El connotado hacker que había logrado un respiro gracias a la protección del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa —quien lo alojó en la embajada de ese país en el Reino Unido—, se vio abandonado a su suerte por el sucesor de Correa, Lenín Moreno, quien se dio a la tarea de derrumbar todas las políticas de su antecesor, y como parte de ese esfuerzo, casi con placer puso a Assange de patitas en la calle, donde las fuerzas de seguridad británicas lo arrestaron ipso facto. La razón del arresto era originalmente por dos denuncias de acoso sexual puestas por un juzgado de Suecia, las cuales fueron rápida y sospechosamente desestimadas una vez Assange fue arrestado, quedando únicamente en pie el reclamo estadounidense de juzgar al periodista por develar secretos de seguridad nacional, lo cual da lugar a sospechar que las acusaciones originales no eran más que un pretexto para lograr la detención de Assange y dejarlo a merced de la «justicia» yankee.
El encierro de Assange en el Reino Unido alcanzó ribetes de tortura, por las condiciones en extremo duras en las que era mantenido por sus captores, parecía irreal que su futuro pudiera mejorar de cualquier forma. De ahí el desconcierto ante la noticia de su liberación, lograda gracias a un acuerdo ante una juez, que dictaminó que si Assange se declaraba culpable de hackeo ante el Reino Unido, podía considerarse que ya había cumplido su condena, tras siete años auto-exiliado y cinco años preso. Todo ello fue el resultado de meses de negociaciones políticas, impulsadas por el recién electo primer ministro australiano, Anthony Albanese, de línea más moderada que sus antecesores, y que tomó como objetivo primordial de su gobierno traer de vuelta a casa a este australiano destacado.
Cabe preguntarse si el presidente estadounidense Joe Biden estuvo de acuerdo con el asunto tras muchos meses de recibir presión y críticas por el doble callejón sin salida de la guerra de Ucrania y el salvaje bombardeo de la franja de Gaza por el gobierno de Israel, ambos frentes de guerra apoyados por el gobierno estadounidense, que quizás buscaba congraciarse con la opinión pública.
También es posible que los servicios de inteligencia estadounidenses ya tuvieran claro hace algunos meses que el gobierno conservador del Reino Unido tenía los días contados, y prefirieron la victoria pírrica de que Assange aceptara ser culpable a que un gobierno de izquierda simplemente le diera la libertad sin más, algo que muy probablemente hubiera hecho el laborista Keir Starmer, que recientemente alcanzó el poder en Gran Bretaña.
En todo caso, la liberación de Assange debe ser vista como un saludo a la libertad de información, y la corrección de una atroz injusticia. El periodista y hacker australiano se merece estatuas, medallas y reconocimientos públicos por arrojar luz sobre las formas oscuras en las que las fuerzas armadas de las grandes potencias militares engañan al público para lograr sus objetivos, en vez de una ignominiosa condena de prisión perpetua, o posiblemente de muerte.
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Recibí esta noticia mientras recorría un Madrid que estallaba de colores por el mes del orgullo LGTBI+, que aquí llaman sencillamente el pride. Negocios, oficinas públicas, calzadas y avenidas decoradas con arcoíris, fotografías y mensajes de todo tipo celebraban la libertad de escoger la pareja que la gente quiera sin tener que ceñirse a las normas establecidas por las sociedades conservadoras, y sin tener que temer a ningún tipo de censura. Todo ello culminó con un espectacular desfile de carrozas donde todo el mundo fue a celebrar, a bailar y a pasárselo bien, con niños, con abuelos, con mascotas, con parejas del mismo género o del otro, en un ambiente relajado, distendido y seguro.
En contraste, en Guatemala el abogado Roberto Antonio Cano López presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo contra la convocatoria al desfile del orgullo de la diversidad LGBTIQ+, programado para el último fin de semana de junio, a fin de obligar al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de gobernación Francisco Jiménez a actuar para evitar que el desfile de la diversidad sexual «violara los derechos de la niñez, adolescencia y juventud debido a su contenido inmoral».
En vez de rechazar de plano semejante aberración jurídica, la CC admitió el amparo, con un dictamen tibio que otorgaba a los organizadores del desfile el derecho de realizar su actividad, pero advertía que los derechos de niños, niñas y adolescentes debían ser respetados, sin explicar claramente de qué manera podían ser violados dichos derechos, o qué les correspondía hacer a las autoridades. Al final el desfile se llevó a cabo con normalidad, y la gente participó con alegría en este evento que ya lleva un par de décadas de organizarse con seguridad, tranquilidad y una participación cada vez mayor de la sociedad guatemalteca en pleno.
Sin embargo, este intento de censura y represión legal, si bien no produjo la cancelación del evento ni tuvo repercusión alguna, se cierne como un oscuro recordatorio de que las fuerzas más retrógradas del país no descansan. Nos falta mucho para alcanzar el nivel de sociedades que celebran con alegría y jolgorio la diversidad para luego volver con tranquilidad a sus actividades cotidianas, sin que un desfile signifique nada como el desmoronamiento de las estructuras o la desintegración del tejido social, sino todo lo contrario, ya que la inclusión y la celebración de todo tipo de diversidades representan un enriquecimiento, y no un retroceso social.
La liberación de Julian Assange, némesis de los secretos de Estado, y la algarabía con la que se celebra el orgullo LGTBIQ+ en muchos sitios alrededor del mundo son recordatorios de los múltiples rostros que tiene la libertad: la libertad de saber, la libertad de amar, la libertad de tomar decisiones bien informadas, y de las arduas luchas que todavía nos quedan por librar para ser sociedades verdaderamente desarrolladas, sólidas, plenamente humanas.
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