecimiento comercial. Salazar sostiene que, un día a inicios de 2024, el trabajador estacionaba su moto frente al negocio cuando el subinspector lo intentó acusar de portar de manera ilegal un arma. Se trató de un señalamiento falso, reitera la señora.

«Yo no estoy en contra de que haya PNC, pero que no se pasen. Si [los vecinos] les contestaban o algo, [los agentes] les pegaban en el estómago», recalca.

Una habitante del cantón San Cristóbal (uno de los cinco que forman Itzapa) secunda los reclamos de la dueña de la cantina y también acusa a Vásquez Rabanales de ordenar detenciones arbitrarias para luego exigir dinero a cambio de la liberación de las personas. En otras palabras, extorsión y chantaje.

En una de las entradas a San Andrés, la mujer mira de un lado a otro antes de ampliar su perspectiva a Plaza Pública. Luego de unos segundos, se atreve. Narra que, a mediados de 2024, su vecino fue detenido por presuntamente robar arena. La PNC habría exigido a los familiares 1,500 quetzales para soltar al hombre sin presentar cargos. La señora, quien prefiere omitir su nombre, cuenta que sus conocidos optaron por pagar el soborno.

La abogada Arana, de Cristosal, tiene motivos para pensar que los policías en el municipio percibían estos presuntos excesos como «normales». Ejemplifica con el agente Ángel Mario Roquel Sajbochol, quien fue ligado al caso penal de Milton y Eldin por permitir la aparente tortura. «Quizás estaban acostumbrados a que golpearan a personas», enfatiza.
 

La denuncia comunitaria de los 100 pobladores encabezados por Salazar no logró su objetivo. De hecho, el alcalde de San Andrés Itzapa y la PNC la desestimaron en una reunión que tuvieron el 14 de febrero en el edificio municipal, dos días después de recibir la carta.

Por medio de una solicitud de transparencia al archivo policial, Plaza Pública accedió al acta notarial que resume lo que se habló en esa junta. Según el documento, en la cita estuvieron presentes ocho personas, entre las cuales figuran Azurdia, Vásquez Rabanales, la subcomisaria Angelina Cuc y la asesora jurídica de la comisaría chimalteca, Wendy Albisurez.

El informe, de dos páginas, evidencia que el alcalde respaldó el trabajo del hoy capturado subinspector, luego de que Albisurez concluyera que iba a denunciar a Salazar por difamación. La abogada, defensora de los agentes, sugirió que la propietaria de la cantina «probablemente» estaba inconforme «con el buen actuar» de la PNC en San Andrés Itzapa. 

Para fundamentar su decisión, Albisurez remarcó que la denuncia comunitaria no consignaba los códigos de identificación personal de los firmantes. El acta deja ver que Azurdia (quien asumió con el Partido Unionista) reconoció que «quizás» sí eran vecinos del sector, pero que era «imposible» individualizarlos solo con sus nombres.

Vásquez Rabanales también menospreció la queja de los pobladores. De acuerdo con el escrito, afirmó que Salazar estaba disgustada con él porque la PNC a menudo cerraba la cantina por peleas y hechos delincuenciales que protagonizaban ciertos clientes. La tienda «siempre presenta problemática en la localidad», justificó el subinspector ante el jefe edil.

Además, según muestran los folios, el hoy encarcelado policía acusó a la pequeña empresaria de ser la novia de un pandillero salvadoreño. Salazar negó ese señalamiento a este medio y respondió que los cierres y las consignaciones en su establecimiento no influyeron en la decisión de protestar contra los agentes.

[PDF: Descarga aquí el acta notarial de la PNC]

En conversación con Plaza Pública, el alcalde Azurdia comentó que, en la reunión en su despacho, los representantes de la PNC calificaron a Vásquez Rabanales como un «agente modelo» porque había reducido la violencia en San Andrés Itzapa.

Las cifras estatales confirman que no hubo ningún homicidio en los 13 meses que el subinspector trabajó en el municipio, excepto en diciembre de 2023, cuando ocurrió uno. 

No obstante, el patrón no necesariamente responde a la labor policial, aclara Wálter López, coordinador del Observatorio sobre Violencia en Diálogos. «Es una verdad a medias porque la tendencia a la baja ya viene de febrero de 2022», precisa el investigador.

Vásquez Rabanales, considerado como «ejemplar» por sus superiores antes del asesinato de Eldin y Milton, fue aprehendido en agosto de 2024 en Texas, Estados Unidos, donde estuvo prófugo cuatro meses. Byron Ramos, el segundo agente señalado por los vecinos itzapecos, está fuera del proceso penal (no hizo turno la noche del crimen) y fue trasladado a Sacatepéquez. 

En la sesión del 14 de febrero estuvo ausente Aroldo García, el entonces jefe de la Comisaría de Chimaltenango, que es la responsable de coordinar las subestaciones municipales. Plaza Pública lo llamó por teléfono para preguntarle si su equipo había tomado otras acciones para atender la carta comunitaria, pero declinó comentar.

La Inspectoría General de la PNC, a cargo de la disciplina de los agentes y de ayudar en la investigación de los delitos que cometen a nivel nacional, tampoco supo de esa cita. Así lo indicó a este medio el inspector general Juan Carlos Rodas. 

Fueron los delegados de Rodas en Chimaltenango los que atendieron la llamada anónima que el mismo 18 de abril delató a los policías implicados en la muerte de Milton y Eldin. En un operativo esa noche, cuatro uniformados fueron aprehendidos (Velásquez, Ayala, Contreras y Macario). Otro fue engrillado en septiembre (Roquel) y uno más, en octubre (Rojas).

Elmer Salguero Sarceño, abogado defensor de Vásquez Rabanales hasta finales de febrero de 2025, niega la participación del agente en la tortura y la ejecución de la pareja, así como en los presuntos desmanes que reportaron vecinos itzapecos.

Al finalizar una audiencia el 20 de febrero, subrayó a Plaza Pública que Roquel Sajbochol, el agente señalado de «consentir» el crimen en la subestación, no testificó contra Vásquez Rabanales durante la primera etapa del proceso penal. A criterio del jurista, este hecho sugiere que el MP «coaccionó» a los otros policías para incriminar al subinspector.

En esa cita judicial, Vásquez Rabanales decidió lanzarse al suelo cuando un juez ordenó que un equipo de técnicos le extrajera sangre. Los fiscales intentaban obtener una muestra forense para evaluarla junto con otras evidencias. Ese día, se vieron frustrados. 

Salguero Sarceño fue apartado del caso por faltar a una audiencia el 26 de febrero. De 2020 a 2024, fue concejal de Siquinalá, Escuintla, por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo). En las elecciones de 2023, se postuló a la alcaldía con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Policías para resguardar y no asesinar

La ventana solo permite examinar dos habitaciones dentro del inmueble abandonado. En la primera sala, adyacente a la calle, hay restos de alambres, papeles y otros materiales incinerados. En la segunda, separada por una pared con dos cristaleras rotas, todo parece limpio. Como si el fuego nunca hubiera pasado allí.

Así se aprecia el interior de la antigua subestación 73-15, donde los policías habrían torturado a Milton y a Eldin en abril de 2024. La sede quedó inhabilitada el 21 de ese mes, cuando un grupo de pobladores de San Andrés Itzapa la quemó para repudiar el crimen. El MP utiliza la instalación como evidencia en el caso.

Las presuntas ejecuciones extrajudiciales provocaron una presencia intermitente de la PNC en la comunidad durante ocho meses. De mediados de abril a principios de diciembre de 2024, el municipio careció de un recinto público que albergara a los uniformados responsables de proteger a 37,000 habitantes.

En este lapso, los itzapecos solo veían a las fuerzas de seguridad a veces. Los agentes asignados al pueblo estuvieron basados en el municipio colindante de Zaragoza, a unos 20 minutos en carro, desde donde se movilizaban para patrullar su área estipulada por momentos del día. 

Volvieron a la localidad el 11 de diciembre, cuando las autoridades inauguraron la nueva subestación 73-15. A partir de ese día, no han dejado la zona. Pero la comunidad sigue lidiando con las consecuencias de la muerte de Eldin y Milton, con las repercusiones que no se resuelven con edificios gubernamentales nuevos.

El agricultor Rubén Escobar conoce esos efectos de primera mano. En la sala de su casa, explica que, a raíz del crimen homofóbico, una parte de los pobladores rompió la confianza que sentía por la seguridad estatal, y ahora llena el vacío con la seguridad vecinal. Él mismo lidera uno de los cuatro cuerpos de vigilancia comunitaria.

Su grupo se denomina Los Alfas. Es un conjunto de 22 vecinos, hombres y mujeres de entre 35 y 60 años, que voluntariamente patrullan las vías públicas de San Andrés Itzapa durante las noches y las madrugadas del fin de semana para detener a posibles criminales y entregarlos a los policías.
 
Aunque realizan esta tarea desde 2012, cobraron más importancia para los residentes de Itzapa tras la muerte de la pareja, destaca Escobar. «La gente teme un poquito a la policía por lo que pasó, entonces ahorita se dirigen más a mi persona. A veces no duermo, porque me llaman a cualquier hora», enfatiza.
 
Escobar clarifica que, hasta el momento, su cuadrilla no ha observado maltratos por parte de los integrantes de la nueva subestación policial.  En realidad, ve todo lo contrario al modo de operar del subinspector Vásquez Rabanales.

«A él [Vásquez Rabanales] no le gustaba que uno anduviera con ellos, porque no quería que uno viera el trabajo que él hacía. Le molestaba porque sabía que, si yo estaba [en los patrullajes], no iba a haber injusticias. Si agarraban a alguien y querían sacarle dinero, no lo iban a hacer si yo estaba», señala el agricultor.

Para restaurar el vínculo de los itzapecos con la PNC, Geovany Arenales, expresidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del cantón San Pedro y San Pablo, considera que el Gobierno debe detectar con anticipación si los policías en las subestaciones reinciden en comportamientos violentos.

Eso podría tranquilizar a la población de San Andrés, incluso a la que aún cree en los agentes que responden a emergencias, como el elemento que falleció en noviembre de 2024 tras haber sido atacado a balazos cuando atendía un llamado en la localidad.
 
Sobre el Ministerio de Gobernación (Mingob) recae la tarea de afinar el control de los uniformados. En entrevista con Plaza Pública, la viceministra Claudia Palencia reconoció que la PNC carece de un sistema informático que adelante cuándo los agentes repiten conductas ilícitas, como pudieron haberlo notado si las quejas contra el equipo de Vásquez Rabanales hubieran llegado a sus oídos.

La cartera planeaba financiar este proyecto de seguridad con dinero de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), pero luego de que el presidente Donald Trump ordenó congelar los fondos de la institución en enero de 2025, la iniciativa fue truncada.

Como alternativa, el Mingob sí puede analizar de forma manual los récords de la conducta de cada policía, pero estos no son públicos por contener datos personales. 

Por medio de una solicitud de información a la PNC, este medio logró obtener el registro de las infracciones que cometieron los agentes que, de 2020 a 2024, laboraron en San Andrés Itzapa, pero sin detalles específicos como nombres y apellidos.

Según el archivo, solo dos policías mancharon su historial con faltas «muy graves» ante los ojos del Mingob en ese período. La Inspectoría castiga a los agentes según tres niveles de incumplimientos: «leves», «graves» y «muy graves». El primero se refiere a descuidos como acudir de manera impuntual a una cita, mientras que el tercero se suele relacionar con la comisión de delitos.

Una fuente del Mingob confirmó a Plaza Pública que los dos sancionados son Jeremías Jacobo Rojas y Edy Vásquez Rabanales, implicados en el caso de Milton y Eldin. La cúpula de la PNC los suspendió 21 días de sus cargos. 

De acuerdo con la fuente, este castigo no fue por violentar a los residentes de San Andrés Itzapa, sino por haberse ausentado a sus labores durante 72 horas sin haber presentado excusa. En los últimos cinco años, la Inspectoría no aplicó sanciones contra ambos uniformados por supuesta brutalidad policial. Tampoco contra los demás elementos itzapecos.

En el mismo documento compartido a Plaza Pública, la PNC registra 13 denuncias penales en contra del grupo de agentes. Del total, seis son por abuso de autoridad, cuatro por incumplimiento de deberes, dos por coimas y una por amenazas. 

Ninguna de estas denuncias terminó en castigo, y mucho menos en remociones, como esperaban Salazar y el centenar de vecinos de Itzapa al enviar la carta al alcalde Azurdia en febrero de 2024. El inspector Rodas justifica: «Muchas [denuncias] no suelen progresar porque la gente no da suficiente información o desiste al final del día».
 
Tres meses después de la muerte de Eldin y Milton, en julio de 2024, el Mingob dio un paso tardío para acercarse a la ciudadanía que quiere destapar abusos de la PNC y no depender, por ejemplo, de la intermediación de las municipalidades. Abrió el Centro Anticorrupción Policial, cuyo objetivo es escuchar quejas a través del número 1531 para punir a los policías que caen en infracciones o en delitos. 
 
De acuerdo con el conteo oficial, 1,436 agentes fueron procesados penalmente por hechos ilícitos desde que se inauguró la entidad hasta diciembre de 2024, es decir, en cinco meses. Son casi la mitad de los 2,896 policías que fueron imputados a nivel nacional en todo el año. De este último volumen, 935 habrían abusado de su autoridad y 550 habrían aceptado dar o recibir sobornos.

Mientras el Mingob promete depurar sus cuadros, Henry y Mercedes esperan que los policías sospechosos del asesinato de Eldin y Milton reciban la sentencia judicial que merecen. Y que la lista de funcionarios de la PNC cuestionados no sea cada vez más gruesa para que, ahora sí, este sea el último crimen de la subestación 73-15.
 
«Yo estoy consciente de que no toda la institución tiene esa capacidad de hacerles daño a las personas, pero es algo traumante pensar que quizás solo por estar en una tienda o un lugar público lo lleguen a detener a uno», reconoce Henry.
 
El proceso contra los agentes señalados de terminar con la vida (y el proyecto de vida) de la pareja aún tiene un largo camino. El juicio de cuatro de los ocho involucrados podría empezar en el primer semestre de 2025. El caso fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B en la capital por la severidad del delito.
 
Así como la oenegé Cristosal, Henry es querellante en el juicio. Estará en las audiencias del debate, sin importar que sean dos, cuatro, ocho o cualquier número. Es la promesa que se hizo para honrar a Eldin.

«La policía es la encargada de velar por el bienestar del pueblo. Aquí ellos causaron daño», afirma Henry, quien se enteró de que Milton era en realidad su cuñado hasta después del asesinato. Nunca lo supo antes.

Mercedes también ansía una reforma policial para el país, aunque no es lo que más le consterna. En realidad, lo que más le lastima es que Eldin jamás pudo revelar su verdadera identidad a toda su familia.

Nunca sabrá la manera en la que su cuñado planeaba mostrar su orientación sexual. Quizás iba a develar esta faceta de su vida con pocos familiares. O quizás con todos. Tal vez iba a ser pronto. O a lo mejor tardaría unos años más. La muerte le arrebató a Eldin el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién compartiría su amor por Milton.

«Eso es lo que me duele, que yo lo tenga que decir. Era algo que él me confío y que sabía que yo no lo iba a decir sin que él lo dijera. Es como traicionar la confianza que él me tenía», concluye Mercedes sentada en el banco de su sala, con una voz apagada.